La nueva Constitución, si se aprueba por la ciudadanía, establecerá que el nuestro será en el futuro un Estado democrático y social de derecho. En la actualidad, la Convención Constitucional discute su corolario, el establecimiento de derechos sociales efectivos, y entre ellos el derecho a disponer de una jubilación digna en la vejez.
Por 120 de 154 votos, la Convención aprobó proponer a la ciudadanía garantizar «a toda persona el derecho a la seguridad social, fundada en los principios de universalidad, unidad, igualdad, suficiencia, participación, sostenibilidad y oportunidad«. Con 115 votos se aprobó que la ley «establecerá un Sistema de Seguridad Social público» que entregue protección en materia de «enfermedad, vejez, discapacidad, supervivencia, maternidad y paternidad, desempleo, accidentes del trabajo y enfermedades profesionales» y otras contingencias, además de «la cobertura de prestaciones a las personas que ejerzan trabajo domésticos y de cuidados«, mientras le corresponderá «al Estado definir la política de seguridad social» financiada por trabajadores y empleadores mediante cotizaciones obligatorias y por rentas generales de la nación, con destino exclusivo a la seguridad social.
En medio de estas sustanciales y muy positivas definiciones, y de una agenda del nuevo gobierno aún poco activa, emergió desde el parlamento una nueva proposición de reforma constitucional de retiro de fondos desde las cuentas de las AFP. Estas entidades simbolizan el Estado liberal que privatizó los derechos sociales en la dictadura de 1973-1989 y las supuestas soluciones privadas a los problemas públicos. Esta proposición fue enfrentada por una alternativa presentada por el gobierno de retiro acotado (ver mi columna anterior). Ambos proyectos terminaron rechazados, en medio de un gran confusión, pero en la que se ha preservado el principio de que no se debe legislar sobre temas económicos contingentes con reformas constitucionales desde el parlamento sin coherencia con la política económica que debe conducir el gobierno. Y menos con propuestas que no se inspiran en el interés general -que supone articular el corto y el largo plazo- sino solo en demandas inmediatas, por justificadas que sean. No se gobierna con un mínimo de coherencia sobre la base de impulsos volubles de opinión pública. El futuro Estado democrático y social de derecho (ver mi columna al respecto) supondrá una adecuada gobernanza de la política económica en vez de someterse a los humores del momento, por legítimos que sean.
En el profuso debate sobre los retiros, no está de más mirar otra vez las cifras en la materia. Existe hoy un total de cerca de 11,4 millones de afiliados al sistema de AFP, de los cuales 2 millones no tienen saldo alguno en su cuenta y 5,4 millones tienen uno que es inferior a 1 millón de pesos. Un total de 5,4 millones de personas afiliadas no cotizan (con saldos en la mayoría de los casos muy bajos o inexistentes), a las que se agrega 1,7 millón de personas que hoy cotizan pero cuyos saldos en AFP son de menos de un millón de pesos. Los cotizantes son hoy solo cerca de 6 millones, un 53% del total de afiliados. Representan un 68% de las 8,8 millones de personas ocupadas. Esto quiere decir que cerca de un tercio de los que trabajan (sin considerar el trabajo doméstico) tiene ocupaciones informales, en las que no se cotiza para pensiones.
A su vez, los afiliados con más de un millón de pesos en su cuenta son 4,9 millones de personas y los con más de cinco millones de pesos son 2,3 millones. Es decir una minoría, pero que acumula un volumen sustancial de recursos que hoy no puede ser liberado súbitamente para agregarse al consumo, dado que este se expandió en 20% el año pasado por los retiros anteriores y ha alcanzado sus más altos niveles históricos. Lo que pudo justificarse en medio de una grave recesión hoy tiene bastante menos sentido, cuando la economía ha más que superado los niveles de producción anteriores a la crisis. Seguir alimentando el consumo de bienes durables de sectores medios y altos provoca efectos macroeconómicos que pueden ser desequilibrantes en medio de una situación internacional adversa. La mitad de los 15 mil millones de dólares de retiro potencial (un 5% del PIB, una cifra enorme) del proyecto parlamentario pertenece al 20% de mayores ingresos en el país. Tiene mucho más sentido utilizar el espacio macroeconómico existente – que no es mucho, porque hay diversos desajustes entre oferta y demanda y un exceso de importaciones- para fortalecer la situación del 80% de menos ingresos a través de medidas de apoyo fiscal y de retiros acotados desde las AFP.
Para una parte de los afiliados tenía un sentido de urgencia el uso de recursos para enfrentar las contingencias de endeudamiento que planteaba el proyecto del gobierno rechazado en el parlamento. Los que no lo aprobaron fueron la derecha, la DC y el PPD y parlamentarios individuales de la coalición de gobierno, que son los que deberán explicar por qué no aprobaron retiros de los afiliados a AFP que cuentan con al menos algo de recursos en sus cuentas con el fin de pagar deudas, así como para garantizar a las mujeres el pago de pensiones alimenticias adeudadas. En realidad, su conducta estuvo presidida por una voluntad de castigo al nuevo gobierno, de lo que éste deberá hacerse cargo si quiere hacer avanzar su agenda. Debe terminar de construir una coalición de gobierno estable, la que probablemente deberá incluir a la DC y mantener una relación preferencial con el Partido de la Gente.
Pero permanece un tema de fondo: ¿cuántos representantes en el parlamento, miembros del gobierno que toman decisiones, o profesores universitarios que opinamos sobre estos temas, se encuentran en la situación de no cotizar o de apenas tener un pequeño ahorro previsional? Posiblemente ninguno. Por eso muchos de los que están prácticamente fuera del sistema de AFP, para no hablar de los pensionados actuales y sus muy bajas jubilaciones, no se sienten representados por nadie, acumulan su frustración y sus temores frente al futuro y, entre otras consecuencias, suelen no votar. Y piensan que los pocos recursos que tienen en una AFP más vale usarlos hoy, aunque desde enero -lo que probablemente no saben- se agrega el fondo acumulado en AFP, por poco significativo que sea, a la pensión básica que recibirá el 90% de los mayores de 65 años, incluso si siguen trabajando, lo que antes no ocurría. Ese es el camino futuro en esta materia, uno que amplíe la pensión básica financiada con más impuestos a los más ricos y amplíe la pensión contributiva en el presente usando una parte de las cotizaciones obligatorias actuales. Y acumule con otra parte de ellas un fondo colectivo para solventar el cambio demográfico, pero que se oriente a inversiones socialmente útiles y ecológicamente responsables de largo plazo y no a la concentración aguda del capital privado y a inversiones en el exterior, como ha hecho por décadas el sistema de AFP. Y que permita disponer de los recursos individuales ahorrados que permanezcan o se acumulen voluntariamente en el futuro en cuentas de AFP para enfrentar contingencias.
El problema de la gran mayoría de la población trabajadora es hoy de empleo y de ingresos presentes y futuros. Parece importante, ironías aparte, ocuparse un poco más de su situación y discutir de una vez políticas directas de apoyo en su favor, incluyendo sin dilación la mencionada reforma previsional, la reforma del seguro de cesantía para ampliar su acceso, monto y duración (que también fue inexplicablemente rechazado en el parlamento) y la ampliación del sistema de apoyo directo a las familias, en un contexto de aumento sustancial del precio internacional y nacional de los alimentos y los combustibles, junto a la reforma tributaria que financie estas nuevas políticas propias de un Estado democrático y social de derecho.
