El triunfo de Mauricio Macri – el primer Presidente no peronista o radical, elegido en Argentina – fue saludado con alborozo no tan sólo por los empresarios y la derecha argentina. También por autoridades de países desarrollados y organismos financieros internacionales, que apostaban por una administración explícitamente pro mercado, abierta y reinsertada, favoreciendo la inversión y el emprendimiento.
Incidió en el resultado de la elección, el desgaste de la administración Kirchnerista, marcada por crecientes denuncias de corrupción y los cuestionamientos a su gestión política y económica. Las denuncias ya afectaban a la propia mandataria Cristina Fernández y su familia, como a varios de sus ministros y altos funcionaros. Así se dieron las condiciones para una inédita alternancia en el poder, con la instalación de inédito bloque político, conformado por el PRO, de centro derecha, sectores radicales y la agrupación política que lidera la popular Lilia Carrió. Así, Mauricio Macri derrotó al candidato del Kirchnerismo, Daniel Scioli, asumiendo la presidencia con la promesa de reactivar la economía y enfrentar la corrupción
Macri estaba consciente que lo esperaba un complejo escenario político. Su coalición no tenía mayoría parlamentaria y debía enfrentar tanto al dividido justicialismo, el kirchnerismo, como a un poderoso y lejano movimiento sindical y social vinculado históricamente al peronismo (sumados los famosos “piqueteros”). El nuevo mandatario asumió que no era cosa de aplicar, simplemente, una política de shock para enderezar la economía y debería implementar una prudente estrategia gradualista para ajustar la economía, apostando a la reactivación y credibilidad internacional.
Aunque con el viento a favor – por el descalabro provocado por las denuncias de corrupción contra la administración anterior – el oficialismo comenzó a enfrentar las ostensibles limitaciones para su reactivación económica.
Sus primeras medidas apuntaron a la “normalización” de los llamados “fondos buitres”, para cancelar la totalidad de la deuda de aquellos inversionistas internacionales que no aceptaron la “quita” o descuento de sus acreencias. Era una exigencia para recuperar la confianza de los inversionistas y reintegrar a su país al sistema financiero mundial.
A ello se sumaron los esfuerzos para desregular algunos sectores de la economía, eliminar o bajar los impuestos a las exportaciones (especialmente de los agricultores), al tiempo que reducir gradualmente algunos subsidios y liberalizar el sistema cambiario.
Este conjunto de medidas liberalizadoras y pro mercado consiguieron la simpatía inicial del sistema financiero internacional y no pocos líderes de países desarrollados, con incipientes frutos en los primeros dos años de gestión del gobierno. Simultáneamente se manifestaba una creciente resistencia sindical y de movimientos sociales, como expresión de sectores fuertemente golpeados por el costo de estos ajustes. Sin embargo, la economía mostraba algunos signos de reactivación y buena parte de los argentinos asumía los costos como inevitables a la luz de distorsiones tarifarias y el creciente descrédito de las cifras económicas y sociales con que la administración anterior entregó el poder.
En buena medida, ello le permitió al nuevo bloque en el poder obtener un auspicioso resultado en las elecciones de gobernadores, parlamentarios y alcalde de mitad de mandato. Mientras, Cristina Fernández, acosada crecientemente por actos de corrupción que la involucraban (junto a su entorno más íntimo), debió conformarse con un segundo lugar para obtener su elección como senadora, en tanto que el kirchnerismo sufría sus perores resultados electorales en el país.
Un re elección cuesta arriba
Aunque con el viento a favor – por el descalabro provocado por las denuncias de corrupción contra la administración anterior – el oficialismo comenzó a enfrentar las ostensibles limitaciones para su reactivación económica. Así, la convicción de un pavimento despejado para una segura reelección de Mauricio Macri en las próximas elecciones presidenciales, comenzó a palidecer.
La estrategia gradualista implementada por el gobierno para ajustar y reactivar la economía, estaba lejos de satisfacer las expectativas originales. La inversión extranjera simplemente no se materializaba, tampoco la tasa de inversión doméstica, las exportaciones no despegaban y la fuga de divisas se extendía. En buena medida palidecían las expectativas, como la confianza interna y externa de inversionistas y empresarios. Los mercados parecían demandar reformas más audaces, seguridades y garantías que simplemente el gobierno no garantizaba. El flagelo de la inflación y la creciente caída del valor de la moneda nacional, comenzaba a operar como un fantasma difícil de defender.
La corrupción por un lado. El descrédito de la gestión gubernamental por el otro
A favor del oficialismo sólo seguía jugando el descrédito de la administración anterior, crecientemente golpeada por el destape de escándalos millonarios que destruían la imagen de Cristina Fernández y su entorno de corrupción, acosada por una implacable ofensiva judicial.
Tal como sostiene un interesante artículo aparecido en Nueva Sociedad (“Macri en su ratonera”), Argentina enfrenta de manera cíclica el problema de escasez de divisas. Cuando la economía crece, las importaciones se expanden mucho más rápido que las exportaciones, la demanda social pasa de los bienes básicos (alimentos, vestuario) a otros más sofisticados (como viajes, electrodomésticos y autos) y los argentinos tienden a recurrir al dólar como su moneda de ahorro más segura. De esta manera, las exportaciones generadas básicamente por el agro se vuelven insuficientes para satisfacer la demanda de divisas.
En un esfuerzo por contener la tendencia alcista de la moneda americana (que hoy si sitúa alrededor de los 30 pesos argentinos) y la fuerte escasez de divisas que afectaba al país, Mauricio Macri asumió una decisión muy controvertida y riesgosa.
Empresarios y ex altos funcionarios de aquel gobierno se suman a “colaborar” con la justicia, para atenuar sus responsabilidades y posibles condenas, bajo la figura del “arrepentimiento eficaz”. Ciertamente, trasladando todas las responsabilidades a la ex mandataria y su círculo de hierro.
Recurrió al Fondo Monetario Internacional, de triste recuerdo para los argentinos, para conseguir un préstamo, con desembolsos escalonados, por un total de 50.000 millones de dólares para engrosar las reservas fiscales. Y aunque el gobierno ha intentado presentar esta negociación como un signo de confianza en su administración, es más que evidente que la inmensa mayoría de los argentinos lo asume más bien como un riesgo, que impone duras condiciones de ajuste que difícilmente el país podrá cumplir.
Ya la economía argentina muestra signos de agotamiento y declinación, con una muy modesta tasa de crecimiento proyectado, que no superaría el 1% para el presente año, con serios riesgos de caer en recesión y una agudización del conflicto social. Se hacen sentir movimientos, no disponibles para extender el largo período de gracia concedido al actual gobierno, al costo de hipotecar sus posibilidades de proyección a futuro.
Mauricio Macrí no tiene mucho tiempo para estabilizar la economía y garantizar la senda del crecimiento, antes de la próxima elección presidencial. Sin un liderazgo demasiado carismático, con evidentes errores de diseño y la costosa apuesta de recurrir al Fondo Monetario – que ofreciendo algunas holguras en materia de divisas, impone fuertes restricciones y duros ajustes que inevitablemente impactan a los sectores más vulnerables – el actual mandatario hoy juega en contra del tiempo. Y no sería el primer mandatario argentino, con el riesgo de culminar su mandato. Claro, la oposición enfrenta dilemas más que severos y complejos.
¿El retorno del kirchnerismo o el resurgimiento del justicialismo?
Ciertamente, Cristina Fernández y su movimiento kirchnerista están lejos de constituir una alternativa viable para retornar al poder en las próximas elecciones.
Acosada por múltiples denuncias y escándalos (incluidos los famosos “cuadernos de la corrupción” que llevaba un chofer, registrando los “donantes” de coimas y sobornos, con montos y destinatarios, que se suman a las bolsas de divisas que un subsecretario intentaba ocultar en un convento de monjas) el enriquecimiento ilícito de “empresarios K” y sus negocios con los Kirchner, así como los procesos judiciales que ha debido enfrentar últimamente, Cristina Fernández hoy se sostiene con el apoyo de sus incondicionales. Aquellos que, pese a las contundentes y múltiples evidencias – con la “fe del carbonero”- están dispuestos a creer que todas estas acusaciones forman parte de una conspiración del gobierno macrista y el juez Bonadio, para impedirle retornar al poder.
Pero cada día son menos y no pocos los “arrepentidos”. Empresarios y ex altos funcionarios de aquel gobierno se suman a “colaborar” con la justicia, para atenuar sus responsabilidades y posibles condenas, bajo la figura del “arrepentimiento eficaz”. Ciertamente, trasladando todas las responsabilidades a la ex mandataria y su círculo de hierro.
Tampoco el justicialismo oficial, o el disidente, parecen disponibles para apoyar a Cristina Fernández, que cristalizó una división insalvable en el peronismo. Parece imperar la hora del ajuste de cuentas y reconstituir una nueva alternativa de futuro. Mal que mal, continúa vigente la sensación de que una mayoría de argentino(a)s fue, son, o podría ser, nuevamente “peronista”, asumiendo que el gobierno les puede pertenecer por una suerte de derecho de herencia legado por Juan Domingo Perón, al siempre aspiran volver. Como el tango.
En tiempos borrascosos, como el actual, cabe preguntarse si se trata de mito o realidad.
