Marcelo Contreras N.
“Un nuevo pacto social es como desear la paz para el mundo” ha afirmado Álvaro Elizalde, el timonel del Partido Socialista. Nadie puede estar en contra, pero nadie sabe cómo alcanzarlo. Algo parecido podría decirse del acuerdo por una nueva Constitución, alcanzado por la mayoría de los partidos políticos el pasado 15 de noviembre. Ni en sus mejores sueños la oposición se imaginó un acuerdo que permitiera someter a plebiscito un proceso en que los chilenos decidieran si quieren una nueva Constitución, redactada en una hoja en blanco, a través de una convención constituyente. Y sin embargo el acuerdo está suscrito y sancionado por el parlamento.
Otra cosa es que la mayoría de la derecha, incluido un sector mayoritario de Renovación Nacional, se haya arrepentido y hoy se agrupen tras la opción de rechazo, desplegando todos sus esfuerzos por abortar al proceso.
En verdad, la idea de un nuevo pacto social, bandera levantada por diversos actores sociales y políticos, principalmente de oposición, tiene mayores complejidades. No tan sólo porque la urgencia de hoy en día está marcada por la necesidad de enfrentar la emergencia sanitaria y el grave impacto social que genera.
Esencialmente porque ni el gobierno, ni la mayoría de la derecha y sus bases de apoyo, parecen disponibles para avanzar en un nuevo pacto social que apunte a remover las bases del actual modelo de desarrollo, incluido un nuevo acuerdo fiscal, reformando el sistema de pensiones, salud y educación, superando el rol subsidiario del Estado para transformarlo en rector y motor de un desarrollo sostenible y sustentable.
Un pacto social que necesariamente debe asumir las principales demandas levantadas durante el estallido social que vivió el país el año pasado, además de la verdadera pandemia social que se ha generado por la crisis sanitaria.
La propuesta Desbordes-Insulza
“Los acuerdos y colaboración con la oposición deben enfocarse en sólo dos prioridades” ha afirmado de manera tajante el Presidente de la República; “enfrentar la emergencia sanitaria y la reactivación económica”, quitándole el piso a la iniciativa desplegada por el timonel de Renovación Nacional y el senador socialista, José Miguel Insulza que, a título personal suscribieron un documento proponiendo algunos de los contenidos que debiera incluir un nuevo acuerdo nacional.
En la derecha la iniciativa ha generado fuerte rechazo tanto de la UDI como de la mayoría de Renovación Nacional, sosteniendo que la propuesta no tiene “piso político” y contrasta con la postura de la izquierda, que hasta ahora ha mostrado intransigencia antes que disposición al diálogo y la colaboración.
Por su parte el diputado de la UDI, Javier Macaya ha sostenido que “no se debe hipotecar el futuro de Chile pensando que la solución de todo será el Estado”
Tampoco en la oposición la propuesta ha generado mucha adhesión. En primer lugar por estimar que no son los tiempos para debatir estos temas y que los esfuerzos deben estar concentrados en la emergencia sanitaria y su impacto social. En segundo lugar, porque varios de aquellos temas (no todos) deben abordarse en el marco del proceso constituyente. En tercer lugar, porque no estarían incluidas una amplia variedad de temas que deberían ser considerados a la hora de debatir un nuevo pacto social. Entre ellos un nuevo pacto fiscal, la reforma del sistema de pensiones, del sistema de salud o la educación.
Pero, esencialmente la sospecha que todo aquello no sea más que una operación comunicacional, digitada por el gobierno para lavar su imagen y ganar apoyos, sin una real voluntad de rectificaciones de fondo del actual modelo de desarrollo.
Y aún existen amplios sectores en la oposición que no creen en la posibilidad de construir grandes acuerdos con la derecha y que más bien apuestan a la movilización social y la confrontación para abrir camino a los cambios y las transformaciones.
Tanto Desbordes como Insulza han recibido muchas críticas dentro de sus propias coaliciones, que los acusan de afanes personalistas con el intento de posicionarse como articuladores de grandes acuerdos, saltándose los cauces institucionales, sin que exista “agua en la piscina”.
Tanto Desbordes como Insulza han recibido muchas críticas dentro de sus propias coaliciones, que los acusan de afanes personalistas con el intento de posicionarse como articuladores de grandes acuerdos, saltándose los cauces institucionales, sin que exista “agua en la piscina”.
Pero, en verdad, la idea de un acuerdo nacional, quiérase o no, representa una necesidad para el país en estos tiempos de crisis. Una amplia mayoría ciudadana demanda el diálogo y construcción de acuerdos antes que la confrontación, como lo muestran todas las encuestas.
Una amplia mayoría ciudadana demanda el diálogo y construcción de acuerdos antes que la confrontación, como lo muestran todas las encuestas.
El principal mérito de la propuesta Insulza- Desbordes, además del gesto que implica ser firmada por adversarios políticos, es recoger la necesidad de un diálogo no tan sólo entre los actores políticos sino también sociales, en torno a los grandes desafíos que hoy enfrenta el país tras el estallido social del 18 de octubre y el impacto económico y social de la pandemia.
Es necesario analizar en profundidad y sin prejuicios el documento suscrito por ambos personeros políticos. Se trata de una propuesta preliminar, que puede y debe ser complementada, pero difícilmente se podría disentir de los consensos básicos que la fundamentan (aceptar un solo mando de control sanitario, independientemente que pueda ser reforzado con el aporte de expertos de diferentes visiones, disposición de recursos para enfrentar la crisis y ayuda los sectores vulnerables), como de sus principios orientadores (democracia, derechos humanos, orden público, crecimiento, etc.).
La posibilidad de avanzar en grandes acuerdos se juega en sus contenidos, sus interlocutores y la propia disposición de los actores sociales y políticos para asumir que, tras el estallido social y la pandemia, nada será igual en el país luego de superada la emergencia sanitaria. La restauración de orden anterior simplemente no es una opción y resulta indispensable avanzar en la construcción de un nuevo orden institucional, económico y social, que necesariamente debe contar con consensos muy amplios y transversales.
tras el estallido social y la pandemia, nada será igual en el país luego de superada la emergencia sanitaria. La restauración de orden anterior simplemente no es una opción y resulta indispensable avanzar en la construcción de un nuevo orden institucional, económico y social, que necesariamente debe contar con consensos muy amplios y transversales.
Y así como el proceso constituyente requiere de consensos mayoritarios (dos tercios) así también el nuevo orden social y económico requiere de acuerdos muy amplios de protagonistas políticos y sociales.
La construcción de ese nuevo orden institucional, económico y social debe ser la plataforma de un amplio movimiento político y social por los cambios y transformaciones que el país necesita.
Por cierto la política no se reduce a la capacidad de diálogo y búsqueda de consensos. Supone la confrontación de ideas y propuestas, incluye la movilización social de diversos actores protagónicos en defensa de sus intereses y reivindicaciones. Excluye la violencia y supone una forma democrática de dirimir las diferencias.
Así funcionan las democracias.
