Después de haber sido derrotado el intento de los «verdaderos chilenos» de establecer una constitución de sesgo oligárquico y liberticida, el sistema político deberá abocarse en 2024 a la agenda económico-social con más intensidad, sin perjuicio de explorar cambios en el régimen político. Para esto último se cuenta con el borrador de consenso de los expertos del Consejo Constitucional, que hoy reivindica un grupo de parlamentarios de derecha, y lo que plantea la nueva ley del Ministerio de Seguridad. Ésta da un rol de jefatura de gabinete al Ministerio del Interior, que se podría extender a un requisito de confianza de las Cámaras a quien ocupe el cargo, junto a la aprobación de un programa de legislatura. Se podría así ampliar el apoyo parlamentario a los gobiernos y evitar las parálisis y crisis. De paso, se debiera terminar con la absurda figura de la acusación constitucional a ministros, conducente al hostigamiento permanente y a una muerte cívica por cinco años al margen de los tribunales de justicia.
Si de orientación socialdemócrata se trata, cabe tener en cuenta las más recientes medidas de gobiernos dirigidos por esas fuerzas en Europa, como los de Alemania y España, y que buscan fortalecer el Estado de bienestar y la distribución de ingresos al margen del mercado, junto a dinamizar la economía. En el caso de Alemania, se estableció en 2023 -y aumentó sustancialmente en 2024- un «sueldo ciudadano» para quienes no tienen empleo. En España, se prorrogaron compensaciones contra la inflación con la extensión de ayudas monetarias y bajas de IVA en energía, transporte y alimentación. Las medidas socialdemócratas tienen un sentido de justicia, pero también de eficacia económica, pues ningún fortalecimiento de la productividad de largo plazo puede sostenerse con una parte de la población, especialmente los jóvenes, con bajos ingresos o sin acceso a una formación profesional que conduzca al empleo.
Recordemos que en Chile hay hoy, según el INE, 400 mil jóvenes entre 15 y 24 años que no estudian ni trabajan y que los subsidios a las familias se retiraron sin gradualidad en 2022. Se cambiaron por un aporte modesto para compensar los aumentos de precios de los alimentos básicos, aunque se aumentó el salario mínimo, que abarca del orden de 10% del empleo. ¿Habrá esto tenido que ver con que en 2022 y 2023 el gobierno chileno perdiera dos elecciones cruciales, mientras en España, con una política de mantención de apoyos sociales, la izquierda impidiera la victoria de la derecha aliada a la extrema derecha? El gobierno de Piñera hizo una ampliación de subsidios con fines electorales y aumentó el déficit fiscal, pero la derecha terminó igualmente derrotada, dado que prevaleció el liderazgo extremo de Kast. Ese déficit debía disminuirse, pero con gradualidad y prudencia. Se hizo lo contrario, llegándose a un desproporcionado ajuste fiscal que llevó a un injustificado superávit de 1,3% del PIB en 2022, acompañado de un insólito aumento de las tasas de interés por un Banco Central dominado por economistas ultraconservadores. Y con las consecuencias previsibles: se produjo una caída de la creación de empleo en medio de una baja de las remuneraciones reales empujada por la inflación externa. La combinación perfecta para recibir un voto de castigo y de advertencia. Las autoridades económicas debían haber contrarrestado, en vez de agravado, fenómenos que eran transitorios y llevado la demanda interna a un aterrizaje suave. Pero aquí no estamos para cosas que no sean de choque y de corte neoliberal para “obtener credibilidad”. Mi conclusión sin muchos matices: una cosa es ser populista y otra es ser miope, y hacerles caso a tecnocracias desconectadas de la sociedad y a “mercados” que tienen más capacidades de adaptación que lo que estas tecnocracias suponen. Tampoco contribuyeron mucho las improvisaciones del nuevo gobierno y asumir el discurso autoritario en materia de seguridad, en vez de poner el acento en una mayor eficacia de las policías, para lo que deben ser reformadas y modernizadas. En la retórica autoritaria la derecha siempre gana, pues la encarna mejor que nadie en el espectro político.
Después no hay que lamentarse de los votos de castigo que se recibe de parte de la sociedad. Un ex presidente de la UDI, criticando a su sector, declaró que “hay que tener talento para transformar un triunfo del 62% en una derrota del 44%”, refiriéndose al resultado del plebiscito de diciembre de 2023. Pero para ser justos, también hay que señalar que transformar un triunfo del 80% en 2020 en una derrota del 38% en 2022 tampoco había estado mal por parte del otro lado del espectro político.
En la agenda de 2024 están en primer lugar las pensiones y los impuestos, además de la deuda de las Isapres.
La izquierda gobernante ha cedido en su voluntad de establecer un sistema de pensiones mixto con amplios componentes de reparto intergeneracional y accedió a mantener las cuentas de capitalización individual para el 10% de las cotizaciones obligatorias de los trabajadores. Eso sí, terminando con las sobre-utilidades de los administradores privados mediante un recaudador colectivo de bajo costo y más actores en la inversión de los fondos y límites a los márgenes de esa actividad. Con las comisiones que cobran a los cotizantes, las AFP se llevaron en 2022 un margen de 55% sobre el ingreso total (120% más que los costos), según datos del Ministerio del Trabajo, equivalente a 644 millones de dólares anuales. El «con mi plata no» al parecer no incluye dejar de transferirle a las AFP todos los meses como utilidades más de la mitad de lo que recaudan de los cotizantes por comisiones de administración. Para engrosar las utilidades de las AFP, «con mi plata sí«. Para mutualizar riesgos, nada.
Las AFP han criticado el “estatismo” de la propuesta del gobierno. Pero ¿no es acaso la solución de mercado que cada cual ahorre según sus preferencias a lo largo de la vida e invierta donde mejor le parezca para financiar su vejez? ¿Qué tienen que ver las cotizaciones obligatorias con el libre mercado? Nada. Todo lo que es distinto del ahorro voluntario individual es estatal en materia de pensiones, empezando por la obligación de cotizar. La sociedad presume que las personas individuales no lo harán de manera voluntaria. La teoría económica neoclásica más lúcida habla de «miopía del consumidor» y que se debe obligar a las personas a ahorrar para la vejez y también para cubrir accidentes del trabajo, pérdida del empleo o enfermedad. ¿Quién lo hace? El Estado, cada vez que hay un contrato de trabajo asalariado dependiente o una prestación independiente de servicios.
En este caso, no se estatiza lo que ya es un sistema íntegramente sujeto a reglas estatales. Ni se hace “de reparto” aquello que en lo principal ya lo es, pues la pensión garantizada para el 90% de las personas mayores de 65 años se financia con recursos que se recogen todos los meses vía impuestos, y llegará a 250 mil pesos en diciembre de 2024, y que se “reparten” pagando pensiones garantizadas universales. Si las AFP no quieren Estado, que dejen entonces de administrar e invertir las cotizaciones obligatorias y los fondos acumulados para retiros programados. Deberían asumir que toda solución de mercado debe ser voluntaria, sin Estado en ninguna parte de la ecuación, o bien aceptar que todo inversor privado de fondos previsionales debe regirse por normas públicas de seguridad social, por “estatista” que les parezca.
La seguridad social consiste en que se contribuye obligatoriamente una parte del salario o de los honorarios a cambio de derechos de pensión según reglas que establece la sociedad. Es extender lo que ya existe en parte: «con mi plata» hoy en Chile, al pagarse el seguro de invalidez y sobrevivencia todos los meses, todos contribuimos a financiar a los actuales y futuros inválidos laborales o a las viudas/os de personas que fallecen siendo trabajadores/as. Podemos ser nosotros mismos. O no. Si no se tiene un problema de salud invalidante o no se fallece durante la vida laboral, el cotizante -ni nadie de su familia- recibirá un peso, a pesar de contribuir toda la vida. Mi cotización en este caso no es de mi propiedad privada, es propiedad de un arreglo social colectivo, que puede o no traducirse en un beneficio personal. Lo mismo se puede decir de los impuestos: los que pago tampoco son de “mi propiedad” y permiten financiar cosas de las que me beneficio: caminos, equipamientos urbanos, educación, salud, defensa, seguridad, justicia, apoyo a los más desvalidos.
Lo que la reforma de pensiones quiere es que no siga existiendo una renta indebida de la que se apropian unos pocos privados que no agregan valor (el rendimiento de los fondos de las AFP no es muy distinto que cualquier índice internacional de valores financieros) a partir de una obligación estatal. Se busca organizar un sistema que asegure que todas las personas tengan un ingreso básico que las aleje de la pobreza una vez que cumplan 65 años, a través de la PGU, y que las cotizaciones obligatorias suavicen el cambio de ingresos que resulta de pasar del salario de la etapa final de la vida activa a una pensión que no sea demasiado inferior a 60-70% de ese salario. En ambos temas las AFP fracasaron rotundamente, precisamente porque no están adaptadas a un mercado laboral con alta informalidad, rotación y lagunas de cotizaciones, junto a una alta desigualdad salarial de la mujer, además del hecho biológico-social de su mayor longevidad, que lleva a rentas vitalicias menores para ellas porque están calculadas según su esperanza de vida promedio.
El gobierno propuso originalmente que se calcule el monto necesario para que la «pensión autofinanciada» de la mujer sea igual a la de un hombre en iguales condiciones, que se pagaría a partir de los 65 años y cubriría pensiones hasta 15 UF. Se complementaría con un aporte por «tareas de cuidado», mediante un registro de hasta 24 cotizaciones por el salario mediano por el tiempo dedicado a cuidados no remunerados de personas con dependencia moderada o severa, para personas que estén en registro de cuidadores del RSH/MDS. Se contemplaba un complemento por maternidad, con un registro de 24 cotizaciones por el salario mediano por cada hijo/a nacido vivo o adoptado. Se incluía, asimismo, un complemento por «lagunas previsionales»: cada vez que se reciben beneficios del seguro de cesantía, se pagaría las cotizaciones del 10% y el 6% con cargo al Fondo de Cesantía Solidario.
Para aumentar las actuales pensiones, el gobierno propuso, además, que los pensionados reciban, financiado con parte del 6% de cotización adicional, una «garantía complementaria a la pensión», por un monto de 0,1 UF por año cotizado. Se entregaría a partir de los 65 años con un tope de 30 años cotizados (3 UF). Ahora el gobierno se ha abierto a que los retiros programados se complementen con un “seguro de longevidad”, que no debiera redundar en que los más pobres terminen financiando a los de ingresos más elevados, que en promedio viven cerca de una década más y son muchos menos.
Por su parte, la reforma tributaria, hoy en discusión con el nombre más elegante de pacto fiscal, no avanza. Más aún, ya no solo los conservadores se oponen a cualquier impuesto a las grandes fortunas, a las transacciones financieras y al incremento de las tasas del impuesto a las rentas más altas, sino también a cualquier fortalecimiento de la capacidad de cobro de los impuestos existentes. Llegan incluso a poner en cuestión las estimaciones de evasión realizadas por el gobierno en materia de impuesto a la renta., la que alcanza nada menos que a un 50%. De nuevo, un acuerdo en la materia mínimamente equilibrado debiera al menos dotar al gobierno de las herramientas suficientes para cobrar los impuestos existentes y hacer cumplir la ley para disminuir fuertemente la evasión y la elusión, en momentos en que observamos conductas delictivas y fraudulentas de gran envergadura y de abogados connotados de la plaza especializados en el fraude al fisco.
La discusión sobre el pago de la deuda de las Isapres por cobros ilegales pasados, a su vez, enfrenta similares dificultades, pero no existe ninguna razón para que no se concrete íntegramente. Tal vez la mejor solución es la transformación de la deuda en capital accionario en manos de los afiliados. Lo que las Isapres no pueden pretender es que esa deuda no se pague.
La definición esencial es que la seguridad social y los impuestos son aquello que permite vivir en sociedad y alcanzar unos mínimos grados de bienestar y cohesión social, lo que a la oligarquía chilena le es indiferente. Por eso vive en confrontación permanente con los intereses de la mayoría social, lo que seguirá ocurriendo en 2024.
