POR EUGENIO RIVERA. FUNDACIÓN CHILE 21
Los IMACEC del primer trimestre y de abril del presente año, así como las malas señales que han precedido al de mayo (desempleo, en 12 meses, subió a 7,1% y caída de la producción industrial, – 0,2% respecto del mismo mes del año anterior) obligaron al Banco Central y al Ejecutivo a terminar con la complacencia. El Banco Central, decidió en junio reducir la tasa de política monetaria en medio punto.
Los ministros de Hacienda, Felipe Larraín, y de Obras Públicas, Juan Andrés Fontaine, anunciaron, el 6 de junio, un plan de aceleración de inversiones por US$1.382 millones, que incorpora tanto concesiones como obras públicas tradicionales. El plan incluía agilizar los procesos necesarios para la aprobación de proyectos de inversión en infraestructura pública, adelantar la identificación de proyectos del año 2020 para el segundo semestre de este año, para partir a comienzos del año 2020 y proyectos de infraestructura menores, lo que implica una inyección adicional de recursos por US$ 388 millones. Del mismo modo se impulsará la aceleración de concesiones que cuentan con convenios complementarios de rápido inicio de ejecución por un total de US$ 657 millones en 2019-2020. Entre otras medidas, se suma aumentar recursos para realizar estudios de ingeniería, fortalecer equipos técnicos dedicados a concesiones y destinar US$ 300 millones para acelerar la construcción de hospitales públicos. Con todo ello el gobierno ha estimado la creación de 21 mil empleos directos e indirectos.
Entre otras medidas, se suma aumentar recursos para realizar estudios de ingeniería, fortalecer equipos técnicos dedicados a concesiones y destinar US$ 300 millones para acelerar la construcción de hospitales públicos. Con todo ello el gobierno ha estimado la creación de 21 mil empleos directos e indirectos.
En la misma línea, luego del cambio de gabinete se decidió entregar 15 mil nuevos subsidios de Integración Social y Territorial. Estos subsidios están dirigidos a sectores vulnerables y de clase media —definidos de acuerdo a su calificación socioeconómica en el Registro Social de Hogares (RSH)— y apuntan a facilitar la adquisición de viviendas que cuenten con condiciones de ubicación, acceso, conectividad y servicios, que permitan mejorar la calidad de vida de las familias que viven en ellas.
La posterior convocatoria del ministro de Hacienda a que el sector privado contribuyera a este esfuerzo fue respondido con poco entusiasmo por el mundo empresarial.
La posterior convocatoria del ministro de Hacienda a que el sector privado contribuyera a este esfuerzo fue respondido con poco entusiasmo por el mundo empresarial. El lunes primero de julio se publicó el Indicador Mensual de Confianza Empresarial (IMCE) que elabora ICARE y la Universidad Adolfo Ibáñez dejando en evidencia que la confianza empresarial ha caído a terreno negativo (50 puntos es el umbral de neutralidad; por encima de esa cifra las expectativas son positivas y por debajo negativas). En efecto, en el caso de la industria luego que enero superó apenas los 50 puntos, a junio había caído a 46,5. En el caso de la construcción, en marzo alcanzó 54,58 puntos para caer en junio a 46,62. Finalmente el Comercio que alcanzó en febrero 58,09 puntos cayó a 51,25, apenas por encima de la frontera indicada. Lo que ha salvado al IMCE total (50,16 puntos en junio) es el fuerte incremento en las expectativas positivas de la minería que pasó de 50,33 en enero a 63,93 en febrero manteniéndose el resto del período en niveles similares. En cambio el IMCE sin minería (línea azul) alcanza en junio solo 46,5 puntos.
Lo que ha salvado al IMCE total (50,16 puntos en junio) es el fuerte incremento en las expectativas positivas de la minería que pasó de 50,33 en enero a 63,93 en febrero manteniéndose el resto del período en niveles similares. En cambio el IMCE sin minería (línea azul) alcanza en junio solo 46,5 puntos.
Probablemente, el propio ministro contribuyó al poco entusiasmo empresarial al insistir que los paquetes de reactivación se enmarcan estrictamente dentro de los espacios presupuestarios que permite la regla fiscal. Un análisis de las medidas indicadas deja poco espacio al optimismo pues involucran recursos menores, incapaces de despertar los “espíritus animales” (según el término utilizado por el economista inglés John Maynard Keynes) de los empresarios, pues no es sencillo adelantar las inversiones si no están disponibles los estudios de ingeniería, atendiendo que, además, se deben realizar diversos trámites como los llamados a licitación, todo lo cual sugiere que en el mejor de los casos estas medidas tendrán efecto recién el próximo año. Por otra parte, cabe destacar que la no licitación de las obras complementarias de las concesiones, si bien ayuda a que se realicen con más rapidez, implica que las altas tarifas que se están pagando, no bajarán en los próximos años.
Probablemente, el propio ministro contribuyó al poco entusiasmo empresarial al insistir que los paquetes de reactivación se enmarcan estrictamente dentro de los espacios presupuestarios que permite la regla fiscal.
Desde el punto de vista de la reactivación, más importante que lo anterior, es constatar que la falta de confianza empresarial tiene raíces mucho más profundas que la desaceleración económica del último semestre. Ella deriva de que, crecientemente, los empresarios están escépticos respecto a la viabilidad de las reformas prometidas por el gobierno. Fue por ello que señalaron con claridad que: “los empresarios nos movemos por análisis económicos, por tendencias y proyecciones y tenemos ciertos elementos que nos están frenando en forma intensa, como es la larga espera de la reforma tributaria” (El Pulso, 1 de julio, p. 8).
Desde el punto de vista de la reactivación, más importante que lo anterior, es constatar que la falta de confianza empresarial tiene raíces mucho más profundas que la desaceleración económica del último semestre.
Resulta evidente que lo que preocupa al gran empresariado es que Piñera no pueda cumplir con promesas fundamentales de su campaña, como revertir la reforma tributaria y laboral aprobada durante el gobierno anterior, ni garantizar que el sistema de AFPs se mantenga en el largo plazo como columna vertebral del sistema de pensiones.
La directiva y algunos diputados de la Democracia Cristiana, con el afán de recuperar terreno en el campo electoral, se han prestado para apoyar las reformas gubernamentales a cambio de concesiones, evidentemente insuficientes de parte del Ejecutivo.
Resulta evidente que lo que preocupa al gran empresariado es que Piñera no pueda cumplir con promesas fundamentales de su campaña, como revertir la reforma tributaria y laboral aprobada durante el gobierno anterior, ni garantizar que el sistema de AFPs se mantenga en el largo plazo como columna vertebral del sistema de pensiones.
Centrar la atención en las compensaciones por la baja de ingresos que genera la reintegración tributaria, si bien importante, elude el tema central: revertir el cambio histórico logrado durante el anterior gobierno, al dar un primer paso para restaurar el pago de impuestos por parte de las empresas.
Ello no es solo de toda lógica – las empresas deben ayudar a cofinanciar los bienes públicos que utilizan y que permiten que el proceso productivo tenga lugar – sino que además es una obligación que, en prácticamente todo el mundo desarrollado y democrático, ocurre.
Aceptar esta reversión implica reponer la vigencia de uno de los dos principales cambios que realizó en el campo tributario, la dictadura de Pinochet.
Aceptar esta reversión implica reponer la vigencia de uno de los dos principales cambios que realizó en el campo tributario, la dictadura de Pinochet. La presunta importancia de la reintegración para impulsar la inversión ha sido numerosas veces desestimada. Al respecto el miembro de Cieplan José Pablo Arellano que apoya la reforma tributaria de Piñera, ha señalado que la reintegración tributaria no es la modificación que se debería priorizar si se quiere dar un impulso a la inversión (El Mercurio, 2 de julio 2019, p. A 2). Rodrigo Valdés también ha reconocido que “la integración es una herramienta más bien débil para incentivar la inversión; incluso podría incentivar el consumo por encima de la inversión” (El Mercurio, 30 de junio 2019, p. B7)
En síntesis, el “paquetito” reactivador como lo llamó un ex ministro de Hacienda no tendrá efectos relevantes sobre la desaceleración. Las medidas incluidas como también la reducción de la tasa de política monetaria son insuficientes para neutralizar los efectos de los problemas estructurales de la economía y los vaivenes de la guerra comercial entre EEUU y China y en el mejor de los casos operarán con rezago significativo. Tampoco es relevante para ello la reforma tributaria.
En síntesis, el “paquetito” reactivador como lo llamó un ex ministro de Hacienda no tendrá efectos relevantes sobre la desaceleración.
Lo esencial que está en juego apunta a la reversión de las reformas económicas de Bachelet. El éxito de Piñera en revertirlas tendrá serias consecuencias en el largo plazo sobre el financiamiento de las políticas sociales y el desarrollo de la capacidad competitiva del país. Si a esto se le suman los esfuerzos por eliminar la participación de la comunidad en la evaluación socio ambiental de los proyectos se acentúa el riesgo para los equilibrios medioambientales. Cuestionar la concreción de las contra reformas no es obstruccionismo sino enfrentar los desafíos del futuro.
Lo esencial que está en juego apunta a la reversión de las reformas económicas de Bachelet. El éxito de Piñera en revertirlas tendrá serias consecuencias en el largo plazo sobre el financiamiento de las políticas sociales y el desarrollo de la capacidad competitiva del país.
