Atracción fatal

El nuevo pacto fiscal

Ni la derecha ni el empresariado quieren un pacto fiscal que implique elevar impuestos. No es el momento, dicen, “cuando la economía está estancada” (nunca es el momento, cuando se registra crecimiento impetuoso no se puede frenar). Y menos de manera progresiva en donde los que tienen más paguen más.

 La fórmula que proponen para financiar el gasto social es la clásica de la derecha. Lo primero de todo es “eficientar” (reducir) el gasto público. La mejor forma de incrementar la recaudación, sostienen, es impulsar el crecimiento, con mayores incentivos al crecimiento y el emprendimiento, sin descartar baja de impuestos, que supuestamente reducirían la evasión y elusión, permitiendo una mayor recaudación, como ha propuesta la economista Michelle Labbé.

Todas estas propuestas, excepto la rebaja de impuestos, han sido incorporadas en la propuesta de nuevo pacto fiscal elaborada por el gobierno. Incluso el destino de estos nuevos recursos y su control presupuestario, Y pese a todo, la derecha parece dispuesta a dar un nuevo portazo al gobierno.

Se argumenta que la propuesta es una reforma tributaria encubierta, que contiene elementos mortalmente parecidos al proyecto de reforma tributaria rechazado por la cámara de diputados y podría ser inconstitucional. Que no es propiamente un pacto tributario, que no ha sido acordado con nadie (pese a las treinta y dos reuniones con sectores de oposición, la CPC, Pymes, trabajadores, etc.). Que el gobierno cuenta con recursos más que suficientes para financiar el gasto social, con los recursos adicionales que provienen del litio y el nuevo royalty minero, además de los recursos que el estado a transferido de manera irregular a fundaciones.

El meollo del problema es que la derecha no quiere que el gobierno disponga de mayores recursos para financiar su programa social. No sea cosa que pueda viabilizar su ambicioso programa de reformas. Que pueda mejorar las pensiones y construir un nuevo modelo de previsión social. Que pueda reducir las listas de espera en salud, mejorar la seguridad ciudadana, erradicar los campamentos, acortar la brecha de las desigualdades y subir los salarios más bajos. Es decir, todo aquello por lo cual se han movilizado los chilenos y chilenas en las últimas décadas.

Atracción fatal

En la derecha se vive una soterrada disputa por la hegemonía y los liderazgos futuros, que enfrenta a republicanos con Chile Vamos, que se traduce en una insensata competencia por mostrar mayor dureza frente al gobierno. Con descalificaciones personales que lindan en los agravios. Es verdad que, con el tema de los convenios, que el propio presidente y algunos de sus ministros no dudan en identificar como casos de corrupción, el oficialismo ha ofrecido un inesperado flanco, que invita a la derecha a disparar a mansalva, olvidando su propio historial sobre la materia (partiendo por los alcaldes de Vitacura, Barrenechea o Maipú, Sin olvidar el caso Penta, Soquimich y otros)

Sin lugar a duda, el clima político se ha degradado al extremo y la polarización ha subido de tono. Los republicanos aparecen como el partido con el que se identifican una mayoría relativa de los chilenos (10 %), en tanto que más del 50 % de los entrevistados por el Centro de Estudios Públicos, en una encuesta recientemente publicada estarían dispuestos a sacrificar grados de libertad a cambio de mayor seguridad y optarían por un gobierno fuerte en determinadas circunstancias.

Sin embargo, ese es un camino al despeñadero. Ese es un sendero que el país recorrió hace cincuenta años, con las consecuencias que se conocen. Apostar por la derrota del gobierno tan sólo puede pavimentarlo.

El juego de Chile Vamos por intentar competir con los republicanos por mayor confrontación con el gobierno tan sólo favorece a José Antonio Kast. En situaciones límites, los ciudadanos no apuestan por los sucedáneos sino por el original. El problema es, si Kast lograse llegar a la presidencia, el país sería ingobernable.

Lamentablemente, los republicanos parecen ejercer una suerte de atracción fatal en amplios sectores de Chile Vamos, que los reconocen como de sus filas, comparten el reconocimiento por el “legado” del régimen militar y buena parte de su ideario. Y no son pocos los que aspiran a reconstruir una alianza política y electoral de cara al futuro. Ya apoyaron a Kast para la presidencia una vez. La segunda puede ser más fácil, Aunque signifique el principio del fin para un proyecto de derecha democrática.

El nuevo proceso constituyente

El nuevo proceso constituyente representa una verdadera prueba no tan sólo acerca de la capacidad de los republicanos de generar consensos amplios e inclusivos para generar una propuesta que pueda ser ratificada por una mayoría de los ciudadanos y ciudadanas. También de la real voluntad de Chile Vamos de tener una nueva y buena constitución que pueda ser la casa de todos.

Las primeras señales no son buenas. Las numerosas indicaciones presentadas por los republicanos apuntan a claves identitarias, marcadas por fuertes contenidos ideológicos y políticos, que no tan solo transgreden los principios acordados por la mayoría de los partidos políticos (del cual no fueron parte) sino también de las líneas rojas trazadas por el oficialismo en materia constitucional.

En verdad, para los republicanos, que cuentan con una sólida mayoría en el consejo constituyente, aparece como un proceso en donde tan sólo pueden ganar. Si finalmente termina fracasando, se mantiene la actual constitución, tal como postulaban originalmente. Una nueva propuesta tan sólo tiene sentido si recoge sus valores y principios.

Ello no quiere decir que no estén dispuestos a dialogar o negociar. Idealmente quisieran arribar a una propuesta que contara con amplio consenso y pudiera ser aprobada por una mayoría ciudadana. Elo les entregaría una acreditación de gobernabilidad que mucho necesitan. Pero, si el proceso fracasa, es un mal menor.

Para el oficialismo, en cambio, votar por el rechazo de una propuesta peor, no implica optar por la actual constitución sino tan sólo reconocer que el proceso ha fracasado y que se mantiene la profunda brecha en materia institucional, que necesariamente deberá ser zanjada más temprano que tarde.

Las revueltas aguas al interior del oficialismo

El tema de los convenios entre el Estado y fundaciones no tan sólo ha tensionado las relaciones al interior de la alianza de gobierno, con algunos excesos, como los protagonizados por algunos senadores como Fidel Espinoza y Juan
Luis Castro, además del ex presidente del PS, Osvaldo Andrade, sino también ha generado fuertes costos políticos para el gobierno, que ya no tan solo habla de descriterios o errores sino derechamente de corrupción. Una situación que bien pudieran agravarse con nuevas denuncias por tráfico de influencias, malversación de fondos públicos y fraude al fisco, que involucran a nuevas fundaciones. El fiscal nacional ha insinuado que existen antecedentes de concertación para replicar el mecanismo de convenios irregulares en diversas regiones, en tanto que el Contralor General de la República habla de un nuevo mecanismo de defraudación de caudales públicos.

Es más que obvio que el mecanismo de transferencia de fondos públicos a instituciones privadas adolece de graves vacíos e inconsistencias, como lo ha reconocido el ministro Carlos Montes, y deber ser modificado. Pero aquello no basta, si no va acompañado de una nueva y potente agenda a favor de la probidad y transparencia y no se hacen efectivas las responsabilidades políticas y judiciales de los actores involucrados, caiga quién caiga, como ha reafirmado el presidente. Además de la restitución de los fondos traspasados de manera irregular.

En este enrarecido escenario, tanto el gobierno como los partidos que lo apoyan, están obligados a analizar en profundidad los inquietantes datos que aporta la reciente encuesta del CEP, asumiendo que su principal desafío, además de avanzar en el cumplimiento del programa, es como evitar que el país opte por la ultraderecha en dos años más Las recientes elecciones en España demuestran que si se puede. Sobre todo, si se tiene un proyecto claro, liderazgos sólidos y buena gestión política. Ese es un desafío no menor en el enrarecido escenario político nacional.