2024: Un año decisivo que parte convulsionado

En mala hora (o buena, depende del punto de vista) la fiscalía decidió formalizar al director general de Carabineros, Ricardo Yáñez, atendiendo presuntas responsabilidades del mando por graves violaciones a los derechos humanos, en el marco del estallido social. Justo en los momentos en que se vive un preocupante incremento de hechos de violencia y asesinatos que llevan la impronta del crimen organizado, en donde se requiere de un inequívoco respaldo a la acción policial.

Y no es que la policía uniformada esté exenta de responsabilidades por la manera como reprimió las manifestaciones durante el nunca bien ponderado estallido iniciado a fines de 2019. Se puede argumentar que en ellas se infiltraron grupos anarquistas y delincuentes, cuyo único propósito era la vandalización y el pillaje. Que los servicios policiales no tenían la experiencia y preparación para enfrentar movilizaciones masivas y muchas veces violentas. Que fallaron los protocolos. Pero que se cometieron excesos y graves violaciones a los derechos humanos en el referido contexto, es un hecho innegable, como lo prueban los numerosos mutilados y mutiladas, entre ellas la actual senadora, Fabiola Campillai.

Lo que la fiscalía busca establecer es la responsabilidad del mando policial de entonces: el exgeneral director Mario Rozas, el exsubdirector Diego Olate y Ricardo Yáñez, entonces tercero en la escala de aquel mando. 

El gobierno ha optado por respaldar sin reservas al actual director general, que ha establecido una estrecha relación con La Moneda y no ha dudado en reconocer que ha sido la administración que más apoyo ha entregado a la institución. Sin embargo, esta postura no genera consenso al interior del oficialismo. Desde el Frente Amplio y el PC mantienen severas críticas a las responsabilidades institucionales y se manifiestan por la necesaria renuncia del general Yáñez. En un sentido similar se han pronunciado diversas organizaciones de derechos humanos y, por cierto, las víctimas de las acciones represivas.

Ciertamente es una situación incómoda para el gobierno, principalmente para el actual mandatario, que antes de asumir la presidencia, siendo parlamentario, formuló criticas tanto o más severas en contra de Carabineros, postulando profundas reformas, cuando no una refundación de la institución.

A ojos vista el escenario ha cambiado sustantivamente y el presidente Boric sostiene hoy una necesaria y fluida relación institucional con el mando policial. El propio general Yáñez ha reconocido explícitamente el giro favorable al desarrollo profesional y equipamiento creciente de la policía uniformada sustentado por el actual gobierno. 

Por su parte, la oposición, que ha entablado una verdadera cruzada en contra de lo que llaman “octubrismo” (para referirse a posturas de izquierda o extrema izquierda) y no pierde oportunidad de sacar dividendos políticos, clama por un respaldo irrestricto no tan solo al actual director de Carabineros, sino que a la institución y su misión esencial en la lucha en contra de la delincuencia y el crimen organizado.

Al final, el gobierno no tiene otra opción que respetar el funcionamiento de las instituciones del Estado, esperando que los fiscales investiguen y establezcan responsabilidades allí en donde las hubiera. Y eso incluye al general Yáñez, cuya formalización se anuncia para el próximo mes de mayo, junto a los otros dos exgenerales ya mencionados, sin descartarse las responsabilidades políticas de las autoridades de las cuales dependía el mando de entonces.

En modo de elecciones

Aún no se terminan de digerir los resultados del plebiscito de diciembre y ya los diversos sectores políticos están pensando en las elecciones municipales del próximo mes de octubre. Y pueden tener razón. Son unas elecciones muy trascendentes, en donde no tan sólo se renuevan los alcaldes y concejales de los 345 municipios. También los consejeros y gobernadores regionales.  Y cuyos resultados bien pudieran decidir la suerte de la elección presidencial y parlamentaria del próximo año.

No es poco lo que se juega. En un escenario marcado por la incertidumbre que sembrara el contundente rechazo a la propuesta de nueva constitución emanada del consejo constituyente, en donde la derecha contaba con una clara mayoría. 

Una derrota que caló hondo en las filas de este sector. Luego de las recriminaciones iniciales, los esfuerzos de los dirigentes de Chile Vamos estuvieron encaminados a no escalar el conflicto con sus aliados republicanos, plenamente conscientes que se necesitan mutuamente para recuperar una importante cantidad de municipios que el actual oficialismo conquistó el año 2021. Entre ellos, la emblemática comuna de Santiago, también Nuñoa, San Miguel, Cerrillos y Puerto Montt (Valparaíso y Maipú, se dan por perdidos) apostando retener La Florida y Puente Alto, en donde se registra una disputa pública y descarnada entre el senador Ossandón y el actual alcalde Codina.

La tarea no se presenta fácil. No tan sólo por la reciente derrota en el plebiscito sino, muy principalmente, por las dificultades de llegar a acuerdos con sus díscolos aliados republicanos, que aspiran a constituirse en la fuerza hegemónica del sector y han explicitado la decisión de su líder natural, José Antonio Kast, de inscribir su nombre en la boleta de la primera vuelta presidencial, sin someterse al mecanismo de primarias.

La aspiración de construir una gran alianza desde republicanos hasta Amarillos y Demócratas, en base a una declaración de principios comunes, que incluya un acuerdo programático y la aceptación de un mecanismo de primarias para designar un candidato único del sector, no tan sólo tropieza con la decisión del partido liderado por J.A. Kast, sino también porque es muy difícil incluir la diversidad que hoy presenta la derecha y centro derecha en una misma alianza.

Probablemente se llegue a un pacto por omisión para enfrentar la elección de alcaldes y gobernadores. Es un tema de sobrevivencia. Pero es más que evidente que habrá una dura competencia a nivel de concejales, que bien se puede traducir en 3 o más listas. Sin considerar aún la opción que asuma el senador Rojo Edwards y su incipiente movimiento libertario.

Tampoco para el oficialismo la tarea se presenta fácil o sencilla, pese a tener resuelto que enfrentará la próxima elección municipal en un pacto que incluye a la DC, partido que, pese a su crisis, alcanzó una importante representación a nivel municipal y la propia elección de gobernadores regionales, incluida la región metropolitana el año 2021.

Al igual que la derecha, el oficialismo deberá competir a nivel de concejales, al menos con tres listas (socialismo democrático, Frente Amplio, PC y PRVS, 
con la interrogante acerca de la alianza que pueda incluir a la DC).

Como siempre, la gran incertidumbre está condicionada por los independientes, principalmente de comunas populares. Y fundamentalmente por los llamados votantes no frecuentes, que bien pueden sumar el 20 % del padrón electoral, que representan un voto volátil, que resuelve más por incidencia de factores locales, antes que por identificación política.

Los resultados de la próxima elección municipal dibujarán un nuevo mapa político en el país, configurando el escenario en donde deberán competir las opciones presidenciales. Kast y los republicanos aspiran a marcar su supremacía sobre sus aliados de la derecha, resolviendo la disputa por el liderazgo futuro del sector, en tanto que Chile Vamos espera mantener plenamente vigentes sus opciones presidenciales, asumiendo que electoralmente el escenario se ha vuelto mucho más competitivo tras los resultados del plebiscito.

En el oficialismo, que muestra un notable rezago para resolver la manera como enfrentará la próxima elección municipal, se agrega la interrogante respecto de los liderazgos futuros. Mucho se especula con el nombre de la expresidenta Bachelet (pese a su insistencia en la necesidad de renovar los liderazgos) y todo indica que puede ser un aporte muy relevante en la próxima campaña presidencial, pero no está para nada resuelto el tema de los nuevos liderazgos. Por más que se mencionen a Carolina Tohá y Camila Vallejo. Y claramente este tema deberá ser enfrentado con posterioridad a la próxima elección municipal.

El factor gubernamental

Pese a lo mucho que se juega el gobierno en esta elección, su rol y exclusivo aporte está centrado en los avances y resultados que pueda mostrar en materia de reactivación económica, el nuevo pacto fiscal y empleo, lucha en contra de la delincuencia y el crimen organizado, la reforma del sistema previsional, educación y salud. En suma, las prioridades determinadas por el presidente en su intervención la noche del plebiscito.

Sin lugar a duda, los resultados del plebiscito le dieron al gobierno un nuevo espacio para avanzar en sus reformas emblemáticas (es cosa de imaginar que hubiese pasado con un resultado adverso). La reforma del sistema previsional puede materializarse si se acoge la propuesta de parlamentarios “no alineados” (DC, Demócratas y PDG) y el nuevo pacto fiscal no está tan lejos de un eventual acuerdo. El rechazo de la acusación constitucional en contra del ministro de Vivienda, Carlos Montes (una acusación mal redactada y peor fundamentada) fue una buena noticia para el gobierno y una muy mala para la oposición. De igual manera, el bajo IPC de diciembre permitió reducir la inflación a un 3,9 % los últimos doce meses, concretando un exitoso ajuste, con bajo costo social, reconocido internacionalmente, como lo hiciera The Economist, que ubicó a nuestro país como la séptima economía entre los países de la OCDE. El acuerdo alcanzado por CODELCO con Soquimich para constituir una empresa pública-privada (con mayoría estatal) para la explotación del salar de Atacama, bien se pudiera destacar como una de las principales noticias de 2023.  Asimismo, pese a los hechos de violencia que se suceden cotidianamente, el gobierno puede presentar importantes avances en materia de seguridad ciudadana y en la lucha en contra del crimen organizado.

En verdad, el principal desafío del gobierno en este año electoral es poder demostrarle al país que, lejos de vivir una crisis sistémica (económica, seguridad y política), como intenta presentar la derecha, tiene las potencialidades no tan sólo para retomar la senda del crecimiento, sino también para disminuir la brecha de las irritantes desigualdades sociales, garantizando mayores derechos y oportunidades para todos. No es poco…

¿Errores no forzados?

Son buenas noticias. Qué duda cabe. Oscurecidas ciertamente por el ruido de las   comidas, o encuentros con queso y vino, organizadas por el reconocido y acreditado lobista de la plaza, Pablo Zalaquette.

El lobby es una actividad lícita, debidamente regulada en nuestra legislación. legítimamente, los lobistas pueden solicitar entrevistas con la autoridad para representar intereses privados. A condición de que cumplan con las normas que regulan esta actividad. Los ministros de Estado y parlamentarios que concurrieran a la casa de Pablo Zalaquette, han afirmado que lo hicieron en el entendido que no se debatirían temas vinculados a los intereses de los empresarios presentes, sino otros más generales, en donde deberían exponer sobre políticas públicas, abiertos a recibir consultas de los invitados.

Sin lugar a duda, un error no forzado y una imprudencia. Evidentemente, no por el hecho de reunirse, de manera privada, con sectores empresariales y dialogar. Algo ciertamente necesario e indispensable. ¿Pero por qué hacerlo en casa de un lobista, cuya misión, debidamente remunerada, es defender intereses privados? ¿Por qué no concurrir a las sedes empresariales a exponer las políticas públicas? ¿O recibirlos con las debidas notificaciones de dichas reuniones?

En lo que concierne al gobierno (no es el único involucrado ciertamente en el transversal ámbito político) no se trata de su primer error no forzado. Desde el controvertido tema de los indultos presidenciales o las pensiones de gracia a personas con antecedentes penales, al famoso tema del caso convenios, que reveló enormes debilidades en los sistemas de control para el traspaso de fondos públicos a instituciones privadas sin fines de lucro.

Lo más relevante es reconocer estos errores e intentar reparar con celo el mal causado. Con la firme decisión de no volver a incurrir en situaciones que afectan la fe pública. Ciertamente, y con todo, la derecha carece de autoridad moral para erigirse en censor o catón en materia de transparencia y probidad. El tejado de vidrio es evidente, aunque los principales medios de comunicación tiendan a eludir el escándalo. Si tan sólo se hace la larga lista de municipios controlados por ese sector que enfrentan relevantes procesos por delitos de corrupción. Entre ellos destacan las huellas millonarias en Vitacura, Las Condes, Lo Barrenechea y Maipú, entre otros. Para no mencionar temas de corrupción que involucran a destacadas abogados de la plaza, vinculados a la derecha, así como a connotados empresarios. Y algunos de los antiguos “coroneles” de la UDI.

Cierto, no se puede predicar con la cremallera abierta.