Mientras los diferentes gobiernos desde el retorno a la democracia han organizado comisiones de estudio para ver qué hacer, las organizaciones, comunidades y líderes Mapuche han expuesto desde hace largo tiempo cuáles son sus principales demandas políticas, sociales y económicas. Estas no son reivindicaciones al tipo de un grupo de interés, sino propuestas globales para que el estado adopte decisiones clave, impulsando rediseños institucionales para hacer de Chile un país que se entienda compuesto por pueblos diversos que lo anteceden y actúe en consecuencia para que sus instituciones y políticas públicas expresen ese reconocimiento básico.
un país que se entienda compuesto por pueblos diversos que lo anteceden y actúe en consecuencia para que sus instituciones y políticas públicas expresen ese reconocimiento básico.
Todas esas comisiones han sido inconducentes pues han escabullido los temas principales, no incluyeron a todos los que debieran haber participado, partiendo reiteradamente de cero. Y también porque las políticas represivas han escamoteado cualquier avance que pudiera haberse logrado. Sabemos que por todas estas razones la Comisión Asesora Presidencial de la Araucanía, presidida por el Obispo Héctor Vargas de Temuco, terminó en la irrelevancia, luego de haber sido constituida por la presidenta Bachelet hacia fines de su gobierno, luego de años de inactividad en la materia. Enseguida, el Acuerdo Nacional por el Desarrollo y la Paz en la Araucanía, de comienzos de la actual administración de Sebastián Piñera, que nunca fue en verdad un acuerdo, pues solo era un plan del gobierno, murió abatido por la prevalencia del enfoque represivo que culminó en el asesinato de Camilo Catrillanca. En tránsito a su postrimería el actual gobierno anunció hace unas semanas la conformación de un Comité Interministerial Wallmapu para retomar lo establecido en el Plan Impulso Araucanía. Todos estos esfuerzos explícita y reiteradamente, como en este último intento, proclaman “avanzar” en la solución de la “deuda pendiente” que tiene Chile con los pueblos originarios. Deuda que, no obstante, crece geométricamente.
las políticas represivas han escamoteado cualquier avance que pudiera haberse logrado.
la prevalencia del enfoque represivo que culminó en el asesinato de Camilo Catrillanca.
El momento constituyente que vivimos hace indispensable visibilizar las propuestas que desde las organizaciones indígenas se han hecho persistentemente. Aquellas que las distintas comisiones ya mencionadas siempre han pasado por encima o el lado. Hoy, en vísperas del debate de contenidos para un rediseño constitucional y sus consiguientes políticas públicas, parece relevante reponer propuestas, como las que se hicieron en el invierno del 2013 en un encuentro en Temuco, que reunió a líderes de comunidades mapuche y representantes urbanos con el apoyo del Programa de Política Indígena de la Fundación Felipe Herrera, culminando con un documento de propuestas esenciales, hoy más que vigentes después de más de siete años de su enunciado.
El momento constituyente que vivimos hace indispensable visibilizar las propuestas que desde las organizaciones indígenas se han hecho persistentemente.
parece relevante reponer propuestas, como las que se hicieron en el invierno del 2013 en un encuentro en Temuco, que reunió a líderes de comunidades mapuche y representantes urbanos con el apoyo del Programa de Política Indígena de la Fundación Felipe Herrera, culminando con un documento de propuestas esenciales, hoy más que vigentes después de más de siete años de su enunciado.
Elementos básicos para una agenda programática de política indígena mapuche, de cara al nuevo ciclo político
El Estado chileno y las comunidades mapuche
Sin lugar a dudas el problema del Estado con las comunidades mapuche es en la actualidad uno de los principales desafíos políticos, culturales y sociales que enfrenta el país.
La relación del pueblo mapuche con el Estado chileno ha estado marcada por la ocupación militar, la usurpación de su territorio ancestral, la radicación de su población, la persistente política de división de las comunidades y otorgamiento de títulos de dominio individuales.
Pese a lo anterior, debe reconocerse que en los últimos 23 años se han producido cambios relevantes. En 1989 la coalición de partidos políticos democráticos y su candidato presidencial, Patricio Aylwin, suscribieron el Pacto de Nueva Imperial con representantes de los pueblos indígenas de todo el país. Dicho pacto estableció la necesidad de reconocer constitucionalmente los derechos de los pueblos indígenas, elaborar un marco jurídico favorable para su desarrollo y promulgar el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales.
1) El Acta de Nueva Imperial y la promulgación de la Ley Indígena en 1993 constituyen la primera visión pública de reconocimiento de lo indígena.
El balance que hoy podemos hacer, luego de dos décadas de la nueva política indígena, debe reconocer los avances para el reconocimiento de la problemática indígena, en materia de recuperación de tierras, y en el desarrollo de un marco normativo y administrativo, para la generación de políticas especiales. Sin embargo, hoy todavía existe una clara falta de adecuación del marco jurídico nacional al Derecho Internacional sobre Derechos Humanos, en general, y a los Derechos Indígenas en particular.
Con el paso de los años la política indígena tendió a un estancamiento. Por una parte, la CONADI evidenció grandes falencias institucionales y se mostró incapaz de responder con prontitud, transparencia y eficacia a las demandas, quedando desbordada. Por la otra, las crecientes movilizaciones, generadas por dichas insuficiencias, llevaron a los gobiernos a enfocar la cuestión mapuche desde una equivocada óptica de seguridad pública, abandonando en gran medida una mirada política más integral, lo que llevó a la aplicación de leyes especiales (en particular la ley antiterrorista) y a dar prioridad a los asuntos de orden público por sobre la búsqueda de diálogo con las comunidades y sus líderes.
Hoy se vive una situación particularmente compleja en los territorios mapuche. Los hechos de violencia -aun siendo aislados- no dejan de generar impacto público por las consecuencias que estos traen sobre la vida humana y el desarrollo de las comunidades mapuche, particularmente en aquellas más pobres y en las cuales la intervención empresarial es más profunda.
Durante el Gobierno del Presidente Sebastián Piñera la política indígena se redujo a la implementación de una serie políticas sociales que, desde un enfoque teórico-metodológico centrado en la superación de la pobreza o la marginalidad, redujeron la problemática del pueblo mapuche a un mero asunto de carencia y necesidades materiales insatisfechas. Una política de incentivos estrictamente económica, centrada en la individualidad de productores indígenas. Medidas paliativas lejanas a una solución de fondo.
2) En lo extremo se juega a dividir a las comunidades, cooptando liderazgos ancestrales, sobre la base de incentivos individuales, a objeto de reducir el tamaño del conflicto histórico existente entre el pueblo mapuche y el Estado de Chile.
Ciertamente las políticas de gobierno han encontrado serias dificultades y obstáculos que evidencian una crisis de la institucionalidad del Estado chileno para abordar el tema indígena. Se constata en la actualidad una profunda pérdida de confianza de las comunidades en las autoridades políticas. Entre muchos factores explicativos se encuentran el estancamiento de la política de restitución de tierras, la incapacidad de aplicar el Convenio 169 de la OIT en su amplio dominio, la violación sistemática de derechos, tales como el acceso al agua, el privilegio de inversionistas sobre comunidades (caso Aeropuerto de Quepe), el recrudecimiento de la violencia contra la población mapuche, enjuiciamientos arbitrarios y antojadizos a sus jóvenes líderes, criminalización de la protesta mapuche y la ausencia absoluta de la generación de instrumentos pertinentes para el fomento del desarrollo mapuche.
la incapacidad de aplicar el Convenio 169 de la OIT en su amplio dominio, la violación sistemática de derechos, tales como el acceso al agua, el privilegio de inversionistas sobre comunidades
Existe una necesidad imperativa de una nueva política indígena, que permita saldar la deuda pendiente con el pueblo mapuche, proyectándose consistentemente con los imperativos que impone la nueva realidad del país, los estándares internacionales de Derechos Humanos y los propios movimientos indígenas.
Situación actual
En los últimos 25 años Chile ha experimentado un acelerado proceso de modernización, que ha permitido el surgimiento de una pujante clase media y de una sociedad civil que afirma con claridad ser portadora de derechos. La irrupción de diversas movilizaciones sociales en los últimos años, dan cuenta de una ciudadanía cansada de los abusos, la postergación y la desigualdad. Resulta cada vez más evidente la desafección de la sociedad civil con el sistema político, reflejada en la escasa aprobación que consigue el actual Gobierno y los conglomerados políticos. El debilitamiento progresivo de la imagen de las instituciones públicas pareciera insinuar un peligroso divorcio entre el Estado y una ciudadanía que demanda que este asuma un rol garante, procurando de forma activa el pleno goce de sus derechos.
Paralelamente, la demanda indígena también adquiere una nueva dimensión. Hoy los pueblos originarios –además recuperación de tierras y, por cierto, apoyo productivo- exigen respeto a su identidad cultural y sus derechos políticos, la capacidad de autogobernarse en ámbitos claves de su vida colectiva y su plena participación política, social, económica y cultural en bien de su pueblo y el desarrollo general del país. Estas son las bases para el establecimiento de un diálogo entre iguales que se reconocen diferentes. La diversidad cultural debe dejar de ser tratada como un obstáculo en el diseño de políticas públicas y comenzar a considerarse una oportunidad para el beneficio general del país.
exigen respeto a su identidad cultural y sus derechos políticos, la capacidad de autogobernarse en ámbitos claves de su vida colectiva y su plena participación política, social, económica y cultural
Los avances en esta materia solo serán posible en la medida que los Estados cumplan con su obligación de respetar y promover los derechos humanos. La imposición desde arriba hacia abajo de políticas de desarrollo indígena solo ha contribuido a profundizar el conflicto. En este sentido, creemos que el desafío de la gobernabilidad democrática es replantearse las políticas públicas garantizando y transversalizando universalmente a los pueblos indígenas los derechos políticos y sociales) y los deberes con base en estándares internacionales de Derechos Humanos en su integridad. Transformando a los pueblos indígenas en sujeto de derecho.
Desafíos para el mundo político en materia de política indígena.
Desde nuestra perspectiva no existirán vías de solución para las comunidades indígenas y su relación con el Estado chileno si no se busca el camino del diálogo. Este debe ser un diálogo real, efectivo, de buena fe y en igualdad de condiciones.
El diálogo debe construirse con la participación de una amplia representación mapuche, los tres poderes del Estado, representantes de la sociedad civil, sectores empresariales, de las Naciones Unidas y la OEA.
El diálogo debe construirse con la participación de una amplia representación mapuche, los tres poderes del Estado, representantes de la sociedad civil, sectores empresariales, de las Naciones Unidas y la OEA.
Los contenidos del diálogo deben acoger íntegramente las demandas y derechos legítimos que plantean los representantes del pueblo mapuche y la mayoría de la sociedad chilena. Solo así avanzaremos en la búsqueda conjunta de la solución de la deuda pendiente del Estado con los pueblos originarios.
Creemos que los contenidos del diálogo y los compromisos programáticos de quienes aspiran a gobernar Chile en el futuro no pueden dejar de incluir los siguientes puntos:
- Derechos Territoriales:
Es de urgencia que el estado reconozca la concepción de “tierras ancestrales” en los territorios indígenas. Debe establecerse, a nivel constitucional, que los derechos territoriales indígenas abarcan un concepto más amplio que está relacionado con el derecho colectivo a la supervivencia como pueblo organizado, con el control de su hábitat como una condición necesaria para la reproducción de su cultura y su desarrollo.
Incorporación del concepto de “Territorio” al ordenamiento jurídico nacional de acuerdo a lo establecido en los instrumentos internacionales de Derecho Indígena y los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la materia, esto es, la totalidad del hábitat de las regiones que los pueblos indígenas ocupan o utilizan de alguna manera (art.13, Convenio 169 OIT). Hoy la Ley Indígena (19.253) solo se limita a reconocer el concepto de “tierra”.
2. Política de Tierras
Retomar el proceso de negociación para la restitución de tierras demandadas por medio de una real política de compras que señale la cantidad de hectáreas actualizadas a recuperar, los montos globales involucrados y los mecanismos de asignación de acuerdo a un cronograma de trabajo acordado por todos los actores involucrados, sin esperar que la agudización de la movilización active el proceso de compra. Este proceso deberá iniciar en 2014 y a partir del 2015, con un nuevo presupuesto recomenzar las compras de los predios pendientes tengan o no aplicabilidad para su restitución. Además, se debe realizar a la brevedad el traspaso de tierras en manos del fisco a las comunidades originalmente propietarias de estas.
Las nuevas compras y traspasos de tierras deben incorporar las consideraciones culturales y espirituales, así como las correspondientes a derechos de agua y las aptitudes del suelo para el desarrollo productivo.
Reformar el reglamento del Fondo de Tierra y Aguas de manera que se asegure la participación de los pueblos indígenas en el proceso de compra de tierras y no el criterio exclusivo del Director Nacional de CONADI, como estableció el 28 de noviembre de 2012 el dictamen N° 61.011 de la Contraloría General de la República.
3. Derechos sobre los Recursos Naturales:
Particularmente los que se encuentran enterritorios y tierras indígenas, tanto en el suelo como en el subsuelo y en los bordes costeros, lo que incluye derecho a su propiedad, administración y beneficios.
En el caso del agua, se debe reconocer la primacía de usufructo a las comunidades mapuche por sobre las de grandes inversionistas.
En lo inmediato: Modificar los actuales códigos de agua y minería, detener el funcionamiento del decreto 701 en materia forestal.
Derogación urgente de la nueva ley de pesca, termino de concesiones bajo esta ley y revisión de las concesiones ya otorgadas.
4. Discriminación y persecución judicial.
Es urgente desarrollar una institución quevele porque el derecho mapuche no sea transgredido en el marco de cualquier tipo de acción judicial y administrativa por parte de jueces, fiscales e instituciones de orden y seguridad. Reducir la discriminación y desigualdad en el acceso a la justicia. Urge poner fin a la provocación y a la violencia que solo profundizan la desafección histórica del pueblo mapuche con las instituciones del Estado. En particular, revisar la aplicación de la Ley Antiterrorista a presos mapuche y revisar sus facultades.
Realizar una amnistía o indulto para presos mapuche hoy encarcelados bajo acusaciones de terrorista y para todos aquellos vinculados a delitos de reivindicación territorial que no hayan generado víctimas ni hechos de sangre.
Realizar una amnistía o indulto para presos mapuche hoy encarcelados bajo acusaciones de terrorista y para todos aquellos vinculados a delitos de reivindicación territorial que no hayan generado víctimas ni hechos de sangre.
Sobre este punto es urgente discutir y crear una Defensoría Indígena financiada por el estado y con rango de autonomía.
Se deberá investigar y sancionar a quienes en el ejercicio de la autoridad hayan lesionado en forma física y psicológica a miembros de comunidades mapuche involucradas en acciones de reivindicación de derechos territoriales y políticos. En virtud de lo anterior el Estado deberá reparar los daños causados a los miembros de las comunidades afectadas por los hechos señalados previamente.
5. Derechos ambientales:
El estado deberá generar políticas y programasconsensuado con las comunidades a objeto de garantizar medidas de protección a todo evento de las tierras y recursos naturales en la totalidad de los territorios ancestrales.
6. Apoyo productivo:
El estado deberá comprometer la generación de programasespecíficos para el desarrollo productivo mapuche, en estos se deberán incorporar programas de recuperación y reparación de suelos que faciliten su explotación productiva. También se deberá promover la satisfacción de los requerimientos básicos para el desarrollo de la cultura Lafquenche, sobre todo en el acceso a los recursos pesqueros, así como desarrollar formulas comprehensivas de financiamiento de activos y de capital de trabajo para asociaciones mapuche y emprendimientos individuales incorporándose nuevos instrumentos para dinamizar la comercialización de los bienes producidos por los miembros de las comunidades.
7. Derecho a participar en beneficios sociales y económicos de las actividades productivas desarrolladas en tierras y territorios indígenas
El Estado debe garantizaruna relación simétrica entre comunidades mapuche e inversionistas, basada en los estándares internacionales de Derechos Humanos y particularmente en el Convenio 169de la OIT y la Declaración Universal de Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas. Se deberá generar instrumentos que incentiven a los inversionistas para que reconozcan el derecho a participación en los beneficios económicos para las comunidades desde el inicio de los proyectos hasta el término de la inversión.
8. Derechos Culturales, educacionales y patrimoniales:
Reconocer la necesariadeterminación de los pueblos indígenas sobre los contenidos educacionales y de formación de sus miembros, desde el nivel prebásico hasta la educación superior.
Fortalecer los hogares estudiantiles mapuche, generando instrumentos estables de financiamiento, de acuerdo a los requerimientos de la población mapuche estudiantil. Creación de academias de lengua indígena. Validación del derecho consuetudinario del pueblo mapuche. Extensión y profundidad de la educación intercultural, en todos los niveles de aprendizaje. Recuperación y validación de la biodiversidad y de la medicina indígena. Proteger y recuperar el patrimonio histórico, arqueológico y cultural. Derecho a participar en los programas de salud, vivienda y demás medidas económicas y sociales que les conciernan, administrando los respectivos programas mediante sus propias instituciones.
9. Creación de una nueva institucionalidad:
Creación del Ministerio de Asuntos Indígenas. La nueva institucionalidad debe recoger las inquietudes más profundas de los pueblos indígenas en términos de concepción del desarrollo y su compatibilidad con las estrategias nacionales de desarrollo. Proporcionando al ejecutivo una capacidad de procesamiento y resolución de problemas efectivo en la dimensión indígena, desarrollando estrategias y políticas integrales que articulen eficientemente la labor del Estado en relación a los Pueblos Indígenas. Particularmente orientada a cumplir y hacer cumplir el convenio 169 de la OIT y la Declaración Universal de los Derechos Indígenas.
Adicionalmente, se deberá realizar un recálculo a partir del nuevo CENSO para ajustar indicadores que den cuenta de los recursos públicos destinados a los pueblos originarios.
El proyecto de ley que cree la nueva institucionalidad debe ser elaborado en conjunto con los pueblos indígenas.
10. Derecho de los pueblos a ejercer la libre determinación:
Los pueblos indígenas, enejercicio de su derecho a la libre determinación, tienen derecho a la autonomía o al autogobierno (Art.4, Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas). Deben definirse las condiciones políticas que permita a los pueblos indígenas construir niveles de autonomía territorial, garantizando la realización y ejercicio pleno de sus derechos, esto es, determinar autónomamente su organización política y sus instituciones jurídicas. Los Estados deben invertir en ayudar a los pueblos indígenas a desarrollar facultades de autogobierno.
La Conferencia Mundial de Derechos Humanos (Declaración y Programa de Acción de Viena) considera que la denegación del derecho a la libre determinación constituye una violación de los derechos humanos y subraya la importancia de la realización efectiva de este derecho. (Conferencia Mundial/ Viena, 14 al 25 de junio de 1993)
11. Derechos políticos: Reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas que garantice la plena aplicación del Convenio 169 de la OIT y la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, sobre la base de una nueva constitución en la cual se asegure la efectiva participación representativa de los pueblos originarios.
Reconocimiento constitucional de los derechos colectivos de los pueblos indígenas, de la diversidad y la plurinacionalidad del Estado chileno, con énfasis en derechos que incluyan su propia organización política; sus instituciones y costumbres; derecho a la autonomía o al autogobierno; y el derecho fundamental de participar en la discusión, formulación, ejecución y evaluación de leyes, políticas y programas que afecten su cultura, instituciones territorios y recursos.
Elaborar un modelo de participación socio- política de los pueblos indígenas a través de representación propia en el Parlamento, municipio y Consejos Regionales, entre otras instancias. La representación indígena en el Congreso Nacional, por ejemplo, permitiría dotar de gobernabilidad a las zonas de potenciales conflictos, posibilitando llegar a soluciones de largo plazo.
a través de representación propia en el Parlamento, municipio y Consejos Regionales, entre otras instancias.
Derogar el Decreto Nº124 de Mideplan de 2009 que regula la consulta y definir un nuevo mecanismo con la participación real de los pueblos indígenas. Este debe ser un proceso de consulta vinculante, el cual contenga los mejores estándares que recomienda el derecho internacional en materia de consultas.
La autonomía institucional se traduce, según la Relatoría Especial de la ONU, en el derecho a ser regidos por sus propias instituciones
Reconocimiento del derecho consuetudinario (consagrado por el Convenio 169 de la OIT), involucra legitimar a los pueblos indígenas un importante margen de autonomía jurídica. La autonomía institucional se traduce, según la Relatoría Especial de la ONU, en el derecho a ser regidos por sus propias instituciones, las que no se ubicarían en una posición subordinada frente a las oficiales; a nombrar a sus propias autoridades; a contar con los recursos financieros y de otra índole para que puedan operar, y a que sus resoluciones sean las que se apliquen.
Referencia
(Programa de Política Indígena Fundación Felipe Herrera (Julio 2013)
