La producción ha crecido mucho más que la ocupación y el subsidio a la creación de empleos no ha servido de mucho y se traduce en buena medida en un subsidio indirecto al empleador. Existen elementos para diagnosticar que la «caldera social» sigue activa.
En enero-noviembre de 2021 (últimos datos disponibles del Banco Central), la economía creció a un ritmo anual de 12,1%, recuperando con creces la pérdida de actividad de 2020 (-5,8%). La producción de bienes y servicios está en el nivel más alto hasta ahora registrado, pues el Índice Mensual de Actividad Económica se situó en noviembre de 2021 en un nivel que es un 9,2% superior al de noviembre de 2019 y un 8,0% superior al de enero de 2020, cuando ya habían pasado parte de los efectos de la rebelión social. Este dinamismo se explica por el gran aumento de la demanda de consumo de las familias por los retiros de ahorros previsionales y los subsidios de ingresos a las familias de mayor magnitud y extensión entre junio y noviembre. Este proceso fue acompañado de una reactivación de la inversión, incluyendo un importante flujo de inversión extranjera.
No obstante, la economía creció en noviembre -despejando los factores estacionales- en un 0,3% respecto al mes anterior. Se trata de una buena cifra -un ritmo anual de más de 3%- pero que es bastante menor que la de los meses previos. El efecto del aumento de las tasas de interés y de la caída de los salarios reales ya se está manifestando, como lo hará en los meses próximos el fin del IFE, que impactará el consumo de las familias más modestas. Es fundamental no bajar de ese ritmo de aumento del PIB para recuperar el empleo previo a la crisis de 2020 y generar las holguras (junto a la reforma tributaria) que sostengan la tarea transformadora de la próxima etapa gubernamental: garantizar más derechos sociales e iniciar una diversificación productiva sostenible. Atenuar la dinámica de expansión de 2021 es necesario para abatir gradualmente el 7% de inflación de 2021, pero sin llegar a quebrarla y menos provocando una recesión, que es lo único que saben hacer los economistas ortodoxos. Cabe tener muy presente que la inflación se ha acelerado en parte por los mencionados impulsos de demanda, pero también por el encarecimiento de las importaciones derivado de la devaluación del peso, la duplicación del precio del petróleo y el aumento del costo del transporte internacional, en medio de cuellos de botella que estrangulan la oferta en las cadenas nacionales e internacionales de abastecimiento de productos. Muchos de estos factores no se prolongarán en el tiempo.
El desempleo seguirá siendo un problema central, pues está aún lejos de recuperarse el nivel de ocupación previo a la crisis. Se registraron en noviembre de 2021 (últimos datos del INE disponibles) unos 487,0 mil empleos menos que en noviembre de 2019 y unos 557,3 mil empleos menos que en el trimestre terminado en enero de 2020, el nivel de ocupación más alto hasta ahora. De los dos millones de empleos perdidos en la crisis, se ha recuperado alrededor de un millón y medio.
El subsidio a la creación de empleo no ha servido de mucho y se traduce en buena medida en un subsidio al empleador, que hubiera contratado personas de todas maneras, dadas las expectativas de mejoramiento de las ventas (se creó un «efecto regalo«). Cabe precisar que el empleo asalariado es ya más alto que antes de la crisis, por lo que el rezagado es el empleo informal y por cuenta propia que depende crucialmente de la dinámica de la demanda interna.
Además, están en juego tendencias estructurales en materia de empleo. Entre 2010 y 2021, el PIB se ha duplicado (Banco Central), mientras el empleo ha crecido en cerca de un 20% (INE). La «elasticidad producto-empleo», o intensidad en empleo del crecimiento, ha sido inferior a la de décadas previas. Esa tendencia se mantiene en la salida de crisis y, si todo sigue igual, tomará todavía bastante tiempo recuperar el empleo y la participación en la fuerza de trabajo previos a la crisis. La tasa de ocupación (empleo como proporción de la población en edad de trabajar) bajó de 58,4% a 53,6% en dos años y la de mujeres bajó de 48,4% a 43,7%. Por su parte, la tasa de ocupación informal es en el trimestre terminado en noviembre de 2021 de 28,1% (con un incremento de 1,5% en un año), mientras la tasa combinada de desocupación y de inactivos dispuestos a trabajar es todavía de 15,7%. Esta es una cifra muy lejana al pleno empleo, que debiera ser una meta central de la política económica de la que ni siquiera se escucha hablar.
Existen elementos para diagnosticar que la «caldera social» sigue activa. No olvidemos que, según el World Inequality Reportde 2022, el año pasado el 10% de más altos ingresos sigue concentrando cerca de un 60% del ingreso total y gana en promedio 30 veces más que el 50% de menos ingresos, que obtiene solo el 10% del ingreso total. Por su parte, el mencionado rezago en la recuperación de puestos de trabajo implica que la integración social a través del empleo está siendo todavía más débil que antes en Chile y amplía la fractura social. La no integración de los NiNi (jóvenes que no trabajan ni estudian, unos 345 mil según el INE), de las mujeres fuera de la fuerza de trabajo, de los trabajadores menos calificados y/o de mayor edad, de los inmigrantes precarios, que estuvo en la base de la rebelión social de 2019, es un problema estructural de la sociedad chilena cuya reversión va a requerir de políticas correctivas mucho más enérgicas.
Dada la polarización de los ingresos y la incapacidad del crecimiento productivo tradicional -incluso a tasas aceleradas- para crear suficientes empleos, un esfuerzo tributario y de gasto público redistributivo relativamente moderado permitiría avanzar sustancialmente en la disminución de la pobreza y de la exclusión social en Chile. Podrá avanzarse a este objetivo de corto plazo, junto a la diversificación productiva de más largo plazo, mediante nuevos programas de ingresos familiares y de cuidados a las personas, de acceso a la vivienda social y de mejoramiento de espacios urbanos y ecosistemas en todo el país, en estrecha alianza con los gobiernos territoriales.
