Para abordar los problemas que hoy se discuten en torno a una nueva Constitución, es necesario considerar el papel que ésta desempeñó en la dictadura de Pinochet. En el conjunto de las Dictaduras Militares de Seguridad Nacional, como se llamó a las que surgieron en América Latina durante la Guerra Fría a contar de los años sesenta, la chilena tuvo dos rasgos propios y distintivos, que la favorecieron en cuánto a la vigencia posterior de sus propósitos. Por un lado, fue una dictadura refundacional y, a diferencia de las de Brasil, Argentina o Uruguay, cambió las bases del modelo económico y de la organización política del país. Y segundo, fue una “dictadura con Constitución” que, junto con el manejo arbitrario del ámbito jurídico, característico de todos los regímenes de fuerza, implantó una Ley Fundamental para asegurar una sobrevida de sus propósitos más allá de la partida del dictador. Esto, más la aprobación de un conjunto de leyes orgánicas constitucionales y de un extenso proceso de privatizaciones, fue lo que se conoció como el proceso de “amarre”, que ha restringido hasta hoy las competencias de los gobernantes elegidos. El resumen de los manifiestos logros de los partidarios de Pinochet en este ámbito es que han celebrado en septiembre pasado, cuarenta años de la Constitución impuesta en 1980, bloqueando los intentos de cambio que solo la magnitud de la rebelión social de octubre de 2019 pudo remover.
la chilena tuvo dos rasgos propios y distintivos, que la favorecieron en cuánto a la vigencia posterior de sus propósitos. Por un lado, fue una dictadura refundacional y, a diferencia de las de Brasil, Argentina o Uruguay, cambió las bases del modelo económico y de la organización política del país. Y segundo, fue una “dictadura con Constitución”
cuarenta años de la Constitución impuesta en 1980, bloqueando los intentos de cambio que solo la magnitud de la rebelión social de octubre de 2019 pudo remover.
Por lo mismo, es interesante asociar la perspectiva de una Nueva Constitución, acordada en noviembre de 2019, con el intento de superación de la crisis particularmente grave que vive la sociedad chilena en todos los ámbitos, y frente a la cual no se registra una respuesta de fondo. Para ello hay que ver este proceso como una negociación que coloca diversos obstáculos para llegar al logro que se persigue. Dentro del propósito de hacer de este un proceso democrático, en nuestro caso enfrentamos tres retos: dos plebiscitos, uno de entrada para decidir si se establece una nueva constitución y quiénes la redactan y otro de cierre para aprobar el texto elaborado por los constituyentes. Y, en medio, la elección de sus redactores, que para aprobar cualquier norma deben contar con un quórum de dos tercios (104 votos sobre 155).
La primera valla se superó con un éxito notable: casi 80% del cuerpo electoral decidió que se redactara una Nueva Constitución y que la escribieran sólo representantes elegidos por los ciudadanos. Lo que ahora enfrentamos es la coyuntura clave para el éxito del conjunto de la tarea, y consiste en mantener unida a la impresionante mayoría del Apruebo, para que los partidarios de tener una constitución democrática puedan darle forma eficaz a esta empresa. No hay que olvidar que, si quienes sostuvieron el rechazo, es decir los que no consideraban necesario una nueva Ley Fundamental, logran elegir 1/3 más uno de los constituyentes, tendrán un derecho de veto, y todas las expectativas de cambio de la sociedad seguirán siendo una “página en blanco”. Este y ningún otro es el dilema de todos los sectores democráticos, sean organizaciones políticas, agrupaciones de independientes o instituciones históricas de la sociedad civil chilena, como la CUT, las federaciones de estudiantes universitarios o los colegios profesionales. Para tener los 2/3 de la Convención Constituyente es indispensable tener una Lista Única del Apruebo, de modo de aprovechar todo el respaldo obtenido en los 28 distritos electorales donde, en base al sistema de cifras repartidoras, se elegirán los redactores. Toda dispersión del 80% del Apruebo implica la elección de un número menor de constituyentes y, como la derecha -que da una importancia superior a este proceso- irá unida, con cuatro o más listas podemos llegar a un cuadro en que una amplia mayoría de electores dispersos elijan menos constituyentes que una lista férreamente unida de la minoría.
La primera valla se superó con un éxito notable: casi 80% del cuerpo electoral decidió que se redactara una Nueva Constitución
No hay que olvidar que, si quienes sostuvieron el rechazo, es decir los que no consideraban necesario una nueva Ley Fundamental, logran elegir 1/3 más uno de los constituyentes, tendrán un derecho de veto, y todas las expectativas de cambio de la sociedad seguirán siendo una “página en blanco”.
Un argumento que podría legitimar la división es que las organizaciones políticas y los independientes necesitan mostrar su propia fuerza y dar señales de su representación. Eso es cierto y no carece de legitimidad, pero ocurre que, a contar de abril, en quince meses tendremos también elecciones de alcaldes, concejales, gobernadores, senadores, diputados y Presidente de la República, lo que permite a cada fuerza por separado mostrar su respaldo y representatividad. El único lugar en que eso no es legítimo, porque desbarata un propósito buscado por los sectores democráticos durante cuarenta años, es en la elección de los representantes que harán posible una nueva constitución que nos permita reorganizarnos mejor como sociedad para cumplir nuestros fines.
Más allá de la nobleza de los propósitos que se planteen quienes emprendan esa tarea, los que fragmenten el respaldo del Apruebo estarán trabajando objetivamente para que Chile no tenga la Constitución Política que termine con los abusos y que reduzca el crecimiento desmesurado que tiene la desigualdad.
Más allá de la nobleza de los propósitos que se planteen quienes emprendan esa tarea, los que fragmenten el respaldo del Apruebo estarán trabajando objetivamente para que Chile no tenga la Constitución Política que termine con los abusos y que reduzca el crecimiento desmesurado que tiene la desigualdad.
