La conmemoración de los 50 años del golpe de estado civil militar de 1973 no registra un buen balance. Muestra un país más polarizado y dividido que en décadas anteriores. Con una derecha con evidente regresión en sus convicciones democráticas, apostando a un elocuente negacionismo histórico. Y, ciertamente eludiendo las responsabilidades de su sector en las causas que lo precipitaron. Parece incomprensible ante la evidente acumulación de documentos desclasificados del departamento de Estado norteamericano (USA) que acreditan la connivencia del gobierno de Richard Nixon con personalidades empresariales, políticas y militares de nuestro país en una inicial conspiración para impedir la asunción presidencial de Salvador Allende en 1970 y luego desestabilizar su gobierno, alentando el golpe del 11 de septiembre.
Ese negacionismo confluye con sostener su inevitabilidad, casi como un fenómeno de la naturaleza, sin asumir que los dirigentes políticos de la época fracasaron o no quisieron encontrar soluciones políticas a la crisis desatada.
Han ido incluso más lejos, al intentar relativizar las masivas y sistemáticas violaciones a los derechos humanos durante los 17 años de dictadura. Volviendo a poner en duda lo certificado en los informes Rettig y Valech, con extremos adicionales como calificar de “mito urbano” las evidencias de agresiones sexuales practicadas por agentes del Estado. De allí a reivindicar el legado del dictador y reconocerlo como un “estadista” no ha existido frontera para los principales voceros republicanos que hoy marcan la agenda opositora.
Aludiendo a justificaciones formales, imputan al gobierno la responsabilidad del clima de polarización evidenciado en la víspera de esta conmemoración. Así la derecha eludió la suscripción de un esencial “Nunca más”, para comprometerse en el reconocimiento explícito de la democracia como espacio y límite del quehacer político, con irrestricto respeto a los derechos humanos, como un todo indivisible para resolver diferencias y conflictos a través de sus mecanismos. Con evidentes ambigüedades la derecha se restó a suscribir lo que hizo Sebastián Piñera junto a los otros exmandatarios, presionando su inasistencia al evento principal realizado el 11 de septiembre en el palacio de La Moneda con presencia de mandatarios de la región y personalidades internacionales.
La evidente mala señal animada por analistas cercanos a la derecha que valoran el menor compromiso con la convivencia democrática que se registra en algunas encuestas de opinión, se contradice con gestos provenientes de mandos de las FFAA (que institucionalmente han pagado un alto costo histórico a diferencia de los denominados “cómplices pasivos”) que toman distancia de su instrumentalización política y asumen, sin ambigüedades el compromiso de “Nunca más”, como lo ratificaran recientemente el excomandante en jefe del Ejército, Ricardo Martínez y el titular de la Armada Juan Andrés de la Maza.
En abierto contraste con el clima político y mediático animado por la derecha en esta contingencia, se manifestó una masiva concurrencia ciudadana a la convocatoria de eventos de compromiso con la memoria histórica y la democracia. En ellos se reivindicó el legado del Presidente Allende, de los defensores de los derechos humanos durante los años de brutal represión, incluyendo el rol histórico de las iglesias – la católica liderada por el cardenal Silva Henríquez-, los centenares de profesionales movilizados en muy diversas instituciones solidarias, la incansable movilización de las agrupaciones de familiares de las víctimas exigiendo verdad y justicia, las organizaciones sindicales que abrieron paso a la resistencia masiva de ciudadanos anónimos contra el régimen, los partidos políticos desde la reprimida clandestinidad, los medios de comunicación surgidos en dictadura, sin olvidar a los uniformados constitucionalistas que pagaron caramente su compromiso ante el terrorismo de Estado dominante y, ciertamente la solidaridad internacional, con expresiones de inolvidables diplomáticos que salvaron vidas en los momentos más duros de la represión desatada desde el mismo 11 de septiembre de 1973.
Con todo y lamentablemente para el futuro democrático del país, este 50 aniversario no se transformó en un momento histórico de encuentro y reconciliación. Más bien, parece haber profundizado las divisiones y exacerbado la polarización. Y en esto, la derecha tiene la principal responsabilidad.
Los desafíos del futuro
El clima de polarización y división es un obstáculo mayor para avanzar en temas tan sustantivos como la redacción de una nueva constitución democrática, que sea la casa común de todos. Siguiendo el ejemplo de los ex convencionales, la mayoría republicana, con el apoyo de Chile Vamos, se esfuerza por redactar una propuesta de carácter identitaria, que no tan sólo intenta consagrar a nivel constitucional el actual sistema previsional, neutralizar el acuerdo original para sustentar un estado social y democrático de derechos, abriendo las compuertas a la concesión de nuevos bienes públicos como los parques nacionales o el litio. La persistencia de esas propuestas impulsadas por la mayoría republicana en la etapa final de aprobación por parte del pleno del consejo constituyente pareciera forzar una resistencia democrática a expresarse en la opción por el rechazo.
Tan preocupante como lo anterior es el destino de algunas de las reformas emblemáticas impulsadas por el gobierno. En especial, la urgente de un sistema previsional que ha mostrado sus límites y su fracaso, por un auténtico sistema de protección social, que incorpore un indispensable elemento de solidaridad, que beneficia a más del 90 % de los actuales cotizantes.
De la misma manera, está en riesgo el nuevo pacto fiscal impulsado por el gobierno luego que la cámara de diputados rechazara la reforma tributaria propuesta por el ejecutivo. La derecha se niega a cualquier alza de impuestos a los sectores de mayores ingresos, sosteniendo que se debe ampliar la base de contribuyentes y recortar el gasto fiscal.
Tal como afirmara la ministra del Interior, Carolina Tohá, el único proyecto refundacional del país fue impulsado, a sangre y fuego, por la dictadura civil militar. La agenda de reformas del actual gobierno apuesta a responder, moderadamente, a las múltiples demandas levantadas durante el estallido social.
La derecha puede intentar bloquear estas reformas, como lo ha hecho en las últimas décadas, pero no lo puede hacer eternamente. Se pueden equivocar quienes asumen que el estallido social ha quedado atrás como letra muerta, junto a las demandas por mayor justicia e igualdad. La memoria pervive y los graves problemas en nuestro desarrollo siguen vigentes. Y así como el golpe de estado no puede ser olvidado o desfigurado, así también las justas demandas de una mayoría no pueden seguir siendo eternamente ignoradas. Son los verdaderos desafíos del futuro.
