A un año de haber sido elegido y nueve meses de su asunción, el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, ha sufrido un nuevo embate del Ministerio Público, dirigido por la inamovible fiscal general, Consuelo Porras, quien solicitó a la Corte Suprema el retiro de la inmunidad presidencial, invocando un supuesto “abuso de autoridad”, específicamente, la destitución de su ministra de Comunicaciones, por perdida de confianza. Si el alto tribunal acogiese la solicitud, será el Congreso que decidirá sobre su desafuero.
La acción, que es la tercera contra el presidente en ejercicio, está a cargo del fiscal Rafael Curruchiche, incluido por el gobierno de los Estados Unidos en la “Lista de Actores Corruptos y Antidemocráticos” de Centroamérica, más conocida como la Lista Engel, al igual que Porras. De este modo, se agrega un eslabón a la cadena persecutoria contra Arévalo, iniciada con anterioridad a su elección, con el indesmentible propósito de impedir el ejercicio de sus funciones. En los hechos, se trata de un intento de golpe de estado mediante la utilización del aparato judicial, al que no son ajenos ciertos intereses políticos y empresariales ligados a la corrupción.
En su accionar ilegal, la fiscal general ha contado con el respaldo de magistrados judiciales que forman parte del denominado “pacto de corruptos”, una red beneficiaria de la corrupción sistémica que padece Guatemala, la cual ha capturado al Estado para su depredación. No fue ajeno a ese pacto el intento de ilegalizar al partido Semilla[1], así como impedir la asunción del nuevo mandatario, mediante acciones penales y constitucionales que finalmente no prosperaron, merced a la solidaridad internacional con la democracia guatemalteca y la movilización popular en respaldo a Arévalo.
A esta acción penal se agregan otras contra funcionarios del gobierno, entre las cuales destacan el encarcelamiento de la directora del Instituto de la Víctima, exdiputada Ligia Hernández,“enérgicamente” condenado por los Estados Unidos[2], y la apertura de un proceso penal contra el subsecretario de la Secretaría privada de la Presidencia, William Capriel, instruido por el juez Freddy Orellana, también fichado en la Lista Engel. Ambos procedimientos son arropados por el juicio político que sigue contra el partido Semilla, a instancias de la fiscal Porras.
Cabe destacar que, actualmente, bajo la implacable dirección de esta misma inquisidora, decenas de jueces y fiscales distinguidos en la lucha contra la corrupción son víctimas de persecución y, en algunos casos, han debido exiliarse, sobresaliendo el caso de Virginia Laparra, exfiscal muy destacada en esa lucha, quien se encuentra impedida de ejercer su profesión en el país. En cambio, tanto en el Ministerio Público como en el órgano judicial, fiscales o jueces obsecuentes con la corrupción actúan protegidos por sus superiores jerárquicos. De otro lado, más de un centenar de denuncias interpuestas por el actual gobierno sobre irregularidades perpetradas por las últimas administraciones, aún no son objeto de actuación por los fiscales o los tribunales.
Por cierto, también son víctimas de la estrategia persecutoria numerosos periodistas independientes que han denunciado la corrupción, cuyo ejemplo emblemático es la prisión preventiva y el juicio carente de pruebas que, por dos años, afecta a José Rubén Zamora Marroquín, desde que denunciara actos de corruptela bajo el anterior gobierno de Alejandro Giammattei, cuyas precarias condiciones carcelarias son objeto de preocupación internacional.
Así, no es de extrañarque tras la década de los noventa, en que hubo avances en la lucha contra los grupos corruptos, Guatemala haya descendido hasta el penúltimo lugar del Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción, entre quince países de América Latina[3]. A estas alturas queda en evidencia que la expectativa popular de una depuración del Estado y la desarticulación del “pacto de corruptos”, que constituyó la principal bandera de la campaña presidencial de Arévalo, es y será muy difícil de cumplir, debido a que pasa necesariamente por la remoción de autoridades del sistema de Justicia, algunas de las cuales, como ocurre con la Fiscal General, gozan de inamovilidad legal.
El presidente ha impulsado acciones dirigidas a dicha remoción, aunque su estricto apego a la legalidad no parece contentar del todo a algunos de sus partidarios. Al iniciarse su gobierno, solicitó a la Corte Suprema revocar la inmunidad de Porras, pero el alto tribunal denegó el pedido. También, el mandatario ha solicitado en varias ocasiones su renuncia voluntaria, pero ella ha reaccionado con altanería y desprecio hacia la primera magistratura del Estado. Por fin, recientemente, Arévalo presentó al Congreso un proyecto de reforma a la Ley del Ministerio Público, con la finalidad de eliminar la inamovilidad de que goza la fiscal y permitir su remoción.
En el contexto descrito, el actual proceso de renovación de los tribunales superiores, incluida la Corte Suprema, para el periodo 2024-2029, a la cual postulan más de doscientos abogados, es decisivo para la lucha contra la corrupción, pero en las “comisiones postuladoras” de nuevos magistrados se desarrolla una sorda lucha de la que no son ajenos corruptos y probos. Por ejemplo, entre los postulantes figuran magistrados señalados en la Lista Engel, entre otros, el propio fiscal Curruchiche.
Como lo dijese una de las abogadas miembro del Panel de Personas Expertas Independientes este es “un proceso que ha estado plagado de desafíos y controversias (…) que se ha visto afectado por la influencia indebida, por parte de poderes fácticos (…) lo cual podría comprometer aún más la independencia judicial”[4]. Por su parte, la Misión de Observación de la OEA ha mostrado “su profunda preocupación por el escaso avance de las discusiones de las Comisiones Postuladoras”[5].
Mientras todo esto acontece, amparados en el poder protector de quien debiese perseguirlos, los grupos organizados para delinquir continúan activos, aprovechando espacios del aparato del Estado que aún controlan. Así ocurre en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), institución estatal autónoma, en que persiste el sistemático e impune latrocinio de sus millonarias cajas, mediante dolosas operaciones de compra de medicamentos, en connivencia con proveedores, y dudosos contratos patrimoniales.
También el sistema judicial persevera, por omisión o franca prevaricación, en la protección de los involucrados en el caso “B410”, cuatrocientos diez empresarios evasores de más de 300 millones de quetzales en impuestos, verificados por la Superintendencia de Administración Tributaria, en el país que muestra la estructura fiscal más regresiva del continente.
Por su parte, en el Congreso de la República, que deberá decidir sobre la propuesta de reforma a la Ley del Ministerio Público, el presidente Arévalo no cuenta con mayoría. En efecto, de 160 diputados, solamente 23 corresponden al partido Semilla, cuya actuación en el Congreso se ha visto debilitada por la persecución judicial de que es objeto. Al frente, tiene al partido Vamos, del expresidente Giammattei, con 39 diputados, y a la UNE, encabezada por la rival de Arévalo en la segunda vuelta, con 28 curules.
Pero restan setenta representantes de diversos partidos, la gran mayoría elegidos en el nivel departamental[6], cuya adscripción al gobierno o la oposición de turno es tradicionalmente cambiante. Esta última particularidad ha sido aprovechada hábilmente por el oficialismo en el más importante desafío legislativo del primer año de gobierno, logrando la aprobación, con los votos de cien diputados, de un presupuesto fiscal que le permita, principalmente, realizar sus planes en las prioritarias áreas educacional y de salubridad.
Según el politólogo Eduardo Núñez, la clave para comprender la conquista de estas adhesiones al gobierno es, en el críptico lenguaje chapín, “un cambio en la administración de los incentivos a los que estos diputados buscan tener acceso”, relacionados principalmente con intereses departamentales[7]. Según Núñez, sobre la base de este paisaje político asambleario, el Gobierno ha consolidado una “alianza oficialista” de 93 diputados y no sería extraño que pudiese alcanzar hasta 117[8]. La interrogante es si esos parlamentarios mantendrán su fidelidad al momento de votarse iniciativas que atacan directamente el corazón de la corrupción estatal, como lo es la reforma al Ministerio Público.
La oposición más proclive a la mantención del statu quo, como es Vamos, el partido de Gianmattei, sabe que cuenta con los actuales operadores del sistema de justicia para persistir en su intento de obstaculizar la gobernabilidad del país. Una prueba de ello es que inmediatamente después de aprobado el presupuesto, este fuese impugnado ante la Corte de Constitucionalidad, el mismo tribunal al que recurriera Porras cuando Arévalo anunció el proceso destinado a su remoción, presidido por Néster Mauricio Vásquez, quien forma parte de la ominosa Lista Engel, e integrado por Leyla Lemus, ex asesora de confianza del gobierno de Gianmattei, y Roberto Molina, candidato a la presidencia por el partido del exdictador Ríos Montt. Sin tardar, esta Corte dispuso la suspensión del proceso de formación de la ley presupuestaria.
Desde luego, la principal fortaleza del gobierno es el respaldo popular, en particular, de las organizaciones que representan a la mayoritaria población indígena. Este sector ha sido objeto de reconocimiento gubernamental, mediante la designación del ayer perseguido líder maya k’iche’ Manuel Pascual, dirigente histórico del Comité de Unidad Campesina, como director titular del Consejo Directivo de Fontierras, la institución del Estado de Guatemala que trabaja por el acceso de los campesinos a la tierra y su regulación, en el marco del cumplimiento de los Acuerdos de Paz.
Con todo, la historia demuestra que el respaldo popular no basta para sostener a gobiernos democráticos que deben enfrentar la resistencia de los poderosos, quienes observan con displicencia aquel respaldo. Por ello, es valorable la solidaridad de la comunidad internacional organizada y de los demás estados, indispensable en situaciones de debilidad democrática como la que vive Guatemala. La principal responsabilidad, en este ámbito, recae en los Estados Unidos, que no puede disimular su carácter de potencia que ejerce fuerte influjo político, económico y militar sobre el país centroamericano. Desde luego, Washington ha ayudado a quienes combaten la corrupción, mediante la tantas veces aludida Lista Engel, o bien, condenando las maniobras destinadas a impedir la asunción de Arévalo, y con gestos recientes como la visita de su embajador a Stuardo Campo, insobornable exfiscal anticorrupción, en prisión desde 2023 y considerado un preso político. Mas, la cantidad de información en poder de la inteligencia estadounidense y la influencia real que ejerce sobre empresarios, políticos y militares, podrían traducirse en acciones más decisivas para evitar, por ejemplo, que entre las nuevas autoridades judiciales pululen los corruptos.
Por su parte, la Unión Europea ha sido firme y constante en la denuncia de las actuaciones del Ministerio Público, que a su parecer “forman parte de un patrón altamente preocupante de denuncias e investigaciones políticamente motivadas contra el gobierno actual”[9]. Sin duda, el organismo más activo en la solidaridad con Guatemala ha sido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que fundamenta sus recientes recomendaciones al Ministerio Público en la “criminalización contra jueces, abogados, periodistas, funcionarios y todas aquellas personas que luchan contra la corrupción”[10], así como en la aplicación excesiva de la prisión preventiva, particularmente cuando, como ocurre con el periodista José Rubén Zamora y el ex fiscal Stuardo Campo, la persona está “criminalizada por el ejercicio o defensa de los derechos humanos”[11].
Sin embargo, estimamos que la solidaridad de cada uno de los gobiernos de Latinoamérica, incluido el chileno, puede revestir mayor magnitud. Hoy se requiere el mismo respaldo internacional que se ejerció para asegurar la asunción de Arévalo. En el caso de Chile, estimamos que el gobierno podría impulsar la propuesta del Partido Socialista, que tras la victoria del líder socialdemócrata propuso la creación de un “Grupo de Países Amigos de Guatemala”, para colaborar con la consolidación del Estado de Derecho y la democracia en este país. Solo mediando la derrota del pacto de los corruptos y el afianzamiento del gobierno Constitucional será posible responder al reto histórico de enfrentar los graves problemas estructurales de Guatemala, como son la estructura latifundista de la propiedad agrícola, la estructura tributaria regresiva, la discriminación sistemática de los pueblos indígenas y, como consecuencia de todo ello, la pobreza extendida al 61% de la población[12].
Nosotros, chilenas y chilenos, tenemos ejemplos de amistad y solidaridad antigua del pueblo de Guatemala. Ya en 1931, veintitrés años antes de que lo hiciere la Universidad de Chile, la venerable Universidad de San Carlos otorgó el doctorado honoris causa a nuestra Gabriela y la noble ciudad de Cobán eligió para el monumento central de su parque central la efigie de la Mistral. Es más, en medio del sufrimiento de su guerra interna, miles de guatemaltecas y guatemaltecos solidarizaron con el Chile sometido por Pinochet e, incluso, hubo compatriotas nuestros cuyo exilio transcurrió en ese país. Debemos retribuir tal solidaridad.
(*) Entre 1995 y 1999, el autor fue Jefe de Derechos Humanos de la Misión de las Naciones Unidas en Guatemala y Director de Investigaciones de la Comisión de Esclarecimiento Histórico de ese mismo país.
[1] Es el partido político liderado por Bernardo Arévalo.
[2] Declaración de Brian A. Nichols, subsecretario para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado. 14.08.2024.
[3] Americas Society, Council of the Americas (AS/COA) y Control Risks, Quinta edición del Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción, junio de 2023
[4] Antonia Urrejola, El País, 22.08.2024.
[5] Misión de Observación de la OEA, declaración de 06.08.2024.
[6] En Guatemala se eligen diputados nacionales y departamentales.
[7] Guatemala 2024: análisis tras un convulso proceso electoral, Ciclo de Actualización para Periodistas (CAP)https://cicloscap.com/ Visto el 02.09.2024.
[8] Ibid.
[9] https://www.dw.com/es/guatemala. 23-08.2024
[10] https://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/2
[11] Comisionadas Andrea Pochak, Relatora para Guatemala. 26.07.2024, https://www.dw.com/es
[12] MPPN 2023.
