¿Necesitan, las coaliciones que están por votar Apruebo, llegar a un acuerdo que explicite su horizonte de expectativas respecto a cómo debiera ser, definitivamente, la nueva constitución? Creo que sí y creo que la ciudadanía se lo merece, para saber a quién cobrarle al día siguiente del plebiscito y qué cobrarle. Eso es, realmente, el voto informado.
Estamos en la recta final camino al plebiscito de salida. Se dice que la votación será estrecha y que ambas opciones –aprobar o rechazar- tienen posibilidades de ganar. La discusión de campaña a veces pasa por el intento de atribuirse, una u otra opción, el ser los reales gladiadores del voto informado. Sin embargo, me parece que hay un tema que, a semanas de la elección, es absolutamente necesario conocer: qué piensan los principales actores políticos del proyecto constitucional, ya que, en cualquier escenario posible, ellos serán los responsables de darle continuidad al proceso constituyente. El PC, en boca de su presidente, ha dicho que ellos están de acuerdo con el 99,9% de las disposiciones constitucionales propuestas. Bueno sería saber cuál es el 0,1% que no les gusta. El PPD por su parte, hace ya un par de meses, enunció los 10 cambios que impulsarán a la nueva constitución si esta se aprueba en septiembre. La Democracia Cristiana ha trabajado un acabado informe de su comisión técnica constitucional que identifica temas a corregir y omisiones detectadas. ¿Y los otros partidos? ¿Cuáles son los cambios que empujaría el Frente Amplio, o los partidos de derecha, o los socialistas?
A estas alturas del proceso, ya está claro que a nadie le gusta plenamente el proyecto constitucional. Sin embargo, los electores tendrán que decidir si prefieren enfrentar el camino de mejoras desde una constitución ya aprobada, o lisa y llanamente partir nuevamente con el proceso. La decisión y los mensajes de los partidos que apoyan el apruebo para delimitar el horizonte de cambios, puede ser la clave para el triunfo de esta opción. Mi impresión es que no da lo mismo buscar las mejoras al texto constitucional cuando ya estén aprobados el estado social de derecho (no más estado subsidiario), las normas de equidad de género, las prioridades medioambientales y el reconocimiento constitucional a los pueblos originarios y sus derechos, que volver a discutirlo todo. Estos temas no son nuevos y la lucha por alcanzarlos no ha sido patrimonio de solo algunos aparecidos recientemente. El camino ha sido más largo. Por lo mismo, parece del todo razonable aprobarlos después de 30 años en que estuvieron bloqueados por la derecha, usufructuando el derecho a veto que impuso la dictadura.
Las últimas declaraciones de algunos dirigentes de derecha hablan de que un acuerdo mayoritario (ese de la casa común) debiera consagrar varios de estos principios. Entonces, parece razonable que, si ya están integrados al texto constitucional, el foco debiera estar en qué es lo que quisieran cambiar, mientras aprobamos los existentes. En el espectro político y social del país hay desconfianza de la voluntad de la derecha para hacer los cambios, mismos que impidieron durante décadas. Es explicable la suspicacia. Además, la desconfianza es mucho más fuerte cuando, en el espacio público, no aparecen sus figuras históricas –las que se opusieron siempre a los cambios- valorando las propuestas que hoy los consagran. Si gana el rechazo, cualquier negociación constitucional tendrá que hacerse con la derecha manejando el control de la misma, al tener en el parlamento fuerza suficiente para vetar cualquier modificación, aunque se aprueben los 4/7.
Por otro lado, si gana el apruebo, es la izquierda el sector desafiado a ser coherente con las eventuales modificaciones (sistema judicial, senado, partidos políticos, estados de excepción, reelección presidencial, etc.). ¿Estarán disponibles para esos cambios? ¿Sólo para algunos o ninguno? Que la ciudadanía lo sepa parece de la mayor honestidad política. Para un demócrata, perteneciente a la centroizquierda o al socialcristianismo, o derechamente al mundo liberal, le sería mucho más fácil aceptar y aprobar la nueva constitución si sabe con certeza quiénes están comprometidos a realizar las mejoras y qué ámbitos abarca. Hay personas que no quieren ningún cambio constitucional. Están en su derecho y confío en que sean una minoría. Pero hay una parte muy relevante del espectro político, social o cultural al que no podemos catalogar como contrarios a los cambios o defensores de la “constitución de Pinochet”. Hablo, por ejemplo, de los dirigentes democratacristianos que están por el rechazo, o de muchos de los llamados “amarillos” (por lo menos los que yo conozco), de artistas e intelectuales muy respetables, cuya trayectoria antidictadura es reconocida, que prefieren rechazar el actual proyecto frente a las zonas oscuras que tiene y que, eventualmente, representar una amenaza democrática. Estas voces no hablan porque sean una manga de reaccionarios fascistas, defensores del legado de la dictadura. Sus posiciones son legítimas y, muchas de sus aprensiones son compartidas por muchas personas que probablemente votarán apruebo.
Entonces, en este escenario, tener certeza de quiénes están 100% de acuerdo con el actual proyecto y de quiénes tienen reparos, desean mejoramientos y cuáles, es un insumo democrático fundamental. De no hacerlo, quedaremos prisioneros de las simplificaciones dicotómicas que nos ofrecen las cuñas televisivas para los noticieros y el ingenio de los publicistas a cargo de la franja electoral. Y lo peor: otra vez estaremos atrapados en una decisión de suma cero, donde será imposible reconocer matices que, finalmente, podrían hacer la diferencia para proyectar un país hacia el futuro.
