Las “Propuestas programáticas para el nuevo Chile, 2022-2026” de la candidatura presidencial de Gabriel Boric en materia de defensa nacional y fuerzas armadas (PDNGB) avanzan en modificar importantes normas que regulan a este sector de la administración pública en la perspectiva de reitegrarlas a un Estado efectivamente democrático.
Al mismo tiempo contiene una serie de propuestas en materia de política de defensa nacional que requieren de una mayor elaboración.
I
En materia de FF.AA., el PDNGB destaca y prioriza -aun cuando es materia del trabajo de la Convención Constitucional- establecer “La presidencia de la República como Jefatura suprema de las FF.AA. mediante un Estado Mayor Conjunto (EMCO) con real peso estratégico-operacional de la defensa.”
En esta línea propone fortalecer “la institucionalidad civil de la defensa” a través de la “Reforma al Estatuto Orgánico del Ministerio de Defensa Nacional. Ley 20.424 y a la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas”, destacando el nuevo rol del Estado Mayor Conjunto en la unificación de la doctrina, organización y mando y control gracias a un “diseño conjunto en la estructura de la fuerza. Es decir, la unificación institucional de las Fuerzas Armadas, la cual debe sostenerse orgánicamente al menos, desde una escuela única de oficiales de Estado Mayor.”
Indica que las FF.AA. deben “planificar sus operaciones, tanto en temas de ayuda humanitaria, como las estrictamente castrenses, con enfoque de género, implementando la resolución 1325/2000 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sobre Mujer, Paz y Seguridad.”
Aun cuando el término “democratizar la gobernabilidad de la defensa” es ambiguo, sus siguientes propuestas son clave: incrementar la capacidad de supervisión y fiscalización financiera del Ministerio de Defensa, EMCO y a la Comisión de Defensa del Congreso; la compra de armas a través de una agencia civil; y la eliminación de “los pisos monetarios mínimos consagrados en el Fondo Plurianual de Capacidades Estratégicas y en el Fondo de Contingencia Estratégico.”
En el campo de la carrera militar señala la necesidad de terminar con el “secreto de las juntas de selección y apelación”. En materia de transparencia postula la reforma del “régimen administrativo diferenciado de gestión documental de la información, en relación con el resto de la Administración del Estado.”
En el área de educación, el desarrollo de “planes curriculares elaborados entre el Ministerio de Educación (MINEDUC) y el Ministerio de Defensa para la regulación del proyecto educativo institucional de las FF.AA. facilitando el ingreso de la ciudadanía a las escuelas matrices mediante gratuidad y selección y aportar al diseño curricular coherente entre civiles y militares basado en el respeto de la dignidad y los DD.HH, la educación no sexista”, son propuestas que enfrentan adecuadamente la actual corporativización de las FF.AA.
De la misma forma, la modificación de la justicia militar para “garantizar no solo un debido proceso, sino que específicamente debe procurar por el cuidado de los derechos de cada persona independiente de su origen, condición e identidad” asegurando que “las decisiones jurídicas sean impartidas por personas con una formación profesional judicial formal” y que se excluyan “los delitos civiles cometidos por militares de la Justicia Militar”, son aspectos que la reforma en curso en el Congreso debe incluir. Igualmente, la propuesta de crear un Ombudperson de las FF.AA. avanzaría firmemente en la protección de los derechos de los uniformados, tal como ocurre en países desarrollados.
II
Con todo, hay un conjunto de propuestas sobre defensa nacional que precisan de mayor elaboración.
Nos referimos, en primer lugar, a la iniciativa de “erradicar la noción impuesta sobre el concepto de Seguridad Nacional”. Sin embargo, el mismo texto continúa usándola al establecer que “La nueva política de defensa nacional debe consagrarse en una Estrategia de Seguridad y Defensa Nacional cuyo eje orientador sea el control civil”. No es entendible que si se erradica la nunca definida noción de seguridad nacional esta continúe usándose para una estrategia tan importante como la de defensa nacional. La eliminación de esta noción debería ser completa, en todo el texto constitucional y en las normas legales y administrativas que regulan a las FF.AA.
Un segundo problema del PDNGB se refiere a la toma de partido por la existencia de las llamadas amenazas multidimensionales. Así, el texto señala que “las amenazas a nuestra soberanía no se expresan de forma exclusivamente convencional”, por lo que “las amenazas multidimensionales potenciadas por la globalización, la crisis climática y el neoliberalismo, exige avanzar hacia un Sistema de Defensa Integral, que incorpore al conjunto de las instituciones del Estado y de la sociedad civil organizada para alcanzar las metas trazadas por el pueblo de Chile, libres de toda amenaza o interferencia ajena a la voluntad nacional.” Paradojalmente, se reproduce aquí uno de los ejes de la argumentación castrense y de la derecha para expandir los roles no castrenses de las FF.AA., tal como lo ha hecho el actual gobierno, esto es identificar como “amenazas” situaciones que no requieren el uso de la fuerza militar. Por otra parte, no se señala quién define tales “amenazas”, ni cual es la racionalidad de que estas lo sean efectivamente. Al mismo tiempo no considera que la nueva política de desarrollo de la fuerza basado en capacidades supera la basada en amenazas.
En tercer lugar, el “Sistema de Defensa Integral, que incorpore al conjunto de las instituciones del Estado y de la sociedad civil organizada para alcanzar las metas trazadas por el pueblo de Chile, libres de toda amenaza o interferencia ajena a la voluntad nacional”, si bien apunta a la plena soberanía en la toma de decisiones en este campo, no contempla su composición, forma de institucionalización, ni su lugar en la estructura del Estado.
Dado que extiende mecánicamente el principio de “corresponsabilidad” desde el ámbito laboral-empresarial al castrense, inserta esta “corresponsabilidad” en la defensa nacional dado que “La defensa nacional es una tarea de las instituciones estatales y la sociedad civil”. Considerando que este Sistema debería integrar “a la sociedad civil organizada para alcanzar las metas trazadas por el pueblo de Chile”, así como al conjunto a las instituciones del Estado, esta propuesta definitivamente requiere de mayor aclaración.
Se supone que este Sistema definiría la “Estrategia de Seguridad y Defensa Nacional cuyo eje orientador sea el control civil. Esta se elaborará metodológicamente desde la participación ciudadana y multisectorial”. Así, el tipo y forma de participación de la sociedad civil en la definición de la estrategia de defensa nacional -distinta a la representación ciudadana en el Congreso- requiere más de una especificación.
En cuarto término, el aspecto más controversial de este programa es el referido a la “Industria y Tecnología en la Defensa: Contribuyendo al desarrollo nacional”, el primero de los tres capítulos del PDNGB.
Aquí la propuesta se deriva de la visión más general sobre el nuevo modelo de desarrollo postulado que establece que “El modelo de desarrollo y las instituciones que velen por este deberán poner especial énfasis en generar alianzas de largo plazo entre el sector público, el sector privado, las universidades, centros de formación técnico, institutos profesionales y la sociedad civil”. Por estas razones, en el campo de la defensa se formula que “El dominio de la industria y tecnología para la defensa y la profesionalización acorde son condicionantes de la autonomía estratégica”, la que impediría “una dependencia estratégica en ciertos países”. Por estas razones propone “potenciar el desarrollo industrial en una estrategia continua de construcción naval que permita la renovación de las unidades de combate marítimo en astilleros nacionales utilizando la capacidad industrial de ASMAR, siempre bajo la direccionalidad estratégica del Estado y la autoridad civil para: i. Fomentar la descentralización mediante polos de desarrollo industrial; ii. Fomentar la investigación, desarrollo e innovación en universidades regionales; iii. Desarrollar Institutos de Educación Técnica Especializada; iv. Promover la creación de empleo calificado y decente v. Desarrollar procesos de transferencia tecnológica; vi. Desarrollo industrial de la defensa conforme a nuestros desafíos multidimensionales; vii. Aumentar los niveles de autonomía estratégica-militar.”
En esta propuesta encontramos dos grandes problemas. El primero referido a la “autonomía estratégica”, reducida en el PDNGB a la autosufienciencia en la construcción de plataformas navales. Este concepto elaborado por la Unión Europea y ampliado desde 2016 para superar la dependencia militar de los EE.UU. y, últimamente de vacunas, de China, ha sido definida como un esfuerzo colectivo de los 27 estados miembros con un PIB, en 2020, dos tercios de los EE.UU. y cinco cuartos del de China.
Este concepto, que sus formuladores (Bywaters, Sepúlveda, Villar) reconocen está “en una etapa de desarrollo”, se inscribe en el espacio de propuestas de política exterior del no-alineamiento activo (Fortín, Heine, Ominami) y de la neutralidad activa (Allamand). Pero en este campo los principios de la afirmada autonomía estratégica -“flexibilidad, resiliencia, incrementalidad”-, no se vinculan necesariamente con la propuesta de construcción naval en nuestro país. En consecuencia, el PDNGB debe aclarar que entiende por este tipo de autonomía en el campo de la defensa nacional.
Por otra parte, imaginar que este tipo de construcción naval tendría como efecto la descentralización de polos de desarrollo industrial, el fomento de la investigación, desarrollo e innovación en universidades regionales, el impulso a los IEPs, la creación de empleo calificado y decente, procesos de transferencia tecnológica, y desarrollo industrial de la defensa, es quizás sobredimensionar el rol de este tipo de industria. Tales encadenamientos productivos requieren de multimillonarios subsidios estatales, como el programa de “Subvenciones para a Industria de Defensa” en Australia, a través del cual se financia el desarrollo de tecnologías innovadoras, apoyo a la industria de defensa y la investigación para mejorar las capacidades militares australianas.
Más grave aún sería el efecto de incrementar la autonomía corporativa de la Armada fortaleciendo su control sobre sus bienes de afectación fiscal ahora potenciados por una ampliación generosa de las actividades de ASMAR. Por el contrario, al respecto será necesario revisar la dependencia de las industrias militares de las FF.AA. creándose un conglomerado público-privado independiente de ellas.
Finalmente, el PDNGB propone “Modificar los requisitos de ingreso a la carrera militar y a las escuelas matrices, mediante la reforma respectiva a la Ley 18.948 en especial en su Título II, sin perjuicio de, además, modificar las restantes normas vinculadas”. Este es un tema crítico ya que el Título II en su Artículo 10, indica que “La incorporación a las plantas y dotaciones de Oficiales, Personal del Cuadro Permanente y de Gente de Mar, y Personal de Tropa Profesional, sólo podrá hacerse a través de sus propias Escuelas Matrices”, y el Artículo 14 establece que “La selección de los postulantes a alumnos de las Escuelas Matrices de las Fuerzas Armadas corresponderá a dichos planteles”. Si el PDNGB está pensando en otras fórmulas debería especificarlas ya que un cambio a este respecto sin una sólida argumentación -que no imagino- sería altamente inconveniente.
III
En suma, el PDNGB aporta importantes elementos en cómo se deberían conducir las FF.AA. fortaleciendo el mando civil y lo conjunto, controlando las finanzas castrenses, y avanzando en materias educacionales y justicia.
No obstante, su visión de la defensa, su uso de la noción de seguridad nacional, la definición de las amenazas y ausencia del concepto de desarrollo de la fuerza por capacidades, lo indefinido de la autonomía estratégica y del rol de la sociedad civil en la formulación de esta política, exige mayores precisiones.
En la medida que esta candidatura ha pasado a formar parte de una coalición más amplia de fuerzas políticas y que aspira a convocar mayorías nacionales, este programa deberá enriquecerse con una mayor diversidad de aportes. Al mismo tiempo, de ganar el gobierno, la nueva administración deberá considerar la interacción que se establecerá entre su coalición en el poder y la fase final del trabajo de la Convención Constitucional con las definiciones que sobre estas materias ella establezca.
1 comment
Interesantes críticas. El problema debiera partir por cuestionar la política de defensa global de Chile. ¿Son los eventuales conflictos limítrofes los principales riesgos de seguridad para los chilenos y su estado? Hoy existen riesgos diferentes que no están considerados. Por ejemplo que Chile pudiera ser uno de los campos de guerra entre grandes potencias. O los ataques a distancia via ciberataques por parte de países lejanos o transaccionales. Otro problema es que los civiles aprendan de política de defensa en centros mundiales relevantes. No se soluciona nada diciendo que civiles dirijan si ellos no saben y terminan repitiendo los conceptos históricos