Presentación de Fundación Equitas – Sur Profesionales
(Pamela Díaz- Romero, Alfredo Rodríguez y Augusto Varas)
Los dieciocho coautores del nuevo volumen del Barómetro de Política y Equidad reflexionan sobre la gran protesta nacional iniciada el 18 de octubre de 2019 y las cruciales consecuencias que ella ha tenido para el país.
Ese día, el país alzó la voz para plantear su descontento y sus demandas de Arica a Punta Arenas. La protesta expresó una ira generalizada contra los símbolos urbanos de los abusos económicos, sociales, políticos, al tiempo que dislocaba la sociabilidad preexistente y enturbiaba las relaciones ciudadanas. Junto con los avances que ha permitido, el estallido social ha tenido y tendrá costos sociales y económicos que recién se comienzan a estimar.
Junto con los avances que ha permitido, el estallido social ha tenido y tendrá costos sociales y económicos que recién se comienzan a estimar.
todo ello en un marco de corrupción de las Fuerzas Armadas y Carabineros y de abusos de las grandes empresas. De ahí que, por la masividad y violencia de las manifestaciones urbanas e incapacidad de diálogo del Gobierno, la cuestión de una nueva Constitución se instaló en el centro de la discusión política.
Los momentos de desgobierno y destrucción han polarizado al país. Las calles han vuelto a ser un espacio de furiosa socialización. La protesta social expresada en la inicial evasión de pago en las estaciones del metro ha dado paso a demandas por diferentes dimensiones que dan cuenta de la fragilidad de la vida cotidiana en materia de salarios, acceso a sistema de salud, previsión social, deudas de los estudiantes, aumento de los costos de vivienda, privatización de los recursos naturales, todo ello en un marco de corrupción de las Fuerzas Armadas y Carabineros y de abusos de las grandes empresas. De ahí que, por la masividad y violencia de las manifestaciones urbanas e incapacidad de diálogo del Gobierno, la cuestión de una nueva Constitución se instaló en el centro de la discusión política.
La negativa de suscribir y ratificar el Acuerdo de Escazú le restó posibilidades de liderazgo al país, situación a la que se sumaron las demandas sociales y denuncias sobre violaciones a derechos humanos, que pusieron un negativo telón de fondo.
Los efectos políticos han sido de magnitud. Internacionalmente, la movilización ciudadana sepultó la ambición presidencial de protagonizar un papel significativo en el contexto regional. Después del bochornoso episodio en Cúcuta, Colombia, la cancelación de la reunión del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) y de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP25), la falta de experiencia del equipo chileno puso en tela de juicio el trabajo realizado por el Gobierno durante 2019. Previo a la COP, no se desarrollaron las conversaciones y alianzas necesarias para implementar estrategias orientadas a lograr acuerdos y no se comprendió que, al asumir la presidencia de la COP25, Chile también debía representar a la región. Ello dio paso a reclamos de nuestros vecinos por no sentirse escuchados y, en algunos casos, incluso marginados de negociaciones. La negativa de suscribir y ratificar el Acuerdo de Escazú le restó posibilidades de liderazgo al país, situación a la que se sumaron las demandas sociales y denuncias sobre violaciones a derechos humanos, que pusieron un negativo telón de fondo.
En el plano nacional, el Gobierno, tomado por sorpresa, se vio forzado a un cambio de gabinete, a ofrecer alguna agenda social y reiniciar el curso institucional hacia una nueva Constitución. La frustración y malestar social manifestados no eran nuevos: ya se habían observado señales a fines de los noventa. Aun cuando todos nuestros análisis, desde el primer gobierno de Sebastián Piñera y parte del actual, habían reiterado las difíciles condiciones socioeconómicas de la mayoría de la población, las que aumentaban las tensiones sociales a punto de estallar, no anticipaban la intensidad y extensión de las mismas.
Las negativas consecuencias del modelo económico capitalista neoliberal generador de profundas desigualdades, junto a una amplia contrarreforma orquestada por la derecha para revertir los cambios estructurales impulsados por el Gobierno anterior, alertó a la ciudadanía respecto de que el proceso de profundización democrática no seguiría adelante y que, por el contrario, habría importantes reversiones. Enfrentando la protesta sin cambiar su mirada programática, el Ejecutivo no entendió la naturaleza de la misma, por lo que reaccionó mal y tarde. En una muestra de su ya tradicional falta de control de crisis, propuso una agenda social limitada, envió proyectos de ley al Congreso y desplazó su responsabilidad hacia los parlamentarios, a la vez que militarizaba el conflicto.
Enfrentando la protesta sin cambiar su mirada programática, el Ejecutivo no entendió la naturaleza de la misma, por lo que reaccionó mal y tarde.
En el marco de una larga erosión de la legitimidad de la autoridad y de sus instituciones, la demanda nacional por una nueva Constitución ha convocado a la mayoría del país, convencida de la necesidad de cambiar aquellas disposiciones constitucionales que impiden enfrentar los urgentes desafíos sociales, políticos y económicos que se arrastran ya largamente en el país.
La alternativa de aprobar o rechazar una nueva Constitución en el plebiscito programado para el 26 de abril abrió un conflicto transversal en los partidos de la coalición. En esta tensión ha reaparecido el “pinochetismo”, por largos años sumergido en la derecha chilena.
La crisis también impactó fuertemente en la coalición de gobierno. El proceso de elaboración de la nueva Constitución ha generado en la Unión Demócrata Independiente, la UDI, el temor a una fuga de votos hacia el Partido Republicano, recién inscrito por José Antonio Kast, lo que la ha llevado a radicalizar su posición de extrema derecha defensora del statu quo. La alternativa de aprobar o rechazar una nueva Constitución en el plebiscito programado para el 26 de abril abrió un conflicto transversal en los partidos de la coalición. En esta tensión ha reaparecido el “pinochetismo”, por largos años sumergido en la derecha chilena.
A los efectos políticos de la crisis se les han sumado la falta de dinamismo del modelo económico, producto de la falta de innovación, y la estrechez de miras de la iniciativa empresarial, que no facilita la diversificación productiva y la creación de empleos de calidad. Su impronta anti – Estado ha mercantilizado las urgencias ciudadanas e impedido la adecuada provisión de derechos sociales en salud, educación, previsión social, relaciones laborales, servicios públicos y protección de los consumidores.
Especial incapacidad al respecto han mostrado el sistema previsional y de salud.
los jóvenes ven cómo sus abuelos no pueden acceder a la jubilación, porque con ello su nivel de vida se reduce drásticamente,
En materia previsional, los jóvenes ven cómo sus abuelos no pueden acceder a la jubilación, porque con ello su nivel de vida se reduce drásticamente, y si pierden el trabajo la pensión de la AFP es menos de la mitad de los ingresos de los últimos cinco años. Sus padres enfrentan un desequilibrio financiero creciente porque los ingresos están estancados, el costo de vida crece sin tregua y han copado su capacidad de endeudamiento. Los jóvenes están expuestos a un mercado laboral cada vez más estrecho para empleos a jornada parcial y con compensaciones cada vez más bajas en términos de posibilidades de consumo. No es de extrañar que, en estas condiciones, las encuestas y la consulta municipal hayan puesto el mejoramiento del sistema de pensiones como una prioridad nacional.
No es de extrañar que, en estas condiciones, las encuestas y la consulta municipal hayan puesto el mejoramiento del sistema de pensiones como una prioridad nacional.
En el caso del sistema de salud, este enfrenta una crisis de su propia estructura de funcionamiento, plagada de ineficiencias sectoriales profundizadas por insuficientes recursos, burocratización excesiva, además de débiles relaciones de confianza entre los equipos de salud de los distintos niveles de atención y la población. Y como respuesta a la protesta nacional, el Ejecutivo ha propuesto una reforma de Fonasa que tiende a beneficiar al sector privado más que a la provisión universal de servicios de calidad estatales.
el Ejecutivo ha propuesto una reforma de Fonasa que tiende a beneficiar al sector privado más que a la provisión universal de servicios de calidad estatales.
Simultáneamente, el Gobierno mostró una agenda laboral fracasada y enfrentó una derrota en su propuesta de reducción de la jornada laboral de 42 horas. Su agenda laboral pretendía desmontar lo que en la anterior administración se había logrado con el Proyecto de Modernización de las Relaciones Laborales, mal conceptualizado como la Reforma Laboral del gobierno de Bachelet. Ya en mayo de 2019 se constataba que la reforma laboral del actual gobierno era poco ambiciosa y que no apuntaba a resolver parte importante de los problemas existentes.
Esto es, una visión tecnocrática de la gestión y pedagogía y una falta de relato democrático e inclusivo. En el marco de la gran protesta nacional, la movilización de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios de Chile (ACES) en contra de la Prueba de Selección Universitaria (PSU) ha vuelto a poner en la discusión el tema de su carácter discriminatorio.
En el campo educacional, el modelo neoliberal ha mantenido en los niveles básico y medio un predominio de soluciones de mercado y un creciente eficientismo, políticas e instrumentos de cuasimercado, una concepción utilitaria de la educación, comprensión de las políticas educativas como proyectos o soluciones a problemas puntuales del sistema escolar, confundiendo el gestionar políticas con definir metas e indicadores. Esto es, una visión tecnocrática de la gestión y pedagogía y una falta de relato democrático e inclusivo. En el marco de la gran protesta nacional, la movilización de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios de Chile (ACES) en contra de la Prueba de Selección Universitaria (PSU) ha vuelto a poner en la discusión el tema de su carácter discriminatorio.
La escasez de recursos en las universidades estatales y los ahorros en pro del lucro de las privadas han llevado a reducción de jornadas completas, bajando la calidad de la docencia y de la investigación.
Igualmente, en la educación universitaria se ha mantenido la inequidad en el acceso a una oferta de calidad, junto a altas tasas de deserción y desigual inserción laboral, lo que sigue generando exclusión, segregación social y reproducción de las desigualdades sociales. Se da un estado de rezago entre aquellos estudiantes que no cuentan con suficiente capital cultural, lo que resulta en ineficiencia interna del sistema y mayores costos para las familias e instituciones. La regulación de este “mercado” con un Estado débil ha generado una gran heterogeneidad en la calidad de las instituciones y en la oferta del pre y posgrado, además de saturación de profesionales desvinculados con el sector productivo. La escasez de recursos en las universidades estatales y los ahorros en pro del lucro de las privadas han llevado a reducción de jornadas completas, bajando la calidad de la docencia y de la investigación.
Refutando que las reivindicaciones por la igualdad de género sean tema del pasado, entre 2016 y 2017 la ola feminista tomó niveles de masividad inéditos. En todo el mundo y en los más diversos ámbitos, se destaparon casos de abuso sexual con efecto dominó: el relato de una habilitaba a la siguiente, y el estallido de denuncias generó otro nivel de conciencia en hombres y mujeres.
En Chile, la cuarta ola feminista resignificó los problemas sociales —que afectan diferenciadamente a las mujeres—, mostrando cómo impactan en distinto grado a todos quienes no pertenecen a la acotada elite rentista, predominantemente masculina, blanca y heterosexual.
En Chile, la cuarta ola feminista resignificó los problemas sociales —que afectan diferenciadamente a las mujeres—, mostrando cómo impactan en distinto grado a todos quienes no pertenecen a la acotada elite rentista, predominantemente masculina, blanca y heterosexual. Los discursos de género, que habían avanzado en la elaboración del malestar resultante a partir de la experiencia subjetiva de sobrecarga o agobio, hoy comparten en las distintas realidades de exclusión o desigualdad la percepción de deterioro en la calidad de vida y la progresiva afectación de la salud mental.
Esta masificación expresiva de la denuncia y demanda de las mujeres puso la paridad política como tema central en el debate de la elección de constituyentes para la nueva Constitución.
Esta resignificación ha sido tan potente que la performance de LasTesis denunciando la violencia patriarcal de Estado devino fenómeno mundial, y en un par de días recorrió Berlín, París, Madrid, Bogotá, México, Londres, Lima, Ecuador, Turquía y se reproduce por todo Chile. Esta masificación expresiva de la denuncia y demanda de las mujeres puso la paridad política como tema central en el debate de la elección de constituyentes para la nueva Constitución.
De igual forma, se instaló en el debate nacional la reivindicación de los pueblos indígenas.
De igual forma, se instaló en el debate nacional la reivindicación de los pueblos indígenas. Desde la suscripción del Pacto de Nueva Imperial en 1989 entre representantes de los pueblos indígenas y la naciente Concertación por la Democracia, los indígenas de Chile vienen manifestando de distintas formas ante el Estado, el Congreso, los partidos políticos y la sociedad civil, sus demandas de derechos ancestrales y consagrados en instrumentos internacionales —suscritos por Chile—, como el Convenio 169 de la OIT, hoy Ley de la República. Pero estas demandas nunca han sido suficientemente escuchadas ni menos acogidas de verdad. En el nuevo contexto político y social hecho visible desde el 18 de octubre, los pueblos indígenas encontraron una nueva oportunidad para construir, desde su cosmovisión y cultura, con su experiencia ancestral de vida, lo que algunos autores han denominado la “ruka de Chile”, la “casa común” de todos, pero en una paz fundada en la justicia.
En el nuevo contexto político y social hecho visible desde el 18 de octubre, los pueblos indígenas encontraron una nueva oportunidad para construir, desde su cosmovisión y cultura, con su experiencia ancestral de vida, lo que algunos autores han denominado la “ruka de Chile”, la “casa común” de todos, pero en una paz fundada en la justicia.
Cada uno de los análisis de la realidad económica, política, social y cultural del país presentados en este nuevo volumen del Barómetro de Política y Equidad,conlleva propuestas para profundizar nuestra democracia y lograr un país menos desigual y discriminatorio.
este nuevo volumen del Barómetro de Política y Equidad,conlleva propuestas para profundizar nuestra democracia y lograr un país menos desigual y discriminatorio.
El esfuerzo colectivo por la construcción de una nueva Constitución generada democráticamente, con paridad de género, presencia de los pueblos indígenas y un número importante de ciudadanos partidariamente independientes, permitirá reformar la representación y la participación ciudadana en la nueva democracia, mejorar la calidad de la provisión de servicios del Estado y posibilitará el procesamiento de las demandas ciudadanas por las instituciones sociales y políticas correspondientes.
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