Una posición internacional coherente

La política exterior chilena ha sido y debe ser de no alineación activa, es decir de no alineación con alguno de los bloques hegemónicos mundiales y simultáneamente activa en la defensa del multilateralismo, la resolución pacífica de los conflictos y controversias y la prevalencia del derecho internacional, incluyendo el derecho internacional humanitario y de derechos humanos.

El presidente Boric ha mantenido una política internacional coherente en los hechos recientes. Ha exigido que se respete íntegramente la frontera por parte de Argentina en el incidente de los paneles solares en el sur, de modo de no dar lugar a precedentes y a nada distinto del control por parte de Chile del Estrecho de Magallanes, como ocurre desde el siglo XIX. Un control conjunto ha sido insinuado por Argentina, cuyos sectores nacionalistas, hoy fortalecidos, al parecer intentan nuevamente una proyección de ese país hacia el Pacífico. 

Por su parte, la posición chilena respecto a la situación del Medio Oriente -que no nos es tan lejana por la importancia de la comunidad de origen palestino y también en menor medida la de origen judío- ha sido de condenar los asesinatos de civiles y secuestros de rehenes por el grupo fundamentalista Hamás de octubre pasado, destinados a provocar terror en la población israelí -por mucho que su objetivo haya sido intentar cambiar el tablero de la anexión rampante de los territorios de Palestina ocupados ilegítimamente por Israel- y la violenta respuesta del gobierno israelí desde entonces, que incluye recurrentes crímenes de guerra. Chile reconoció al Estado Palestino como uno libre, independiente y soberano en 2011 y se ha sumado a la solución de paz entre dos Estados. 

El presidente Boric, a su vez, concurrió a la cita sobre Ucrania en Suiza en junio. La guerra en esta parte de Europa afecta los precios de los alimentos y de los hidrocarburos que consumimos, y en general el entorno en que se desenvuelve nuestra economía, por lo que tampoco nos es ajena. Esa presencia fue un paso para promover la paz, aunque no contara con la participación de la Federación Rusa, que se niega por el momento a retirarse de los territorios ocupados y a anular las anexiones de territorio ucraniano en violación del derecho internacional. Chile ha condenado, como corresponde, esta violación de la soberanía y firmó la declaración final que lo reafirma, aunque otros no quisieran hacerlo. Esto no constituye ninguna adhesión a la OTAN o a la política norteamericana, sino al derecho internacional y al respeto de las fronteras internacionalmente reconocidas. Es el mismo principio que se está defendiendo en el incidente reciente con Argentina y que funda el sistema internacional vigente. De más está recalcar que un sistema internacional basado en la ley del más fuerte no es exactamente lo más conveniente para un país pequeño (0,2% de la población y 0,3% de la economía mundial) y remoto como el nuestro.

Lo que no sería coherente sería condenar las invasiones y anexiones violentas en Palestina o los bloqueos a Cuba y Venezuela y no hacerlo cuando esas invasiones e intervenciones las hace Rusia, porque está confrontada con Estados Unidos. Si una potencia busca reconstituirse, en este caso reestableciendo los contornos del imperio zarista de siglos atrás, no tiene por qué producir adhesión alguna de la política exterior chilena. 

Por lo demás, la declaración oficial del PC chileno sobre la materia, aunque diversos de sus miembros piensen otra cosa, no contradice esta postura cuando afirma que “como fuerza de izquierda desde siempre el factor internacional es parte de nuestra política; permite ratificar como firmes partidarios del desarrollo de la cooperación internacional, el multilateralismo y la paz mundial, así como el respeto a la soberanía y autodeterminación de cada pueblo.” Eso es precisamente lo que está en juego en Ucrania: el respeto de los principios de soberanía y autodeterminación, por sobre consideraciones de restauración geo-estratégica o de reedición de lógicas de confrontación entre bloques propia de la guerra fría. Desde la URSS de Lenin en los años 1920, Ucrania ha sido un país nominalmente independiente, con representación propia en la ONU después de 1945, lo que se transformó en independencia efectiva, como la de los países bálticos y diversas repúblicas asiáticas, a raíz de los tratados firmados por Rusia después del fin de la URSS en 1991.

Esto ocurrió a cambio de la devolución a la nueva Federación Rusa del arsenal nuclear establecido en territorio ucraniano. No hay razones válidas para revertir esa independencia, en las fronteras internacionalmente reconocidas tanto por la URSS -incluyendo Crimea- como luego por la Federación Rusa. Por lo demás, la acción rusa contra Ucrania, y previamente contra Georgia, se ha traducido en la incorporación de Suecia y Finlandia a la OTAN, lo que es un retroceso estratégico para Rusia y su actual régimen conservador, autocrático y de capitalismo oligárquico, pues es toda Europa del Este y Nórdica la que teme por su independencia. El futuro dirá si habrá o no una integración de Ucrania y Moldavia a la Unión Europea, y más remotamente a la OTAN, así como una paz de hecho, más o menos en las posiciones respectivas actuales de los ejércitos ruso y ucraniano a la espera de un tratado de paz, como ocurre desde el armisticio que puso fin a la guerra de Corea en 1953. Pero ese debe ser un acuerdo entre las partes. Mientras, lo que corresponde es el apoyo a la autodeterminación y soberanía de Ucrania, como a la de cualquier otro país del mundo que sea sometido a una agresión militar externa en violación del derecho internacional. Este debe ser sobre todo el caso si incluye el secuestro de unos 20 mil niños, lo que ha llevado a la Corte Penal Internacional a emitir una orden de detención contra Putin, e innumerables víctimas civiles de bombardeos indiscriminados y destrucciones de infraestructura en el territorio de Ucrania, lo que ha llevado a una orden de detención de esa misma Corte para los dos principales generales rusos responsables. Nunca debe confundirse, o ponerse en el mismo plano, al agresor y al agredido.

En el tema de Venezuela, que enfrenta una elección presidencial crucial el 28 de julio próximo, el presidente Boric ha considerado que existe un deterioro de las instituciones en ese país. No hace más que constatar que el poder judicial y el poder electoral están hoy alineados con decisiones del gobierno de Maduro que no corresponden a criterios democráticos consagrados, por decirlo suavemente. Y alude también a que el fiscal general de Venezuela rebatió la tesis de la fiscalía chilena según la cual los autores del asesinato de un exmilitar venezolano en Chile serían ciudadanos también venezolanos, hoy fugados a ese país sin ser habidos, conjeturando que «pueden haber participado cuerpos de inteligencia de Chile y extranjeros» en «una operación de falsa bandera que tenía como objetivo enturbiar las relaciones entre Chile y Venezuela«. Estas especulaciones no parecen demasiado propias de una autoridad judicial.

Hay quienes en la coalición de gobierno, específicamente el Partido Comunista, postulan que no se debe opinar sobre la situación interna de Venezuela. Uno puede preguntarse si eso incluye no opinar sobre la destitución por el régimen de Maduro de la dirección del Partido Comunista de Venezuela, que al manifestarse crítica del gobierno fue objeto de la imposición de una dirección de reemplazo favorable al régimen, al margen de sus decisiones internas. O bien no opinar sobre la inhabilitación de prácticamente todos los candidatos presidenciales opositores, dejando vigente solo la candidatura de un diplomático desconocido apoyado como último recurso por la oposición. La defensa de la democracia no debe reconocer fronteras.

Por otro lado, los que piden romper las relaciones diplomáticas con Venezuela no hacen más que hacer demagogia: las relaciones son entre Estados, más allá de los gobiernos. ¿Alguien se imagina un mundo en que los países con poder de destrucción nuclear, como Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Rusia, China, Pakistán e India, por ejemplo, no tuvieran relaciones diplomáticas entre sí dadas sus diferencias y confrontaciones? Si cada gobierno rompe relaciones con aquellos con los que mantiene discrepancias de una u otra índole, por graves que sean y con la excepción de situaciones de guerra o de ataque a las embajadas, nadie tendría relaciones diplomáticas con nadie. La diplomacia existe precisamente para canalizar conflictos, no para agravarlos.