Se fue generando un problema para el nuevo gobierno con la expansión de la idea de un «quinto retiro» (cuarto en realidad) y la dificultad para el nuevo oficialismo parlamentario de negarse a votarlo a favor dado que había aprobado los retiros anteriores. Por eso el gobierno, que legítimamente quiere mantener la capacidad de orientar la política económica, ha tomado la iniciativa de proponer mecanismos de retiros parciales para el pago de deudas o el acceso a subsidios, algunos de ellos permanentes, para zanjar el tema.
El tema de los retiros de fondos desde las cuentas de ahorro de las AFP se constituyó en un recurso de última instancia durante la crisis de la pandemia. La presión vino desde la sociedad y se trasladó a una mayoría de 2/3 de los parlamentarios, los que terminaron aprobando reformas constitucionales para permitir retiros en julio y diciembre de 2020 y en mayo de 2021. Se trató de una crisis de gobernabilidad y de una ruptura de la coalición de gobierno de la época, en la que el parlamento utilizó reformas constitucionales para legislar temas económicos. Hacerlo en materias de gasto es de iniciativa exclusiva del ejecutivo desde los años 1930 (y así quedará en la nueva Constitución, por lo demás, para asegurar la gobernanza de la política económica, a la que ningún gobierno serio puede renunciar). Los retiros terminaron sumando la enorme cifra de 52 mil millones de dólares, es decir del orden de 9% del PIB de los dos últimos años, lo que impactó fuertemente en la segunda parte de 2021 y se tradujo en un aumento de 20% del consumo de los hogares en el año, especialmente en bienes durables (con un incremento de 45%) y en un fuerte aumento de las importaciones respectivas.
En diciembre de 2021, el cuarto retiro no se hizo efectivo pues sus promotores no reunieron los votos suficientes en el parlamento. En lo que va de 2022, con una economía que corre el peligro de entrar en recesión y una tasa de desempleo de 7,5% -y una de 15,8% considerando a los desalentados que ya no buscan trabajo- una parte significativa de la población sigue prefiriendo disponer de otra parte de sus ahorros previsionales. Aunque se ha producido una recuperación del ingreso autónomo de la mayoría de las familias y de los puestos de trabajo formales, faltan aún unos 300 mil empleos para alcanzar el nivel previo a la pandemia y muchas familias y pymes viven aún en situaciones económicas precarias y con fuertes deudas.
Recurrir a nuevos retiros de fondos previsionales se afinca en la idea de que se trata de recursos que pertenecen a las personas, lo que, aclaremos, es el caso solamente con el fin de pensionarse bajo administración de una compañía de seguros o de una AFP, según la ley vigente. Y también en la idea que las necesidades son apremiantes en el presente y las pensiones autofinanciadas son de todas maneras extremadamente bajas. No obstante, desde enero se agrega el monto autofinanciado en AFP a la pensión básica, ahora expandida a 185 mil pesos para el 80% de los mayores de 65 años (y menos para un 10% adicional), lo que no era el caso previamente.
El proyecto de ley presentado por el gobierno -como alternativa a un nuevo retiro general desde las cuentas de AFP- define casos en que se autorizará girar un 10% de los fondos de pensiones, con un máximo de UF 150 y mínimo de UF 35, como en los retiros anteriores. Podrán hacerlo las personas que quieran exigir el pago de deudas originadas por pensiones alimenticias no pagadas. Podrán, asimismo, acceder al nuevo giro quienes necesiten pagar deudas con su seguro previsional de salud y con prestadores institucionales. También se podrá autorizar el retiro para el pago de deudas de servicios sanitarios, electricidad y gas de red. Finalmente, se podrá retirar fondos para el pago de deudas financieras, bancarias y no bancarias. También podrán retirar ahorros para las pensiones quienes necesiten aumentar sus ahorros para postular a subsidios a la adquisición de la primera vivienda o requieran pagar deudas hipotecarias de hasta UF 4.000 para la adquisición de la primera vivienda.
Algunos han argumentado que todo esto sería “un salvataje al sistema financiero”. En los tres retiros previos no se prohibió en absoluto pagar deudas a los bancos con el dinero girado, lo que muchas familias hicieron. Y tampoco se haría con un nuevo retiro generalizado. Entonces, en esos casos como en el actual proyecto existe la misma figura de pago de deudas. Y si antes los retiros para la gente de menos ingresos podía dar lo mismo si la pensión autofinanciada era inferior a la garantizada por el Estado, en la actualidad ya no es el caso. Además, desde el punto de vista macroeconómico, liberar 15 mil millones de dólares para consumo de sectores medios y altos (5% del PIB, contra 1% destinado a aliviar deudas contemplado en el proyecto del gobierno) es bien distinto con una economía caída que con una que ha más que recuperado el nivel de actividad agregada de hace dos años y con una inflación importada de gran magnitud.
El proyecto de ley gubernamental no aumentará de manera generalizada la capacidad de consumo de los sectores medios y altos (millones de cotizantes de bajos ingresos ya no tienen nada que retirar o muy poco), sino atenderá situaciones específicas apremiantes. Esto tendrá menos efectos en la demanda agregada que pudieran provocar desequilibrios en la balanza de pagos o en la inflación por demanda excesiva, aunque cabe hacer notar que las presiones inflacionarias provienen sobre todo del exterior (como es el caso del aumento del precio de los combustibles y los alimentos). Estas solo pueden compensarse con medidas como el congelamiento de las tarifas del transporte (aumentando el subsidio a esas tarifas) o ampliando los márgenes de dispersión en el tiempo de las fluctuaciones del precio de los combustibles, como ya anunció el gobierno. Y también con medidas de apoyo a las familias de menos ingresos, lo que deberá reforzarse en el futuro próximo, y flexibilizando el acceso al seguro de cesantía para asegurar ingresos a quienes no han recuperado su trabajo, como también fue anunciado por el gobierno. Y no subiendo una y otra vez la tasa de interés, como ha hecho el Banco Central, o realizando un ajuste fiscal de 8% del PIB, como el que dejó programado el anterior gobierno, lo que en conjunto arriesga provocar una nueva recesión en un año en el que el país tomará decisiones fundamentales para su futuro.
