Pronto de cumplirse el plazo fijado por los senadores para despachar la iniciativa, la reforma previsional vive días cruciales. Pese a las intensas negociaciones, aún se mantienen importantes diferencias entre el oficialismo y la oposición en temas centrales, como la distribución de la cotización del 6 % adicional de cargo patronal, la separación de la industria (que pondría fin a las actuales AFP en la forma como hasta ahora han operado). No son temas menores. Está en juego si los actuales y futuros pensionados puedan ver incrementadas parcialmente sus pensiones o, por el contrario, prolongar el actual sacrificio para las próximas décadas. Para las AFP, que despliegan una millonaria campaña publicitaria en defensa de su negocio, es mucho lo que arriesgan. No tan sólo un porcentaje de la cotización adicional, que iría a fortalecer el pilar solidario, sino también una parte muy sustantiva del negocio de inversión de los fondos previsionales. En el plano netamente político, se juega la posibilidad de cerrar consensuadamente este sensible tema o dejarlo abierto como piedra en el zapato para el futuro gobierno.
Los límites para la negociación son conocidos y los puntos más sensibles dicen relación la resistencia opositora a modificar las reglas de juego esenciales para la poderosa industria, introduciendo mayor competencia en el sistema. Como lo ha repetido el Presidente Boric, el oficialismo está lejos de contar con la mayoría necesaria para imponer una reforma parecida a los términos de la propuesta durante el gobierno de Sebastián Piñera, que ahora la misma derecha rechaza. Y es más que evidente que un acuerdo que no cumpla con condiciones mínimas para subir las pensiones y modificar la industria, simplemente no es viable. Así lo han dejado en claro diversos sectores del oficialismo, que no están por dejar caer el proyecto, como lo propusiera el exalcalde Daniel Jadue con adhesión de algunos diputados de su partido, agregándose una minoría de parlamentarios socialistas, sino esperar que culmine la tensa negociación que se desarrolla en el senado para pronunciarse, a favor o en contra, esperando lo mismo por parte de parlamentarios opositores, hasta hora abiertos a una negociación.
En estos últimos días, tanto el presidente como distintos personeros del oficialismo han desplegado toda una ofensiva en pro de un acuerdo que cumpla con los estándares mínimos que se han fijado, que la oposición ha interpretado como un retroceso del camino avanzado y una manera de dinamitar toda posibilidad de acuerdo. Un acuerdo que se parece mucho a una rendición incondicional, que tan sólo beneficia a las AFP, que mantendrían intacto su modelo de negocios, sin cumplir la promesa de subir las actuales y futuras pensiones.
Así, la última palabra sobre esta materia, que se viene debatiendo por más de una década, no está dicha y habrá que esperar la culminación de las negociaciones, en donde los diversos sectores extreman sus argumentos de último minuto buscando imponer sus criterios, sin mostrar aún hasta donde están dispuestos a ceder. Pese a estas tensiones, las autoridades de gobierno mantienen un moderado optimismo acerca de un acuerdo, aunque sea parcial (que no es una muy buena señal, evidenciando que el tema seguirá pendiente y será heredado por un futuro gobierno), en tanto que se incrementan las dudas y aprehensiones de sectores del oficialismo con relación a un desenlace mínimamente satisfactorio, no tan solo para los actuales pensionados sino también para el país.
Frustración en el oficialismo
A menos de un año y medio del fin del mandato, cunde una cierta sensación de frustración en las filas del oficialismo por las trabas a las reformas estructurales comprometidas en el programa de gobierno. En verdad, Gabriel Boric, que perdiera en primera vuelta frente a José Antonio Kast, ganó finalmente con una mayoría electoral que no logró transformar en mayoría política, ni menos parlamentaria, pese a recibir el apoyo incondicional del socialismo democrático y de la propia DC, que no aceptara integrar la alianza oficialista. Muchos de los que votaron por él en segunda vuelta lo hicieron como un mal menor frente a la amenaza del triunfo de la extrema derecha. El modelo de un gobierno apoyado por dos coaliciones, reformulado a muy poco andar, ha funcionado con tensiones internas, en tanto que la derecha, pese a su fraccionamiento, se vio fortalecida con la división de la Democracia Cristiana, cuando Amarillosy Demócratas reconocieron filas en la oposición, logrando, de esta manera una mayoría parlamentaria que no alcanzó en las urnas.
No es el primer gobierno sin mayoría parlamentaria desde la recuperación democrática. La diferencia es la extrema fragmentación política, con 21 partidos con representación parlamentaria y más de 40 parlamentarios que se proclaman como independientes, pese a haber sido elegidos en listas partidarias, que torna muy difícil el diálogo y la búsqueda de acuerdos. Sobre todo, con una derecha que tiene como su objetivo principal el desalojo y la obstrucción de toda reforma estructural que afecte los intereses del gran empresariado.
Así ha ocurrido con la reforma tributaria propuesta por el ejecutivo, que aspiraba a recaudar el 4 % del PIB (el programa original de Apruebo Dignidad proponía recaudar un 8 % del PIB), con impuestos que gravaban a los sectores de mayores ingresos. Tras una ardua discusión, el proyecto de reforma terminó en un nuevo pacto fiscal que apunta a endurecer las medidas anti-elusión y evasión tributaria que, en régimen, puede aspirar a recaudar un 1,5 % del PIB, en tanto que los sectores empresariales demandan la reducción de la tributación de las empresas de un 27 a un 23 %, sin espacio para compensaciones.
Y algo similar puede ocurrir con la reforma previsional, de no mediar un acuerdo de última hora que rescate algunos de los temas esenciales inicialmente propuestos. La impresionante campaña publicitaria desplegada por la asociación de AFP se basa en una gran falacia. En la defensa de la capitalización individual, que tan sólo favorece a los sectores de mayores ingresos, en tanto que los sectores medios y bajos se ven muy beneficiados con un pilar solidario, que asegura mejores pensiones para los actuales y futuros pensionados. Y obviamente el actual sistema previsional ha beneficiado principalmente a las administradoras privadas, permitiéndoles concentrar un gran poder económico y político, además de cuantiosas utilidades, entregando misérrimas pensiones a sus afiliados.
El propio fracaso de dos procesos constitucionales sucesivos, que constituyeran un cauce al estallido social (que no fueron hegemonizados por los bloques mayoritarios sino, muy mayoritariamente por sectores extremos, como el partido de la gente, independientes y republicanos), han contribuido a esta sensación de frustración que no tan solo recorre las filas del oficialismo sino también a vastos sectores de la opinión pública.
A ello se suma una sistemática campaña de la derecha, que busca presentar al actual gobierno como el peor de nuestras historia y proyectar la imagen de un país en aguda crisis económica (no avalada por las moderadas cifras por todos conocidos), también de seguridad (muchos menos aguda que la mayoría de los países de la región), migratoria y social, expresada en largas listas de espera en salud (generada, en gran medida, a partir de la pandemia), como en educación y vivienda, pese a que durante el actual mandato presidencial el país ha sostenido una razonable paz social muy diferente a la inestabilidad inocultable durante el último período de administración de Sebastián Piñera.
Una visión más equilibrada del país
Según algunas encuestas, un 65 % de los chilenos cree que el país está peor que hace tres años. Sería muy esclarecedor conocer en qué se funda ese juicio. Desde el punto de vista económico, el país ha logrado equilibrar las cuentas fiscales, luego de los graves desequilibrios con que se recibiera el gobierno, luego de la pandemia y el estallido social, retomando un moderado ritmo de crecimiento. No por nada, diversas instituciones internacionales han reconocido a nuestro país como uno de los mejores posicionados en la región.
Por otra parte, reconociendo el tema de la seguridad ciudadana como una de las principales prioridades de la ciudadanía, el gobierno ha impulsado una robusta agenda sobre la materia, incluyendo la creación del ministerio de seguridad pública, aprobado recientemente por el congreso, reforzando los servicios policiales y gendarmería, así como las fronteras y demás instituciones relacionadas con el tema (puertos, aduanas, SII, etc.). Los índices de criminalidad de nuestro país, aún se pueden comparar favorablemente con la mayoría de los países de la región. El crimen organizado es un fenómeno que amenaza a todos los países y que obliga a diseñar una estrategia integral para su eficaz combate, que requiere de mayores recursos humanos, tecnológicos y financieros, además de la cooperación internacional, aristas exigentes en las que es indispensable avanzar,
La crisis migratoria que afecta a la mayoría de los países de la región no ha sido completamente superada, pero se registran algunos avances, como una disminución del flujo de años anteriores (sin descartar que se puedan producir nuevas crisis, producto de la inestabilidad de la región, particularmente por la situación en Venezuela). El gobierno ha propuesto una regularización parcial de los inmigrantes irregulares (medida apoyada por el sector empresarial) y ha buscado la cooperación de los países vecinos (entre otros Bolivia) para un mayor control del fenómeno migratorio.
En materia social, el gobierno puede sumar uno de los mayores ingresos mínimos en la región, la reducción de la jornada laboral a 40 horas, una pensión mínima garantizada. Costo cero en la atención pública de salud, nueva política de la niñez, el reconocimiento de las labores de cuidado de enfermos y discapacitados, entre otros logros, pero aún está pendiente avanzar en un sistema integral de protección social.
Ciertamente una asignatura pendiente, a la luz de sucesivos escándalos vinculados a la probidad (como el caso audios, Penta, así como los numerosos alcaldes (as), sometidos a procesos por temas de corrupción) sea el de una renovada agenda sobre la materia. Es más que evidente que la corrupción tiende a transformarse en endémica en los municipios y las regulaciones, sobre todo del mercado financiero, aún son débiles e insuficientes, para prevenir el fenómeno.
Finalmente, cabe destacar la política exterior desplegada por el actual gobierno, bajo los principios de la democracia, el reconocimiento de los derechos humanos como valor universal y los esfuerzos de integración y cooperación internacional, que ha llevado al gobierno de Gabriel Boric a condenar regímenes como el de Nicolas Maduro en Venezuela, procediendo a poner fin a las funciones de nuestro embajador en ese país, así como el régimen de Daniel Ortega en Nicaragua, con serias críticas al régimen cubano por violaciones a los derechos humanos.
No se trata de ser autocomplaciente. Sin lugar a duda este gobierno ha cometido errores, en su mayoría no forzados. El más reciente, el intento de compra de la residencia del expresidente Salvador Allende, que inexplicablemente no fuera reparado en sus vicios de constitucionalidad por las diversas instancias, entre ellas la Controlaría General de la República, y que en forma muy gratuita ha afectado a su familia. Muchos de sus funcionarios de nivel intermedio pecan de inexperiencia y poco manejo del aparato estatal, Pero es preciso reconocer que ha sido un gobierno serio y responsable. No tan sólo para manejar la economía sino también la política doméstica y la internacional. Muy probablemente, como suele suceder, su legado sea reconocido con el paso de los años. Y, como se señala transversalemnte, no sería extraño que Gabriel Boric, con mayor experiencia, pueda volver a la Moneda. Por ahora, lo relevante es que sus partidarios y colaboradores entren de lleno a la batalla cultural a la que llama la ultraderecha y enfrenten la campaña de descrédito en que está empeñada la oposición, con el concurso de la mayoría de los medios de comunicación, asumiendo que las elecciones son una contienda abierta por el futuro. Y que sus resultados aún no están escritos.
