Por Eugenio Rivera
Fundación Chile 21
En el debate sobre las reformas, el gobierno viene insistiendo que la actitud de la oposición es obstruccionista. Y que ello lo cobrará la ciudadanía. No obstante, las encuestas dejan en evidencia que la gestión política de la Administración encuentra una creciente desaprobación de parte de la población. En ello incide sin duda la dirección de las reformas impulsadas por el presidente Piñera.
Más allá de las encuestas, lo cierto es que lo que el Gobierno llama “obstruccionismo” no es otra cosa que lo que la ciudadanía y la teoría política entiende como rol de la oposición: la oposición en un régimen democrático tiene una función de control; otra contestataria, concentrada en los principios y políticas fundamentales; una acción cooperativa con la Administración en la gestación y toma de decisiones política y, finalmente la de construir una real alternativa de Gobierno.
No es otra cosa lo que las diferentes oposiciones comienzan a hacer. Esto es indispensable además, pues pese a su retórica y a las “comisiones nacionales” Piñera fue claro en expresar los objetivos de su administración: la ambición de enfrentar los problemas del país a partir de las convicciones ideológicas de la derecha y transformar en 8 años a Chile en un país desarrollado, sin pobreza y con ello abrir una largo período de Gobierno de derecha.
Frente a este claro desafío, sería irresponsable por parte de las oposiciones aceptar sin más que la derecha construya un Chile a partir de sus convicciones: 1) para combatir a la pobreza: teoría del chorreo; 2) en el campo tributario: bajar los impuestos a los más ricos (vía reintegración tributaria) y reducir la capacidad de fiscalización del SII. Afirman que de esa manera se incrementa la rentabilidad de los proyectos de inversión y con ello aumenta el empleo. No se considera la importancia del rol del Estado en el desarrollo, el combate a la pobreza y la desigualdad. 3) en el campo laboral; apunta a retrotraer la reforma de Bachelet; catalogada como pro – sindical por el empresariado. Ello debilitaría la capacidad de negociación de los trabajadores. Incluso en la actual situación en materia laboral: los salarios medios entre enero del 2018 y enero del presente año suben sólo 0,8 puntos, pese al crecimiento de 4% de la economía.
Frente a este claro desafío, sería irresponsable por parte de las oposiciones aceptar sin más que la derecha construya un Chile a partir de sus convicciones: 1) para combatir a la pobreza: teoría del chorreo; 2) en el campo tributario: bajar los impuestos a los más ricos (vía reintegración tributaria) y reducir la capacidad de fiscalización del SII. Afirman que de esa manera se incrementa la rentabilidad de los proyectos de inversión y con ello aumenta el empleo. No se considera la importancia del rol del Estado en el desarrollo, el combate a la pobreza y la desigualdad. 3) en el campo laboral; apunta a retrotraer la reforma de Bachelet; catalogada como pro – sindical por el empresariado. Ello debilitaría la capacidad de negociación de los trabajadores. Incluso en la actual situación en materia laboral: los salarios medios entre enero del 2018 y enero del presente año suben sólo 0,8 puntos, pese al crecimiento de 4% de la economía.
Es en este contexto que se puede entender a cabalidad la direccionalidad de la reforma previsional. Cuatro son los objetivos que según el Mensaje del Proyecto incluye esta reforma: 1)aumentar las pensiones básicas solidarias; 2) crear una bonificación especial para mujeres y clase media; 3) aumentar la tasa de cotización con cargo al empleador y, 4) introducir un conjunto de cambios para tener un sistema de pensiones más transparente, competitivo y estricto.
Desde un punto de vista político el objetivo principal del gobierno es legitimar y preservar en el tiempo el sistema de AFP. La pregunta es cuál es la justificación para enviar un proyecto de esta naturaleza.
En lo fundamental el proyecto eleva las pensiones solidarias de manera gradual en 4 años; eleva la tasa de cotización con cargo al empleador en 4 puntos (en los últimos días el Presidente de la República señaló que el aumento sería de 8%, pero no ha sido enviada una indicación al respecto) que podría ser administrada por entidades distintas a las AFPs (incluidas instituciones sin fines de lucro) e introduce algunos beneficios menores para las clases medias. En este contexto, las AFPs siguen a cargo del ahorro de 10% de los trabajadores pudiendo además entrar a administrar la contribución con cargo al empleador.
Desde un punto de vista político el objetivo principal del gobierno es legitimar y preservar en el tiempo el sistema de AFP. La pregunta es cuál es la justificación para enviar un proyecto de esta naturaleza.
Desde el punto de vista de los afiliados al sistema de AFPs los resultados son malos. Las tasas de reemplazo, esto es relación de las pensiones recibidas y el salario recibido en la vida activa (esto puede resultar de comparar la pensión con el salario del último año; los últimos 5 o 10 años, entre otras modalidades) son muy bajas, pese a que al introducir el sistema en 1981, la dictadura prometió tasas de reemplazo de 100% pese a que determinó que la cotización sería de solo 10% se estiman entre 20% para las mujeres y entre 33 y 40% promedio para los hombres.
Más aún, el problema es que las pensiones autofinanciadas (esto es las que entrega el sistema de AFP sin considerar los aportes del Estado) han caído en términos reales. En efecto, como se observa en el cuadro número 1 mientras que en promedio los pensionados hombres bajo la modalidad de retiro programado recibían 167 mil pesos hoy están recibiendo solo 160 mil. En el caso de las mujeres la situación es aún peor pues en el mismo período las pensiones han caído desde 146 mil pesos a 101 mil pesos, todos en pesos del presente año.
Más aún, el problema es que las pensiones autofinanciadas (esto es las que entrega el sistema de AFP sin considerar los aportes del Estado) han caído en términos reales. En efecto, como se observa en el cuadro número 1 mientras que en promedio los pensionados hombres bajo la modalidad de retiro programado recibían 167 mil pesos hoy están recibiendo solo 160 mil. En el caso de las mujeres la situación es aún peor pues en el mismo período las pensiones han caído desde 146 mil pesos a 101 mil pesos, todos en pesos del presente año.
Cuadro número 1
Fuente Superintendencia de AFPs.
¿A qué se debe esta caída del monto promedio de las pensiones?
Uno de los factores clave es que por diferentes razones (la gran crisis financiera del 2007 – 2008; la existencia de un exceso de ahorro estructural y el estancamiento secular de la economía internacional) la rentabilidad de los activos financieros ha venido cayendo sistemáticamente. Si uno observa, por ejemplo, las rentabilidades del Fondo A en el período 2002 al 2007 éstas alcanzaron durante varios años niveles superiores al 15%. En los últimos 5 años, en cambio, la rentabilidad promedio simple del Fondo A alcanzó una cifra de 4,33%. Los otros fondos, por su parte muestran rentabilidades promedio anual aún más bajas en el mismo período, específicamente 3,98%; 3,90%; 3,32% y 3,09% los fondos B; C; D y E, respectivamente. Más aún si se pregunta cuál es la rentabilidad que se está esperando en el futuro un buen indicador son las tasas de interés implícitas que están pagando las compañías de seguro al definir las rentas vitalicias. Las cifras correspondientes a noviembre 2018 a enero 2019 indican que dicha tasas tuvo una cifra promedio de 2,81%. Con estas rentabilidades las pensiones no pueden sino continuar a la baja.
Esto representa un serio cuestionamiento al sistema de capitalización individual, que debería llevar al Gobierno a instalar un sistema mixto como el que existe en la gran mayoría de los países civilizados.
¿Por qué entonces el gobierno presenta este proyecto?
Si bien existen razones ideológicas para defender este sistema (un anti estatismo visceral y un creencia casi ciega en la superioridad del mercado en casi toda las áreas de la economía y la sociedad) lo cierto es que la decisión del Gobierno de presentar esta reforma previsional deriva del gran poder político que tienen los propietarios de las AFPS que obtienen pingües ganancias al administrar los ahorros de todos los chilenos.
Si bien existen razones ideológicas para defender este sistema (un anti estatismo visceral y un creencia casi ciega en la superioridad del mercado en casi toda las áreas de la economía y la sociedad) lo cierto es que la decisión del Gobierno de presentar esta reforma previsional deriva del gran poder político que tienen los propietarios de las AFPS que obtienen pingües ganancias al administrar los ahorros de todos los chilenos.
En efecto, como se observa en el cuadro número 2, las Administradoras alcanzan rentabilidades que son muy difíciles de encontrar en otras áreas de la economía. Mientras que en 1990 la tasa era de 6%; de 5,62% en el 2000 hoy alcanzan apenas un 2,81%.
Cuadro número 2:
En los últimos 5 años las AFPs han obtenido ganancias anuales promedio de 20%. Sin embargo eso es parte de la historia. Resultan tan desproporcionadas las comisiones que estas administradoras cobran por gestionar las cuentas individuales y los fondos de pensiones, que la AFP Modelo, que cobra la mitad de comisiones que el resto de las AFP (0,7%) ha obtenido en los últimos 5 años utilidades anuales de 100%.
El otro grupo poderoso tras el sistema de AFPs es el gran empresariado. Sus empresas utilizan los recursos de los trabajadores para financiar a bajo costo sus inversiones y operación. Incluso esos ahorros son utilizados por los bancos y las empresas del retail para prestar dinero a altas tasas de interés a los propios ahorristas (en particular cuando se compran bienes y servicios con tarjetas de crédito) a cambio de altas utilidades, asegurando a las grandes empresas recursos de inversión a bajo costo
El otro grupo poderoso tras el sistema de AFPs es el gran empresariado. Sus empresas utilizan los recursos de los trabajadores para financiar a bajo costo sus inversiones y operación. Incluso esos ahorros son utilizados por los bancos y las empresas del retail para prestar dinero a altas tasas de interés a los propios ahorristas (en particular cuando se compran bienes y servicios con tarjetas de crédito) a cambio de altas utilidades, asegurando a las grandes empresas recursos de inversión a bajo costo. Este ha sido uno de los elementos fundamentales (junto con un sistema tributario generoso para las rentas del capital) que explican el crecimiento de las utilidades de las grandes empresas del país.
