Chile, entre la derecha y la izquierda.

El país necesita paz social, respeto a la ley y al Estado de derecho de manera de alejar el miedo social que se ha extendido en Chile y facilitado el camino de crecimiento electoral de la extrema derecha.

La primera vuelta electoral efectuada el 21 de diciembre pasado, entre siete candidatos presidenciales -seis hombres y una mujer- fue el preludio de la contienda definitiva, que se efectuará el próximo 19 de diciembre en el llamado balotaje, entre las dos primeras mayorías. José Antonio Kast obtuvo 1.961.122 votos equivalente al 27,91% de los sufragios emitidos y Gabriel Boric, 1.814.809 votos correspondiente al 25,83%. El primero representa a la extrema derecha, y el segundo a la izquierda dura. Vale la pena destacar que el tercer lugar, con el 12,80%, fue para un candidato residente desde 2020 en los Estados Unidos, Franco Parisi -definido como populista- quien tiene juicios pendientes en Chile por pagos de alimentos a sus hijos. El cuarto y quinto lugar, con 12,79% y 11,61% de los votos, fueron al candidato del centro derecha Sebastián Sichel y del centro izquierda, Yasna Provoste.  Pero en realidad, el verdadero vencedor fue la abstención, debido a que el 52,6% de los votantes prefirieron quedarse en sus casas y no participar en el proceso electoral.  Paralelamente se efectuó la renovación de la Cámara de Diputados (155) y del Senado (50) donde las fuerzas de derechas e izquierdas quedaron prácticamente empatadas, lo que significa que el próximo presidente no tendrá mayoría en el congreso.

Mucho se ha escrito que Chile está “polarizado” debido a que el país deberá elegir entre un claro candidato de extrema derecha, José A. Kast (55), defensor de la dictadura militar de Augusto Pinochet, contrario a una nueva constitución y que  visita a los militares que cumplen condena por crímenes de lesa humanidad; y Gabriel Boric (35), apoyado por diferentes partidos y movimientos de izquierda, incluido el Partido Comunista, quien ha debido  retractarse de declaraciones ambiguas respecto a condenar la violencia. La polarización social implica la división de una sociedad por motivos ideológicos, fenómeno conocido en Chile entre los años 1970 y 1973, durante la presidencia del expresidente Salvador Allende, y que terminó con un sangriento golpe de estado y la instauración de una dictadura militar por 17 años. En las elecciones democráticas del 04 de marzo de 1973, para renovar el Parlamento, la participación electoral alcanzó al 81,75% en medio de una crisis económica, política y social donde no había personas indiferentes al proceso de cambio estructural que representaba el gobierno de Allende.  Muy diferente es la situación ocurrida el 21 de noviembre pasado donde solo votó el 47,3 de los electores. Mientras en 1973, la inmensa mayoría de la sociedad chilena estaba polarizada, en 2021 parece serlo solo un grupo minoritario. Ello significa que la mayor parte del país no tuvo miedo del resultado que podía producirse y que la verdadera prueba final la veremos con la participación que se produzca el próximo 19 de diciembre.

Es cierto que parecía difícil que el candidato de la extrema derecha resultara vencedor, pero las razones hay que buscarlas en lo ocurrido luego del estallido social del 18 de octubre de 2019, ocasión en la que millones de personas marcharon por las ciudades de Chile pidiendo una nueva constitución.  Posteriormente, en el plebiscito del año pasado, casi el 80% votó favorablemente por una nueva carta magna. Pareciera existir una contradicción entre este voto mayoritario, las grandes movilizaciones y los resultados de la elección del 21 de noviembre. Las principales razones del triunfo del candidato Kast, entre otras, estimo son las siguientes: 1. Las manifestaciones violentas de grupos minoritarios de encapuchados que semanalmente se reúnen, principalmente en Santiago, para destruir bienes públicos y enfrentar a la policía.  Saquean pequeños comercios e incendian buses de la movilización colectiva. Se suman las acciones armadas de grupos mapuche en zonas rurales que han asesinado a personas inocentes y que en los últimos meses se repiten casi diariamente, incendiando casas, iglesias, escuelas, maquinarias y camiones de la industria forestal.  2. El crecimiento de la delincuencia, robos con violencia y el narcotráfico en Santiago a niveles desconocidos para el país, que ha generado un creciente sentimiento de temor e inseguridad 3. El intenso flujo migratorio que ha permitido que en los últimos años cerca de un millón de inmigrantes hayan llegado a Chile provenientes de Venezuela, Perú, Haití, Colombia, Bolivia, República Dominicana y otros países de la región. 4. Las vacilaciones de la izquierda en general para condenar claramente la violencia, sancionar a los delincuentes que se infiltran en las manifestaciones y aislar a los sectores políticos que amparan y piden la libertad de quienes saquearon y destruyeron   bienes públicos y privados.  5. La radicalización de parte de la convención constitucional con exigencias fuera de los acuerdos, así como el engaño a la opinión pública de uno de sus representantes que ha debido renunciar por fingir un cáncer inexistente.  Asimismo, el cuestionamiento a los símbolos patrios, un indigenismo exacerbado y el carácter refundacional que han quitado respaldo ciudadano y legitimidad a quienes deben conducir a los convencionales en su tarea de escribir una nueva constitución. 5. La ineficiencia del gobierno actual para controlar el orden público, entregar seguridad a la ciudadanía, e ir a la raíz del problema mapuche, del narcotráfico y de la delincuencia. Asimismo, la responsabilidad del actual presidente Sebastián Piñera quien, en una maniobra impropia de un jefe de Estado responsable, invitó en febrero de 2019 en la frontera colombo-venezolana, a estos últimos a buscar refugio en Chile, precipitando la ola migratoria.

Si bien estos factores ayudan a leer la realidad política y electoral que enfrenta Chile, hay un factor subjetivo que, estimo, se debe considerar. Es la proyección de las imágenes por televisión y redes sociales de la violencia en las ciudades y zonas rurales del sur de Chile. Barricadas de fuego en las calles de Santiago, saqueo al comercio transmitidas en vivo, quema de iglesias, de casas y asesinatos de personas defendiendo sus propiedades, así como violencia indiscriminada por parte de la policía que ha dejado muertos y más de 400 personas con daños oculares incluyendo algunas con pérdida total de la visión. Se suman los montajes en el asesinato de comuneros mapuche por Carabinero y los casos de corrupción. Las imágenes son más fuertes que las palabras y esas escenas de caos y violencia se instalaron en el inconsciente colectivo de las personas, de norte a sur del país, independientemente de si las vivieron o no. La sensación de inseguridad por los factores mencionados genera miedo, éste alimenta a los extremos y en este caso en particular al candidato de la extrema derecha que promete restaurar el orden apelando al uso de toda la fuerza del Estado sin atacar las causas.

Quien sea elegido presidente de Chile deberá enfrentar, a partir de marzo de 2020, un país con una situación difícil producto de la pandemia del coronavirus y de la contracción económica global.  Si bien el país tiene solidez estructural, el nuevo gobierno deberá enfrentar las crecientes expectativas de la gente puestas en la nueva constitución que debe terminar de ser escrita en un plazo máximo de 12 meses, es decir en julio de 2022.  Luego, debe ser sometida a un plebiscito con voto obligatorio donde, de ser rechazada, continuará vigente la actual.  El resultado de la primera vuelta y la correlación de fuerzas parlamentarias son un claro mensaje a los candidatos: deben buscar el voto mayoritario del centro para triunfar, es decir, requieren moderar la oferta para encantar al electorado y en especial a ese 12,79% del candidato Parisi que probablemente definirá la elección. La primera vuelta electoral dejó un Parlamento dividido donde en la Cámara de Diputados hay 17 fuerzas políticas representadas y en el Senado 11. Un equilibrio que obligará al nuevo gobierno y a sus partidos, a buscar acuerdos y gobernar para todos los chilenos.  El país necesita paz social, respeto a la ley y al Estado de derecho de manera de alejar el miedo social que se ha extendido en Chile y facilitado el camino de crecimiento electoral de la extrema derecha.