Corrupción en América Latina
Nuevos jinetes del apocalipsis cabalgan hoy por América Latina. Ya no tan sólo la peste, el hambre o la muerte. A estos males hoy se suman la corrupción, la violencia y el descrédito de la democracia que recorren la región.
La llamada “operación Lava jato” (lava autos) develó una gigantesca trama de corrupción en Brasil, comprometiendo a poderosos grupos empresariales y buena parte del sistema político de ese país, extendiéndose, al menos, por doce países de la región (entre ellos Argentina, Perú, Ecuador, Colombia, Panamá, República Dominicana y Venezuela).
El fenómeno está en el origen de una aguda crisis en la región, afectando la confianza ciudadana en los actores políticos y las propias instituciones democráticas. Entre esos efectos se suman la destitución y condena del vicepresidente ecuatoriano, la renuncia del mandatario peruano Pedro Pablo Kuczynski y numerosas investigaciones judiciales que han entregado un renovado protagonismo a jueces y fiscales en la región.
Pese a la inmensa envergadura y cuantía de los sobornos y cohechos pagados por la constructora brasileña Odebrecht a diversos líderes políticos para conseguir contratos públicos, ciertamente no son aquellos los únicos escándalos que conmueven a la opinión pública regional e internacional.
Cuando en Argentina aún resuena el estruendo mediático por los insólitos cuadernos en que un chofer de una repartición fiscal registraba detalladamente los domicilios e identidad de los “donantes”, así como la cuantía de “contribuciones, que religiosamente iban a parar a dependencias del gobierno Federal o directamente al domicilio de la familia gobernante –con gran escándalo en torno al inminente allanamiento de las viviendas de Cristina Fernández- , se desata otra gran episodio de corrupción en Perú, que afecta al poder judicial, en conexiones con el crimen organizado, involucrando a jueces y fiscales, sumado el propio Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), órgano encargado de la designación, control y sanción de magistrados.
Lo señalado originó un verdadero cataclismo en Perú, con la remoción del Presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema, prisión del Presidente de la Corte del Callao y las renuncias del Presidente del poder judicial y del ministro de justicia. Mientras, miles de indignados ciudadanos marchan por las calles de Lima exigiendo duras sanciones para sus responsables.
A ello se suman las confesiones de los “arrepentidos” de la trama Odebrecht, que sostienen haber hecho fuertes aportes ilegales tanto al partido del ex Presidente Humala, como a la líder fujimorista, que la justicia se encuentra investigando.
Pese a la inmensa envergadura y cuantía de los sobornos y cohechos pagados por la constructora brasileña Odebrecht a diversos líderes políticos para conseguir contratos públicos, ciertamente no son aquellos los únicos escándalos que conmueven a la opinión pública regional e internacional.
Ciertamente la corrupción representa uno de los más graves flagelos que afecta a la democracia en la región, horadando la confianza de la ciudadanía en los dirigentes políticos y las propias instituciones democráticas, incluyendo el poder judicial, el gobierno y el parlamento. Se suman los cuestionamientos a instituciones de las FF.AA. involucradas en escándalos de corrupción, como ha ocurrido en nuestro propio país. Imposible no consignar en la vergonzante imagen de descalabro institucional, los múltiples eventos de abusos que estremecen a la Iglesia Católica.
El debilitamiento de la democracia en la región
Así ocurre en Venezuela, que enfrenta la peor crisis económica, social, política y humanitaria de su historia. Y en Nicaragua, con un gobierno marcado por el nepotismo, la corrupción y la represión criminal a grupos opositores.
En ediciones anteriores se ha perfilado la crisis política de Brasil, a menos de 90 días de las elecciones generales, sin que aún sea posible determinar definitivamente si el Tribunal electoral permitirá a Lula da Silva mantener su candidatura, cuando, aún en prisión, sin una condena a firme, lidera las encuestas, con un 37 % de las preferencias.
No tan sólo la corrupción ha contribuido al debilitamiento de la democracia en la región. Gobiernos con legitimidad de origen (elegidos a través de elecciones libres y transparentes) la pierden por un ejercicio abusivo del poder, represión a manifestaciones políticas y ciudadanas pacíficas, develando una incontrolable ansiedad por perpetuarse en el poder.
Nadie sabe muy bien que pasará en la eventualidad más probable que el Tribunal Electoral deseche su inscripción y le impida participar al mítico líder del PT. No son pocos los que miran con creciente aprehensión las encuestas que no tan sólo muestran la fortaleza de Lula sino también la debilidad de candidatos como el social demócrata Geraldo Alckmin, Ciro Gómez y Marina Silva, así como la fortaleza relativa de Jair Bolsonaro, el ultraderechista que secunda a Lula da Silva en las encuestas con un 20 % en las encuestas (el resto no supera el 5 % de las preferencias).
Todo esto podría variar si el Partido de los Trabajadores se ve forzado a implementar el llamado plan B, para designar a Fernando Haddad, el segundo en la fórmula como su candidato presidencial. Haddad, hasta ahora, marca un 4 % de las preferencias y eso podría variar en la alternativa que sea designado candidato a la Presidencia. La interrogante tiene que ver con la capacidad de Lula para traspasar su fuerte respaldo a un postulante alternativo. Todo ello con vistas a la segunda vuelta, en donde Bolsonaro parece tener asegurado un lugar.
El ex Presidente Fernando Henrique Cardoso ha especulado que, despejada la incógnita de Lula y fuera de la carrera presidencial, el postulante de su partido, Geraldo Alckmin, puede remontar en las encuestas y asegurar su paso a segunda vuelta, sin descartar que el PT se vea obligado a apoyarlo como “el mal menor”. También podría suceder lo contrario y que fuera Fernando Haddad, el candidato alternativo del PT, el que asegurara su paso a la segunda ronda, poniendo a la social democracia brasileña (PSDB) en la disyuntiva de apoyar a sus tradicionales adversarios para impedir el triunfo de Bolsonaro, que busca capitalizar el fuerte descontento ciudadano en contra de los partidos políticos tradicionales involucrados en hechos de corrupción.
La incertidumbre debería despejarse a mediados de septiembre, cuando el Tribunal Electoral emita su pronunciamiento respecto de la candidatura de Lula da Silva. A menos de 60 días de la elección que decidirá el futuro del país.
La violencia y el crimen organizado
México ha registrado un nuevo record en materia de asesinatos en el último mes- cerca de 2600 muertos- en un amenazante espiral generado por la guerra de los carteles por el control territorial, con el asesinato de autoridades, políticos y civiles. Todo ello cuando aún faltan más de tres meses para que Andrés Manuel López Obrador (AMLO) asuma el poder luego de ganar ampliamente las recientes elecciones.
Probablemente ese será, junto con el tema de la corrupción, uno de los desafíos más difíciles para el nuevo gobierno que asumirá el próximo 1 de diciembre. La propuesta de AMLO, ofreciendo amnistía para aquellos capos o soldados de la droga que se arrepientan y confiesen sus delitos, no parece ser suficiente para enfrentar un flagelo que extiende sus redes por toda la región, incluido el propio Cono SUR, en especial países productores de droga, como Bolivia y Perú. También, extendiendo efectos perversos en los de “transito”, entre ellos, Brasil, Chile y Argentina. Además de Centro América, en donde los carteles mexicanos han extendido su poder y control.
La propuesta de Andrés Manuel López Obrador, ofreciendo amnistía para aquellos capos o soldados de la droga que se arrepientan y confiesen sus delitos, no parece ser suficiente para enfrentar un flagelo que extiende sus redes por toda la región.
La instalación del nuevo gobierno colombiano y su promesa de revisar los términos del acuerdo de Paz suscrito por la anterior administración con las FARC, pone en duda no tan sólo la continuidad del proceso sino las propias negociaciones con el FLN, que no alcanzaron a concretarse en la anterior administración.
Sin lugar a dudas, el mayor desafío del proceso de paz es el de la implementación de los acuerdos y la integración de los ex guerrilleros a la vida civil. En el plano netamente político los integrantes de las FARC, devenidos en partido política, con estas mismas siglas, sufrieron un estruendoso fracaso, luego que su líder –Timochenko- desistiera de competir por la presidencia, consiguiendo la organización una pobrísima votación.
Renegociar los acuerdos de paz, en temas tan sensibles como la llamada justicia transicional, o la propia integración política y social de los ex integrantes de la guerrilla, no tan sólo pone en duros aprietos a sus líderes y militantes, sino que proyecta una duda razonable acerca de la continuidad y proyección de este proceso.
En suma, América Latina parece vivir un nuevo tiempo de agudas convulsiones, en medio de crisis económicas, políticas y sociales, incluso humanitarias, que han derivado en masivas protestas, reprimidas muy fuertemente, dejando centenares, sino miles, de víctimas, en el contexto de un fuerte descrédito de la política y debilitamiento de la democracia.
