El asesinato del comunero mapuche Camilo Catrillanca a manos de integrantes del comando Jungla tiene múltiples efectos y evidencia las contradicciones del llamado Plan Araucanía, propuesto por el gobierno. Con él intentaba un diálogo con comunidades mapuche, incluyendo como un tercer actor al sector empresarial, vivamente interesado en viabilizar nuevos proyectos de inversión en la zona. Simultáneamente desplegó el comando especializado de carabineros, adiestrado en la lucha anti guerrillera en Colombia, para enfrentar a sectores violentistas que operarían en la zona. Algo así como “A Dios rogando y con el mazo dando”.
Las responsabilidades políticas
Se discute la responsabilidad política e institucional por los hechos que culminaron con el asesinato del comunero mapuche. En rigor ella involucra al propio Jefe del Estado, por su cuestionada decisión de militarizar un conflicto de muy antigua data y que no tiene otras vías de solución que las estrictamente políticas, en coherencia con las medidas eficaces para garantizar el orden público.
Se discute la responsabilidad política e institucional por los hechos que culminaron con el asesinato del comunero mapuche. En rigor ella involucra al propio Jefe del Estado, por su cuestionada decisión de militarizar un conflicto de muy antigua data y que no tiene otras vías de solución que las estrictamente políticas, en coherencia con las medidas eficaces para garantizar el orden público.
En la actual crisis la responsabilidad debe ser compartidas por el Director General de Carabineros, que asumió íntegramente la primera y falsa versión de sus subordinados, difundiéndola en sendas entrevistas de prensa, sin esperar el resultado de las investigaciones judiciales. Su patética confesión acerca que “había sido engañado por sus subalternos” tan sólo agrava esa responsabilidad.
Ciertamente las responsabilidades se extienden al ministro del Interior, máximo responsable del orden público, del cual dependen los servicios policiales. Su versión inicial contagió los dichos de la vocera de gobierno, así como diversos dirigentes políticos y parlamentarios oficialistas, que se hicieron eco de las falsedades, sin existir la mínima indagación de antecedentes disponibles, como lo prueban las primeras investigaciones judiciales y los propios testimonios recabados por la Comisión de Derechos Humanos.
Hasta hoy no existe justificación razonable para que las autoridades responsables decidieran desplegar fuerzas especiales, militarizadas, al momento de enfrentar un delito común, como fue el asalto a tres profesoras para robarles sus vehículos.
Además del grave retroceso que implica este suceso para el Ejecutivo, en sus pretensiones para impulsar un proceso de diálogo y cooperación entre el gobierno, los empresarios y las comunidades indígenas, suben de tono las críticas por la decisión de militarizar el conflicto y se acentúan las demandas para retirar el llamado Comando Jungla de la zona.
El ahora renunciado Intendente de la Araucanía, acentuó sus graves desaciertos, avalando el despliegue de la fuerza desmedida y validando la versión falsa de existencia de antecedentes policiales de Camilo Catrillanca entregada por Carabineros para justificar su acción criminal. El ex Intendente no tenía más alternativa que renunciar frente a su inminente destitución en el parlamento, tal como lo asumiera tardíamente el Presidente de la República.
Consecuencias impensadas
Los costos políticos para el gobierno van mucho más allá que los de imagen o judiciales, tal como lo reconociera el propio ministro de Desarrollo Social, afirmando que el suceso implicaba un grave retroceso para la implementación del llamado Plan Araucanía y que sería difícil recuperar las confianzas dañadas.
En lo inmediato, el incidente no tan sólo ha copado la agenda mediática, desplazando temas tan cruciales para el gobierno como sus proyectos de “modernización” tributaria, reforma del sistema de pensiones y cambios laborales, sino que ha crispado sus relaciones con la oposición, dejando en evidencia un manejo muy deficiente y desacertado de la crisis.
El ministro de Justicia, Hernán Larraín, junto con admitir que el gobierno había cometido errores en el tratamiento del caso, afirmó que se debía buscar la verdad de lo ocurrido “le cueste la pega al que le cueste”, haciendo ostensible algunas tensiones al interior del oficialismo para evaluar la crisis.
Además del grave retroceso que implica este suceso para el Ejecutivo, en sus pretensiones para impulsar un proceso de diálogo y cooperación entre el gobierno, los empresarios y las comunidades indígenas, suben de tono las críticas por la decisión de militarizar el conflicto y se acentúan las demandas para retirar el llamado comando Jungla de la zona.
En lo inmediato, el incidente no tan sólo ha copado la agenda mediática, desplazando temas tan cruciales para el gobierno como sus proyectos de “modernización” tributaria, reforma del sistema de pensiones y cambios laborales, sino que ha crispado sus relaciones con la oposición, dejando en evidencia un manejo muy deficiente y desacertado de la crisis.
En otra esfera, el incidente releva el deficiente control civil no tan sólo respecto de la policía uniformada, sino sobre el conjunto de las FF.AA., que continúan operando con grados de autonomía y descontrol manifiesto, inconsistentes con un sistema democrático.
En otra esfera, el incidente releva el deficiente control civil no tan sólo respecto de la policía uniformada, sino sobre el conjunto de las FF.AA., que continúan operando con grados de autonomía y descontrol manifiesto, inconsistentes con un sistema democrático. Ello se expresa no tan sólo a la hora de desplegar una fuerza represiva, ciertamente desmedida, también al decidir aspectos muy relevantes en la política de la Defensa y la administración de los recursos que les son asignados. La declaración del Director General de Carabineros, admitiendo que “había sido engañado” por sus propios subordinados, representa una muy inquietante situación, que debe ser enfrentada con la máxima urgencia y rigurosidad.
