A medida que se acerca la elección presidencial y parlamentaria y, con ello, la posibilidad cierta de un gobierno de Gabriel Boric, se amplía el debate en torno a los desafíos que deberá enfrentar el nuevo gobierno, inmediatamente asumido. Para la actual Administración y la derecha el problema se reduce a la aceleración de la inflación y el déficit fiscal. Desafortunadamente, la situación a enfrentar es más compleja. Es necesario que el nuevo Gobierno formule una política que compatibilice el control de la inflación y la reducción gradual del déficit fiscal con el inicio de la respuesta efectiva a las demandas que evidenció el estallido social, y la activación de la recuperación económica capaz de superar el legado de la pandemia y de las políticas de la actual Administración e inicie la confrontación con la crisis climática y productiva que nos afecta. Solo una estrategia de esta naturaleza permite avanzar en el restablecimiento de los equilibrios macroeconómico sin poner en cuestión las respuestas a las demandas sociales, arriesgar caer en recesión y un Estallido 2.0.
El Banco Central elevó la Tasa de Política Monetaria en 1,25 puntos llevándola a 2,75. Al mismo tiempo señaló que conforme a las circunstancias y al curso que tomara la política fiscal podría acelerar la elevación de la TPM para alcanzar una tasa neutral y eventualmente ir más allá de manera de controlar efectivamente la inflación. El proyecto de ley de Presupuesto incluye una reducción de US$ US$22.500 millones (unos 7,5 puntos del PIB).
La derecha, el mundo empresarial y algunos medios (aprovechando movilizaciones de personas desesperadas que son utilizadas por delincuentes para realizar saqueos y amedrentar particularmente al mundo popular) han impuesto un escenario discursivo que ha ido invisibilizando los grandes temas que puso el 18.0 sobre la mesa. Es así como las graves situaciones de desigualdad, las malas pensiones, los déficits de la salud pública, el creciente déficit de viviendas, la falta de soluciones a la inmigración y los grandes problemas de desempleo y caída de la ocupación han dado paso a la idea de que estos problemas son irrelevantes comparados con el fuerte déficit fiscal y la inflación que se ha estado acelerando. Al mismo tiempo, conducen el debate lejos de los problemas que dieron origen al estallido social centrando su discurso en una presunta indiferencia de la izquierda frente a la violencia, e incluso sosteniendo que algunos de sus dirigentes la han promovido.
Este rediseño discursivo se articula con una campaña sostenida para descalificar las capacidades de gobierno de un eventual gobierno de Gabriel Boric. Se señala que falta experiencia gubernamental, que los equipos son muy jóvenes, que conocen poco el Estado y que el candidato tiene poco manejo de números. Se desconoce que los cambios que están teniendo lugar en el país y en el mundo tiene como consecuencia que la experiencia anterior no sirve suficientemente y que todas las candidaturas enfrentarán desafíos radicalmente nuevos. Se critica la juventud de los equipos; Piñera tiene más de 70 años y vaya que malos resultados tuvo su gobierno. Más aún, los problemas principales que afectan la capacidad de gestión política de los gobiernos son la falta de unidad de las coaliciones gubernamentales (véase los problemas que enfrenta la derecha expresados en el desplome de Sichel y el crecimiento del candidato de la ultraderecha el Nuevo Pacto Social, cuyos partidos presentan grandes divisiones) la corrupción, la falta de capacidad de innovación, la desconexión con la ciudadanía y la pérdida de legitimidad de las instituciones.
Para formular la política que se requiere es necesario identificar las causas de los problemas. Una política pública que prestó poca atención a la situación de las familias y de las PYMES en el 2020 tuvo como contrapartida la entrega de apoyos universales en 2021 cuando la situación sanitaria, económica y el empleo empezaba a mejorar. Algunos afirman que se trató de errores del gobierno; sin duda hay errores, pero la principal razón es la decisión gubernamental de ahorrar en el 2020 a costa del sufrimiento de las familias y las PYMES para concentrar los recursos en el 2021, año electoral. De esa forma, el déficit fiscal en el presente año se ubicará en torno a 9% del PIB. Esta política y la situación general de desgobierno llevó a que las personas demandaran poder utilizar sus fondos de pensiones para hacer frente a las dificultades. Los primeros retiros permitieron a las familias enfrentar la crisis y muchos aprovecharon los recursos para pagar deudas y realizar inversiones de diversa naturaleza. La persistencia de problemas en algunos sectores sociales, la falta de legitimidad y la desconfianza en las AFPs llevó a las personas a demandar un cuarto retiro.
Por otra parte, una serie de factores externos (aumento del precio del petróleo, problemas serios en la cadena de suministros) conjuntamente con la fuerte devaluación del peso como efecto de la señal que entregaba la compra de US$ 40 millones de dólares diarios por parte del BC, el inédito retiro de utilidades (estimado hace algunas semanas en US$ 12 mil millones de dólares) para comprar dólares que permitan la fuga de capitales, los problemas de la cadena de suministro interna, la colusión de muchas empresas para elevar los precios y el retiro de fondos de pensiones han provocado una aceleración de la inflación.
Sin duda que el control de la inflación y la reducción del déficit fiscal son fundamentales de encarar. En tal sentido, la elevación de la tasa de política monetaria va en la dirección correcta. También es importante tomar medidas para el control de déficit fiscal. No se puede volver, sin embargo, a las políticas de la dictadura que sin tomar en cuenta los llamados “costos sociales” impulsó políticas que llevaron el desempleo a cerca de un 30% provocando récords históricos en la caída del PIB. Se requiere compatibilizar el control de la inflación y el déficit con un programa de reactivación económica que asegure la recuperación del empleo y evite una posible recesión como efecto de la convergencia de una fuerte reducción del gasto y un incremento de la TPM por encima de los niveles neutrales.
Para ello es necesario compensar los efectos en las familias y la provisión de bienes públicos de la fuerte reducción del gasto público con la instalación de la pensión básica universal, una fuerte inyección de recursos en el sistema público de salud (acompañada de esfuerzos significativos de mejoramiento de la gestión con base en un trabajo estrecho con los funcionarios del sector) que asegure el fin de las listas de espera y de las secuelas de la pandemia y un esfuerzo fuerte por superar los déficits educacionales que la pandemia ha provocado en los sectores más vulnerables de la población. A estas necesidades hay que sumar un aumento de la inversión pública como medida clave para reimpulsar el crecimiento de largo plazo, que abra espacio al sector privado. Esta política requiere proponer al Congreso un proyecto de ley que modifique la ley de Presupuesto del año 2022. Al mismo tiempo, el gobierno debe dejar en claro su propósito transformador presentando al Congreso en los primeros días de gobierno los proyectos de reforma tributaria y de pensiones.
