Llegó marzo en el país de la memoria frágil. Pequeñas grandes señales reinstalan mediáticamente los efectos de la crisis estructural en las instituciones armadas que se hicieron más que evidentes en el primer año del segundo gobierno de Sebastián Piñera.
La policía uniformada no es la excepción y suma la mayor cantidad de procesados por un millonario fraude, estimado en más de $28.000.000.000. El próximo 19 de marzo se cumple el plazo legal para la prolongada investigación judicial (Pacogate) y acusación que involucra a más de 100 imputados en la causa más compleja que ha llevado el Ministerio Público en los últimos años.
La policía uniformada no es la excepción y suma la mayor cantidad de procesados por el millonario fraude, estimado en más de $28.000.000.000. El próximo 19 de marzo se cumple el plazo legal para la prolongada investigación judicial (Pacogate) y acusación que involucra a más de 100 imputados en la causa más compleja que ha llevado el Ministerio Público en los últimos años.
El descuidado control de los organismos del Estado sobre los cuantiosos recursos – Ley Reservada del Cobre mediante – dilapidados desde el fraudulento enriquecimiento del dictador y su entorno, se prolongó por décadas de retorno a la institucionalidad democrática, con cuantiosos desfalcos que van quedando al desnudo en las distintas instituciones de la Defensa Nacional (vaya paradoja).
Así ocurrió con el más que millonario fraude del hoy procesado ex comandante en jefe del Ejército, general® Fuente- Alba. Los ex directores generales de la policía uniformada, José Bernales, Eduardo Gordon, Gustavo González y Eduardo Villalobos (con cifras más modestas) son investigados por el uso personal y generoso de gastos reservados. Bernales falleció y Gustavo González Jara lo enfrenta en calidad de imputado.
Con todo, no fue el millonario desfalco del Pacogate lo que desencadenó la crisis más aguda de la institución policial y su abrupta caída en aquella confianza ciudadana que los favoreció por largas décadas. El asesinato de Camilo Catrillanca, desnudado por el testimonio de un joven mapuche de 15 años, desató una crisis insostenible, rompiendo el habitual círculo de impunidad y mentiras oficiales en más de una decena de crímenes anteriores. En este caso quedó al desnudo la contradictoria política del “garrote y la zanahoria” aplicada por los ministros Andrés Chadwick y Alfredo Moreno en la zona del mal llamado “conflicto indígena” y tras la parafernalia mediática de instalación del frustrado Comando Jungla.
Con todo, no fue el millonario desfalco del Pacogate lo que desencadenó la crisis más aguda de la institución policial y su abrupta caída en aquella confianza ciudadana que los favoreció por largas décadas. El asesinato de Camilo Catrillanca, desnudado por el testimonio de un joven mapuche de 15 años, desató una crisis insostenible, rompiendo el habitual círculo de impunidad y mentiras oficiales en más de una decena de crímenes anteriores. En este caso quedó al desnudo la contradictoria política del “garrote y la zanahoria” aplicada por los ministros Andrés Chadwick y Alfredo Moreno en la zona del mal llamado “conflicto indígena” y tras la parafernalia mediática de instalación del frustrado Comando Jungla.
La historia se continúa escribiendo con grabaciones difundidas por los propios imputados y, recientemente, por declaraciones del menor de edad que acompañaba a Catrillanca en el tractor donde fue asesinado.
La memoria es frágil. Entonces el ministro del Interior señaló: “Estos son hechos que han tenido su origen en un delito común, un asalto grave y violento contra cuatro mujeres, delito que nada tiene que ver con situaciones del conflicto mapuche. Es un delito común, ¿qué tiene que ver el robo con intimidación a las 4 de la tarde a 4 mujeres con cualquier causa de reivindicación mapuche?”, y agregaba: “Este gobierno respeta el estado de derecho y lo hacemos respetar por los ciudadanos e instituciones. Carabineros cuenta con respaldo del gobierno en el cumplimento de un deber ineludible, indispensable, que es combatir la delincuencia”.
La vocera Pérez no se quedó corta en su versión de los hechos: “frente a un delito flagrante deben actuar y si son enfrentados a balazos está dentro de su facultad poder defenderse”.
La inédita decisión de Piñera al resolver el retiro de Soto y otros diez generales, provocó un abrupto giro en el tratamiento histórico de crisis provocadas por conductas de los altos mandos uniformados. Una decisión que descolocó a sectores de oposición que debieron asumir las debilidades históricas en gobiernos anteriores para enfrentar irregularidades y conductas cuestionables de mandos policiales. Una decisión presidencial que abrió un flanco favorable para que Chadwick eludiera sus evidentes responsabilidades políticas.
Los hechos desnudaron la mentira oficial. Los platos rotos los pagaron los uniformados involucrados en el crimen, sometidos a proceso, el Intendente de turno y, finalmente, la totalidad del alto mando, incluido el director general Hermes Soto que aprovechando el resquicio de una norma constitucional- paradojalmente negociada en su momento por el ex senador Chadwick- obligó a un absurdo trámite parlamentario.
La inédita decisión de Piñera al resolver el retiro de Soto y otros diez generales, provocó un abrupto giro en el tratamiento histórico de crisis provocadas por conductas de los altos mandos uniformados. Una decisión que descolocó a sectores de oposición que debieron asumir las debilidades históricas en gobiernos anteriores para enfrentar irregularidades y conductas cuestionables de mandos policiales. Una decisión presidencial que abrió un flanco favorable para que Chadwick eludiera sus evidentes responsabilidades políticas.
La designación del nuevo general director Mario Rozas, ex edecán de Sebastián Piñera durante su primer mandato, implica un desafío mayor para la autoridad perteneciente a una nueva generación de oficiales en el contexto de un ruido interno inocultable en la institución policial y la exigencia de encabezar cambios destinados a recuperar una desconfianza ciudadana cada día más evidente. Un proceso de cambios administrativos y operativos ya abortado en el breve período de mando del general Soto, ahora con mayores urgencias, en circunstancias que la propia calidad de institución militarizada ha sido puesta en cuestión.
Simultáneamente, como ruido de fondo, la institución policial debía soportar los efectos de la investigación judicial y procesamiento de altos oficiales, responsables del burdo montaje de la llamada “Operación Huracán” para inculpar y procesar a comuneros mapuche en actos de violencia y graves delitos en territorio indígena. Un eslabón más de una corrupción sistémica de la institución policial que acrecienta su desprestigio y rechazo en la ciudadanía.
Ciertamente la salida de medio centenar de oficiales de alto rango en el curso de un año, incluyendo el pase a retiro de 15 generales tras el asesinato de Camilo Catrillanca, marcaba un antes y un después para la cuestionada institución policial.
La designación del nuevo general director Mario Rozas, ex edecán de Sebastián Piñera durante su primer mandato, implica un desafío mayor para la autoridad perteneciente a una nueva generación de oficiales en el contexto de un ruido interno inocultable en la institución policial y la exigencia de encabezar cambios destinados a recuperar una desconfianza ciudadana cada día más evidente. Un proceso de cambios administrativos y operativos ya abortado en el breve período de mando del general Soto, ahora con mayores urgencias, en circunstancias que la propia calidad de institución militarizada ha sido puesta en cuestión.
El gobierno ya había enviado al Congreso un proyecto de ley para modernizar la gestión institucional y fortalecer la transparencia policial. En ese contexto se propuso para Carabineros la implementación de planes estratégicos de desarrollo policial (para 8 años) y de gestión operativa y administrativa, con la exigencia de cuentas públicas anuales controladas por el Ministerio del Interior.
Asumiendo la envergadura de la crisis de probidad y transparencia institucional, al mayor control por parte del ministerio se propone abrir un sistema de denuncias y reclamos por actos arbitrarios, incluyendo el recurso de la denuncia anónima interna para integrantes de Carabineros, agregando una Alta Repartición para auditoría interna con integrantes civiles, a cargo de un General.
Esos cambios institucionales abren debate respecto del propio carácter de la institución policial. Cuál es el real significado de un control civil para una institución militarizada, cómo regular eficazmente las denuncias anónimas internas, hasta dónde llega el nivel de autonomía policial. En definitiva, asumiendo las raíces profundas de la crisis institucional se abre un espacio de debate necesario respecto del carácter militarizado de la actual institución y el control por parte del poder civil democrático.
Esos cambios institucionales abren debate respecto del propio carácter de la institución policial. Cuál es el real significado de un control civil para una institución militarizada, cómo regular eficazmente las denuncias anónimas internas, hasta dónde llega el nivel de autonomía policial. En definitiva, asumiendo las raíces profundas de la crisis institucional se abre un espacio de debate necesario respecto del carácter militarizado de la actual institución y el control por parte del poder civil democrático.
En definitiva la propuesta oficial y el aún escaso debate parlamentario y de especialistas, desnudan vacíos e interrogantes respecto del carácter militar en los rangos actuales de la institucionalidad uniformada y las opciones de una profesionalización mayor, también jerárquica y no deliberante pero de efectivo control civil.
La crisis institucional, no sólo de Carabineros, desnuda los vacíos y falencias de la Defensa Nacional en el desarrollo democrático del país. No es casual que el ex ministro y actual senador José Miguel Insulza afirmara tan brutalmente: “se mandan solos”. El costo de la manga ancha y los privilegios heredados de tiempos de dictadura están a la vista, son mayores y desafían la propuesta democrática.
La crisis institucional, no sólo de Carabineros, desnuda los vacíos y falencias de la Defensa Nacional en el desarrollo democrático del país. No es casual que el ex ministro y actual senador José Miguel Insulza afirmara tan brutalmente: “se mandan solos”. El costo de la manga ancha y los privilegios heredados de tiempos de dictadura están a la vista, son mayores y desafían la propuesta democrática.
Los gestos mediáticos, eficaces y acertados, como el de la participación de mujeres oficiales de Carabineros en el control de la masiva manifestación del 8 de marzo en Santiago marcan una señal. La misma que se contradice con agresiones represivas en Valparaíso el mismo día.
El desafío es mayor y no involucra solo al gobierno, cuyas autoridades principales han tenido una conducta, al menos, cuestionable en el episodio del asesinato del joven Camilo Catrillanca. En los momentos que se anuncia una nueva movilización de organizaciones indígenas(20 de marzo) demandando justicia y sectores patronales cuestionan al gobierno por no aplicar mano dura y una militarización de la Araucanía.
El desafío es mayor y no involucra solo al gobierno, cuyas autoridades principales han tenido una conducta, al menos, cuestionable en el episodio del asesinato del joven Camilo Catrillanca. En los momentos que se anuncia una nueva movilización de organizaciones indígenas(20 de marzo) demandando justicia y sectores patronales cuestionan al gobierno por no aplicar mano dura y una militarización de la Araucanía. Nada será fácil para el nuevo mando del general Rozas. Los mediáticos logros en el combate al narcotráfico no son suficientes para sustentar la credibilidad ciudadana. Los resultados de los procesos judiciales que involucran a mandos y funcionarios de la policía uniformada harán más evidentes el desafío para la desgastada confianza en Carabineros.
