En días recientes, diversos medios y comentaristas han criticado las propuestas de seguridad de los candidatos de derecha, por su carácter punitivo e incompatibilidad con la Convención Americana de Derechos Humanos. El profesor Carlos Peña aludió en El Mercurio a los peligros que la explotación del miedo implica para nuestra institucionalidad democrática, mientras que Juan Luis Monsalve indicó en La Segunda que al parecer algunos políticos se conciben a si mismos como meros parlantes que amplifican rabias y ansiedades de una ciudadanía que creen está aterrorizada.
Estos anuncios son negativos. Sin embargo, la verdad es que con mayores o menores matices, declaraciones parecidas y promesas similares se han realizado en campañas presidenciales previas, así es que, si bien cabe lamentarse, no debieran sorprendernos.
Lo que llama algo más la atención es que las propuestas conocidas de la candidata de la centroderecha Evelyn Matthei aluden a medidas que ya se realizan, o que probablemente se encontrarán con diversos obstáculos para su implementación. Si bien aún queda tiempo para que presente un programa más detallado, sorprende algo que las propuestas no sean novedosas, especialmente teniendo en cuenta la experiencia de su equipo de seguridad.
Es paradójico que los críticos de la gestión del gobierno en la materia, quienes sostienen que vivimos una crisis de seguridad nunca antes vista, no aporten con cambios a la mirada actual, ni critiquen programas específicos, ni demanden la reestructuración de instituciones, ni cambios en los procedimientos. Sólo más decisión, dinero y menos complejos garantistas. La explicación de esta paradoja se encuentra al menos parcialmente, en que bajo este Gobierno la Ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, impulsó una agenda legislativa acordada con la oposición y que se ha venido aprobando sistemáticamente. Es una agenda que ha puesto su énfasis en la gobernanza de la seguridad, esto es, creación de nuevas instituciones, entrega de atribuciones, tipificacione de nuevos delitos y alza de penas.
Más allá entonces de las acusaciones al Gobierno por su falta de voluntad para lidiar con el crimen organizado, por su garantismo y otros males, la verdad es que durante la actual administración las políticas de seguridad han tenido el respaldo de parte importante de la derecha política, lo que pone a ese sector ante limitaciones para esgrimir nuevas propuestas. Se puede demandar más protección para los guardias municipales y argumentar que las Reglas para el Uso de la Fuerza impiden a policías y militares cumplir sus funciones, pero es difícil atribuirle a ello el incremento de los homicidios. En suma, las propuestas que se han difundido modifican en los márgenes lo que ya existe, o son exageradas y concitan escaso apoyo.
El acuerdo legislativo entre el Gobierno y la Oposición
La agenda legislativa en materia de seguridad se acordó en 2023 entre el Gobierno, los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados y condujo a la aprobación de un conjunto de proyectos de ley en materia de seguridad, en plazos sumamente rápidos.
Fruto de ese acuerdo el Gobierno despachó la ley que crea el Ministerio de Seguridad, la Reforma constitucional con el objeto de permitir la protección de infraestructura crítica por parte de las Fuerzas Armadas, la Ley Antiterrorista, la Ley que mejora la persecución del narcotráfico y del crimen organizado, la Ley Naín-Retamal que otorga una presunción de legítima defensa para policías en el desempeño de sus funciones. En algunos casos el Gobierno actual presentó indicaciones a proyectos de ley iniciados por el Presidente Piñera, y en otros presentó proyectos propios.
Existen otras materias en discusión en el Congreso y respecto de las cuales se han concretado avances legislativos, aunque subsisten discrepancias: el proyecto de Ley que fortalece y moderniza el Sistema de Inteligencia del Estado; el que fortalece el rol de prevención del delito de las municipalidades y el que fija Reglas para el uso de la fuerza en situaciones que afectan el orden y la seguridad pública. Por otra parte, existen muchos temas que han tenido menos avances y que están pendientes.
En muchos casos parte de la izquierda se desmarcó de las propuestas del Gobierno, pero tampoco presentó iniciativas alternativas, lo que fue definiendo un debate sobre seguridad de características tradicionales, con énfasis en la amenaza de castigo como su único componente.
Ello explica, como sostienen Claudio Fuentes y Pedro Valenzuela, que las inversiones más frecuentes de los municipios se hayan concentrado en vehículos de seguridad, inspectores, sistemas de cámaras y la creación de oficinas de seguridad. Lejos están los tiempos en que se discutía respecto de prevención y participación ciudadana.
En realidad, el proceso de avance legislativo que mencionamos crea desafíos en el futuro inmediato. Poner en funcionamiento el Ministerio de Seguridad y el nuevo y fortalecido sistema de inteligencia exigirán gestión, recursos y tiempo. Pero no es una solución inmediata para los desafíos actuales, cuyo origen está en los altos niveles de delitos violentos.
El Futuro de los Programas de Seguridad Pública
En razón de la criminalidad existente, Chile debe avanzar hacia intervenciones efectivas que puedan reducir los niveles de homicidios y otros delitos violentos y que sean complementarias con la construcción institucional que es el producto de la legislación aprobada y por aprobarse. Esas intervenciones debieran tener efectos demostrables y ojalá rápidos. De lo contrario, el país seguirá sumergido en un debate inoficioso y con ribetes populistas.
Es razonable que las personas valoren la existencia de una prevención policial efectiva. Para ello el país requiere de una policía vecinal compuesta por carabineros asentados en los vecindarios en grupos pequeños con permanencia en el lugar respectivo. Su tarea debe ser básicamente preventiva y no se les debería asignar a otras tareas que pueden surgir de manera recurrente: custodia de marchas, eventos deportivos u otros similares. Ello requiere aumentar el pie de fuerza policial mediante nuevas contrataciones, programas de permanencia y dirigidos a reducir el uso de licencias de salud por parte del personal. En la medida en que se alcancen las dotaciones esperables debiera producirse la retirada de los guardias municipales surgidos para cubrir el déficit policial en el municipio respectivo.
Existe evidencia que los delitos tienden a concentrarse en microespacios de las ciudades. Numerosos estudios demuestran que una permanencia suficiente de policías en esos lugares contribuye a disminuir delitos. Ello es efectivamente cierto en el caso del robo y hurto callejero. Sin embargo, otros estudios demuestran que existe potencial para que estas tácticas policiales prevengan homicidios y que éstos ocurren en puntos callejeros de venta de drogas ilícitas. La experimentación de tácticas policiales de este tipo es recomendable y debiera alentarse por el Gobierno.
Finalmente, debemos avanzar para fortalecer la cultura de la evaluación de programas que se llevan a efecto desde hace años, dado que crean expectativas de éxito que posteriormente se frustran. Adicionalmente, la relativa estrechez de los recursos fiscales crea esa necesidad imperiosa. En la actualidad la DIPRES realiza evaluaciones, pero debieran ser más numerosas y tener consecuencias.
