Por Eugenio Rivera
Fundación Chile 21 y Foro para un Desarrollo Justo y Sostenible.
No hay buenas noticias. En el campo sanitario, el número de contagiados en Chile está cerca de los 220 mil, sólo detrás de Estados Unidos, Brasil y Perú en América, todos los cuales superan con creces la población de nuestro país. Más impactante es la comparación con los países europeos que sufrieron antes y de forma más fuerte la pandemia. En definitiva – con muchas interrogantes abiertas – experimentamos los costos mayores de una conducción más que errática que exigió la renuncia del titular de Salud, que contaba con la confianza absoluta del mandatario
El Banco Central y la subestimación de la crisis económica.
Lo que se ha invisibilizado en el debate nacional es la responsabilidad que en la magnitud de la crisis cabe a las autoridades económicas del país. Tres son los elementos fundamentales: la subestimación de las consecuencias económicas de la pandemia, la priorización de la contención del déficit y endeudamiento público y el rechazo a una política que efectivamente asegurara que las personas podrían cumplir las cuarentenas, mediante una real sustitución de los ingresos perdidos. Recién el 14 de junio el Gobierno ha aceptado propuestas de la oposición política y social para un mejor enfrentamiento de la crisis. No obstante, el llamado Marco de Entendimiento presenta, todavía, insuficiencias.
Lo que se ha invisibilizado en el debate nacional es la responsabilidad que en la magnitud de la crisis cabe a las autoridades económicas del país.
El IPOM de marzo dado a conocer el 1 de abril presentó un panorama de un optimismo dificil de comprender. En efecto, se esperaba un crecimiento negativo del PIB mundial del 2020 de – 0,2%; para las economía desarrolladas un -2,1% y un crecimiento de 1,4% para los países emergentes. Para la economía chilena, el Banco Central pronosticó una caída del PIB de entre -1,5% y – 2,5%. Apenas 13 días despúes el Fondo Monetario Internacional (FMI) dio a conocer sus proyecciones sobre la economía mundial. Para el PIB mundial proyectó una caída de 3%; para las economías avanzadas una caída de 6,1% y para los mercados emergentes una caída de -1%. Para Chile el organismo internacional predecía una caída de – 4,5%. Se ha señalado en defensa del Banco Central de que el indicado era el escenario base, pero no descartaban otros escenarios más negativos. Dos son los problemas de esta defensa. El primero, es que el Banco Central centró su atención en las exposiciones sobre la materia en el que para él era el escenario más probable. El segundo es que el FMI también incluía escenarios más pesimistas que alertaban sobre las posibilidades de extensión de la pandemia y un rebrote hacia finales del 2020 y en el año 2021.
Se ha señalado en defensa del Banco Central de que el indicado era el escenario base, pero no descartaban otros escenarios más negativos.
En el IPOM de junio dado a conocer el 17 de junio, el Banco Central revisa sus cifras en la misma dirección que el FMI solo que con dos meses de tardanza. En efecto para el PIB mundial proyecta una caída de -4,5%, para las economías desarrolladas una caída de -7%, para los países emergentes una caída de -2,4% y para Chile una caída de entre -5,5% y – 7,5%. Aunque el Banco Central tomó medidas no tradicionales para cumplir su misión, lo cierto es que favoreció la aplicación de una política gubernamental que no ha estado a la altura de las necesidades.
Una política de contención de gastos en medio de la crisis.
En efecto, a finales de marzo el gobierno presentó una serie de medidas tendientes a enfrentar la crisis que se venía. Una parte importante de ellas eran la postergación en el pago de contribuciones, de patentes, entre otras, que tuvieron un grave impacto en la disponibilidad de recursos de los municipios los cuales habrían dejado de recibir US$ 1150 millones. Por otra parte (aprovechando que tiene exclusividad en la presentación de proyectos de ley que implican erogación de recursos fiscales), presentó un proyecto para entregar, por una vez, un subsidio por $ 50 mil (Bono Covid 19) por persona de grupo familiar del 40% más pobre. El subsidio comenzó recién a distribuirse hacia finales de abril. El esfuerzo fiscal se concentraba, en este sentido, en las municipalidades afectando con ello su capacidad de apoyar a la población en problemas.
El esfuerzo fiscal se concentraba, en este sentido, en las municipalidades afectando con ello su capacidad de apoyar a la población en problemas.
Mientras la gran mayoría de los países aplicaba fuertes paquetes de apoyo a las familias y a las personas, el ministerio de Hacienda y la DIPRES decidieron una reducción del gasto público presupuestado de más de US$ 2500 millones. Principales afectados de las medidas de ajuste fiscal fueron la inversión pública que cayó en 15% y las trasnferencias de capital todo lo cual agudizaría la crisis económica desatada. Al mismo tiempo, incrementaban los recursos del FOGAPE lo cuales serían utilizados sólo si los beneficiarios de créditos bancarios no pagaban sus créditos. En defensa de estas políticas restrictivas se aducía que de lo contrario el endeudamiento público podría crecer en forma desmedida. Numerosos análisis dejaron en evidencia que el bajo nivel de endeudamiento público de Chile, el acceso a crédito barato en lo mercados nacionales e internacionales de crédito y la disponibilidad de Fondos soberanos permitían perfectamente la aplicación de una política fiscal que combatiera efectivamente a la crisis.
el ministerio de Hacienda y la DIPRES decidieron una reducción del gasto público presupuestado de más de US$ 2500 millones.
En defensa de estas políticas restrictivas se aducía que de lo contrario el endeudamiento público podría crecer en forma desmedida.
Pese a ello, el Gobierno presentó después de muchas resistencias un proyecto de Ingreso Familiar de Emergencia que entregaba $ 65 mil por persona del grupo familiar por tres meses pero decreciente y que favorecería a las personas en problemas del 60% más pobre. Fueron las noticias respecto del fuerte crecimiento del número de contagios en mayo y principios de junio, la elevación del número de fallecidos y la caída del IMACEC de abril en – 14,1%, como la expectativa de que las caídas en los meses de mayo y junio serán mayores por el creciente confinamiento, las que llevaron recién a principios de junio al presidente de la República y al ministro de Hacienda a entender que era necesario un giro significativo en la política.
El “Marco de Entendimiento” y la salida de la crisis.
Aunque de manera superficial, en el primer mes de la crisis se discutió bastante respecto de la forma que asumiría la restricción económica asociada con la pandemia. El Banco Central y el gobierno apostaron a una crisis en forma de “V”, esto es una fuerte caída y una rápida recuperación. De hecho, el IPOM de marzo proyectaba un crecimiento para el 2021 de entre 3,75 y 4,75%. Por su parte, el IPOM de junio si bien es más pesimista para el presente año, para el 2021 espera un crecimiento de entre 4,75 y 6,25%. No obstante reconoce que si bien las cuarentenas se relajarán durante el tercer trimestre lo que permitirá reabrir la economía es esperable que las prácticas de distanciamiento social – obligatorias y voluntarias – seguirán por varios trimestres.
La posibilidad de recuperación está asociada al crecimiento económico mundial en los próximos 12 meses, al control de la pandemia y a las medidas económicas que se tomen. Crucial es el establecimiento de acuerdos políticos y sociales que hagan más efectivas las medidas. En relación con lo primero, aunque existen riesgos de rebrote (desde China se anuncia un reaparición de nuevos casos) muchos países están avanzando en la apertura de sus economías. En lo que se refiere al segundo aspecto, esto es el control de la pandemia en Chile, todavía no existe certeza respecto del momento. Es esperable que la imposición de medidas para hacer más estricta la cuarentena y los giros que se están introduciendo en la política sanitaria, permitan avanzar en esa dirección.
Crucial es lo que se aplique en política económica. En este sentido, el “Marco de Entendimiento para Plan de Emergencia por la Protección de los ingresos de las familias y la Reactivación económica y del Empleo” alcanzado entre el Gobierno y algunos partidos de oposición es un avance significativo aunque insuficiente. El Foro por un Desarrollo Justo y Sostenible en debates con un amplio espectro de parlamentarios de oposición y organizaciones sociales, había propuesto un subsidio de $ 370 mil para una familia promedio de 3 personas que permitía alcanzar la línea de la pobreza. Al mismo tiempo se proponía la creación de un Fondo de entre US$ 12 mil y 15 mil millones para enfrentar la pandemia que a su juicio debían ser erogados principalmente en los próximo 3 a 6 meses pues en ellos se juega la vida de las personas y la sobrevivencia de las pequeñas y microempresas.
un subsidio de $ 370 mil para una familia promedio de 3 personas que permitía alcanzar la línea de la pobreza. Al mismo tiempo se proponía la creación de un Fondo de entre US$ 12 mil y 15 mil millones para enfrentar la pandemia que a su juicio debían ser erogados principalmente en los próximo 3 a 6 meses pues en ellos se juega la vida de las personas y la sobrevivencia de las pequeñas y microempresas.
El marco de entendimiento logrado representa un significativo avance para la ciudadanía y la oposición, ya que ha logrado elevar desde $ 65 mil (que había propuesto el Gobierno) a 100 mil pesos el Ingreso Familiar de Emergencia para los meses de junio, julio y agosto (que en principio alcanzará una cifra de 80% de lo entregado en los primeros dos meses), entre otras medidas. No obstante, se trata de un ingreso que representa un 89% del correspondiente a la línea de la pobreza que representa el mínimo que el Estado debería asegurar a todas las familias (incluidos los pequeños y microempresarios). La contumacia gubernamental queda en evidencia en que el costo mensual de llegar a la línea de la pobreza alcanza a US$ 98 millones de dólares. Peor aún, se trata de un logro que se obtiene luego de tres meses de iniciada la pandemia, por la obstinación del Gobierno de priorizar la contención del gasto público.
se trata de un ingreso que representa un 89% del correspondiente a la línea de la pobreza
Peor aún, se trata de un logro que se obtiene luego de tres meses de iniciada la pandemia, por la obstinación del Gobierno de priorizar la contención del gasto público.
El acuerdo implica también elevar la cobertura del subsidio desde el 60% más pobre al 80%. No obstante, esta es una promesa que puede no cumplirse en absoluto. En efecto, existen serias dudas de que el Bono Covid – 19 y el primer pago del IFE de $ 65 mil haya tenido la cobertura buscada. Se ha conocido la proliferación de cartas en que se rechazan las solicitudes de subsidio y se han denunciado casos en que se elevan los ingresos que presuntamente tienen las personas en el Registro Social de Hogares (https://interferencia.cl/articulos/desarrollo-social-eleva-artificialmente-ingresos-de-familias-pobres-dejandolas-sin-ingreso). Las condiciones para recibir el subsidio tampoco se condicen con la gravedad de la crisis. Lo peor es que el marco de entendimiento no indica medidas para corregir estos problemas de implementación. En tal sentido, es probable que la cobertura sea mucho menor que la prevista. Para atenuar esta situación, el proyecto de ley que proponga el gobierno en esta materia debe minimizar las condiciones exigidads entregándole el apoyo a todos los que lo soliciten y solo ex – post revisar y castigar los abusos. Del mismo modo el proyecto del Ley del nuevo IFE debe asegurar que los que recibieron el IFE de $ 65 mil reciban lo que requieren para llegar a lo $ 100 mil y comprometer al Gobierno a entregar una información diaria sobre el avance de la entrega del IFE y las demás medidas de auxilio.
Las condiciones para recibir el subsidio tampoco se condicen con la gravedad de la crisis.
Las últimas cifras de contagios hacen presumir que la pandemia seguirá por varios meses más; en consecuencia los proyectos de leyes que se envíen para implementar el marco de entendimiento deberían dejar abierta la posibilidad de extender los diversos subsidios que incluye. No se puede repetir las experiencias del Covid – 19 y del primer IFE que muy luego quedaron como iniciativas incompletas.
Como se señaló, clave para superar la crisis es generar un amplio acuerdo en torno a las principales medidas. El acuerdo introduce, sin embargo, algunos temas que generan polémica en amplios sectores de la oposición política y social. Cabe valorar positivamente las mejoras que se introducen en el funcionamiento del FOGAPE y el compromiso de constituir una mesa de trabajo entre trabajadores, empresas y gobierno para facilitar las medidas de apoyo a la PYME. Es positivo, también, la reducción del impuesto de primera categoría a este sector de empresas para el período 2020 – 2022. Cabe alertar que se debe asegurar que esta medida no vaya en beneficio de grandes empresas que por razones tributaria se subdividen.
Cabe alertar que se debe asegurar que esta medida no vaya en beneficio de grandes empresas que por razones tributaria se subdividen.
Preocupa además el intento del gobierno, de volver a imponer políticas regresivas derrotadas por el estallido social del 18.0. En tal sentido, no es adecuada la idea de pretender legislar sobre teletrabajo y buscar aprobar, aceleradamente, procedimientos “fast Track” para el tratamiento medioambiental de inversiones. En relación con la idea de poner en operación el mecanismo de depreciación acelerada vale señalar se trata de una medida que favorece a las grandes empresas en particular las intensivas en capital. Se trata, además, de una medida que ya existe para las PYMES. En tal sentido, la aplicación de esa política debe estar sujeta a condiciones claras como favorecer una ampliación significativa del empleo, que se trate de empresas que tienen un comportamiento impecable con las normas tributarias, laborales, de género y medioambientales. Finalmente, no es aceptable la disposición del marco de entendimiento de comprometer decisiones que corresponderán al próximo gobierno. En tal sentido el marco fiscal debe tener una duración de referencia de máximo 18 meses. En estas condiciones, el marco de entendimiento puede servir para generar las condiciones para acelerar la contención de la pandemia y una más expedita salida de la crisis.
