En un lapidario texto reciente, el escritor argentino Martín Caparrós señalaba que “ahora los partidos no usan esos ladrillos que llamaban programas: identidades sólidas, propuestas bien diferenciadas que hacían que votarlos mantuviera un sentido”. En Chile también es el caso: apenas se discute de programas. No obstante, en una elección presidencial debiera debatirse sobre el estado del país y sus opciones hacia el futuro para contrastar sus valores e ideas, y no solo la credibilidad de los liderazgos y las emociones que suscitan.
Se puede sostener que Chile ha tenido logros significativos en temas fundamentales con las fórmulas de centro e izquierda que han gobernado en 27 de los 35 años transcurridos desde 1990. Entre estos destaca la baja de la mortalidad infantil, indicador que refleja en buena medida la disminución de la pobreza en los países: se pasó de 19 por mil en 1990 a menos de 6 por mil en la actualidad, a comparar con 16 por mil promedio en América Latina y el Caribe, 6 en Estados Unidos y 4 en la Unión Europea, según el Banco Mundial. Y también destaca el aumento de la esperanza de vida al nacer, que refleja en buena medida el progreso en el bienestar promedio de la población, la que pasó de 73 años en 1990 a 82 años en 2023. Es la más alta de América Latina y mayor que la de Estados Unidos (78 años en 2023).
Pero existe la parte medio vacía del vaso, cuyo abordaje es central para el futuro. En materia distributiva, la participación del 10% más rico en el ingreso nacional antes de impuestos pasó de 62,2% en 1990 a 59% en 2022 (según el World Inequality Lab). A su vez, pasó de 47,0 a 34,5% después de impuestos en los mismos años, pero se debe comparar con el 30,8% en Uruguay, 30,2% en Estados Unidos, 25,0% en Alemania y Francia y 22,7% en Suecia, según el Banco Mundial. Por su parte, el 20% de menos ingresos pasó de obtener el 3,4% de los ingresos totales en 1990 a un 5,9% en 2022, a comparar con 7,8% en Alemania, Francia y Suecia, 6,1% en Estados Unidos y 5,7% en Uruguay. La distribución del ingreso ha mejorado, pero sigue siendo inaceptablemente desigual. La participación del trabajo en el ingreso nacional en forma de salarios y remuneraciones, en contraste con la participación del capital, que incluye utilidades, intereses y rentas, pasó desde 51,9% en 2014 a 56,2 en 2019, pero luego bajó a 49,5% en 2021 y se recuperó a 52,6% en 2024, según las estimaciones de la OIT, a comparar con 61,0% en Alemania, 60,1% en Francia, 57,5% en Estados Unidos y 55,1% en Uruguay. La tasa de desocupación pasó de 7,8% de la fuerza de trabajo en 1990 a 7,2 en 2019 y a 8,5% en 2024, sin recuperarse aún el nivel previo a la pandemia y aún muy lejos del pleno empleo, que no es siquiera una meta de la política económica. A su vez, un 26,1% del empleo sigue siendo informal (aunque lejos del promedio latinoamericano de 47,6%) y la diferencia en la tasa de participación en el empleo de hombres y mujeres sigue siendo inaceptablemente alta.
Por su parte, la tasa de homicidios por cien mil habitantes pasó de 4,5 en 2018 a 5,7 en 2020, a 6,7 en 2022 y a 6,0 en 2024.
En el plano institucional, las propuestas constitucionales fracasaron tanto en 2022 como en 2023 en su capacidad de convencer a la ciudadanía. Se han evidenciado, además, graves episodios de corrupción y abuso en diversas instituciones, incluyendo las encargadas de administrar justicia y de garantizar la igualdad ante la ley, las que se han deteriorado visiblemente.
La fiscalía se ha politizado, mientras grupos de poder vinculados a la derecha y al gran empresariado interfieren ilegítimamente en las sentencias y en las nominaciones en el poder judicial y constitucional. Se ha puesto en evidencia la profundidad del tráfico de influencias que ejercen en las instituciones políticas y judiciales, como lo muestra el caso Hermosilla.
Estos factores entremezclados explican la persistencia de un malestar social y un sentimiento de inseguridad, especialmente agudo en algunas franjas de la población, que se vuelcan hacia representaciones políticas estridentes que propugnan políticas de popularidad fácil, pero sin diagnóstico adecuado ni mayor posibilidad de ponerlas en práctica. En la derecha se reivindica expresamente la disminución de la capacidad de protección social del Estado con motosierras y podadoras y se defiende la persecución política y la represión, como se expresó en su proyecto de constitución derrotado en 2023, mientras la mayor parte de sus representantes sigue justificando la dictadura de 1973-1989 y sus crímenes y horrores. Su propuesta es social y democráticamente regresiva y está destinada a aumentar la polarización y conflictividad en el país.
Desde un ángulo progresista, sigue vigente el horizonte de construir paso a paso en democracia un bienestar colectivo suficiente, equitativo y sostenible, con una primacía del trabajo y no de los privilegios, en el que no se obligue a nadie a pensar u opinar de una forma u otra; en el que se garantice derechos sin discriminaciones arbitrarias, en el que sea posible la autonomía personal y se busque minimizar las desigualdades injustas y las situaciones de opresión o abuso. Un mejor futuro para el país supondrá respetar la diversidad y el pluralismo de opciones de vida y de culturas, pero institucionalizando la igualdad de oportunidades y derechos, la cobertura universal de riesgos sociales y mecanismos amplios de solidaridad en favor de quienes necesitan apoyos de la colectividad en unos u otros momentos y circunstancias de sus vidas.
Si se comparte un horizonte de este tipo, confeccionar un programa progresista para un próximo gobierno implicará debatir propuestas factibles para cuatro años. Los temas a debatir se pueden agrupar en cuatro áreas principales, sin considerar en este caso la política exterior, que debiera ser de continuidad del apoyo al multilateralismo, la no alineación con bloques y la primacía de la cooperación latinoamericana.
La primera área es la de las reformas para el saneamiento democrático de las instituciones. Se debiera tal vez partir por un compromiso de aumentar la profesionalización y descentralización del servicio público, disminuyendo drásticamente los cargos de confianza, e incorporar en la constitución el acuerdo transversal de 12 puntos de diciembre de 2022, que establece un Estado democrático y social de derecho. Y también por establecer la paridad de género en toda instancia colegiada.
No se puede, a su vez, seguir esquivando la necesidad de mejorar el sistema político, para lo que se requiere una batería de cambios como aminorar la desigualdad del voto para elegir senadores y disminuir su período de ejercicio a 4 años; prohibir los pactos electorales para minimizar la fragmentación de partidos; establecer la pérdida del escaño por cambio de partido o expulsión y un límite mínimo de votos de 3% y de 5 electos para entrar al parlamento. Se debe también restringir el aporte privado a las campañas electorales, establecer topes al aporte público y la pérdida del escaño por incumplimiento de la norma, de modo de disminuir el peso del dinero en la política. También tiene sentido restringir la revisión de las leyes por el tribunal constitucional a materias de derechos fundamentales para que no sea una tercera cámara legislativa, junto a aumentar las exigencias en el sistema de nominación de fiscales, de miembros de la Corte Suprema y del Tribunal Constitucional con una pérdida automática de la nominación en casos verificados de manipulación por grupos de poder y por intereses económicos.
Un paso más audaz, pero no menos recomendable, es el de establecer el voto obligatorio de confianza al (a la) Ministro (a) del Interior por las dos cámaras legislativas para estimular pactos de legislatura y evitar los bloqueos de los gobiernos, junto con terminar con las acusaciones constitucionales a otros ministros.
Tampoco se puede seguir esquivando la necesidad de promover la diversidad y pluralismo en los medios de comunicación y fortalecer el servicio público en la TV abierta y digital terrestre y establecerlo en el sistema de radios.
La segunda área es la de seguir fortaleciendo la seguridad pública, lo que supone ampliar la operatividad y formación profesional de las policías para aumentar su proximidad con la población y su capacidad de protegerla; ampliar sustancialmente la seguridad basada en la solidaridad comunitaria y vecinal en alianza con las policías; fortalecer el sistema de prisiones para controlar las bandas organizadas y en especial aumentar las cárceles de alta seguridad, favoreciendo las penas alternativas para los delitos menores; crear una función policial y militar permanente de control de fronteras y un cuerpo especializado contra el crimen organizado más sólido; levantar el secreto bancario para seguir la ruta del dinero de tráficos ilícitos y acelerar la expulsión de los delincuentes de otros países. La seguridad requiere también fortalecer la acción policial y penal contra todo acto de discriminación.
La tercera área es la de un nuevo impulso de la economía. Esto requiere en primer lugar establecer para la política monetaria autónoma la obligación de promoción del pleno empleo, además del control de la inflación, para evitar el sistemático sesgo recesivo de las autoridades monetarias. La política fiscal, por su parte, debe mejorar los equilibrios presupuestarios y estimular el crecimiento sostenible, con una meta de déficit estructural no superior a 1% del PIB, para lo que se requiere asegurar más ingresos públicos.
Se debe reformar la tributación para financiar todo nuevo programa público sin aumentos significativos de la deuda pública. Sigue pendiente la tarea de hacer que la carga tributaria sea más cercana a la existente en los países de la OCDE y sea más progresiva. Se requiere aumentar la tasa marginal más alta (por ejemplo a 50% como en 1990), establecer un impuesto a las grandes fortunas (retomando el proyecto del actual gobierno) y aumentar el mínimo exento y subir a 75% las tasas aplicables a los muy altos patrimonios en el impuesto a las herencias, incluyendo como pago la transferencia de activos a fondos de desconcentración productiva de gestión autónoma. Dado el nuevo ciclo al alza del precio del cobre, es también indispensable ampliar el pago de la minería privada por el uso de recursos de todos los chilenos, terminando con los topes establecidos en 2023 y creando una tributación de 100% a las utilidades adicionales que deriven de un precio del cobre superior a 5 dólares la libra, destinada a la diversificación productiva regional. Se debe también aumentar el impuesto a las emisiones de carbono para acelerar la transición energética y financiar la estrategia de desarrollo de una industria de hidrógeno verde y otras alternativas tecnológicas sostenibles.
Los nuevos ingresos fiscales y los esfuerzos de ahorro público deben servir para estimular el crecimiento de corto plazo mediante la ampliación de la inversión pública de interés nacional, con énfasis en la mitigación del cambio climático y en las redes de transporte que favorezcan la electromovilidad. Se debe también acelerar los programas de equipamiento urbano y cuidado ambiental, en alianza con los gobiernos regionales y municipales; estimular la construcción, facilitando el acceso al crédito hipotecario, agilizando la disposición de suelo público y privado y acelerando la vivienda social y la erradicación de asentamientos precarios, junto a un plan de subsidio a la incorporación de energías renovables en las viviendas y a la disminución de su vulnerabilidad térmica.
Estimular la inversión privada sostenible en el mediano y largo plazo debe realizarse con disminuciones selectivas de la tasa del impuesto a las utilidades, compensadas mediante la separación integral con el impuesto a la renta de las personas, junto a ampliar los estímulos fiscales a la pequeña empresa y el financiamiento público y privado de proyectos de innovación, en especial los que diversifiquen la producción en las cadenas tecnológicas, aumenten el valor agregado nacional, aceleren la transición a las energías renovables, incluyendo las de electricidad fuera de red, con programas para distritos productivos territoriales en cada región. Esto supone mejorar el apoyo crediticio, de acceso a mercados y de transferencia tecnológica a la pequeña empresa innovadora y creadora de empleo, especialmente de tecnologías de la información e Inteligencia Artificial, y fortalecer las cooperativas y la economía social y solidaria. Y también ampliar los planes de desarrollo autónomo de los territorios de los pueblos originarios.
Dada la alta concentración de la economía, se requiere aumentar los dispositivos anti monopolio en los mercados y mejorar la protección del consumidor en los precios y en las condiciones de los contratos y seguros. Es necesaria una amplia redefinición de las tarifas públicas de servicios básicos disminuyendo las ganancias monopólicas y ampliando la seguridad de suministro. Se debe reforzar la limitación temporal obligatoria de las concesiones a privados en los servicios y recursos básicos y la primacía del interés público sobre la propiedad particular en caso de litigios. Se requiere también nuevos esfuerzos para fortalecer la gestión de las empresas públicas, en especial en la minería, y ampliar su presencia en los servicios básicos.
La cuarta área es la de avanzar en el empleo decente y la protección social universal. Los nuevos ingresos fiscales y los esfuerzos de ahorro público también deben servir para fortalecer las tareas sociales del Estado.
Sigue siendo una tarea pendiente lograr una mayor participación del trabajo en el ingreso, lo que supone ampliar los derechos a la negociación colectiva de los salarios y de las condiciones de trabajo, y seguir fortaleciendo el salario mínimo. Se debe disminuir los requisitos de acceso al Seguro de Cesantía y ampliar el Fondo de Cesantía Solidario para aumentar los pagos vinculados a programas de inserción laboral. Se requiere también la postergada reestructuración del sistema de subsidios a la capacitación y formación profesional continua, favoreciendo los subsidios directos, y establecer un programa público de formación e inserción subsidiada en el empleo de los jóvenes que no estudian ni trabajan, junto a ampliar los vínculos entre la educación escolar y superior con prácticas laborales tempranas.
Se debe aumentar las redes de cuidado infantil y salas cunas y seguir mejorando las condiciones de incorporación de las mujeres en el trabajo remunerado, junto a limitar más severamente la discriminación salarial de género.
Se debe fortalecer la salud pública. Esto supone ampliar la capacidad de atención y mejorar la productividad en los hospitales y servicios de urgencia y orientar más esfuerzos a la disminución drástica de las listas de espera; ampliar, en alianza con los gobiernos regionales y municipales, los Centros de Salud Familiar y su cobertura y fortalecer los Servicio de Atención Primaria de Urgencia y los Servicios de Alta Resolución. Ha llegado el momento de establecer una cotización unificada para las prestaciones garantizadas y terminar con los abusos de las Isapres unificando sus planes y transformándolos en complementarios a un Plan de Salud Universal.
Se debe poner en aplicación la reforma de pensiones, pero buscando acelerar el aumento de la pensión garantizada universal, ampliar el financiamiento para aumentar las pensiones contributivas actuales y avanzar a la separación de la recaudación y la inversión de fondos previsionales. Se debe incrementar el sistema de cuidados de las personas de edad avanzada.
La lucha contra la pobreza y la marginación debe fortalecerse con la opción de devolver el IVA a los bienes básicos a los grupos sociales más vulnerables a través del mecanismo del “bolsillo electrónico”.
Se debe reconocer el aporte migratorio en los límites de la capacidad de integración programada y con derechos.
Se debe avanzar a una nueva etapa de fortalecimiento de la educación pública, lo que supone seguir aumentando la cobertura subsidiada de la educación preescolar; ampliar el apoyo a la docencia en aula en la educación escolar obligatoria y a los dispositivos de mejoría de la convivencia; promover la alimentación escolar saludable en base a la agricultura y pesca sostenibles; poner los nuevos sistemas locales bajo la responsabilidad de los gobiernos regionales para mejorar su coordinación y rendición de cuentas, con el apoyo normativo y presupuestario del Ministerio de Educación; ampliar la matrícula de las universidades públicas y su inclusión en los sistemas de investigación y desarrollo tecnológico; ampliar el acceso a la cultura y a los bienes patrimoniales en todo el territorio. Es necesario generalizar la educación digital y crear más bibliotecas digitales públicas de amplio acceso que contrarresten el efecto de algoritmos que manipulan, fragmentan y sesgan la información.
La discusión programática debiera articular las propuestas en un lógica de congruencia de conjunto y evitar las meras listas de aspiraciones loables pero poco factibles, con la especial advertencia política que muchas de ellas requerirán de una mayoría parlamentaria para realizar reformas constitucionales de 4/7 de los escaños o de una mayoría de los escaños para las leyes orgánicas o de los legisladores presentes para las leyes simples y la inclusión de programas en la ley de presupuestos.
