En torno a la elección presidencial prevista para el 28 de julio de 2024 se produjo una amplia expectativa, tanto dentro como fuera de Venezuela, de que esta constituyera un hito capaz de iniciar un proceso que permitiera superar la grave crisis económica, social y política que vive el país prácticamente desde hace ya casi una década.
Las conversaciones iniciadas en Catar entre los gobiernos de Biden y Maduro a finales de 2023 dieron origen a diversos acuerdos entre ambos gobiernos en materias referidas a intercambio de detenidos, de mitigación de las sanciones que afectan a la industria petrolera y de recepción de expulsados venezolanos. Se acordaron asimismo compromisos del Gobierno de Maduro para garantizar elecciones presidenciales libres, competitivas y sujetas a supervisión internacional en 2024. Este conjunto de acuerdos se registró en actas que aún se mantienen en secreto por ambas partes.
La dimensión política de tales compromisos fue formal y públicamente acordados y especificados en una negociación entre el Gobierno venezolano y la Plataforma Unitaria de Venezuela. (PUV), el 17 de octubre de 2023 en Barbados. Esta es una alianza de 8 de los principales partidos de la oposición, a la que no se incorporó Vente Venezuela liderado por María Corina Machado.
El detalle, los avatares y los resultados del proceso electoral son conocidos. Hubo acusaciones mutuas de que los acuerdos de Barbados fueron rotos por las partes; inhabilitación de María Corina Machado que participó en una primaria junto con candidatos de la PUV, en la que obtuvo mas del 90% de los votos; acoso y persecución a lideres y activistas opositores. Con todo el candidato opositor designado a última hora – Edmundo Gonzales- obtuvo un triunfo aplastante: más de 60% de los votos, prácticamente el doble que Maduro.
La reacción del régimen fue desconocer y alterar los resultados, negarse a entregar las actas por mesa y centro de votación como establece la ley y la costumbre, y reprimir con particular fuerza las masivas protestas y movilizaciones que se produjeron la noche misma del 28 de julio y el día siguiente. Una particularidad de estas movilizaciones es que fueron muy masivas en sectores populares tradicionalmente reductos del chavismo. Un cartel desplegado en Petare, uno de los barrios populares más extensos de Caracas, sintetiza bien el estado de ánimo de esos sectores: “nosotros los pusimos, nosotros los sacamos”.
La derrota de Maduro pone de manifiesto que el régimen perdió claramente la mayoría social y política de la que gozó desde la asunción al poder de Hugo Chávez y que Maduro retuvo en la elección presidencial de 2018.
Pero también fue posible porque por primera vez en mucho tiempo el conjunto de la oposición se unió en torno a la opción electoral y fue capaz de movilizar y representar la voluntad de cambio de la mayoría de la población. En el pasado el régimen ganó elecciones sin recurrir al fraude: le bastaba la división de la oposición y que una parte de esta llamara a la abstención.
Los llamados de María Corina y la Plataforma Unitaria a la movilización popular para forzar al régimen a reconocer su derrota tuvieron convocatorias muy limitadas. La represión selectiva y permanente, más la frustración de una ciudadanía que apostó a un cambio pacífico por la vía electoral, le ha permitido al Gobierno mantener sólidamente el poder y el orden público.
Golpeado severamente en su legitimidad y su imaginario de representar a la mayoría de la nación, Maduro ha logrado mantener la cohesión de los factores de poder que lo sustentan: todos los órganos del Estado, las fuerzas armadas y policiales y un partido, que, aunque minoritario, aún logra movilizar a una fracción de la población. Hasta hoy día no se observa ninguna fractura en el bloque en el poder
Se anuncian elecciones para mayo de este año: gobernadores, alcaldes, parlamento. A su vez, el Gobierno de Trump ha anunciado la eliminación de la licencia a la estadounidense Chevron para explotar y comercializar petróleo venezolano. Ambos hechos han producido una importante fractura en la oposición. María Corina Machado apoya las sanciones como una manera de forzar la salida del régimen y se niega a participar en las futuras elecciones mientras no se reconozca el triunfo de González. Hoy día las sanciones provocan un amplio rechazo en la opinión pública, el empresariado y parte de los partidos opositores. Asimismo, liderazgos y partidos de la oposición han manifestado su decisión de concurrir a la próxima elección con el argumento de que se deben ocupar todos los espacios disponibles para denunciar al régimen y generar organización y movilización democráticas.
Sus principales lideres son Manuel Rosales, Gobernador de Zulia, el estado más del país, y Henrique Capriles, ex Gobernador de Miranda y candidato a la presidencia en 2018
Actores fundamentales en este drama, y muy vinculados, son el petróleo, la emigración irregular, y el Gobierno norteamericano. Biden, a pesar de todos los problemas, mantuvo la licencia de Chevron, y aprobó tres más a dos a empresas europeas y a una india. En conjunto ellas explotan y comercializan entre el 25 y el 30% del millón de barriles diarios que Venezuela produjo en enero y febrero y que son fundamentales para sostener la recuperación de la economía venezolana en los últimos cuatro años. En 2024 creció en torno al 4% y el pronóstico para este año era similar.
La política de la administración de Trump ha sido contradictoria y desconcertante. La primera señal fue la visita de su enviado especial Richard Granell a Caracas el 31 de enero. Su foto con Maduro en Miraflores, ampliamente publicitada, lo reconocía de hecho como un interlocutor válido. Se anunció un acuerdo para repatriación de venezolanos y luego se realizaron tres vuelos con unos trescientos repatriados vía Conviasa, la línea área estatal venezolana. Grenell declaró: “la política de Trump para Venezuela no es la de un cambio de régimen, sino la de construir una nueva relación”. Se subentendía por todos que el acuerdo migratorio incluía, como es habitualmente, uno en materia de licencias.
Sin embargo, pocas semanas después Trump anuncia la suspensión de la licencia Chevron y da a la empresa un plazo extraordinariamente corto -un mes- para suspender todas sus operaciones en el país. Una hipótesis para explicar el drástico giro es la reacción contraria a la visita De Granell de tres congresistas de Florida de línea dura con Venezuela, Cuba y Nicaragua, cuyos votos eran fundamentales para aprobar el presupuesto en la Cámara de representantes, que efectivamente se aprobó por 217 votos contra 215.
Cualquiera sea la explicación si la suspensión de la licencia se mantiene sus efectos económicos y sociales serán gravísimos, con eventuales consecuencias en toda la región. El régimen tenderá a endurecerse, a estrechar más aún sus lazos con sus aliados históricos: Rusia, Irán, China y a buscar nuevos socios como la India y Turquía. Venezuela seguirá siendo un protagonista de los conflictos geopolíticos que agitan al mundo ubicada en el corazón de América latina
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Inconducente. Continuar con la monserga del fraude solo alimenta a las mafias de Miami que han lucrado a costa de su propio país y promovido desde golpes de Estado hasta chapuzas de fraude con la falsificación de actas. Más temprano que tarde Corina Machado y su candidato responderán ante la justicia.