Por Claudio Fuentes S.
Universidad Diego Portales
Hace ya casi 30 años, el 1º de diciembre de 1989, se firmó el Acuerdo de Nueva Imperial. Un gran número de organizaciones indígenas Mapuche, Huilliches, Aymaras y Rapa Nui se reunieron en un encuentro nacional con Patricio Aylwin y sus asesores para sellar un compromiso mediante el cual las primeras se comprometían a defender el futuro gobierno democrático y canalizar sus demandas mediante las instancias que se crearían con su instalación en La Moneda.
Por su parte, el candidato presidencial se comprometía con una serie de acciones y políticas que incluían como punto número uno “el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas y de sus derechos económicos, sociales y culturales fundamentales”. Se comprometía, además, la creación de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena y de una Comisión Especial para Pueblos Indígenas.
¿Por qué, en estos 30 años no se ha generado un consenso político suficiente para reconocer a los pueblos originarios? El 14 de mayo recién pasado, el Presidente Piñera insistía en que “no podemos dejar pasar ni un minuto más” para este reconocimiento. Y sin embargo, pasan los años, los días y los minutos y no sucede nada. Se trata de un tema que revienta la agenda pública cada cierto tiempo, pero que por alguna razón misteriosa queda postergado en una secreta oficina de los poderes del Estado de Chile.
¿Por qué, en estos 30 años no se ha generado un consenso político suficiente para reconocer a los pueblos originarios?
La ausencia de apoyo ciudadano a esta demanda no es la razón. De hecho todos los estudios de opinión pública muestran un altísimo nivel de apoyo a la idea de reconocer constitucionalmente a los pueblos indígenas. En el más reciente de ellos, realizado por el Centro de Estudios Interculturales e Indígenas (CIIR), se muestra de hecho un incremento en el apoyo a esta idea pasando de un 83% en el año 2016 a un 86% en el año 2018.
El caso de Chile resalta en el contexto latinoamericano al constituirse en uno de los pocos países donde pese a existir una población que se autoidentifica como indígena superior al 12%, no se han establecido medidas sustantivas para su reconocimiento.
Tampoco lo es la ausencia de proyectos. Desde el año 1990 a la fecha más de una decena de proyectos de ley se han presentado para reconocer a los pueblos indígenas y ninguno ha llegado a buen puerto. El caso de Chile resalta en el contexto latinoamericano al constituirse en uno de los pocos países donde pese a existir una población que se autoidentifica como indígena superior al 12%, no se han establecido medidas sustantivas para su reconocimiento.
Si tanto gobiernos de derecha, centro, e izquierda han insistido en sus compromisos públicos y proyectos de ley que buscarán reconocer a los pueblos indígenas, ¿qué explica esta resistencia? La respuesta alude a causas materiales e inmateriales. Desde el punto de vista de los intereses materiales, el debate sobre el reconocimiento implica una discusión sustantiva sobre las dimensiones que se reconocerán y ello constituye una caja de pandora. El reconocimiento constitucional tiene efectos en la demanda por derechos políticos, sociales, culturales, económicos y territoriales que una parte de la élite política no está dispuesta a ceder. El reconocimiento de pueblos indígenas implicaría revisar sus derechos territoriales, su participación en las decisiones políticas, y el reconocimiento de sus tradiciones, cultura y derechos colectivos, entre otros.
El reconocimiento constitucional tiene efectos en la demanda por derechos políticos, sociales, culturales, económicos y territoriales que una parte de la élite política no está dispuesta a ceder.
A ello se suma el reconocimiento de ciertas cuestiones inmateriales (el que exista, por ejemplo, más de una nación dentro del Estado) y que levanta el fantasma del rompimiento de la unidad nacional como ethos fundante del Chile moderno. En el siglo XIX se fue forjando la idea de un pueblo aguerrido, luchador, guerrero, sitiado, desafiada por naciones enemigas, y frente a tales amenazas se idealizó esta noción de un pueblo unido en la adversidad. Se anuló la existencia de otros pueblos que habitaban el territorio. Como la historiografía crítica ha señalado, aquello se transformó en un asunto pre-colombino, un objeto de museo que estaba ausente de las luchas presentes de los pueblos indígenas. De pronto, todos fuimos chilenos.
El reconocimiento de pueblos indígenas, entonces, amenaza intereses materiales pero también cuestiona de modo fundamental el modo en que hemos pensado la organización del Estado y de las relaciones sociales en el territorio.
El reconocimiento de otras culturas y naciones se convierte en una amenaza que revoluciona el sentido del “Estado-nación” creado y recreado insistentemente en el siglo XIX y XX. Tal propuesta cuestiona de modo radical el ideal portaliano de una república a una sociedad unida en torno a un Estado fuerte y centralista. De acuerdo a esta visión, la única posibilidad de sobrevivencia de Chile depende de la existencia de un Poder Ejecutivo fuerte, que controle el territorio nacional y las definiciones de política del Estado. Esta concentración de poder se reafirmó en 1833, 1925 y 1980 bajo diferentes modos. El reconocimiento de pueblos indígenas, entonces, amenaza intereses materiales pero también cuestiona de modo fundamental el modo en que hemos pensado la organización del Estado y de las relaciones sociales en el territorio.
Son estas las razones para la pertinaz resistencia al reconocimiento de los pueblos indígenas. Algunos segmentos importantes del la élite política y económica se resiste a reconocer porque ello implicaría una sesión de soberanía y poder.
