El gobierno se ha reducido a una mínima expresión. Cuenta sólo con el apoyo (aunque no simpatía) de la zona oriente de Santiago, junto a los colonos y dueños de las forestales del sur del país. La revuelta del 18-O, y luego la pandemia, han convertido a Piñera en el peor presidente desde el retorno a la democracia. No hace esfuerzo alguno por enmendar el rumbo y, por el contrario, ha optado por extremar la defensa de la clase social que representa, desconociendo las demandas de la mayoría nacional.
La desesperación de Piñera lo ha llevado a enfrentarse con la Convención Constitucional (CC) y también ha desafiado a los nuevos gobiernos regionales, ambas instituciones de un inequívoco reconocimiento democrático.
En primer lugar, después de varias semanas de la elección de los constituyentes, la SEGPRES eludió las responsabilidades de atender los requerimientos sanitarios, tecnológicos y administrativos para la instalación de la Convención. Es difícilmente creíble que tamaña irresponsabilidad haya sido simple ineficiencia y todo indica que se trata de un comportamiento deliberado del gobierno para boicotear el Poder Constituyente, cuya abrumadora mayoría transformadora desespera a las elites.
En segundo lugar, a cuatro días de la instalación de los nuevos gobiernos regionales, el ministerio de Hacienda recorta radicalmente el presupuesto para su funcionamiento. De la misma forma que se intentó impedir el funcionamiento de la Constituyente, el gobierno boicotea también el esfuerzo democrático que significa entregar poder a las regiones, para atender demandas territoriales de larga data en nuestro país. Felizmente, el generalizado rechazo a esta decisión irresponsable obligó al gobierno a retroceder.
En tercer lugar, y quizás lo más grave, ha sido el asesinato de Pablo Marchant, comunero mapuche, baleado por las fuerzas policiales, instaladas en la Araucanía, para proteger a las empresas forestales. No puede ser casualidad que, a pocas horas de la Declaración de la Constituyente, que demanda la desmilitarización del Wallamapu, vuelva a correr sangre en tierra mapuche. La petición de paz del Poder Constituyente para facilitar el reencuentro con el pueblo mapuche ha sido considerada una solicitud inaceptable por el gobierno y las elites. Como siempre, se ha optado por la protección del negocio forestal imponiéndose la respuesta represiva.
La derecha y el gobierno no entienden que la democracia tiene su origen primario en el Poder Constituyente. Por tanto, respetar y apoyar a la CC es valorar la democracia. Y, al mismo tiempo, debieran reconocer que este poder primario ha sido instalado gracias a la revuelta popular del 18-O, la que precisamente se propuso terminar con la Constitución de Guzmán-Pinochet-Lagos, fundamento de desigualdades e injusticias.
Mientras el gobierno se aferra al autoritarismo y a las armas, el Poder Constituyente elige a Elisa Loncón y Jaime Bassa, como autoridades de la CC, expresiva muestra que el pueblo chileno y los mapuches están dispuestos a construir juntos, mediante el diálogo y la paz, un país que sirva al progreso de todos. Al mismo tiempo, la CC muestra el acercamiento de posiciones de los convencionales de la Lista del Pueblo con los representantes de los pueblos originarios, junto a los del FA-PC y socialistas. Se observa así un interesante reordenamiento de fuerzas, cuya consolidación entrega señales optimistas para asegurar en noviembre el triunfo de un gobierno de transformaciones, que termine con el sistema de injusticias.
El gobierno se equivoca entonces al desafiar las decisiones del Poder Constituyente, porque al hacerlo está atentando contra la principal fuente de legitimidad política y jurídica de nación. La Convención Constitucional ha emanado del pueblo soberano y los intentos del gobierno de bloquearla o desafiarla representan un inaceptable atentado a la propia democracia
