Sigue la batalla por el cobre. Por Gonzalo Martner

El proyecto de regalía del gobierno se propone capturar una alta proporción de la renta minera hoy en manos de privados, en un contexto en que la cantidad de cobre requerida entre 2022 y 2050 será mayor que todo el cobre consumido en el mundo entre 1900 y 2021, empujando un alto precio de largo plazo del mineral.

BHP, la transnacional minera de origen australiano, declaró frente al proyecto de regalía minera del gobierno de Gabriel Boric -que combina un cobro a las ventas y un cobro a las sobreutilidades, aunque este último se presta desgraciadamente para la elusión- que «si el royalty propuesto se materializa, tendríamos que reevaluar nuestro plan de inversiones para Chile» y que «nuestras estimaciones señalan que la propuesta del Ejecutivo colocaría a Chile como las más altas tasas impositivas comparada con otras jurisdicciones relevantes como Perú, Australia o Canadá«.

Esta es una excelente noticia si se tradujera en que BHP ganara menos en favor del dueño del recurso, que es Chile. Sus utilidades en 2021 superaron el 50% del capital. Una rentabilidad de este tipo no la tiene ninguna actividad económica lícita y está basada en extraer un recurso escaso que no pertenece a la minera privada sino a la colectividad nacional. Esta posee desde la nacionalización de 1971 muchos de los yacimientos de cobre más rentables del mundo. BHP se apropió en la dictadura de Escondida, la mina de mayor producción global de cobre, mediante el espurio mecanismo de la concesión permanente y gratuita de la dictadura. La mina Escondida inició su construcción en 1988, desde la que BHP ha extraído mineral por un valor muchas veces mayor que el costo de la inversión inicial y el costo periódico de extracción.

Extremando el argumento, si el nuevo entorno de aportes al fisco no satisface a BHP, u otras mineras privadas, y las lleva a dejar el país, bienvenido sea, pues CODELCO podría así hacerse cargo de explotar recursos valiosos para beneficio de la nación, y no de los accionistas de las transnacionales y un par de grupos privados chilenos. Evidentemente BHP no lo va a hacer por la alta rentabilidad de su actividad en Chile, en comparación con otras explotaciones en el mundo. Y si lo hiciera, sería la ocasión para ampliar la minería estatal chilena, que aporta el doble de ingresos al fisco por unidad producida y que ha perdido terreno de manera absolutamente injustificada en las últimas décadas, dejando de percibir recursos que nos hubieran permitido invertir en diversificar nuestra economía en áreas tecnológicas de punta y en la sostenibilidad ambiental y social de la producción.

Una afirmación de este tipo puede sonar excesiva, desde el sacrosanto argumento de no afectar la inversión privada. Pero ocurre que esa inversión tiene un saldo negativo para el país: las utilidades son tan altas en el largo plazo que su repatriación supera con creces el aporte de capital. Chile no gana con estas inversiones, simplemente pierde en términos netos al regalar buena parte de un recurso que le pertenece.

El fondo del asunto es la existencia en esta actividad de una importante “renta de escasez”, concepto desarrollado por David Ricardo en 1817 para el uso de la tierra, ya presente en Adam Smith desde 1776. En el caso minero, describe las sobreutilidades que se obtienen de la explotación de la última unidad explotada que provee rentabilidad (con una utilidad “normal”), en circunstancias que las primeras unidades puestas en producción son mucho más rentables pero más escasas: la diferencia entre esas rentabilidades es la renta de la que se apropia el dueño de los yacimientos más productivos. Esto ocurre porque el precio lo fijan los productores menos productivos (si no fuera así, no entrarían en el mercado). El tema para la sociedad es quien se apropia de esa renta. Ya David Ricardo planteaba que la expansión de la población y del uso de tierras menos fértiles llevaría a una alta concentración de los ingresos en los rentistas. Y John Maynard Keynes propuso más generalmente en 1936, por su nulo aporte a la producción, nada menos que la “eutanasia del rentista” de todo tipo.

Las perspectivas para el futuro del cobre son que la cantidad de mineral requerida entre 2022 y 2050 será mayor que todo lo consumido en el mundo entre 1900 y 2021. Según la consultora S&P Global, la demanda de cobre aumentará en 82% entre 2021 y 2035. El sector automotriz será el mayor impulsor de esa demanda, con un crecimiento desde 2,2 millones de toneladas métricas (TM) en 2021 a 9,3 millones de TM en 2035, dada la transición a la electromovilidad. La transmisión y distribución de la energía necesaria para ese proceso, que también utiliza cobre intensivamente, implicará un crecimiento de la demanda desde 4,7 millones de TM en 2021 a 7,5 millones de TM en 2035. La demanda total de cobre pasará desde poco más de 25 millones de toneladas en 2021 a casi 49 millones de toneladas en 2035, antes de llegar a 53 millones en 2050. El reporte plantea escenarios, pero en ninguno de ellos el crecimiento de la oferta será suficiente para satisfacer la demanda: “esta brecha entre la oferta y la demanda de cobre supondrá un desafío importante para el cronograma de transición energética que apunta a emisiones netas cero para 2050. El desafío se verá agravado por entornos operativos geopolíticos y a nivel de país cada vez más complejos”.

La consecuencia es una alta probabilidad de un aumento estructural significativo en los precios del cobre a medida que, más allá de las variaciones coyunturales, aumente la brecha entre la oferta y la demanda del mineral. S&P Global plantea que “está claro que la tecnología y la innovación en políticas serán fundamentales para reducir la brecha entre la oferta y la demanda de cobre a fin de ayudar a lograr los objetivos de cero neto (emisión de gases con efecto invernadero)”.

Estas proyecciones de tan largo plazo son imprecisas. Pero en este caso la tendencia más probable parece ser razonablemente la mencionada: una alta demanda por el fuerte cambio tecnológico intensivo en uso de cobre y una oferta menos dinámica de un recurso natural que no es renovable y cuya expansión en grandes magnitudes es relativamente rígida.

Por ello será fundamental que Chile cambie su política minera (ver mi texto El concepto de renta económica y su aplicabilidad a la tributación minera y el de Gabriel Palma sobre el fundamento de lo escrito en la nueva Constitución). El probable alto precio del cobre en las próximas décadas superará con creces sus costos de extracción, generando la mencionada «renta de escasez» distinta de las “utilidades normales» que remuneran el uso de capital. La renta minera debe volver a quien posee el recurso, la ciudadanía chilena, y no seguir siendo apropiada absurdamente, como en la actualidad, por un puñado de operadores privados. Se trata mayoritariamente de transnacionales que se llevan masivamente al exterior esas sobreutilidades, las que no les debieran pertenecer, pues no se originan en mayor productividad media o marginal de la actividad extractiva o de transformación a la que se dedican, respecto de la que es legítimo que los privados obtengan utilidades. Se originan en el menor costo de acceso en Chile al recurso que extraen. De paso, subrayemos que desequilibran nuestras cuentas externas, incluyendo en la actual coyuntura de fuerte devaluación del peso, tema sobre el que volveremos en comentarios futuros, y generan pasivos ambientales de los que no se hacen cargo.

La nueva regalía («royalty») planteada en la reforma tributaria es un avance respecto a la situación actual, que esperemos no termine rebajada en su paso por el Senado, como suele ocurrir y ya ocurrió con la regalía votada por la Cámara de Diputados en marzo de 2021, el más avanzado hasta ahora presentado y que no hace sino permitir que el país reciba el piso mínimo de remuneración que corresponde por un recurso que le es propio.

¿Por qué regalárselo a transnacionales y al grupo Luksic en vez de invertirse en la diversificación económica y el bienestar sustentable del país?