El contundente y categórico fallo del Tribunal Internacional de La Haya (13 votos contra 3), rechazando los argumentos de Bolivia -basados en supuestos “derechos expectaticios” – con los que buscaba obligar a nuestro país a “negociar de buena fe” un salida soberana al mar, sorprendió a todos.
Desde luego a Bolivia, luego de las desmesuradas expectativas generadas por Evo Morales con la proximidad de una pretendida resolución que acercaría a su país a la ansiada salida al mar. El desconcierto y la decepción se apoderaron de la inmensa mayoría de los habitantes del vecino país.
Evo Morales cometió un error histórico al desechar el camino del diálogo bilateral – justo en las postrimerías del primer gobierno de Sebastián Piñera y cuando todas las señales anunciaban una nueva administración de Michelle Bachelet – recurriendo a la Corte Internacional de Justicia, con precarios argumentos jurídicos, apostando a que la instancia reconociera aquellos supuestos derechos y obligara a Chile a una negociación.
En cualquier consideración, es también necesario reconocer que el mandatario boliviano asumió su radical conducta luego que la presidencia de Sebastián Piñera incumpliera el compromiso de presentar una propuesta formal, útil y viable para satisfacer, aún de manera parcial, la demanda altiplánica, ante la comisión binacional que debatía la agenda de los trece puntos acordada por los gobiernos de ambos países.
El reciente fallo representa un grave traspié en la búsqueda de una solución al conflicto que se arrastra desde el siglo XlX y que múltiples negociaciones no han podido resolver. El largo litigio, acentuado por la intensa y agresiva campaña mediática del actual gobierno boliviano para respaldar su causa, ha exacerbado los sentimientos nacionalistas en ambos países, restando espacio y viabilidad al diálogo y la negociación.
Tal como lo manifiestan las encuestas de opinión, hoy son muy reducidos los sectores de nuestro país partidarios de hacer concesiones de algún tipo a Bolivia. Mientras crecen los que, incluso, llaman a desahuciar el Pacto de Bogotá, descalifican a Evo Morales como interlocutor válido y estiman que el tema está definitivamente zanjado.
En cualquier consideración, es también necesario reconocer que el mandatario boliviano asumió su radical conducta luego que la presidencia de Sebastián Piñera incumpliera el compromiso de presentar una propuesta formal, útil y viable para satisfacer, aún de manera parcial, la demanda altiplánica, ante la comisión binacional que debatía la agenda de los trece puntos acordada por los gobiernos de ambos países.
Ciertamente, tras el reciente fallo, Evo Morales enfrenta un complejo escenario interno de cara a la elección presidencial del año próximo, en que aspira a su cuarta reelección (pese al resultado adverso en el referéndum del año pasado), enfrentando una dura y agresiva oposición.
Sectores políticos de derecha (entre ellos, José Antonio Kast, parlamentarios y dirigentes de la UDI, como el senador Coloma) llamaban, anticipadamente, al gobierno a desconocer un eventual fallo adverso, planteando, de manera imprudente, desahuciar el Pacto de Bogotá. Y no faltaron aquellos que aludieron al empleo de la fuerza.
En cualquier caso, aquel es un problema de política interna, en donde Chile debe abstenerse de intervenir, acentuando, en este momento propicio, su disponibilidad para reanudar las relaciones diplomáticas interrumpidas por Bolivia. Ello, en el marco de un renovado diálogo bilateral, abierto a soluciones viables para las demandas bolivianas, con sus legítimos representantes elegidos democráticamente, tal como han propuesto diversos sectores de la opinión de nuestro país y el propio gobierno chileno.
El impacto del sorprendente fallo y los desafíos a la política nacional
El categórico fallo sorprendió transversalmente en nuestro país. Más allá de las reiteradas declaraciones previas, manifestando confianza en los propios argumentos, se hacían presentes las aprehensiones por un eventual fallo más bien salomónico y con grados de ambigüedad.
Sectores políticos de derecha (entre ellos, José Antonio Kast, parlamentarios y dirigentes de la UDI, como el senador Coloma) llamaban, anticipadamente, al gobierno a desconocer un eventual fallo adverso, planteando, de manera imprudente, desahuciar el Pacto de Bogotá. Y no faltaron aquellos que aludieron al empleo de la fuerza.
Más allá del ruido alarmista y las expresiones extremas, primaron las razones de Estado, traducidas, entre otras cosas, en que la administración de Piñera confirmara a los agentes designados por el gobierno anterior, respaldando el trabajo acumulado en defensa del interés nacional, en consenso con los ex mandatarios y un amplio arco político del país.
Chile no tiene la obligación de negociar con Bolivia una salida al mar, tal como lo establece el reciente fallo de La Haya. Pero sí parece de interés nacional sostener una política de buena vecindad e integración regional. Ello debiera considerar la permanente disposición al diálogo bilateral con Bolivia, sin excluir acuerdos que satisfagan aproximaciones parciales a su demanda histórica.
Empresarios bolivianos se manifiestan partidarios de una reanudación de las relaciones diplomáticas con nuestro país, como la vía más eficiente para retomar un diálogo imprescindible entre ambos países y Chile no puede menos que compartir esa propuesta.
En las antípodas surge la propuesta de desahuciar el mecanismo de resolución pacífica de controversias, renunciando al uso de la fuerza (salvo la legítima, para defenderse de agresiones foráneas) contenidos en el Pacto de Bogotá. La única manera civilizada de dirimir conflictos entre los Estados.
Recientemente Chile ha decidido recurrir al Tribunal de la Haya para defender sus derechos sobre las aguas del río Silala, que se originan en Bolivia y que naturalmente fluyen hacia nuestro país. Con toda razón abriga la confianza que ese fallo le sea igualmente favorable.
En las antípodas surge la propuesta de desahuciar el mecanismo de resolución pacífica de controversias, renunciando al uso de la fuerza (salvo la legítima, para defenderse de agresiones foráneas) contenidos en el Pacto de Bogotá. La única manera civilizada de dirimir conflictos entre los Estados.
El principal desafío que enfrenta el país – tras este contundente fallo que acogió todos y cada uno de los antecedentes de hecho y de derecho esgrimidos ante el Tribunal Internacional – es diseñar una política vecinal, regional e internacional, que sirva de manera cada vez más integral y eficaz al interés superior del país.
