El asesinato de la sargento de Carabineros Rita Olivares es una manifestación emblemática de la crisis de seguridad que vive el país, pero, a la vez, ha dado ocasión a reacciones públicas que trasuntan cierta incipiente evolución en la manera de tratar este tipo de sucesos.
En efecto, junto con condenar el primer homicidio de una mujer carabinero en Chile, el general director de la institución declaró que “tenemos absolutamente el respaldo del Gobierno” y agregó que “nunca habíamos tenido tanta compra de equipamiento y materiales para poder ejercer nuestra labor policial«, como que la sargento Olivares «estaba con su chaleco antibalas, con un vehículo de alta gama policial, pero aun así la infortuna que tuvo la llevó a perder la vida”.
Desde República Dominicana, el Presidente de la República llamó a “la unidad nacional” contra el crimen organizado e invitó a todos los políticos a no hacer “de estas tragedias motivos de trincheras o peleas chicas”. Y para corroborar el respaldo del Gobierno a Carabineros, decidió acompañar a la policía uniformada en procedimientos vinculados al combate contra el crimen organizado.
El asesinato de la sargento de Carabineros Rita Olivares es una manifestación emblemática de la crisis de seguridad que vive el país, pero, a la vez, ha dado ocasión a reacciones públicas que trasuntan cierta incipiente evolución en la manera de tratar este tipo de sucesos.
Por su parte, los presidentes de ambas cámaras del Congreso decidieron acelerar la formación de las leyes sobre seguridad que esperan aprobación legislativa. Esta reacción múltiple, se vio acompañada por la respuesta simultánea del sistema de persecución penal, materializada en la detención de varios presuntos autores del asesinato y la fijación, para esta semana, de la audiencia de formalización.
Aunque sea doloroso expresarlo, el aumento de la cantidad de delitos violentos siempre conlleva un incremento de las agresiones contra funcionarios policiales. Por ello, la tarea principal, sin perjuicio de respaldar a las policías, consiste en mejorar la inteligencia y las estrategias de persecución y desarticulación del crimen organizado, lo cual demanda tres requisitos indispensables: la unidad institucional bajo la conducción del órgano Ejecutivo, un consenso sincero y activo de las fuerzas políticas, y aislar el populismo penal.
Respecto al primer requisito, el martirologio de la sargento Olivares ha permitido constatar una superación del impasse provocado hace unas semanas por declaraciones del general Yáñez que, objetivamente, constituyeron un acto de deliberación y obligaron a su superior jerárquica a un llamado de atención.
Por su parte, el necesario consenso político se vio parcialmente emponzoñado por declaraciones del presidente de la UDI, que aprovechó el alevoso crimen para culpar de él al Gobierno, seguidas de una carta de sus diputados que hurga en declaraciones pasadas del actual Jefe del Estado y, también, atiza el grave error de los últimos indultos, con el inocultable propósito de centrar el debate en la supuesta responsabilidad del Gobierno en los asesinatos de carabineros.
Con todo, la benévola reacción del Ejecutivo a la propuesta de fast track legislativo del Presidente del Senado y los acuerdos de las mesas de ambas cámaras del Congreso, para otorgar máxima prioridad a los proyectos de ley sobre seguridad, abren la posibilidad de un sano concierto entre el Ejecutivo y el Congreso que materialice la prioridad del combate al crimen organizado como objetivo nacional.
Para ganar esta batalla es esencial el respaldo y la colaboración de la sociedad civil. Por esto, la alarmante entronización del populismo penal en vastos sectores de la población impone la tarea de aislar a sus mensajeros. El grupo de vecinos que increpó a las autoridades de Carabineros y del gobierno, cuando se hacían presentes en Quilpué, y otros que levantaban pancartas pidiendo “militares en la calle” no hacían sino emular a quienes, faltando a la verdad, atribuyen a las actuales autoridades el auge del crimen organizado. Son personas que, también, siguen a personajes que aprovechan el clima de inseguridad para levantar liderazgos mediáticos ofreciendo “soluciones” como el derribamiento de casas vacías.
Respecto a este extravío, a mi juicio, la televisión ha jugado un rol nefasto, al difundir mórbidamente los modus operandi de las bandas criminales, exhibiendo en forma sensacionalista el dolor de las víctimas y la espontánea o manipulada protesta de los vecinos, y omitiendo difundir los avances en la lucha contra el crimen, con lo cual infunde mayor temor en la población.
El mismo día del asesinato de la sargento Olivares, el noticiero central de Televisión Nacional omitió íntegramente las trascendentales declaraciones del general Yáñez, que daban cuenta de lo realizado por el Gobierno para fortalecer su institución.
Lo que se espera de quienes tienen responsabilidades políticas y sociales es que sumen esfuerzos en el cumplimiento de los señalados requisitos, para avanzar en la batalla contra el crimen organizado, tal como se ha hecho con un grado de éxito al enfrentar las crisis de seguridad del Norte y la Araucanía, lo cual, dice el columnista Ascanio Cavallo, “es un mérito que casi nadie reconocerá”[1].
Mientras el Gobierno continua mejorando la información, el equipamiento, la dotación de unidades de combate al crimen y la capacidad operativa de Carabineros, se espera que, mediando un consenso virtuoso entre el órgano ejecutivo, el Congreso y los partidos, sean despachados pronto los proyectos de ley pendientes, poniendo el acento en la desarticulación del crimen organizado más que en la inútil elevación de las penas y con apego irrestricto a principios universales del Derecho, como la proporcionalidad de la legítima defensa y el respeto a los derechos humanos de todos.
De otro lado, aun valorando el incipiente estilo de relación del alto mando de Carabineros con el Gobierno, sería ingenuo e irresponsable olvidar que la entidad policial aún sobrelleva una crisis de legitimidad que se arrastra desde la dictadura. El primer componente de esta no superada crisis consiste en violaciones de derechos humanos acrecentadas durante el estallido social y agravadas por el espíritu corporativo de impunidad sostenido desde los altos mandos. Al respecto, es inútil ocultar que el propio general Yáñez se encuentra en calidad de imputado en un procedimiento, por presunta omisión del deber de mando en un caso de apremios ilegítimos.
A dicho factor se suma la participación del alto mando en delitos de corrupción, cuyo recuerdo lo reavivó esta semana un caso de coima que afecta al conocido general® Manuel Valdés Pinochet. Un tercer componente de la crisis es la evidente politización del entorno de Carabineros, producto de un discurso anti izquierdista que ha arraigado en familiares y alguaciles. Y, por cierto, se suma la consuetudinaria autonomía de los altos mandos respecto de la autoridad civil, factor que aparentemente comienza por vez primera a moderarse, aunque habrá que observar con mucho rigor su desarrollo.
Finalmente, la crisis incluye la desprotección policial que sufren vastos sectores de la población, especialmente en los barrios acosados por “las bases populares” del narcotráfico, lo cual no es solo responsabilidad de la institución.
Superado por circunstancias políticas el dilema entre refundación y reforma profunda, un punto de partida decisivo es el planteado recientemente por el abogado experto en seguridad pública, Hugo Frühling, que respondiendo a quienes solo ponen el acento en el “fortalecimiento” policial, manifiesta que “avanzar en la reforma y el fortalecimiento policial son cosas que deben ir de la mano”[2]. Esto supone enfrentar uno a uno los componentes de la crisis, para proceder a una reforma estructural de Carabineros.
[1] La Tercera, 26.03.2023
[2] Diario de la Universidad de Chile, 19.03.2023
