Realizar un balance ambiental cada año permite ver con mayor nitidez los temas que marcaron los últimos 12 meses, los que avanzaron, aquellos que permanecen estancados y también da la posibilidad de contrastar el discurso oficial con las acciones concretas. Es por ello que desde hace 18 años Fundacion Terram elabora el Balance Ambiental. Si bien es evidente que el año que culmina no se ajusta a uno habitual, pues pareciera que vivimos en permanentes cambios desde el estallido social a la fecha cuando lo cierto es que si tomamos un poco de distancia podemos ver con mayor claridad lo acontecido.
Por una parte, el gobierno decidió hacer frente a la pandemia de Covid -19 apoyando a ciertos grupos empresariales y para ello declaró actividades esenciales a algunas directamente vinculadas con las agroexportaciones como la producción de paltas y otros frutos, además la de salmónidos. La minería continuó sus operaciones en el norte y centro del país sin mayores problemas. En materia legislativa el Ejecutivo continúo impulsando una agenda pro – inversión cuyo propósito era flexibilizar los estándares ambientales. A ello se sumó lo ocurrido con la oficina de Gestión de Proyectos Sustentables (GPS), entidad creada por el actual gobierno para dar apoyo a proyectos de inversión, sin que dichas iniciativas hayan concluido su proceso de calificación ambiental, lo que parece ser una abierta intromisión desde la citada oficina en los procesos de evaluación ambiental.
sin que dichas iniciativas hayan concluido su proceso de calificación ambiental, lo que parece ser una abierta intromisión desde la citada oficina en los procesos de evaluación ambiental.
Otro punto que marcó la agenda fue la negativa del actual gobierno a suscribir el Acuerdo de Escazú, si bien desde el momento en que se abrió para la firma el citado convenio fue evidente que la administración de Sebastian Piñera se negaba a suscribirlo, recién en octubre del presente año el gobierno dio a conocer un documento bastante débil en que se expresan las razones de esta negativa, con una evidente vacío de iniciativa en la materia.
Lo más relevante fue el inicio del proceso para la dictación de la norma primaria de arsénico, la cual fue derogada hace 26 años sin que se estableciera una en su reemplazo.
En lo que respecta a las Zonas de Sacrificio se confirmó la negativa oficial para impulsar acciones eficaces y urgentes que apunten a detener la histórica contaminación existente en estas áreas. Si bien durante el 2020 se iniciaron procesos para la actualización y/o dictación de normativa ambiental, la mayoría de estos procesos fueron producto de acciones conjuntas entre organizaciones ambientales y locales. Lo más relevante fue el inicio del proceso para la dictación de la norma primaria de arsénico, la cual fue derogada hace 26 años sin que se estableciera una en su reemplazo.
Respecto a las áreas protegidas el gobierno ha promovido la creación de ellas, lo que es bastante contradictorio cuando se revisa el presupuesto asignado tanto para áreas marinas como terrestres. En el primer caso, este es casi inexistente, mientras que para las áreas protegidas terrestres se consignó una importante disminución presupuestaria, que probablemente dificultará su gestión y administración, situación del todo preocupante pues mientras la superficie protegida aumenta el presupuesto disminuye.
Durante el año 2020, la Contraloria General de la Republica, emitió varios dictámenes con implicancias ambientales, uno de ellos declaró la incompatibilidad de los Planes de Manejo de Corta de Bosque Nativo para Recuperación de Terrenos con Fines Agrícolas con la Ley sobre Recuperación del Bosque Nativo. Con ello se pone fin a la sustitución de vegetación nativa por plantaciones de frutales utilizando un instrumento legal, lo que contribuirá a disminuir la tala en de bosque en la zona mediterránea. En otro dictamen Contraloría estimó que las zonas de protección ecológica establecidas en los planos reguladores deben ser consideradas áreas protegidas y por tanto todos los proyectos que se pretendan realizar dentro de ellas deberán ingresar a evaluación ambiental. Ello también contribuirá a frenar la destrucción del bosque nativo en las zonas periurbanas.
Con ello se pone fin a la sustitución de vegetación nativa por plantaciones de frutales utilizando un instrumento legal, lo que contribuirá a disminuir la tala en de bosque en la zona mediterránea.
La contundente votación del 25 de octubre entregó señales claras cuando las tres comunas donde se concentra el poder político y económico votaron mayoritariamente por el rechazo, mientras el resto del país señaló se pronunció por una nueva Constitución. Esta votación evidencia una realidad donde quienes detentan el poder se niegan al cambio, acentuando así la brecha entre los mas ricos y la mayoría de la sociedad.
El 2021 el país iniciará un proceso constituyente, pero también deberá seguir afrontando el Covid-19, así como diversos problemas socioambientales. En ese contexto urge abordar problemas urgentes, como el acceso al agua potable y saneamiento para las comunas con escases hídrica, apurar la descarbonización de la matriz eléctrica y generar mayores estándares de protección a la vegetación de la zona central de Chile, lo que es clave para combatir los efectos del cambio climático y la megasequía. En definitiva, el gran desafío para el 2021 es abandonar la prioridad por ganancias de corto plazo y apostar por el cambio hacia un país más democrático, donde se eleven los estándares de justicia ambiental y resguardo a los ecosistemas. Tenemos la oportunidad de comenzar a cambiar el rumbo y frenar la depredación de la naturaleza resguardando la vida de sus habitantes.
En ese contexto urge abordar problemas urgentes, como el acceso al agua potable y saneamiento para las comunas con escases hídrica, apurar la descarbonización de la matriz eléctrica y generar mayores estándares de protección a la vegetación de la zona central de Chile, lo que es clave para combatir los efectos del cambio climático y la megasequía.
