A cuarenta años del crimen de los degollados. Lecciones actuales.

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Escribimos este relato desde nuestra experiencia en la Vicaría de la Solidaridad, con el anhelo de que sea difundido entre las nuevas generaciones, que tienen el derecho a conocer la historia del país para asegurar un futuro de paz.

Conocí a José Manuel Parada en el Comité de Cooperación para la Paz en Chile, antecesor de la Vicaría de la Solidaridad, en 1974. Lo recuerdo como conductor de un automóvil del Comité, saliendo de las oficinas de la administración, pero especialmente en los almuerzos y las onces en que departíamos los trabajadores de calle Santa Mónica, coloquios que permitían descubrir al joven académico inteligente, dotado de un sentido del humor no exento de ironía. 

En 1976, a poco andar de la creación de la Vicaría de la Solidaridad por el cardenal Silva Henríquez, la jefatura, percatada de su capacidad, encargó al profesional proveniente de las juventudes comunistas la coordinación con las entidades que en provincias cumplían funciones afines a las del Comité. José Manuel asumió como jefe de la Unidad de Coordinación Nacional, destinada a “relacionar la Vicaría de la Solidaridad con las oficinas sociales o de solidaridad –según la denominación que le hubiera dado el respectivo Obispo- de las distintas diócesis del país”^[i]. Era, desde luego, una función con cierta dimensión política, en el sentido del arte de lo posible, puesto que se debía trabajar con obispos de todo el espectro doctrinario. Responsable de la designación fue el primer Vicario de la Solidaridad, Cristián Precht, quien dio “fe y testimonio de su lealtad, de su empeño, de su dedicación y de su fidelidad inquebrantable a esta Vicaría”^[ii].  

En el ejercicio de su función, José Manuel evidenció una ductilidad que le ganó el aprecio de los pastores, aunque algunos observaban con cierto recelo su condición de comunista y no creyente. Por esto, no fue del todo sorprendente que, en 1983, recién iniciado el gobierno arquidiocesano de don Francisco Fresno, se definiese la coordinación con las diócesis como una tarea pastoral que debía ser ejercida por una persona perteneciente a la Iglesia^[iii]. Recuerdo que en una reunión simultánea a este cambio de jefatura, en que se encontraba presente el Vicario de entonces Juan de Castro, José Manuel, con la sutileza que lo caracterizaba, se refirió a las acusaciones de infiltración comunista en la Vicaría, formuladas por la dictadura, asegurando que, “en mi caso, soy yo quien ha sido infiltrado por la Iglesia”. Personalmente, pude corroborar su apacible ductilidad, que amenizaba la conversación y generaba afecto, en aquellas reuniones que sostuvimos para ponerme al día de lo que ocurría en provincias, recorriendo obispo por obispo y describiendo las características de cada cual, en términos que me permitían comprender lo esencial. De dos pastores del norte, señalaba a uno como “piadoso” y al otro “bueno, pero amante del besamanos”; de un par de obispos al sur de Santiago, decía que el primero era “político y místico a la vez” y el segundo “intelectual un tanto seco”. Sin duda, el pastor con quien más empatía había logrado era don Carlos González, obispo de Talca que presidía el grupo de quince obispos que formaban parte un convenio de cooperación con la Vicaría de Santiago, el cual operaba con la ayuda de la Unidad de Coordinación Nacional. 

Con todo, la nueva responsabilidad que se asignó a José Manuel a mediados de 1983 resultó ser mucho más compleja y riesgosa que la anterior. A partir de la información proveída por las víctimas de la represión y con toda la documentación acumulada en la acción judicial y administrativa del Departamento Jurídico de la Vicaría, se creó una unidad de procesamiento de esos datos, dotada de un mayor grado de reserva, que incluía antecedentes sobre recintos clandestinos de reclusión, procedimientos, estructuras operativas e incluso agentes del aparato represivo. Esta faena fue constituyendo a la Vicaría en un virtual organismo de contrainteligencia y permitió reproducir muy fielmente los planes de exterminio de la DINA y el historial de torturas de la CNI^[iv]. La designación de José Manuel Parada a cargo de esa unidad, que asumió con dedicación ejemplar, está en el origen de su martirio. 

Es efectivo que los trabajadores de la Vicaría, por ser ésta una institución de la Iglesia Católica, un tanto ingenuamente, la considerábamos un “paraguas” que, en cierta medida, nos protegía de la represión. En esos años ochenta, eran contados los casos de funcionarios que habían sufrido prisión. Nada hacía presagiar, pues, lo que ocurriría esa mañana del viernes 28 de marzo de 1985.

Cuando José Manuel Parada llegaba al Colegio Latinoamericano de Integración, junto a su hija Javiera, tres individuos procedieron a secuestrarlo junto al profesor Manuel Guerrero, militante del partido Comunista y dirigente de la Asociación Gremial de Educadores (AGECH), disparando e hiriendo al profesor Leopoldo Muñoz, que se había interpuesto entre los secuestradores y las víctimas, las cuales fueron introducidas en un automóvil. Mientras todo ello ocurría, un helicóptero sobrevolaba sobre el sector y, según afirmaron testigos, carabineros motorizados desviaban el tránsito. El impacto que sufrió la comunidad de trabajo de la Vicaría fue terrible, especialmente debido al modus operandi del secuestro, que connotaba una operación criminal de la mayor peligrosidad. Pero, pese a la consternación, se inició de inmediato la búsqueda de los detenidos, mediante recurso de amparo y querella criminal, la visita de familiares y abogados a recintos de detención, así como una vasta campaña de denuncia de los hechos, realizada por las trabajadoras y trabajadores de la Vicaría distribuidos en todas las sedes parroquiales y organizaciones sociales de la capital.

Aunque cuesta describirlo, no podemos olvidar el momento en que, al día siguiente, sábado, 29 de marzo, escuchamos la funesta, la sangrienta palabra – ¡degollados! – que connotaba la atroz y alevosa magnitud del crimen. Así fueron encontrados los cuerpos de José Manuel Parada Maluenda, Manuel Guerrero Ceballos y el diseñador gráfico comunista y también miembro de la AGECH, Santiago Nattino, quien había sido detenido con anterioridad, luego del allanamiento de la imprenta de la AGECH, inscrita a su nombre^[v]. 

No hubo en la trayectoria de defensa de los derechos humanos de los trabajadores de la Vicaría mayor conmoción que el alevoso asesinato de José Manuel. Al arrebatar la vida a uno de los nuestros, la dictadura horadaba nuestro corazón. Hasta hoy, pervive en nuestra memoria aquella reunión nocturna, de toda la Vicaría, encabezada por el vicario Santiago Tapia, y esa tarde del domingo en que por las gradas del edificio de Plaza de Armas el ataúd que contenía los restos de José Manuel subió en hombros de sus colegas, hasta ser conducido al patio central, donde cantamos con profunda aflicción el Himno a la Alegría, acompañando a sus padres, a Estela Ortiz que cargaba desde hacía ocho años el dolor de la desaparición forzada de su padre, y sus cuatro niños. También conservamos indeleble el recuerdo de la impresionante liturgia en que el nombre de José Manuel unió en extremado ecumenismo al cardenal Fresno y los obispos concelebrantes con los militantes comunistas que entonaron La Internacional. Y luego, el cortejo hacia el Cementerio General, que se unió al de Manuel Guerrero.  En los días posteriores, siguió el ayuno prolongado de trabajadores de la Vicaría, que se unieron al que iniciara Estela en la parroquia Santa Filomena, para testimoniar que jamás olvidaríamos el crimen.

En sí mismo, el despliegue con que se practicó el secuestro de José Manuel Parada y Manuel Guerrero hizo patente que se trataba de una operación criminal planificada. Así, la investigación permitió establecer que el helicóptero que sobrevoló el sitio, los automóviles en que se movilizaban los secuestradores y el tipo de armas utilizadas pertenecían a Carabineros. Se comprobó que los aprehensores de otros dirigentes de la AGECH detenidos en días anteriores también pertenecían a esa institución policial y que estas víctimas permanecieron recluidas en el local de la Dirección de Comunicaciones de Carabineros (DICOMCAR), un aparato de inteligencia ad hoc que encubría con aquella denominación su verdadera función, que no era otra que indagar en la estructura clandestina del partido Comunista, sus integrantes y su actividad. Todas las evidencias apuntaban a este organismo, de lo cual no cupo dudas avanzada la investigación, cuando se verificó que Parada y Guerrero fueron torturados en el cuartel de esa asociación criminal, antes de ser conducidos al lugar donde fueron sacrificados junto a Nattino, en Quilicura. Fueron los abogados de la Vicaría de la Solidaridad que proporcionaron al ministro Cánovas los datos sobre la DICOMCAR, cuya existencia, organización, procedimientos y altos mandos habían sido registrados y procesados -providencial o fatalmente- por la unidad a cargo de José Manuel Parada^[vi]. 

A los tres meses del crimen, ya se había ordenado el arraigo de doce miembros de la DICOMCAR^[vii]. Un mes más tarde, fueron encargados reos los pilotos del helicóptero y puestos bajo arraigo el Jefe de la DICOMCAR, coronel Luis Fontaine Manríquez, y otros once miembros de la misma. Entre estos destacan Guillermo González Betancourt, jefe de operaciones del aparato criminal, quien “dirigió” el degollamiento de los tres militantes comunistas, y Miguel Estay Reyno, alias El Fanta, ex militante comunista reclutado como sabueso por la DICOMCAR, quien participó directamente en la decapitación de su amigo José Manuel, luego de que el cabo Claudio Salazar le rajase el vientre, y que según antecedentes habría sido quien proporcionó el corvo utilizado para perpetrar los homicidios^[viii].

Estas últimas resoluciones del juez Cánovas causaron conmoción pública y determinaron la renuncia del general director de Carabineros y miembro de la Junta de Gobierno, César Mendoza Durán, así como la disolución de la DICOMCAR, por orden del nuevo jefe de la institución policial, Rodolfo Stange. Pronto, al arraigo territorial el juez Cánovas sumó la encargatoria de reo a los miembros de la ex DICOMCAR, incluidos Fontaine y González Betancourt, el interrogatorio a César Mendoza y la detención de El Fanta.

A despecho de todo, en enero de 1986, la Corte Suprema revocó las resoluciones procesales del ministro Cánovas y, más tarde, se dictó el sobreseimiento temporal de la causa, por cuanto, se argumentó, si bien estaba acreditada la intervención de la DICOMCAR en el crimen, no se hallaban plenamente identificados los autores individuales. En tal oportunidad, junto con valorar el acucioso trabajo realizado por el juez, el jefe del Departamento Jurídico de la Vicaría de la Solidaridad, Alejandro González, atribuyó “la imposibilidad de individualizar a los responsables” a “la falta de colaboración de los organismos públicos llamados por la ley a prestarla”^[ix]. 

Pero ocho años más tarde, reabierto el proceso en plena democracia, el ministro Milton Juica, a cargo del mismo desde 1989, condenó a la pena de presidio perpetuo a tres miembros de la asociación criminal, incluido El Fanta, por el secuestro y asesinato de las víctimas. Otros trece funcionarios fueron condenados a penas de hasta 18 años de presidio y en seis de estos casos la Corte de Apelaciones aumentó las penas a presidio perpetuo. Finalmente, la Corte Suprema confirmó las condenas a cadena perpetua contra cinco de los autores del crimen y las otras penas para el resto. En 1990, poco después del asesinato del senador Jaime Guzmán, miembros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez asesinaron al coronel Luis Fontaine Manríquez. Pese a su participación principal en el degollamiento de las víctimas, en 2013, Guillermo González Betancourt, condenado a presidio perpetuo, fue beneficiado con el régimen de “salida controlada libre” hasta por quince horas diarias… Por su parte, El Fanta falleció en 2021, mientras cumplía su pena de presidio perpetuo.

De los antecedentes acumulados en la investigación del crimen, a cargo del aplicado ministro José Cánovas Robles, se pudo inferir cuáles fueron las “razones” para la elección de las víctimas y los móviles del crimen. El origen se puede fijar en agosto de 1984, cuando Andrés Valenzuela, suboficial de la FACH, desertó del denominado Comando Conjunto, un equipo clandestino de represión homicida anticomunista en que participaban los servicios de inteligencia de la Fuerza Aérea, la Armada y Carabineros^[x]. El desertor concurrió a la Vicaría de la Solidaridad, a cuyos abogados proporcionó cuantiosa y vital información sobre el destino mortal de decenas de detenidos desaparecidos y ejecutados, las circunstancias de los hechos y varios de sus ejecutores. Luego de prestarle protección, la Vicaría organizó su salida del país, encargándose al autor de esta columna su traslado clandestino, hacia Argentina, por el paso cordillerano de Puyehue.

Según el abogado de la Vicaría, Héctor Contreras Alday, “dos episodios hicieron creer a los aparatos represivos que el Partido Comunista estaba detrás de la deserción de Valenzuela”. El primero fue la reproducción parcial del testimonio que el exagente había entregado a un medio periodístico chileno, en un periódico de Caracas, ciudad donde “los servicios de seguridad de la dictadura de Pinochet habían detectado una base del PC que facilitaba a sus militantes el ingreso y salida de Chile como clandestinos”. El segundo episodio sería la “confesión” bajo tortura, ante la DICOMCAR, en febrero de 1985, del arquitecto comunista Ramón Arriagada Escalante, cuya libreta de contactos le fue requisada, quien “afirmó que José Manuel Parada y Manuel Guerrero estaban analizando el testimonio de un exagente represivo”^[xi]. De otro lado, al interior de la DICOMCAR, que funcionaba en el edificio que había sido sede del diario El Clarín, mismo que sirvió de cuartel al Comando Conjunto…, El Fanta, con seguridad, reveló que la Vicaría de la Solidaridad había detectado la existencia de aquel aparato clandestino de Carabineros y que José Manuel era el principal responsable de este logro. Aunque, en realidad, él no hacía sino procesar los datos proporcionados por el Departamento Jurídico^[xii].

La decisión del horrendo crimen, que unió a altos mandos de Carabineros y a ex agentes del Comando Conjunto^[xiii], tenía como objetivo hacer ver al PC, en perverso modo homicida, que si persistía en su tarea de contrainteligencia militantes suyos correrían la misma suerte de los tres elegidos como víctimas del fatídico 29 de marzo de 1985. Pese a que aquella tarea consistía en un trabajo compartimentado de la Vicaría de la Solidaridad, la dictadura estaba convencida de que era realizada por y para el partido Comunista. Acto seguido, se eligió deliberadamente a las víctimas. Sin duda, la primera fue José Manuel Parada, por su trabajo para la institución arquidiocesana, que entendían formaba parte de una confabulación del comunismo; la segunda fue Santiago Nattino, a quien se identificaba como proveedor de documentación falsa a militantes de su partido, para entrar y salir del país^[xiv]. La tercera víctima, Manuel Guerrero, sería elegida por ser representante de un gremio dirigido por militantes comunistas, aunque también su detención pudo deberse, simplemente, a que en el acto del secuestro se encontraba junto a Parada.

El denominado “crimen de los degollados” depara una lección histórica sobre los extremos que puede traspasar una dictadura como la civil militar que padeció nuestro país, luego de clausurar el poder político representativo, disolver los partidos políticos y degradar por la fuerza la independencia de los tribunales. Estas condiciones permitieron la supresión del estado de Derecho y el desprecio a la ley, posibilitando a los grupos armados de la dictadura practicar crímenes de lesa humanidad que -ellos pensaban- quedarían todos en la impunidad.

Es más, este caso arquetípico de barbarie que hemos relatado también nos alecciona sobre la degradación moral a que conduce el terror aplicado sobre los ciudadanos, hasta el punto de arrastrar a personas originariamente buenas a la comisión de conductas tan deleznables como la traición a sus propios amigos o camaradas.

También, sobre la base del terror del silencio y la censura de los medios de comunicación, se impone la mentira sobre la población, como ocurriera en torno a este mismo triple homicidio, que el almirante Merino atribuyó a una “infiltración comunista” en Carabineros de Chile^[xv]. 

Estas lecciones no son asunto del pasado sino uno plenamente actual. Cuando, nuevamente, soplan oscuros vientos de desprecio hacia los derechos humanos y se agita la idea de que las policías pueden actuar sin límites; cuando renace un anticomunismo maniqueo y maldiciente, es imperioso, aunque doloroso, rescatar sucesos como el que hemos recordado, especialmente para que la memoria sea difundida entre las nuevas generaciones. 

*Jaime Esponda – Fue procurador del Comité de Cooperación para la Paz en Chile y abogado interno de la Vicaría de la Solidaridad.

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^[i] Arzobispado de Santiago, Fundación de Documentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad. https://www.vicariadelasolidaridad.cl/vicaria_de_la_solidaridad. Visto el 14.03.2025. 

 

^[ii] Revista Solidaridad Nº 199, p. 6

 

^[iii] Fue en tales circunstancias que el autor de esta columna asumió la jefatura de la Unidad de Coordinación Nacional.

^[iv]En este logro, correspondió un destacado rol, lejos del protagonismo, a la abogada Rosemarie Bornand y al abogado Héctor Contreras Alday.

 

^[v] Testimonio de Manuel Guerrero Antequera. https://memoriaviva.com/nuevaweb/ejecutados-politicos/ejecutados-politicos-g/guerrero-ceballos Leído el 17.03.2025.

 

^[vi] Contreras, Héctor, El rol de José Cánovas, https://casosvicaria.udp.cl/el-rol-de-jose-canovas. Leído el 17.03.2025

^[vii] Hau, Boris,  La defensa de los Derechos Humanos del Departamento Jurídico del Comité Pro-Paz y de la Vicaría de la Solidaridad, Universidad Alberto Hurtado, 2006, p.130 y 131.

^[viii] https://www.ciperchile.cl/2015/09/21/corte-nego-libertad-a-coronel-que-encabezo-asesinato-de-los-tres-profesionales-degollados-en-1985. Leído el 17.03.2025.

^[ix] Arzobispado de Santiago, Informe Mensual de la Vicaría de la Solidaridad, enero de 1987 p. 40.

 

^[x] González, Mónica y Contreras, Héctor, Los Secretos del Comando Conjunto”, Santiago, 1991, Ediciones del Ornitorrinco, 299 pp.

^[xi]HECTOR CONTRERAS:  El rol de José Cánovas https://casosvicaria.udp.cl/el-rol-de-jose-canovas

^[xii] En un sitio web confiable que recopila antecedentes de violaciones de derechos humanos, Manuel Guerrero Antequera, hijo de Manuel Guerrero Ceballos, narra que, junto a la periodista Mónica González, José Manuel Parada y su padre “ se pusieron a analizar las largas horas de grabación del testimonio” del agente Valenzuela. Aunque esta actividad no consta en los antecedentes de la Vicaría ni se realizó con autorización de sus autoridades, estimo que el testimonio es serio y veraz. https://memoriaviva.com/nuevaweb/ejecutados-politicos/ejecutados-politicos-g/guerrero-ceballos Leído el 17.03.2025.

^[xiii] HECTOR CONTRERAS:  El rol de José Cánovas https://casosvicaria.udp.cl/el-rol-de-jose-canovas Leído el 13.03.2025

^[xiv] Antes de concurrir a la Vicaría de la Solidaridad, Andrés Valenzuela relató su experiencia a la periodista Mónica González, de la revista Cauce.

^[xv] Informe Mensual de la Vicaría de la Solidaridad, agosto del año 1985, p. 28 .