El gobierno está cada vez más solo. Y abandonado por sus propios partidarios, que hasta el final lo instaron a patrocinar el tercer retiro para evitar una segura derrota en el parlamento.
Sin escuchar a sus seguidores, el gobierno procedió a presentar el requerimiento al Tribunal Constitucional. Lo hace en los peores momentos. A escasas semanas de las próximas elecciones municipales, de gobernadores regionales y miembros de la Convención Constituyente, acentuando la inquietud en las filas de la derecha.
Aunque con ciertas dudas el gobierno puede ganar su causa en el desacreditado Tribunal Constitucional(TC), atendiendo a su composición y el voto dirimente de su presidenta y ex asesora de Piñera, María Luisa Brahm. Sería un triunfo pírrico que no detendrá la protesta social, acentuando la inquietud política y electoral del oficialismo.
La decisión presidencial ha profundizado las tensiones internas de Chile Vamos. Numerosos diputados apoyaron el retiro del 10 % y al menos cinco senadores del oficialismo lo harán, cuestionando la recurrencia al TC.
Mario Desbordes, el candidato presidencial de Renovación Nacional perdió la poca paciencia que le quedaba, sosteniendo que al presidente lo tenía sin cuidado el tema electoral y la proyección futura de su coalición: “La relación no mejorará en los meses que restan de mandato”, agregando que “debemos limitarnos a impulsar todas aquellas materias en donde tenemos consensos, evitando profundizar los conflictos”. Nada muy estimulante para Palacio.
En lo inmediato Desbordes apunta a un mal resultado en la elección de miembros de la Convención Constituyente pero su principal preocupación está centrada en la contienda presidencial y parlamentaria del mes de noviembre, en donde no es evidente que pueda llegar como candidato.
El “legado” de Piñera y la elección presidencial
Es más que difícil proyectar el legado del actual gobierno, como no sea un país en crisis. Y menos identificar a quienes lo quieran hacer propio. Casi como una ironía se puede recordar la promesa de “Tiempos mejores” para un gobierno superado por la crisis sanitaria, económica y social, con la antesala de un “estallido” cuyas causas profundas el gobierno de Piñera se ha resistido en reconocer.
El acuerdo del 15 de noviembre, que abrió un cauce institucional para procesar las demandas ciudadanas, tuvo como principales protagonistas a sectores de la oposición, posibilitando un proceso constituyente para redactar una nueva Carta fundamental, escrita en una hoja en blanco, como reza el texto. Algo que la derecha, sobre todo sus sectores más duros, no imaginaron ni en sus peores pesadillas.
Lejos de retomar un ritmo de crecimiento “impetuoso”, como prometiera Pinera durante su campaña, la economía muestra claros signos de crisis y pérdida de empleos, que tardará años en recuperarse. Temas cruciales de su agenda quedaron entrampados por desacuerdos esenciales con la mayoría parlamentaria en manos de la oposición.
El manejo político del gobierno ha sido desastroso, como lo reconocen sus propios partidarios, incluyendo a sectores empresariales. La rotación de ministros, especialmente del equipo político y económico es una evidencia: cuatro ministros del Interior, tres en Hacienda y otros tantos en la vocería y la Secretaria General de gobierno.
La política exterior, teniendo a Piñera como principal protagonista, ha sido un tiro al aire y el país ha perdido prestigio y credibilidad a nivel internacional. Organismos internacionales han denunciado sistemáticas violaciones a los derechos humanos por parte de los servicios policiales frente a una ciudadanía que exige urgentes reformas de protocolos y procedimientos. La situación en la Araucanía se ha deteriorado ostensiblemente en los últimos años tras el fracasado intento dialogante esbozado por el ministro Alfredo Moreno y esencialmente luego del asesinato de Camilo Catrillanca.
El balance no puede ser más desastroso y se refleja en los bajos índices de apoyo del gobierno, que marcan verdaderos récords. Es más que difícil imaginar que en este último año de su mandato Piñera esté en condiciones de perfilar algún legado trascendente.
¿Acusar constitucionalmente al presidente?
Por el contrario. No son pocos los sectores sociales y políticos que piensan que el gobierno ha incurrido en suficientes aberraciones que ameritan una acusación constitucional en contra del Jefe de Estado.
Y aunque el detonante pueda ser su decisión de recurrir nuevamente al Tribunal Constitucional para bloquear el tercer retiro, no es posible fundarla en esa causa atendiendo que se trata de una atribución del mandatario y considerando que existen numerosas omisiones o decisiones presidenciales que indican un notable abandono de deberes que sí la podrían sustentar.
Con todo y pese a que la iniciativa podría tener un amplio respaldo ciudadano, juega en su contra la consideración de una grave y aguda crisis institucional a escasos meses de la elección presidencial. En la oposición existen opiniones divididas, que conllevan un riesgo de derrota autoinfligida mientras la derecha no tendría otra alternativa que alinearse en defensa del gobierno democráticamente elegido.
Persiste la duda de cómo un gobierno tan debilitado como el actual y con su propia coalición dividida pueda hacer frente a una crisis sanitaria, social y económica que se profundiza. De allí el crecimiento de la percepción que simplemente no está en condiciones de culminar su mandato.
A estas alturas el gobierno agradece que la situación sanitaria impida en nuevo estallido social, con masivas movilizaciones y brotes de violencia que, por ahora, parecen focalizados en comunas de la capital y otras regiones, entre ellas la Araucanía.
El gobierno, producto de su propio ensimismamiento con extravío del sentido de realidad, parece condenado a tener un triste y solitario final, remando contra corriente y con partidos y precandidatos de su propio sector que hoy toman prudente distancia y marcan sus diferencias con el Ejecutivo, mientras subsiste una gran incertidumbre sobre las alternativas de futuro.
Las elecciones del 15 y 16 de mayo
Algunos muy recientes indicadores muestran que la cifra de contagios tiende a disminuir en los últimos días, alentando las esperanzas que las elecciones municipales, de gobernadores regionales y miembros de la Convención Constituyente, se puedan efectuar en las fechas programadas, lo cual contribuiría a despejar algunas de las interrogantes respecto de las alternativas de futuro.
La campaña se debiera reanudar a fines del mes de abril, con candidatos que, en su gran mayoría, han agotado sus escasos recursos económicos y enfrentan serias dificultades para desplegar campañas en terreno y una ciudadanía escasamente informada de cuáles son los cargos que se eligen y quiénes los candidatos.
Es difícil imaginar que en estas condiciones la participación de la ciudadanía pueda igualar, menos superar, la registrada en el plebiscito constitucional. Esa menor participación pudiera favorecer a la derecha, que tradicionalmente ha tenido mayor efectividad para movilizar a sus electores en comunas cautivas, pero inquieta en el oficialismo que la resistencia del gobierno al tercer retiro y las egoístas medidas de protección social terminen castigando su votación.
Con los datos de realidad que entreguen estas elecciones, las diversas coaliciones deberán asumir definiciones trascendentes respecto de las alternativas de futuro. Es más que evidente que ni en la derecha ni en la oposición las definiciones están resueltas, como lo demuestra la existencia de más de quince precandidatos y precandidatas presidenciales. Un dato mas que revelador de una crisis política y ausencia de liderazgos potentes que ofrezcan sólidas y viables propuestas de futuro.
Al igual de lo que sucede en la mayoría de los países de la región, la crisis que hoy vive Chile es muy profunda y sus efectos se prolongarán por varios años. Tanto el estallido social del 18 de octubre como la pandemia y sus efectos en el plano económico y social prefiguran un nuevo escenario político en donde se librarán las batallas por el futuro.
El país requiere de profundos cambios y transformaciones, con responsabilidad y solvencia, que tan solo pueden viabilizarse con un liderazgo sólido y el respaldo de una amplia unidad social y política del pueblo, como alguna vez propusiera, entre otros liderazgos nacionales, Radomiro Tomic. Ni la restauración del orden anterior ni la deriva populista aparecen como alternativas conducentes de futuro.
