El 7 de julio pasado el ministro Blumel compareció de modo remoto a una sesión especial de la Cámara de Diputados a tratar el tema de La Araucanía. Sus palabras se iniciaron con la misma letanía que hemos escuchado tanto de distintos gobiernos desde el retorno a la democracia: “Sabemos que hay una deuda que ha sido reconocida por distintos gobiernos y que se arrastra por décadas, y que desde el retorno a la democracia se han desarrollado instancias para reconocer esa deuda,” añadiendo: “todos los gobiernos hemos fallado” (El Mercurio, 8 de julio, C4).
Respetables figuras de la escena nacional—la última fue el exsenador Patricio Walker—a menudo se ofuscan con los comportamientos circenses que a veces protagonizan algunos/as congresistas, concluyendo que “se están excediendo los límites razonables y tolerables de una democracia seria” (El Mercurio, 18 de julio, C4). Pero nunca van más allá del desasosiego por el golpe a las formas y el “buen gusto”, para apuntar a las cuestiones más de fondo. Por ejemplo, ¿es señal de una “democracia seria” lo que admite el ministro Blumel, que gobierno tras gobierno se reconozca una deuda y no se haga nada? ¿Cómo reaccionan los bancos cuándo las deudas no se pagan? ¿Y cómo responden las compañías de servicios, y el gobierno, cuándo los usuarios dejan de pagar—por imposibilidad absoluta—la cuenta de la luz o del agua en medio del empobrecimiento en que se encuentran en medio de esta crisis? Lo sabemos: se reacciona con todo el peso de la ley e, incluso, se conciben nuevos vetos para castigar con el corte de servicio a quienes no puedan pagar hoy.
Pero en el caso de los pueblos indígenas es diferente. Allí sí que las deudas pueden no pagarse, nunca. Agustín Squella señalaba en una columna titulada “Camarón que se duerme”, que “La realidad se cobra revancha cada vez que las autoridades ejecutiva y legislativa incurren en prolongadas negligencias, mientras la dirigencia política y otras élites, a fuerza de ir poniendo cosas bajo la alfombra, terminan tropezando con esta, perdiendo el equilibrio y anunciando el fin de los tiempos” (EM, 10 de julio, A3). Es el fin de los tiempos anunciado por el retiro del 10%, por “haberles entregado la Constitución” como se quejaba Allamand después del Acuerdo del 15 de noviembre, por la gratuidad, o por “el fin del estado de derecho” en La Araucanía. Aquí, el camarón del modelo y la “democracia seria” simplemente se había dormido.
Pero en el caso de los pueblos indígenas es diferente. Allí sí que las deudas pueden no pagarse, nunca.
Aquí, el camarón del modelo y la “democracia seria” simplemente se había dormido.
Pero tampoco es cierto que no se haga nada. Frente a la deuda impaga en La Araucanía, que genera violencia, el gobierno es proactivo en el envío de destacamentos del ejército para, en palabras del ministro de Defensa, combatir el delito. Con esto no solo se da un paso más largo y profundo del que se dio con el Comando Jungla, sino también se rompe con el principio reestablecido con el retorno a la democracia de no involucrar a las fuerzas armadas en la seguridad interna. Por eso el paso es más largo y más profundo, porque se inscribe en una tendencia impulsada desde el gobierno hacia la militarización del orden público.
Al parecer no se aprendió mucho de las políticas que llevaron al asesinato de Camilo Catrillanca, muerto, según la primera versión de Felipe Kast, a consecuencia del “fuego cruzado”. Se insiste en responder con la fuerza a planteamientos sociales y políticos, como son las demandas del pueblo mapuche y que los gobiernos reconocen como la deuda impaga. La respuesta militar está en el ADN del gobierno, incluyendo a Evópolis, el partido de Felipe Kast. Recordemos que el senador Kast hace ya tiempo venía pidiendo el envío de militares a La Araucanía.
La respuesta militar está en el ADN del gobierno, incluyendo a Evópolis, el partido de Felipe Kast.
El programa presidencial de Sebastián Piñera en su última candidatura admitió que los problemas actuales en la relación con la Araucanía se derivan de la ocupación estatal arrastrada desde el siglo 19 y de las violencias e injusticias aun no reconocidas que esto suscitó. De este diagnóstico arrancó la política inicial del actual gobierno en la región, dirigida por el ministro Moreno, que enfatizaba diálogos y encuentros, como los bien publicitados encuentros 3xi.
Sabemos que el rechazo total de esta iniciativa por el pueblo mapuche terminó con la cancelación de la consulta, así como el asesinato de Catrillanca terminó con toda iniciativa en la zona que no fuera de la vertiente de fuerza policial, y ahora también militar.
Pero todo ese impulso inicial fracasó no solo porque terminó prevaleciendo el enfoque represivo que culminó en el asesinato de Catrillanca, sino porque no se hacía cargo de lo fundamental del problema originado en la ocupación: la usurpación de tierras. Ninguna mención en el programa o en la política desarrollada se hacía del tema de la restitución de tierras, el aspecto principal de las demandas mapuche. El enfoque de la política del gobierno era el de la modernización capitalista del campo, la inseminación completa de la cuestión de las tierras por los principios del mercado. Por eso se buscó, primero, explorar la posibilidad de poner fin al Convenio 169 de la OIT pues se consideraba que la consulta indígena interfería con y obstaculizaba las inversiones y, luego, se intentó realizar una consulta para cambios en la Ley Indígena precisamente para permitir el arrendamiento de tierras indígenas. Es decir, no solo no se buscaba la restitución de tierras sino, al revés, lograr que las tierras ya restituidas pudieran ser arrendadas para beneficio de los inversionistas, lo que supuestamente redundaría en beneficios para todos. Sabemos que el rechazo total de esta iniciativa por el pueblo mapuche terminó con la cancelación de la consulta, así como el asesinato de Catrillanca terminó con toda iniciativa en la zona que no fuera de la vertiente de fuerza policial, y ahora también militar.
Hoy, el gobierno solo puede reaccionar, y mal, frente a nuevas manifestaciones de la crisis de la relación con el pueblo mapuche. Luego de más de 75 días de huelga de hambre del Machi Celestino Córdova, que recién empieza a cobrar visibilidad por el empeoramiento de su salud y su traslado a establecimientos hospitalarios, y por la extensión de la huelga a otros presos mapuche, el apoyo de intelectuales y premios nacionales, y las iniciativas del Instituto Nacional de Derechos Humanos, se requiere con urgencia de una respuesta dialogante del gobierno. Éste, sin embargo, se limita a recurrir al ya conocido libreto: rechazar el diálogo directo en favor de genéricas propuestas de mesas de encuentro interculturales, unas más de las muchas constituidas desde el reinicio de la democracia y que ya carecen de toda legitimidad por no arribar nunca a iniciativas concretas, que no podrían ser otras que el hacerse cargo de la deuda, sin rodeos ni tramitaciones.
Esto se agrega a los vergonzosos episodios de enviar a las fuerzas especiales a sacar a empujones y golpes a las hortaliceras mapuche empeñadas en vender sus productos para garantizar su subsistencia en medio de las penurias económicas agravadas por la pandemia.
En una democracia seria se respetan los tratados internacionales libremente suscritos
En una democracia seria se respetan los tratados internacionales libremente suscritos, en este caso particularmente el Convenio 169 de la OIT, en cuyo marco se fundamentan las demandas de los presos y se encuentran las orientaciones que obligan al gobierno para enfrentarlas. Una democracia seria tomaría también desde esas normas las pautas, delineando iniciativas para confrontar la pandemia de un modo específico entre los pueblos indígenas. Ello involucra una atención a sus vulnerabilidades específicas, comenzando por la generación de datos relevantes y políticas orientadas a la satisfacción de sus necesidades en las circunstancias especiales de la pandemia. Implica asegurar la participación de representantes indígenas en la toma de decisiones, dadas las dificultades para la realización de consultas, así como la suspensión de inversiones en sus territorios que demandarían una consulta. Y asegurar las condiciones de libertad de expresión y otras en las circunstancias especiales de estado de excepción, en las que los pueblos indígenas quedan en situación de especial vulnerabilidad, como se ha hecho manifiesto en estos días.
Una democracia seria tomaría también desde esas normas las pautas, delineando iniciativas para confrontar la pandemia de un modo específico entre los pueblos indígenas.
