Un reciente informe de la OCDE pone en evidencia lo mal que lo hace el actual gobierno y la urgencia de reconstruir las instituciones públicas, sin las cuales no hay bienestar colectivo posible.
En efecto, en su informe bienal sobre gobiernos y administración, la OCDE reseña que Chile era en 2020 el país de la OCDE con menos adhesión de su población al Gobierno, ya que solo un 15% le tenía confianza. A su vez, se registra un fuerte deterioro desde 2007, cuando el gobierno todavía generaba confianza en un 43% de la población.
En el conjunto de los países de la OCDE, en contraste, un 51% de las personas tenía confianza en sus gobiernos en 2020. Esto es 6,3 puntos porcentuales más que en 2007. Esa tendencia al alza fue particularmente notoria en Islandia (35 puntos adicionales al 59%) y en Alemania (30 puntos, al 65%). La mayor confianza se registró en Finlandia (81%) y en Luxemburgo (78%). A pesar de las dificultades, la opinión positiva sobre el gobierno mejoró en estos países tras la irrupción de la crisis de Covid-19 a comienzos del año pasado. No es en absoluto el caso de Chile, que ha visto emerger una crisis social de gran magnitud y un mal manejo sanitario y de la crisis económica que le ha seguido desde marzo de 2020.
El trasfondo estructural es que hay una asociación entre fortaleza del gobierno, resultados de su acción y percepción positiva por los ciudadanos. Algunos autores destacan tres factores esenciales en el desempeño frente a la pandemia desde una perspectiva de gobernanza: capacidad estatal, confianza social y liderazgo político.
Uno de lo indicadores claves en materia de fortaleza gubernamental es la capacidad de los gobiernos para movilizar recursos en condiciones de emergencia, para atender de modo permanente las necesidades sociales básicas y para sostener la innovación productiva. Los ingresos públicos promedio son de 34% en la OCDE y de 21% en Chile. Las cotizaciones obligatorias que se canalizan a sistemas privados representan del orden de un 3% del PIB, por lo que la brecha, considerando este factor (aunque en rigor no corresponde hacerlo según el criterio de la OCDE), es entonces de unos 10 puntos del PIB.
¿De dónde podrían provenir nuevos recursos públicos en Chile para atender las necesidades sociales deficitarias en cuidado, salud, pensiones, vivienda y urbanismo, educación, por mencionar las principales, y para aumentar el fomento productivo y del empleo?
De los diversos estudios existentes se concluye que en la minería del cobre se puede aumentar la recaudación promedio en un 1,5% del PIB al gravar sobreutilidades originadas en rentas de escasez (la diferencia entre la remuneración normal de la actividad empresarial y aquella que resulta de la extracción de un recurso de oferta limitada y alta demanda) sin que se afecte significamente los incentivos a la inversión. Un impuesto a las transacciones bursátiles permitiría recaudar un 1% del PIB. La aplicación de un impuesto a los muy altos patrimonios personales podría recaudar otro 1% del PIB, poniendo a contribución a las personas más privilegiadas. Se podría recaudar un 0.5% del PIB al establecer una desintegración tributaria completa y no solo parcial entre los impuestos a las utilidades de las grandes empresas y los impuestos a los ingresos de las personas, como en Estados Unidos. Si se eliminara diversas exenciones tributarias injustificadas, se podría recaudar otro 1.5% del PIB, incluyendo la exención a las ganancias de capital. A su vez, aumentar el impuesto a las emisiones permitiría un incremento de 0,5% del PIB. Estos son órdenes de magnitud de una reforma tributaria que un próximo gobierno puede llevar a cabo sin provocar desórdenes en la economía. Por su parte, un esfuerzo serio de disminución de la evasión puede permitir un aumento de otro 3% del PIB en la recaudación.
Este tipo de cambios tributarios serían, además, un gran instrumento para controlar un déficit fiscal que el actual gobierno va a dejar en más de 7% del PIB al finalizar este año. Se está produciendo un inusitado incremento de nada menos que 27%, del gasto público en 2021, el que en realidad se debiera haber producido en 2020, algo nunca visto en la historia económica reciente en nuestro país.
Economistas de opinión fácil y no muy documentada argumentaron que no existirían precedentes para una reforma tributaria de esta magnitud. La base de datos de la OCDE muestra otra cosa. En Luxemburgo, Dinamarca, Italia, Suecia, Islandia y Turquía se han producido en el pasado reciente saltos en la carga tributaria de este orden en cuatro años. Los mencionados economistas tuvieron que reconocer que los precedentes existían, pero su argumento cambió a que en esos países habían aumentado otros impuestos como el IVA o las cotizaciones obligatorias. Esta observación no tiene mucho sentido porque evidentemente cada canasta de ingresos adicionales varía según las realidades nacionales.
Incrementos tributarios significativos que cambian los flujos de demanda y orientan recursos a nuevos motores de expansión del consumo y la inversión son los que resultaron de la decisión política de diversos países para construir sus modelos de Estado de bienestar. Eso es lo que tiene que construirse en Chile en el futuro próximo. Una nueva tributación a «rentas ricardianas» (regalía minera y otras), a las ganancias de capital y a las personas de muy alto patrimonio no van a paralizar ni la inversión ni el empleo y van a permitir ampliar fuertemente la inversión pública y satisfacer necesidades sociales urgentes. Lo que es definitivamente inviable es la rutina del más de lo mismo en un país que cambia aceleradamente y que requiere ser gobernado con nuevas prioridades.
