El Congreso de Estados Unidos ha sido incapaz de producir una política migratoria coherente en tres décadas y media y ahora las medidas temporarias colocan al gobierno del presidente Joe Biden en el umbral de crisis mayor.
“Porque somos forasteros y peregrinos delante de ti…
como una sombra son nuestros días sobre la tierra,
y no hay esperanza” (1 Crónicas 29:15)
Humanidad migrante
A mediados de 2021 ya había en el mundo más de 84 millones de personas desplazadas a la fuerza de sus lares, según el cálculo de la Agencia de las Naciones Unidas para Refugiados hecho antes de que la guerra desalojara a millones de ucranianos, en su mayoría mujeres y niños. Esta es una cifra sin precedentes de personas expulsadas de sus hogares por guerras, matanzas, hambre, persecución política o religiosa, enfermedades y el impacto del cambio climático.
Según la red Concern Worlwide US de grupos humanitarios, donantes y voluntarios, las diez crisis mayores de refugiados son actualmente, en orden de cifras de personas, las de Siria, Ucrania, Afganistán, Sudán del Sur, los apátridas Rohingya, la República Democrática del Congo, Sudán, Somalia, la República Centroafricana, y Eritrea.
Poco de sorpresa hubo la semana pasada cuando el director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el etíope Tedros Adhanom Ghebreyesus, preguntó en voz alta si “el mundo presta igual atención a las vidas de negros y de blancos”, y añadió que las emergencias en su país, en Yemen, Afganistán o Siria atraen apenas “una fracción de la atención” que los medios globales dan a Ucrania.
“Tengo que ser directo y honesto: el mundo no trata a la raza humana de la misma manera”, dijo el funcionario. “Algunos son más iguales que otros”.
Tal vez por eso mucha menos atención dan los medios y los gobiernos a los 4,1 millones de venezolanos dispersos por el mapa de las Américas. Y por eso mientras que los medios, los políticos, el presidente, las iglesias y los grupos humanitarios en EE.UU. expresan angustia y se apuran a la acción de ayuda a los refugiados ucranianos, no se les llama “refugiados” sino “migrantes” a los millones de centroamericanos, mexicanos y humanos de todas partes del planeta que siguen allegándose a la frontera sur de Estados Unidos.
Por omisión
La última vez que el Congreso aprobó una reforma integral del sistema de inmigración en Estados Unidos, y que un presidente (Ronald Reagan) la promulgó, fue en 1986. Los dos componentes principales de aquella legislación bipartidista fueron una amnistía, que permitió la legalización de unos cinco millones de migrantes indocumentados, y propuestas sustanciales para mejorar la vigilancia de las fronteras.
Lo que faltó fue un método sensato que facilitara la inmigración de los extranjeros adecuados a las necesidades de la economía en un país donde la población nativa envejece y tiene pocos hijos, al tiempo que cambian las destrezas requeridas y se jubila la generación nacida entre 1946 y 1964, los “baby boomers”.
Como consecuencia, hay en el país unos 11 ó 12 millones de inmigrantes indocumentados, muchos de los cuales han estado por décadas, han establecido negocios, criado familias, prestado servicio en las fuerzas armadas.
En marzo el gobierno informó que en Estados Unidos había unos 11,3 millones de puestos de empleo vacantes y el reclutamiento en el exterior de mano de obra calificada ha sido un método tradicional para cubrir la escasez de trabajadores. Pero ésta es inmigración por tiempo limitado, como los trabajadores zafrales que levantan las cosechas, o los profesionales cuya permanencia en el país depende de la continuación de los contratos de trabajo.
La ausencia de voluntad política ha sido pareja con mayorías demócratas o republicanas en el Congreso, con presidentes republicanos o demócratas en la Casa Blanca, y a cambio se han creado engranajes parciales que ahora traban todo el mecanismo.
Está el Temporary Protected Status (TPS o Status de Protección Temporaria) creado por el Congreso en 1990 y que, a criterio del poder ejecutivo, designa países donde hay conflictos armados o desastres naturales, de modo que se extiende un permiso de trabajo y residencia legal por tiempo limitado a los ciudadanos de esos países que están ya en EE.UU. Las “designaciones” se renuevan o cancelan cada seis, 12 ó 18 meses, y los “tepesianos” viven en la incertidumbre cada vez que se aproxima el vencimiento de sus plazos.
En marzo, el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, añadió Ucrania y Afganistán a la lista de países designados para TPS, y que incluye a El Salvador, Haití, Honduras, Nepal, Nicaragua, Somalia, Sudán del Sur, Siria, Venezuela y Yemen.
En 2012 el gobierno del entonces presidente Barack Obama creó un programa que difirió la deportación de inmigrantes indocumentados que eran menores de edad cuando fueron traídos ilegalmente al país. El gobierno del presidente Donald Trump canceló el programa en 2017 pero, a fuerza de querellas en tribunales, ese programa conocido como DACA, ha ido subsistiendo a la espera, ahora, de un fallo del Tribunal Supremo de Justicia.
Ninguno de estos programas aparea las calificaciones de los migrantes con las necesidades de la economía.
La pandemia de la Covid-10 dejó al descubierto la escasez de personal calificado en sectores del cuidado de la salud, y a la vez la presencia de unos 270.000 migrantes con calificaciones médicas que laboran en tareas por debajo de su nivel académico porque no se les reconocen las credenciales profesionales obtenidas en el exterior.
Título 42
El Título 42 de la Ley de Salud Pública de 1944, autoriza al poder ejecutivo, durante una emergencia, a prohibir el ingreso y expulsar de manera expedita a los extranjeros a quienes se les considere como un peligro para la salud pública de Estados Unidos.
En marzo de 2020, cuando la pandemia se propagaba rápidamente en Estados Unidos, el gobierno de Trump recurrió al Título 42 para sumas mecanismos a su política inmigratoria, impidiendo el ingreso al país de personas que pretendían solicitar asilo.
Desde entonces, numerosos expertos en salud pública apuntaron que la Covid-19 ya estaba en EE.UU. y no esperó a entrar con los migrantes, y que la aplicación del Título 42 no traía beneficios sustanciales para la sanidad del país.
El gobierno del presidente Biden continuó usando el Título 42 – exceptuando sólo a los menores de edad que llegan a la frontera sin compañía de adultos responsables, y en los últimos dos años unos 1,7 millones de migrantes han sido devueltos a México.
Al terminar el 30 de marzo la última extensión del Título 42, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), señalaron que la disponibilidad de vacunas y tratamientos habían dejado atrás la emergencia proclamada por Trump, y el gobierno, sin base legal para seguir usándolo, anunció que dejará de aplicar el Título 42 del 23 de mayo.
Lo cual agitó el avispero de los republicanos, cuya única política es oponerse a todo lo que propongan o hagan los demócratas, y recuperó su vigor la prédica contra la “política de fronteras abiertas”, y la “invasión de piojosos”.
La Patrulla de Fronteras informa que en marzo se efectuaron 221.303 detenciones de inmigrantes indocumentados, un aumento del 33 % en relación con el mes anterior. En la realidad esto significa 159.900 personas detenidas (37 % más que en febrero), ya que muchos migrantes expulsados cruzan la frontera y son detenidos nuevamente.
En los seis primeros meses del período fiscal 2022 se han efectuado 1,06 millones de detenciones, comparado con 1,7 millones en todo el período fiscal 2021.
Desde América Central a México, cientos de miles de migrantes ya se han puesto en marcha al norte. El gobierno y quienes abogan por los migrantes aseguran que se toman medidas adecuadas para lidiar con la multitud de migrantes.
Unos sí, otros no
Aunque la mayoría de los migrantes que golpean en las puertas de la frontera, o intentan cruzarla de manera clandestina, proviene de América Central, en los últimos dos años ha ido creciendo el número de sudamericanos, africanos, asiáticos y, de forma más reciente, migrantes de Europa oriental.
Pero las detenciones, capturas y expulsiones, y las razones de salud pública no son tan estrictas para quienes llegan a los aeropuertos y puertos del país, en avión o en barco. Es decir, para quienes tienen medios de ingreso más costosos que la odisea de caminar continentes y exponerse a las violencias criminales y abusos de las autoridades desde el sur más sur de América al norte de la frontera de México.
En el sur de México, los migrantes africanos y haitianos, que han cruzado océanos en su éxodo se han trenzado en grescas por meses con la población local mientras continúan las peregrinaciones de guatemaltecos, hondureños y salvadoreños con su “primero Dios, y a la frontera”.
Los grupos que abogan por los migrantes, incluida la terminación del Título 42, han denunciado por años que estos migrantes, decenas de miles de ellos hacinados en campos y albergues insalubres e inseguros en México, ahora notan que el país vecino ya ha recibido unos 17.000 ucranianos y algunos rusos.
Pero a estos no se les considera migrantes y el director del Instituto Nacional de Migración de México, Francisco Garduño Yáñez, indicó que todas las personas de Ucrania que se encuentren en algún lugar del país tienen las puertas abiertas y se les dará atención especial para resolver su condición de estancia en México.
Mientras que la ciudad mexicana de Tijuana se ha convertido en el punto al cual convergen los ucranianos que han huido de su país, en el lado norte de la frontera Biden prometió que dará asilo a 100.000 refugiados del país europeo. Llegan con visa de turista a México y su destino final es Estados Unidos.
La Patrulla de Fronteras ha detenido a más de 5.000 migrantes ucranianos en marzo, todos los cuales podrán solicitar el TPS una vez que las autoridades verifiquen sus identidades y la ausencia de antecedentes criminales.
Según el Servicio de Inmigración y Naturalización (USCIS) hay unos 60.000 ucranianos en EE.UU. que podrán acogerse a esa protección temporaria.
Un memorando del Departamento de Seguridad Nacional que CNN dice haber obtenido instruye a la Patrulla de Fronteras para que considere, caso por caso, eximir a los ucranianos de las restricciones del Título 42. Y el gobierno de Biden no demoró mucho en añadir Ucrania a la lista de países designados para TPS.
“El tratamiento desigual te vuela los sesos”, comentó Erika Pinheiro, directora de litigios del grupo Al Otro Lado, que da servicios a migrantes y refugiados. “Los casos que hemos visto de rechazo de migrantes negros y mestizos son casos de vida o muerte. Te hablo de niños que corren riesgo de morir y a los que se les ha negado la entrada”.
Por su parte Guerline Josef, directora ejecutiva de la Alianza Puente Haitiano, dijo que apoya y da la bienvenida a los ucranianos, pero la meta “es asegurar que el mismo tratamiento humanitario que se da a los miembros de la comunidad ucraniana se dé a la otra gente también”.
Las diferencias percibidas en el tratamiento que se da en la frontera de EE.UU. por un lado a los ucranianos que llegan buscando refugio y por otro a todos los demás no son novedad ni exclusividad de esa frontera. Durante semanas periodistas y quienes abogan por los derechos humanos han documentado cómo los países europeos abrieron sus puertas y ofrecen hospitalidad a los ucranianos, a la par que han sido indiferentes u hostiles a los refugiados sirios y otros.
“El niñito de Ucrania es un héroe, pero ¿qué del haitiano de 11 años?” preguntó Josef a CNN. “El color de la piel sigue siendo desafortunadamente, un factor importante que determina quién recibe protección. ¿Por qué hemos de mendigar continuamente que se valide nuestra humanidad?”.
