El balance del primer año de gobierno de Sebastián Piñera (en rigor 10 meses), no es demasiado promisorio. No tan sólo en opinión de la oposición sino de sus propios partidarios, que estiman que el mandatario dilapidó buena parte del llamado “período de gracia” con temas heredados de la anterior administración, sin desplegar la agenda más dura de su programa de gobierno, como “modernización” tributaria, reforma previsional o contra reforma laboral, así como una potente agenda pro crecimiento, como la que demandan los empresarios.
Y pese a los esfuerzos del gobierno por demostrar que “Chile está en marcha”, apuntando a las mejores cifras de crecimiento económico (en torno al 4 % para 2018), mayores tasas de inversión y nuevos proyectos, los sectores empresariales no están demasiado contentos con estos resultados que, en mayor medida, se explican por factores externos y de confianza, antes que por medidas gubernamentales. Y las proyecciones de crecimiento futuro no son demasiado alentadoras.
En su propio bloque de apoyo se aprecian tensiones y diferencias entre lo que José Antonio Kast define como una “derecha liviana”, acomplejada y culposa, a la que acusa de querer gobernar con ideas ajenas, y una más auténtica, que no duda en reivindicar el legado del régimen militar, demandando gobernar con ideas propias y sin complejos. Y esa es una tensión que recorre transversalmente a los partidos que integran Chile Vamos, con la probable excepción de Evopolis, que se identifica con una matriz liberal.
En su propio bloque de apoyo se aprecian tensiones y diferencias entre lo que José Antonio Kast define como una “derecha liviana”, acomplejada y culposa, a la que acusa de querer gobernar con ideas ajenas, y una más auténtica, que no duda en reivindicar el legado del régimen militar, demandando gobernar con ideas propias y sin complejos. Y esa es una tensión que recorre transversalmente a los partidos que integran Chile Vamos, con la probable excepción de Evopolis, que se identifica con una matriz liberal.
Tampoco parecen demasiado contentos los ciudadanos, como lo reflejan las encuestas. La promesa de “Tiempos mejores” no se ha materializado para la mayoría de la población, los índices de cesantía se mantienen aún elevados.
La mejor noticia, no tan sólo para el gobierno, vino desde La Haya con el contundente fallo del Tribunal Internacional, rechazando todos y cada uno de los argumentos del gobierno boliviano con los que buscaba obligar a Chile “a negociar de buena fe una salida soberana al mar”.
La peor fueron las repercusiones del “caso Catrillanca”, que no tan sólo implicó un rudo golpe a los esfuerzos del gobierno por instalar un proceso de diálogo con las etnias originarias en torno al llamado “Plan Araucanía”, sino que develó la profundidad de la crisis institucional por la que atraviesa Carabineros.
En rigor el mayor desafío es mejorar su gestión política, asumiendo que buena parte de su agenda dura no tiene suficiente piso para aprobarse en los términos originales y necesita del diálogo con el conjunto de la oposición, para arribar a puerto.
Una crisis extendida a las demás instituciones de la Defensa, que obliga al gobierno a buscar acuerdos amplios para introducir reformas estructurales, como la facultad presidencial para remover los mandos sin necesidad de informar al parlamento, establecer nuevas normas de transparencia, control y fiscalización del gasto, redefinir la carrera militar y reformular su sistema de pensiones.
Los desafíos del gobierno para 2019
Un desafío mayor es viabilizar su agenda más dura. En particular la llamada “modernización tributaria”, que ha sido objeto de numerosas críticas por parte de la oposición, incluso de aquellos sectores más proclives al diálogo y la búsqueda de acuerdos. En particular, un grupo de economistas demócratas cristianos, designado por la actual directiva partidaria para analizar el proyecto, ha determinado que no existen condiciones para un acuerdo sin modificaciones sustanciales al proyecto.
Algo parecido sucede con el proyecto de reforma previsional, que no introduce grandes modificaciones al sistema de AFP ni asegura mejoras sustantivas a las actuales pensiones. La anunciada contra reforma laboral, que apunta a la llamada flexibilización, extensión del reemplazo de trabajadores en huelga y modificación de la titularidad sindical, aparece como otro tema controvertido.
En rigor el mayor desafío es mejorar su gestión política, asumiendo que buena parte de su agenda dura no tiene suficiente piso para aprobarse en los términos originales y necesita del diálogo con el conjunto de la oposición, para arribar a puerto. Al mismo tiempo, la disposición expresada por el equipo económico del gobierno para considerar la propuesta de la oposición de subir los impuestos a los sectores de más altos ingresos bien podría generar mayores tensiones en el propio oficialismo.
El gobierno no tiene asegurada su proyección futura, como entusiastamente sostienen sus partidarios, apostando a la extrema debilidad, diversidad y fragmentación que hoy muestra la oposición, sin asumir sus propias contradicciones y diferencias internas.
Dinamizar el crecimiento económico y la generación de empleos de calidad y bien remunerados, como los que prometió el gobierno durante la pasada campaña presidencial, aparece como un desafío muy relevante no tan sólo para responder a las demandas empresariales sino también a las expectativas ciudadanas, en medio del volátil escenario de la economía mundial, con la amenaza de una guerra comercial entre EE.UU y China.
Superar la ya mencionada crisis institucional de FF.AA. y de Carabineros requiere de un amplio consenso nacional, que incluya a las propias instituciones armadas
El tema de los pueblos originarios continuará siendo una piedra en el zapato para la actual administración. En el actual contexto el desafío es más complejo, teniendo como condición superar los prolongados retrasos en el reconocimiento constitucional, aprobar una nueva institucionalidad, como el ministerio de Asuntos Indígenas y el Consejo indígena, definiendo claramente sus competencias y grados de autonomía, así como un Plan de Desarrollo de la Araucanía, con mecanismos de consulta y participación aceptados por las comunidades. Con la compleja puesta en práctica de un efectivo plan de desmilitarización de la zona, en un escenario de severo retroceso a los intentos desplegados por el ministro Alfredo Moreno.
El año 2019 es el último sin elecciones durante el presente mandato. Por definición el año en el que el gobierno se juega su destino y el de su coalición, con la mirada puesta en su proyección futura. Con la exigencia de privilegiar el diálogo y la búsqueda de los acuerdos, antes que la confrontación aguda. Al contrario de lo que el gobierno parece creer, la oposición no se divide entre aquellos sectores proclives al diálogo y la búsqueda de los acuerdos y otros supuestamente “irreductibles” (anti patriota, como la ha denominado el propio Presidente).
La verdadera destreza o habilidad del gobernante consiste en identificar y priorizar aquellos temas de Estado en donde el consenso es imprescindible, buscando un diálogo sin exclusiones y abriéndose a considerar los puntos de vista de la oposición. Y esa parece ser una asignatura pendiente del propio mandatario y de su equipo político en su primer tiempo de gestión.
El gobierno no tiene asegurada su proyección futura, como entusiastamente sostienen sus partidarios, apostando a la extrema debilidad, diversidad y fragmentación que hoy muestra la oposición, sin asumir sus propias contradicciones y diferencias internas.
En estricto rigor, Sebastián Piñera (con ancestros demócratas cristianos y declarado admirador de Patricio Aylwin) no es el más fiel representante de esa derecha dura que hoy representa José Antonio Kast y se manifiesta en amplios sectores de la UDI y Renovación Nacional.
De transformaciones que han impactado la conciencia ciudadana, con una buena dosis de individualismo, desconfianza de las instituciones, fuertemente debilitadas en estos últimos años, involucrando un rechazo de la política.
Durante su primera administración, Sebastián Piñera fue acusado por sus propios partidarios de haber sido un gobierno de continuidad de las administraciones concertacionistas y si se impuso nuevamente como candidato sin demasiada oposición interna en su sector (excepto el desafío de José Antonio Kast de competir por fuera), fue por un simple cálculo político de que era el único candidato que podía derrotar a la centro izquierda.
La duda es si una derecha más dura, representada por Kast, Allamand, Ossandon o Lavín, puede ganar una elección presidencial. Y eso depende, en buena medida, del éxito o fracaso de Piñera y la manera como la derecha, en su más amplia diversidad, resuelva la tensión entre duros y blandos, ultra conservadores y liberales, nostálgicos de Pinochet o “renovadores”. Tan sólo el tiempo dirá.
La división opositora
La última elección presidencial y la parlamentaria dibujaron un nuevo mapa político en el país, dejando definitivamente atrás el binominalismo que había caracterizado la política nacional desde la división entre Sí y el No, en el plebiscito de 1988.
La Nueva Mayoría (un acuerdo político-programático, con fecha de término, como lo definiera la DC) se auto disolvió poniendo fin a la estratégica alianza entre el centro y la izquierda, emergiendo el Frente Amplio como un nuevo referente político, con una amplia representación parlamentaria, que busca convertirse en alternativa a los bloques tradicionales.
La sostenida caída del gobierno en las encuestas no logra ser capitalizada por una oposición fuertemente fragmentada y sin iniciativas, que aún no logra identificar las reales causas de su derrota, construir acuerdos para enfrentar la agenda oficial, así como definir una política de alianzas y proyectos de futuro.
Los tiempos apremian y aún no se divisan signos de recuperación al interior de la oposición. No tan sólo para enfrentar la agenda oficial, construir consensos vinculantes y constituirse en actor proactivo y propositivo, conectado con la ciudadanía y sus nuevas demandas.
Mucho se habla de la necesidad de poner por delante el debate de ideas antes que los acuerdos políticos o electorales, pero poco se discute acerca de los cambios experimentados en el país y el mundo en las últimas décadas. De transformaciones que han impactado la conciencia ciudadana, con una buena dosis de individualismo, desconfianza de las instituciones, fuertemente debilitadas en estos últimos años, involucrando un rechazo de la política.
Un escenario de fragmentación, divisiones y escasa participación política, favorece los afanes continuistas de la derecha, con el ingrediente que un posible fracaso del actual gobierno aliente una deriva ultraconservadora como la que busca representar José Antonio Kast.
Las elecciones municipales y de gobernadores del año 2020, representan un desafío mayor para la fragmentada oposición, que podría ser barrida en la mayoría de los municipios y gobernaciones en caso de enfrentarlas dividida.
Es muy poco probable que Chile Vamos apruebe una reforma constitucional para permitir una segunda vuelta en las elecciones de alcaldes y gobernadores. Y ello obliga a la oposición a buscar mecanismos que aseguren la competencia y el apoyo recíproco. Tema pendiente y no resuelto.
Los tiempos apremian y aún no se divisan signos de recuperación al interior de la oposición. No tan sólo para enfrentar la agenda oficial, construir consensos vinculantes y constituirse en actor proactivo y propositivo, conectado con la ciudadanía y sus nuevas demandas.
En muchos sentidos 2019 se anuncia decisivo para el conjunto de los actores políticos.
