La reciente publicación presentada por la bancada de senadores socialistas, con autoría de los economistas Hernán Frigolett, Héctor Valladares y Andras Uthoff (quien destaca por su persistente y riguroso seguimiento de la trascendental temática ciudadana), asume uno de los más complejos desafíos pendientes en materia de justicia social.
Cotidianamente conocemos del angustiante drama de hombres y mujeres, mayores de 65 años, que enfrentan el golpe de miserables pensiones, bajo la condena del sistema de capitalización y ahorro individual impuesto por la dictadura el año 1981. Las demagógicas promesas de entonces contrastan con las vergonzantes jubilaciones que reciben los afiliados de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), mientras sus dueños continúan acumulando millonarias utilidades, transformándolos en gran poder económico, a través del mercado de capitales.
El documentado y riguroso trabajo de los autores traduce, en indiscutibles cifras, el resultado de 37 años de aplicación de un sistema que condena a la miseria a un creciente sector de nuestra población. Valga resaltar que las proyecciones, al año 2038, indican que lo(a) s mayores de 65 años constituirán un 20% de la población. Resulta obvio proyectar el impacto de las condiciones de vida de esas personas en sus grupos familiares.
Las demagógicas promesas de entonces contrastan con las vergonzantes jubilaciones que reciben los afiliados de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), mientras sus dueños continúan acumulando millonarias utilidades, transformándolos en gran poder económico, a través del mercado de capitales.
No se puede ignorar que hace 10 años (primer gobierno de Michelle Bachelet) se aprobó una reforma destinada a paliar el drama de adultos mayores excluidos del sistema previsional. Ciertamente un paliativo indispensable de parte del Estado para los ciudadanos más desvalidos. Ese pilar solidario constituyó un paso de indispensable urgencia.
Con todo, lo esencial de la realidad de las jubilaciones se consolida dramáticamente si consideramos que cerca del 80% de los pensionados recibe mensualmente un pago menor al valor del actual sueldo mínimo.
Los capítulos del libro son más que contundentes para calibrar el efecto perverso de aplicación de un sistema de pensiones, consolidado durante largas décadas, destacándose como uno de los más regresivos del continente e instalando una huella de trampas y resquicios. La misma que se propone desafiar la propuesta de transformaciones contenidas en el trabajo de los autores. Como simple muestra un botón: Chile es el único país donde el empleado cotiza un porcentaje menor o igual que el empleador.
Los contenidos de “UN NUEVO SISTEMA DE PENSIONES PARA CHILE” merecen urgente atención pública, ciertamente de autoridades y líderes de opinión. Un desafío mayor en el marco de una realidad mediática que suele esquivar temáticas esenciales para el futuro del país (valga consignar los temas medioambientales, como la crisis en la zona de Quintero y alrededores) privilegiando cualquier escándalo menor, de rápido olvido.
Se propone transitar desde el individualismo absoluto del actual sistema hacia un esquema de seguridad social, construyendo el Estado su poder desde la legitimidad democrática, reforzando su rol regulatorio y asumiendo un nuevo papel en la administración de los fondos de pensiones, con garantías aseguradas.
Junto al riguroso diagnóstico de la realidad previsional en el país, los autores abordan propuestas de transformación del actual sistema hacia uno mixto conformado por cuatro pilares: Básico Solidario; Capitalización Colectiva Solidaria, Capitalización Individual y de Ahorro Voluntario. Se propone transitar desde el individualismo absoluto del actual sistema hacia un esquema de seguridad social, construyendo el Estado su poder desde la legitimidad democrática, reforzando su rol regulatorio y asumiendo un nuevo papel en la administración de los fondos de pensiones, con garantías aseguradas.
En dicha perspectiva, lo esencial apunta a cortar el manejo abusivo de grandes grupos empresariales que, acrecientan ganancias a todo evento, castigando a la inmensa mayoría de cotizantes con escasa o nula capacidad de ahorro.
Se puede destacar en la propuesta(imposible de resumir en pocas líneas) la transformación del llamado Pilar Solidario en Pilar Ciudadano, beneficiando con una Pensión Ciudadana al 80% de las familias y complementarlo con un subsidio adicional financiado con los aportes contributivos del Estado y empleadores y acumulados en el Fondo de Pensiones Solidarios.
En el estado actual de las pensiones en Chile, la propuesta, con todos sus límites, debe ser necesariamente ambiciosa. Está destinada a que la pobreza no sea una amenaza para los trabajadores que han logrado un mínimo de cotizaciones, asegurándoles un beneficio equivalente al salario mínimo y tasas de reemplazo que pueden llegar al 80% para el 80% de las familias. Todo lo anterior en la expectativa de sacar a los pensionados de la línea de la pobreza y apuntando a quienes realicen esfuerzos de ahorro puedan mejorar rápidamente la pensiones que reciben en el actual sistema.
Está destinada a que la pobreza no sea una amenaza para los trabajadores que han logrado un mínimo de cotizaciones, asegurándoles un beneficio equivalente al salario mínimo y tasas de reemplazo que pueden llegar al 80% para el 80% de las familias.
Se propone la creación de una Administradora Pública de Pensiones que se integra dentro de la lógica de funcionamiento del actual sistema de pensiones, administrando un fondo colectivo y solidario, mediante el mecanismo de cuentas nacionales, registrando los aportes de los afiliados.
En la actualidad, PREVIRED es la plataforma unificada con la que operan las AFP y por esta vía capturan las economías de escala, las que no son traspasadas a los cotizantes. En una optimización integrada, el IPS podría ser la institución recaudadora de la cotización mediante gestión delegada a la Tesorería General de la República que recauda los impuestos generales de la nación.
Las Administradoras de Fondos quedarían sujetas a las normas elementales de transparencia, tales como la publicación de pagos a directores y remuneraciones de ejecutivos y empleados, así como de sus estados financieros debidamente auditados cada año.
Se postula un solo operador para la pensión del afiliado. El IPS reúne todas las características necesarias para abordar este proceso de liquidación de pensiones. Se lograrían importantes economías de escala operando sobre la base de una única plataforma.
El aporte individual del trabajador debe tener características de universalidad y por tanto la cotización del 10 % de la renta imponible debe ser aplicada a todo trabajador del sector público o privado. En consecuencia, se propone aumentar la tasa de los actuales cotizantes del sistema de las FFAA y de Orden y homologarla con el resto de los trabajadores.
En materia de control, se propone la regulación de una alta dirección para la administración de las AFP. La nueva legislación en la materia debería considerar controles que impliquen:
– Aplicación de cárcel efectiva para todos los ejecutivos y directivos de las AFP por cobros ilegales que afecten los ahorros previsionales, violen el secreto de la información que manejan, tráfico de influencias e inversión en empresas relacionadas.
– Prohibición absoluta a las AFP de involucrarse en la deliberación democrática que se da en los canales regulares del Congreso Nacional y del debate público. El poder económico que tienen bajo su administración está subordinado al sistema democrático y a sus canales regulares de representación (prohibición de enviar cartas políticas a sus afiliados).
– Fortalecer la participación de los interlocutores sociales, mediante gobiernos transparentes y democráticos, que integren independientes.
Es conocida la situación de privilegio que mantienen los jubilados de las fuerzas armadas, excluidos de los efectos perversos del actual sistema de pensiones. Al respecto la propuesta de reforma establece que el aporte individual del trabajador debe tener características de universalidad y por tanto la cotización del 10 % de la renta imponible debe ser aplicada a todo trabajador del sector público o privado. En consecuencia, se propone aumentar la tasa de los actuales cotizantes del sistema de las FFAA y de Orden y homologarla con el resto de los trabajadores.
En definitiva, una propuesta de reforma sustantiva al cuestionado y abusivo actual sistema de pensiones. Esperable que el trabajo, liderado, en importante medida por Andras Uthoff – en muy diversas instancias y espacios académicos – sea acogido por actores políticos, que, como en el caso de los senadores socialistas entregan una señal que requiere de un mayor compromiso colectivo de partidos e instituciones ciudadanas para la instalación de un sistema de pensiones efectivamente pensado desde las urgencias de la seguridad social.
