Este 11 de septiembre se conmemoraron 49 años del golpe militar y nos encaminamos al medio siglo. 50 años de aquel fatídico 11 de septiembre de 1973, que todavía algunos (o muchos) reivindican como una gesta histórica “que nos salvó del marxismo”, como reafirmara el líder republicano José Antonio Kast, mientras aquella mayoría que sufrió los rigores de la dictadura, especialmente las víctimas de violaciones a los derechos humanos, sus familiares, los exiliados y los detenidos en campos de concentración, la recuerda como una tragedia.
Ese 11 de septiembre ha quedado grabado a sangre y fuego en la memoria de los chilenos, tal como sucede con los hechos traumáticos, que se recuerdan como si fueran ayer. Cada uno de los chilenos y chilenas que vivieron esa experiencia pueden recordar, con todo lujo de detalles, sus propias vivencias en ese día. Como presenciaron el bombardeo de la Moneda por televisión. El toque de queda. Los primeros comunicados anunciando que el presidente Salvador Allende se había suicidado. Los primeros bandos del régimen militar. Los primeros detenidos y muertos. Mientras en el barrio alto de Santiago celebraban con champaña “la liberación de Chile”.
El golpe de estado de 1973 abrió una brecha entre los partidarios del régimen militar y sus opositores. Y abrió una profunda herida en el país. Poco o nada ha hecho la derecha, los medios de comunicación que apoyaron incondicionalmente al gobierno militar o las cúpulas empresariales que se enriquecieron a su alero, por cerrar estas heridas. Al menos, el “nunca más”, pronunciado por Juan Emilio Cheyre cuando se desempeñaba como comandante en jefe del Ejército, asumió un mea culpa, aunque las FF.AA. no han prestado una efectiva colaboración para establecer el destino final de los detenidos desaparecidos, tejiendo un manto de silencio sobre el tema.
Ni la derecha, ni los empresarios o los medios de comunicación, han asumido sus propias responsabilidades por el golpe militar y las masivas violaciones a los derechos humanos ocurridas en ese período, donde actuaron como los cómplices pasivos a los que se refiriera el expresidente Piñera.
Los actos de violencia que empañaron la conmemoración
Mientras el presidente de la república se reunía con los familiares del presidente Allende la Moneda, en compañía de algunas autoridades, en un sobrio acto republicano y con un discurso a favor del reencuentro de los chilenos, los actos conmemorativos se vieron empañados por fuertes hechos de violencia, protagonizados por grupos minoritarios.
Poco o nada tiene que ver con esta conmemoración los actos vandálicos de una pequeña minoría que, aprovechándose de la ocasión, se dedicaron al vandalismo, el saqueo de pequeños negocios. La quema de buses y vehículos y el destrozo de la propiedad pública y privada, cometidos en su mayoría por grupos anti sistémicos, que no vivieron la experiencia del golpe militar y los 17 años de dictadura, no sufrieron sus rigores y asumieron la democracia como un dato establecido.
Son una extrema minoría. Carabineros identifica a 300 o 500 “violentistas” que habrían protagonizado estos hechos de violencia, asociados a grupos anti sistémicos, que asumen la violencia como lenguaje de su protesta.
A ellos se suman, los famosos “overoles blancos” que usan estudiantes secundarios para generar hechos de violencia en la zona céntrica de la capital.
Sería muy lamentable que sus padres o apoderados les hayan transmitido ese rechazo y odio hacia todo lo establecido, que no excusa ni justifica la violencia ciega, exenta de toda racionalidad o propósito. Y es aún más lamentable que algún personero de la izquierda avale o justifique estos métodos.
En determinadas y excepcionales circunstancias la violencia puede tener alguna justificación. Como es el caso de una tiranía o invasión extranjera. Pero no en democracia, cuando impera un estado de derecho, las instituciones funcionan y se respetan los derechos humanos. Y menos en un gobierno de carácter progresista. Ni aún a pretexto de querer cambiar un sistema, por muchos defectos que pueda tener.
La violencia y criminalidad en nuestro país ha llegado a límites peligrosos en los últimos años, tal como lo han expresado el poder judicial y el ministerio público. Recrudecen los actos de violencia en la Araucanía. Siguen siendo sectores minoritarios, pero logran poner en jaque la capacidad del Estado para mantener el orden público y la seguridad ciudadana en la macro zona sur. Las protestas y hechos de violencia se suceden en la capital, mientras suben los delitos con violencia y el asesinato de personas. La crisis migratoria no logra ser controlada. El crimen organizado, incluso extranjero, fortalece su presencia en el país, en tanto que prolifera la tenencia ilegal de armas en manos de privados.
Este tema, junto con la reactivación económica y el proceso constituyente, parece ser uno de los principales desafíos que enfrenta el actual gobierno. La violencia es profundamente antidemocrática. Tan solo favorece a los extremos y particularmente a la ultra derecha, que siempre aboga por un orden autoritario, con palo largo y mano dura, como sucede en diversos países de la región. La democracia cuenta con los medios para defenderse, sin necesidad de recurrir a recursos extremos, más allá del uso legítimo y proporcional de la fuerza, que el estado ha entregado a los servicios policiales para resguardar el orden público y a las FF. AA. en defensa de su soberanía.
Pero no basta con la necesaria reforma de los servicios policiales sino va unida a una potente agenda de seguridad pública y prevención del delito, que incluye su reforzamiento, tanto en medios como en personal y modernización, así como mayor inteligencia policial y mejores vínculos con la comunidad. El actual subsecretario del interior, Manuel Monsalve, ha desarrollado una buena labor en estos meses y el compromiso del gobierno ha sido reafirmado. Está pendiente un explícito compromiso de todas las fuerzas políticas para concretar esa agenda, que hoy aparece como urgente.
¿Y cómo continúa el proceso constituyente?
Durante la campaña por el plebiscito, la derecha empeñó su palabra y compromiso para darle continuidad al proceso constituyente, asumiendo que el país necesitaba una nueva constitución, legítima en su origen y validada por el veredicto popular. Incluso adelantando algunos contenidos que debían ser integrados a este nuevo texto constitucional, como la declaración de Chile como un estado social y democrático de derechos, el reconocimiento de los pueblos originarios, nuevos derechos sociales garantizados, la descentralización y regionalización del país, etc.
Tras el triunfo del rechazo, la derecha cree tener nuevamente la sartén por el mango y busca borrar con el codo lo que escribiera con la mano. En su ideal, bastaría conformar una comisión de “expertos”, que redactara una nueva propuesta que debería ser aprobada por el parlamento, en donde cuentan con el derecho a veto y podrían construir mayoría con sectores de centro que se plegaron al rechazo.
Pero van más allá. Hoy en día hablan de “bordes” para el nuevo proceso constituyente. Una suerte de facultad constituyente limitada o “acotada”, en donde no se pueda tocar el sacrosanto principio de la propiedad privada (que es lo que verdaderamente le preocupa a este sector político. En especial, los derechos de agua, precio de mercado para las expropiaciones, royalty minero y otros), el sistema político, el poder judicial o el rechazo a la plurinacionalidad, por señalar algunos.
En las primeras conversaciones entre los dirigentes de los partidos con representación parlamentaria, había surgido un principio de acuerdo respecto de que el nuevo proceso constituyente debía ser impulsado por una nueva convención íntegramente elegida, apoyada por un grupo de expertos, con funciones asesoras, para redactar una nueva propuesta que debía ser plebiscitada.
Pero las bancadas parlamentarias de la derecha no estuvieron disponibles para respaldar este principio de acuerdo, sosteniendo que representan a la mayoría del parlamento, que debe resolver el tema.
Pero no es evidente que la derecha pueda reunir el quorum de los 4/7 para imponer su visión acerca de la continuidad del proceso constituyente. Como tampoco que el triunfo del rechazo les pertenezca, o puedan sumar mecánicamente a los parlamentarios disidentes, ni menos, representar el 62 % de los chilenos que optó por esa posición en el plebiscito.
Como era previsible, el triunfo de la opción por el rechazo generó mayor incertidumbre no tan sólo acerca de la continuidad del proceso constituyente sino también acerca de sus contenidos. Y aunque no existe una base empírica para probarlo, parece evidente que una amplia mayoría nacional, incluida una franja del rechazo, anhela importantes avances y necesarias rectificaciones en la propuesta de nueva constitución elaborada por la convención constituyente, que no necesariamente son compartidos por la derecha, pero que pueden representar a una gran mayoría ciudadana.
El nuevo proceso constituyente no parte de cero. Ni en su forma ni en sus contenidos. La reforma constitucional que dio origen al anterior proceso constituyente establece un marco, que puede corregirse en sus márgenes, pero necesariamente debe contar con legitimidad ciudadana, mantener la participación como principio básico de la soberanía popular, así como su carácter paritario y con representación de las etnias originarias
La idea de identificar aquellas materias no tan sólo de la propuesta de nueva constitución sino de otros avances sobre la materia (entre otros, la propuesta elaborada durante el gobierno de Michelle Bachelet, que la derecha rechazó en su oportunidad), puede constituir un punto de partida para el nuevo proceso constituyente y permitiría identificar las controversias esenciales y qué intereses están detrás de la resistencia al cambio del gastado orden constitucional.
Lo único claro y evidente es que, pese al rechazo, la idea de una nueva constitución redactada en democracia, siguen contando con el respaldo de una inmensa mayoría nacional, como quedara en evidencia en el plebiscito de entrada al proceso constituyente.
