Por Isabel Allende Bussi.
Senadora por la Región de Valparaíso
El rol de la mujer en la participación política es un tema central de la democracia contemporánea. Su actual sub-representación sigue siendo un problema global y se expresa en todos los regímenes políticos, afectando decididamente el actual funcionamiento de nuestra institucionalidad democrática.
Esto sucede prácticamente al interior de casi la totalidad de las instituciones en el mundo. Incluso los países nórdicos –que habitualmente mencionamos como ejemplo- son la excepción que confirman la regla. También si revisamos los cargos directivos en cada uno de los partidos políticos en todo el planeta, tampoco cumplen con esa representación a la que aspiramos y que son la principal forma de organización a través de la cual se puede optar a cargos públicos.
Sin embargo, es claro que no es posible un desarrollo sustentable sin equidad de género, y para ello, el empoderamiento de mujeres y niñas es central, porque tiene un efecto multiplicador, y a través de esto, se promueve el crecimiento económico y el desarrollo integral a nivel mundial.
La mantención de patrones económicos, sociales y culturales patriarcales en la sociedad permite que persistan desigualdades estructurales que tienden a perpetuar los valores de los grupos dominantes. Cambiar estas prácticas no es fácil, y muchas veces, encontramos todo tipo de explicaciones y hasta conductas inconscientes que tendemos a replicar cotidianamente.
Sin embargo, es claro que no es posible un desarrollo sustentable sin equidad de género, y para ello, el empoderamiento de mujeres y niñas es central, porque tiene un efecto multiplicador, y a través de esto, se promueve el crecimiento económico y el desarrollo integral a nivel mundial.
En Chile, el año 1949 las mujeres obtuvimos el derecho a voto. 57 años después, el año 2006 Michelle Bachelet fue la primera mujer que llegó a ser la Presidenta de la República, y el año 2014, volvió por un segundo mandato, recuperando el gobierno para la centroizquierda. Sin embargo, con todo el peso simbólico que tuvo aún la participación política de las mujeres en nuestro país sigue siendo baja, y somos uno de los países de la región con la menor representación parlamentaria.
Es cierto que en el 2014, después de más de 200 años de vida republicana fui la primera mujer en ejercer la segunda magistratura del país, en la presidencia del Senado. Desde allí impulsamos la promulgación de la Ley de Cuotas enviada por la Presidenta Bachelet, la que fue aplicada por primera vez en 2017 aumentando del 13% a un 26% de parlamentarias tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. ¿Es suficiente? Aún no, y tenemos que continuar trabajando en esa línea en otros ámbitos como los partidos políticos, las autoridades municipales y regionales.
Igualmente tenemos que considerar la división desigual del trabajo no remunerado, tanto doméstico como en el cuidado de otras personas. ¿Quiénes cuidan a las y los niños, a las y los ancianos, a las y los enfermos? ¿Quiénes habitualmente se hacen cargo de las tareas de la casa después de regresar del trabajo? ¿Quiénes cumplen doble jornada laboral pero sólo recibiendo la mitad del salario? El ámbito privado y familiar sigue siendo un espacio del cual se hacen cargo principalmente las mujeres, y este es probablemente uno de los cambios culturales más importantes a profundizar.
De hecho, el acceso al poder de las mujeres sigue siendo marginal en el mundo: en promedio es de una quinta parte de los cargos públicos de elección popular o de máxima confianza política a nivel gubernamental. En el Poder Ejecutivo, de 194 países, sólo 15 mujeres son Jefas de Estado hoy. Escasamente existen los gobiernos paritarios, y los cargos ministeriales en América Latina ejercidos por mujeres, son tradicionalmente femeninos, más vinculados a temas sociales, que económicos y políticos. Menos de un tercio de los cargos del Poder Judicial los encabeza una mujer y son escasos los países que han tenido a una a cargo de los tribunales superiores.
Asumí como presidenta del Partido Socialista de Chile -siendo la primera mujer en hacerlo a los 82 años de su fundación- y desde allí impulsé la paridad en todos los niveles directivos: en la Mesa Nacional, la Comisión Política, el Comité Central, las directivas regionales y comunales. En la última Conferencia partidaria, el PS se declaró Feminista como parte de sus principios. Estoy segura que este camino nos permitirá continuar avanzando hasta alcanzar la plena igualdad política, al interior de nuestra estructura.
También continuamos con dificultades respecto al acceso laboral, porque tampoco llegamos ni al 50% de las mujeres trabajando, donde el rol de madre y cuidadora sigue siendo el patrón principal para parte importante de las chilenas, y ello claramente influye en la independencia y autonomía personal.
En el sector privado aún estamos al debe en la participación de las mujeres en los directorios de las empresas y en encabezar gerencias o presidencias, y en el sector público se ha comenzado recientemente a incorporar a las mujeres a los altos cargos directivos, como también en las empresas públicas. Nuevamente aparecemos como uno de los países con más diferencias de género en la incorporación de la mujer al mundo del trabajo y en el acceso al poder empresarial.
Igualmente tenemos que considerar la división desigual del trabajo no remunerado, tanto doméstico como en el cuidado de otras personas. ¿Quiénes cuidan a las y los niños, a las y los ancianos, a las y los enfermos? ¿Quiénes habitualmente se hacen cargo de las tareas de la casa después de regresar del trabajo? ¿Quiénes cumplen doble jornada laboral pero sólo recibiendo la mitad del salario? El ámbito privado y familiar sigue siendo un espacio del cual se hacen cargo principalmente las mujeres, y este es probablemente uno de los cambios culturales más importantes a profundizar.
Probablemente el cambio más importante sea la toma de conciencia respecto de lo fundamental que resulta denunciar estos terribles hechos. Eso también se relaciona directamente con el empoderamiento de las mujeres frente a los abusos, como lo hemos visto en prácticamente todo el mundo, con campañas con el #MeToo, y en el caso chileno, con importantes marchas y protestas callejeras conocidas como la “Ola Feminista”.
Seguimos enfrentando problemas graves de violencia y explotación sexual. El femicidio contra mujeres y adolescentes, como el abuso sexual a niñas son flagelos que están incrustados muy profundamente en nuestras costumbres, y lamentablemente las cifras no han cambiado. 7 de cada 10 mujeres en todo el mundo experimentan violencia física y/o sexual en algún momento de su vida.
Probablemente el cambio más importante sea la toma de conciencia respecto de lo fundamental que resulta denunciar estos terribles hechos. Eso también se relaciona directamente con el empoderamiento de las mujeres frente a los abusos, como lo hemos visto en prácticamente todo el mundo, con campañas con el #MeToo, y en el caso chileno, con importantes marchas y protestas callejeras conocidas como la “Ola Feminista”.
Pero lo más relevante ha sido la instalación del debate feminista en nuestra agenda pública definitivamente. Ello implica la profundización de la democracia en los ámbitos públicos y privados, poniendo en cuestión prácticas cotidianas que requieren ser cambiadas, especialmente para que las nuevas generaciones adquieran nuevos patrones culturales igualitarios entre hombres y mujeres.
Estas manifestaciones las iniciaron las estudiantes universitarias, denunciando abusos por parte de académicos y directivos, logrando una relevancia tal, que en los medios de comunicación nacionales se dice que el 2018 fue el año de las mujeres. Pero además, se ha traducido en que por primera vez los establecimientos de educación superior han creado protocolos para la relación profesor/a-alumna/o, como uno de los avances que tendrán más impacto en la vida académica cotidiana, evitando todo abuso de poder o si se producen, contar con una herramienta que permita enfrentarlos.
Pero lo más relevante ha sido la instalación del debate feminista en nuestra agenda pública definitivamente. Ello implica la profundización de la democracia en los ámbitos públicos y privados, poniendo en cuestión prácticas cotidianas que requieren ser cambiadas, especialmente para que las nuevas generaciones adquieran nuevos patrones culturales igualitarios entre hombres y mujeres.
Así podremos avanzar hacia una nueva estrategia de desarrollo en que las mujeres sean consideradas sujetas de derecho, evitando mantener los patrones y estereotipos históricos y culturales que nos han regido hasta ahora. Con ello contribuiremos a que el Siglo XXI sea nuestro siglo y, alcancemos la igualdad efectiva para mujeres y niñas empoderadas en un nuevo modelo de desarrollo sustentable.
La igualdad de género tiene que ser un eje principal en cualquier diseño de programas y políticas, y ello requiere establecer qué acciones podemos emprender en las distintas instituciones públicas y privadas, en sus niveles locales, regionales, nacionales e internacionales.
Así podremos avanzar hacia una nueva estrategia de desarrollo en que las mujeres sean consideradas sujetas de derecho, evitando mantener los patrones y estereotipos históricos y culturales que nos han regido hasta ahora. Con ello contribuiremos a que el Siglo XXI sea nuestro siglo y, alcancemos la igualdad efectiva para mujeres y niñas empoderadas en un nuevo modelo de desarrollo sustentable.
