De ser uno de los funcionarios más importantes del gobierno, encargado de la seguridad pública, Manuel Monsalve, expulsado de su partido, es hoy una persona imputada por los graves delitos de violación y abusos sexuales en contra de una funcionaria bajo su dependencia, sin descartar que se le puedan imputar nuevos cargos, como la transgresión de la ley de inteligencia, arriesgando gravosas penas. La justicia ha decretado su prisión preventiva y se inicia un largo juicio, en donde la fiscalía busca demostrar su culpabilidad, en tanto su defensa tiene la difícil tarea de hacerlo con su inocencia. Todo esto muestra que las instituciones funcionan y que en nuestro país nadie está por encima de la ley, como reiteradamente afirma el presidente Boric.
Tal como lo ha establecido el propio fiscal Armendáriz, que lleva el proceso, la jornada de formalización no es propiamente un juicio sino su antesala. Por ahora Manuel Monsalve tiene derecho a la presunción de inocencia, como proclaman sus abogados, hasta que no se pruebe lo contrario. Su defensa tiene el derecho a acceder a la carpeta investigativa que ha generado la fiscalía. En tanto que la víctima tiene el esencial derecho a justicia por el crimen del que habría sido objeto, protegiendo aquella intimidad que debe ser resguardada no tan sólo por las partes sino también por los medios de comunicación. Lo verdaderamente relevante es que la justicia opere con plena independencia de presiones políticas y mediáticas, garantizando un debido proceso para establecer una verdad jurídica, las responsabilidades penales y aplicando las sanciones que establece la ley.
A ojos vista, la oposición está empeñada en establecer presuntas responsabilidades políticas del gobierno por el manejo del caso. Tal como lo ha reconocido la propia ministra del Interior, las cosas se pudieron haber manejado mejor, procediendo a resolver la renuncia del imputado inmediatamente después de conocidos los hechos. Pero eso no alcanza para imputar frenéticamente “un pacto de silencio” como reiteran majaderamente los voceros opositores, ni menos un intento de encubrimiento por parte del gobierno. El presidente no tan sólo solicitó la renuncia del subsecretario a las 48 horas de tomar conocimiento de los hechos, nombrando en su reemplazo al exministro de Justicia, Luis Cordero. Salió a dar la cara frente a los medios de comunicación para entregar su propia versión, aunque resultara imprudente. Una que voluntariamente entregó luego ante la fiscalía.
Al igual como lo hiciera la ministra Carolina Tohá, con algunos matices sorprendentes, y el propio subsecretario Cordero, solidarizando con la víctima y ofreciéndole el correspondiente apoyo del gobierno. Todo el resto tiene algo de esperable chimuchina, sensacionalismo periodístico e intento de sacar oportuno provecho político por parte de la oposición, que no ha dudado en propiciar una comisión investigadora en la cámara de diputados, buscando establecer presuntas responsabilidades políticas. Las solicitudes de incautación de celulares de principales autoridades, acceso a sus cuentas corrientes u otras propuestas invasivas, parecieran desmedidas, apuntando al descrédito de quienes han reaccionado con medidas que garantizan la necesaria transparencia frente al sorprendente y escandaloso suceso.
La oposición en busca de réditos electorales
Evidentemente, estamos en la víspera de la segunda vuelta de la elección de gobernadores regionales en once de las 16 regiones del país, que marcará el inicio de la carrera presidencial y parlamentaria del año próximo. Y la oposición busca capitalizar electoralmente a su favor la crisis generada por el caso Monsalve. Pero, en política no todo vale. No al precio de debilitar las instituciones, afectar la gobernabilidad y acentuar el clima de polarización ya instalado en el país. Es muy improbable que el caso tenga un gran impacto desde el punto de vista electoral para el oficialismo. Al igual de lo que sucede con el llamado caso audios y los alcaldes de derecha procesados por temas de corrupción, como sucede con Raúl Torrealba o Cathy Barriga. La inmensa mayoría de los ciudadanos tienden a pensar que estos delitos son responsabilidad de las personas que los cometen, aunque ciertamente contribuyen a minar la confianza ciudadana en los partidos, la actividad política y propias instituciones judiciales, con altas autoridades involucradas en algunos delitos consumados y otros en proceso de investigación en curso.
Todo este clima exacerbado se agudiza a 72 horas de que se conozcan los resultados de la elección de gobernadores, con incertidumbres abiertas para las pretensiones opositoras de transformarla en un plebiscito a la gestión del gobierno. Apuesta que podría transformarse en un efecto boomerang no forzado en varios casos, particularmente en la Región Metropolitana y, más en general, en el balance final de gobernadores electos por uno y otro sector.
A ojos vista cunde la incertidumbre por la apuesta de Evelyn Matthei, jugando su anticipado liderazgo presidencial en el apoyo al opositor Francisco Orrego en la metropolitana y a María José Hoffmann en la quinta región, ambas consideradas como emblemáticas y en donde la derecha pone a prueba su capacidad de aglutinar el amplio arco de la oposición. La mala noticia para Matthei, que requiere de la amplia unidad de toda la derecha para llegar a La Moneda, es que supuestos aliados, como el senador Matías Walker o el exdiputado Fuad Chahin, han apoyado al postulante respaldado por el oficialismo en la región metropolitana, Claudio Orrego.
¿Un país mejor o peor que hace cuatro años?
Esa será la interrogante clave que los electores deberán plantearse de cara a las elecciones presidenciales y. parlamentarias del año próximo. La oposición se esfuerza por proyectar una imagen catastrofista del país, apuntando a un estancamiento económico, una crisis de seguridad, de la salud y la educación. La realidad dista de esa imagen. Tal como lo afirmara el ministro de Hacienda, Mario Marcel, la economía se ha venido recuperando de un fuerte desbalance estructural, generado durante la pandemia, con una inflación en torno al 14 %; con un fuerte déficit en las cuentas fiscales y crecimiento negativo; para reducir la inflación en torno al 4. % %, así como el déficit fiscal y retomar una moderada tasa de crecimiento, que este año puede llegar en torno al 2, 5 %. Es verdad que hoy no tenemos holguras fiscales, algo distante de lo aseverado por Evelyn Matthei, sosteniendo que el gobierno se gastará hasta el último peso durante su actual gestión. La respuesta del ministro Marcel fue muy contundente para sostener que el país está mucho mejor que cuando la actual administración recibió el gobierno. Y las cifras son más que elocuentes. Nadie puede negar que este gobierno de centro izquierda ha implementado una responsable política económica.
En rigor, el país muestra mejores cifras que hace cuatro años, aunque los nuevos desafíos instalan una vara más alta en materias tan sensibles como el combate al crimen organizado y la seguridad ciudadana, donde la actual administración impulsa una potente agenda que requiere del apoyo de una oposición mayoritaria en el parlamento
Para los desafíos presentes y futuros poco contribuye la evidente dispersión y polarización política acentuada en este período. El fracaso de dos procesos constitucionales sucesivos evidencia las dificultades de abordar y resolver adecuadamente este tema que conspira en contra de la gobernabilidad futura del país. La reforma del sistema político aparece como una condición necesaria, no suficiente, para asumir los enormes desafíos que enfrenta nuestro país de cara al futuro.
Al igual que hace cuatro años atrás, cuando el país debió optar entre la propuesta ofrecida por el ahora presidente Gabriel Boric y la alternativa de José Antonio Kast, que fuera apoyada por el conjunto de la derecha, el país debe resolver si mantiene el rumbo para impulsar cambios estructurales que ofrecen los sectores progresistas o el camino de una restauración conservadora que tan sólo busca rescatar los núcleos esenciales de un proyecto neoliberal.
No tan sólo el debate acerca del presupuesto del próximo año muestra las profundas diferencias de ambas perspectivas. Temas como la reforma del sistema previsional, la reforma a la salud, los impuestos de los sectores de mayores ingresos, la política en materia de seguridad pública, la reforma del sistema político, y la política exterior, demuestra que no da lo mismo quién gobierne, como ha reiterado el actual mandatario
