URGENTITIS O IMPERICIA LEGISLATIVA
No es razonable que la oposición -que criticara duramente la “sequía legislativa” de los primeros meses de gobierno- salga ahora a criticar un supuesto “frenesí legislativo” en que estaría incurriendo el Ejecutivo al enviar al Congreso varios de sus proyectos emblemáticos en los últimos dos meses (entre ellos el proyecto de “modernización” tributaria, la reforma del sistema de pensiones, el que introduce reformas al sistema de ISAPRES, el proyecto “aula segura”, mientras se anuncia el pronto envío del proyecto de contra reforma laboral).
El gobierno tiene todo el derecho a desplegar su agenda, después de desaprovechar el llamado período de gracia para instalar temas sustantivos de su programa. Otra cosa es si resulta muy eficiente desplegarla en forma simultánea, sin que queden muy claras sus prioridades. Pero eso ya refiere al manejo político y legislativo de su agenda en donde, hasta ahora, ha demostrado escasa destreza.
El gobierno tiene todo el derecho a desplegar su agenda, después de desaprovechar el llamado período de gracia para instalar temas sustantivos de su programa. Otra cosa es si resulta muy eficiente desplegarla en forma simultánea, sin que queden muy claras sus prioridades. Pero eso ya refiere al manejo político y legislativo de su agenda en donde, hasta ahora, ha demostrado escasa destreza.
Pruebas al canto la constituye el famoso proyecto “aula segura”, estimulado por graves incidentes de violencia en cuatro liceos emblemático de Santiago, que llevaron al Ejecutivo a proponer un proyecto de muy dudosa eficacia y respeto a las normas que regulan el debido proceso, que fuera sustancialmente modificado por el Senado.
La peregrina idea que dicho proyecto debía ser aprobado sin mayores ajustes o modificaciones por la Cámara de Diputados, en un plazo de seis días (tramitación inmediata), sin asumir las complejidades de la tramitación legislativa y las propias potestades del parlamento, más que “urgentitis”, como lo denominó el senador Alejandro Guiller, se trata de impericia y poco tino del gobierno en su manejo legislativo.
El problema no es que el gobierno haya decidido enviar a la consideración parlamentaria buena parte de su agenda más dura. Más bien reside en el sentido y alcances de dichos proyectos, que obviamente deben ser discutidos en su propio mérito, asumiendo que ningún proyecto de ley sale como entra al parlamento y que, precisamente, la labor de los legisladores es perfeccionar los proyectos sometidos a su consideración.
El problema no es que el gobierno haya decidido enviar a la consideración parlamentaria buena parte de su agenda más dura. Más bien reside en el sentido y alcances de dichos proyectos, que obviamente deben ser discutidos en su propio mérito, asumiendo que ningún proyecto de ley sale como entra al parlamento y que, precisamente, la labor de los legisladores es perfeccionar los proyectos sometidos a su consideración.
Tanto el proyecto de “modernización” tributaria como el de reforma al sistema previsional, contienen aspectos más que controversiales, que dividen las opiniones entre el oficialismo y la oposición, tal como lo que, muy probablemente, sucederá con el anunciado proyecto de modificación a la reforma laboral.
Viabilizar esta controvertida agenda legislativa que el gobierno ha enviado estos últimos meses al parlamento, requiere de una verdadera disposición al diálogo y la búsqueda de consensos con la mayoría parlamentaria en manos de la oposición. Ese es el espacio natural establecido en el sistema democrático para buscar acuerdos o dirimir las diferencias a través de las reglas de mayorías y minorías elegidas democráticamente.
El parlamento no es un buzón (el Senado ni la Cámara de Diputados) y el gobierno debe estar disponible para acoger las propuestas y puntos de vista de la oposición para perfeccionar las iniciativas legislativas enviadas a su consideración. Así funcionan las democracias representativas.
De poco o nada sirve emplazar a la oposición o acusarla de obstruccionismo legislativo sino aprueba los proyectos del gobierno tal cual fueron enviados y en plazos demasiado acotados, que impidan una auténtica deliberación, escuchando a los actores incumbentes e intentado arribar a consensos posibles. El parlamento no es un buzón (el Senado ni la Cámara de Diputados) y el gobierno debe estar disponible para acoger las propuestas y puntos de vista de la oposición para perfeccionar las iniciativas legislativas enviadas a su consideración. Así funcionan las democracias representativas.
