Ciertamente el tema no se aborda en los grandes medios de comunicación. Sólo ocurre cuando se trata de vincular acciones delictuales, como quema de camiones, con organizaciones indígenas. La tendencia mediática persiste en su miopía, pese al verdadero descalabro experimentado por las versiones oficiales a raíz del inocultable asesinato de Camilo Catrillanca y sus consecuencias posteriores que, entre otras, obligó a un urgente y drástico cambio del alto mando de Carabineros.
No abandona la pretensión de imponer una ambiciosa política de nuevas inversiones en la región más sensible del conflicto por las tierras que demandan las comunidades indígenas, con el inocultable anhelo de imponer el arrendamiento de propiedades ancestrales para viabilizar el interés manifiesto de grandes empresas en esos territorios.
En un país de condicionada memoria corta, la tendencia a ignorar la historia, incluso la más reciente, no debiera asombrarnos. Quizás el mejor ejemplo para verificarlo sea el protagonismo que continúa exhibiendo el ministro Andrés Chadwick, pese a su responsabilidad mayor en las falsas primeras versiones del caso Catrillanca. Lo mismo vale para el ministro Alfredo Moreno que, con su perfil dialogante, no abandona la pretensión de imponer una ambiciosa política de nuevas inversiones en la región más sensible del conflicto por las tierras que demandan las comunidades indígenas, con el inocultable anhelo de imponer el arrendamiento de propiedades ancestrales para viabilizar el interés manifiesto de grandes empresas en esos territorios.
La miopía oficial, no exclusiva pero sí acentuada por el actual gobierno, enfrenta en las últimas semanas un descalabro mayor que, al menos, para las pretensiones del ministro de Desarrollo Social podrían marcar el fin de una gestión que acumuló, paso a paso, continuos tropiezos, más allá de su voluntad dialogante y el anhelo por evitar un espiral de violencia estimulada por quienes demandan la militarización de la zona de conflicto, entre ellos propietarios agrícolas animados por el desafiante José Antonio Kast.
más allá de su voluntad dialogante y el anhelo por evitar un espiral de violencia estimulada por quienes demandan la militarización de la zona de conflicto, entre ellos propietarios agrícolas animados por el desafiante José Antonio Kast.
Superando cualquier estimación gubernamental respecto de los tropiezos que podría enfrentar la “Consulta Indígena” iniciada el pasado 22 de mayo, el rechazo de las comunidades se ha manifestado con singular fuerza a lo largo de todo el territorio nacional en las últimas semanas.
Superando cualquier estimación gubernamental respecto de los tropiezos que podría enfrentar la “Consulta Indígena” iniciada el pasado 22 de mayo, el rechazo de las comunidades se ha manifestado con singular fuerza a lo largo de todo el territorio nacional en las últimas semanas.
Porque podría anticiparse el repudio masivo de las comunidades mapuche que se manifestaron en la Intendencia de la Araucanía. Pero que la reacción, acusando transgresión de derechos por Decretos Supremos que vulneran lo estipulado en el Convenio 169 de la OIT (ratificado por Chile en 2009), se extendiera, entre otros, a los pueblos Atacameños, Aymaras y Quechuas manifestándose masivamente desde Arica al sur, enfatizando todos ellos el cuestionamiento a la modalidad oficial para validar el Ministerio de Asuntos Indígenas y el Consejo de los Pueblos, no hace más que confirmar la contradicción esencial de la autoridad con la demanda considerada intransable por la diversidad de pueblos originarios: la tierra.
Pero que la reacción, acusando transgresión de derechos por Decretos Supremos que vulneran lo estipulado en el Convenio 169 de la OIT (ratificado por Chile en 2009), se extendiera, entre otros, a los pueblos Atacameños, Aymaras y Quechuas manifestándose masivamente desde Arica al sur, enfatizando todos ellos el cuestionamiento a la modalidad oficial para validar el Ministerio de Asuntos Indígenas y el Consejo de los Pueblos, no hace más que confirmar la contradicción esencial de la autoridad con la demanda considerada intransable por la diversidad de pueblos originarios: la tierra.
La torpeza oficial crece cuando se intenta eludir lo esencial y además se enfrenta la masiva y legítima movilización pacífica de las comunidades originarias con una amenazante presencia policial, como ocurrió en localidades tan diferentes como Quillagüa y Coquimbo.
Al respecto resulta elocuente consignar la respuesta de un dirigente Aymara reconociendo apoyo de Atacameños que los acompañaban: “Quillagüa ha sido muy maltratado, por la minería, por los negocios del estado con privados. Nos contaminaron, nos quitaron los derechos, antiguamente teníamos el río camarones y pejerreyes, hoy es solo un charco de barro”. En Toconao, San Pedro de Atacama y Antofagasta, el rechazo al proceso de consulta chocó con la resistencia de la autoridad para permanecer en el lugar y recibir las actas de los encuentros.
El estado no entiende, o tal vez no quiere entender que nuestra esencia es la vida en comunidad, por ende la propiedad de los territorios también es en comunidad. El gobierno solo pretende introducir más división en nuestras comunidades, dividiendo las tierras en títulos personales, lo que naturalmente quiebra la integridad de la comunidad y nos condena a la extinción”.
En la comuna de Ollagüe, la representante del pueblo Quechua fue más que asertiva en la declaración final: “Los pueblos originarios de Chile no hemos solicitado una modificación a la ley 19.253; si el gobierno tiene alguna necesidad de modificarla, definitivamente obedece a intereses de otros actores: empresarios forestales, mineros y/u otros que solo buscan mecanismos, resquicios, para apoderarse de los recursos naturales existentes en nuestro territorio”….. “Por experiencia sabemos que el desarrollo que ellos conceptúan para nosotros, se parecen más bien a limosnas a cambio de saquear nuestros recursos naturales. El estado no entiende, o tal vez no quiere entender que nuestra esencia es la vida en comunidad, por ende la propiedad de los territorios también es en comunidad. El gobierno solo pretende introducir más división en nuestras comunidades, dividiendo las tierras en títulos personales, lo que naturalmente quiebra la integridad de la comunidad y nos condena a la extinción”.
Fue una respuesta extendida y más que contundente a la pretensión oficial, cuyo fracaso el senador RN Manuel José Ossandón calificó como “Catrillanca 2”.
Pese a todas las evidencias, la porfía y ceguera del Ejecutivo lo conduce a tropezar con la misma piedra, acudiendo a interpretaciones absurdas como no haber explicado bien la consulta, puesto que “no se trataba de habilitar la venta de tierras mapuche a privados, sino crear títulos de merced individual para que las personas puedan postular a subsidios públicos o ingresar al sistema de arriendo de tierras, por un plazo de hasta 25 años”.
Pese a todas las evidencias, la porfía y ceguera del Ejecutivo lo conduce a tropezar con la misma piedra, acudiendo a interpretaciones absurdas como no haber explicado bien la consulta, puesto que “no se trataba de habilitar la venta de tierras mapuche a privados, sino crear títulos de merced individual para que las personas puedan postular a subsidios públicos o ingresar al sistema de arriendo de tierras, por un plazo de hasta 25 años”.
Algo muy parecido a la tradicional “hecha la ley, hecha la trampa”. Como lo señalaba en este mismo medio una columna de Felipe Agüero, al comienzo de la frustrada consulta: Así como en algún momento y en otras latitudes se hizo famosa, por lo acertada, la frase “es la economía, estúpido”, aquí se aplica completamente su símil: “es la tierra, estúpido”.
una columna de Felipe Agüero, al comienzo de la frustrada consulta: Así como en algún momento y en otras latitudes se hizo famosa, por lo acertada, la frase “es la economía, estúpido”, aquí se aplica completamente su símil: “es la tierra, estúpido”.
Un réquiem para el juego del garrote y la zanahoria, protagonizado en la Araucanía por Chadwick y Moreno.
