Se suele aludir a que la gran diferencia entre la derecha y la izquierda es que la primera defiende intereses, mientras su polo opuesto, ideas. Aserto refrendado por el alineamiento histórico de la diestra política con los grandes intereses empresariales. Aludir a esta distinción sería una mera reiteración discursiva si no estuviese asociado a la muy reciente y burda forma en que los parlamentarios Sergio Bobadilla, Cristhian Moreira (ambos de la UDI) y el independiente pro-RN, Bernardo Berger, suscribieron 211 indicaciones al proyecto de reforma de la ley de pesca, que constituyen una copia del informe presentado por CORPESCA al congreso. Un papelón, como lo calificara el exministro Cristian Monckeberg, recordando que una situación similar se registró en la discusión de la ley de pesca anterior, impulsada por el entonces ministro Pablo Longueira, que tuvo graves consecuencias judiciales. El nuevo escándalo obligó a los diputados Moreira y Berger a retirar sus firmas de las indicaciones, en tanto que Bobadilla defendía la legitimidad de su iniciativa, argumentando que el gobierno había recogido algunas de las indicaciones de la agrupación empresarial. En tanto que parlamentarios oficialistas, junto con suspender la tramitación del proyecto, buscan establecer presuntos delitos de cohecho o tráfico de influencias.
Ciertamente no es novedoso aquel alineamiento político con grandes intereses empresariales. Sin retrataerse tanto en nuestra historia, se puede aludir a lo acontecido en torno a reformas estructurales impulsadas durante los gobiernos de Eduardo Frei Montalva y Salvador Allende. Más brutalmente se manifestó durante los largos años de la dictadura civil militar. A la vista más cercana están las trancas opuestas a los cambios económicos y sociales durante los gobiernos de transición y consolidación democrática democrática, hasta lo que ocurre con la actual administración de Gabriel Boric, como queda en evidencia con el debate sobre nuevo pacto fiscal o la reforma del sistema previsional.
Volviendo al origen del actual escándalo parlamentario se reitera el burdo recurso del copy paste, sin darse siquiera el trabajo de elaborar indicaciones en un mismo sentido. Como es natural, la agrupación gremial que reúne a las principales empresas pesqueras del país (las siete familias que monopolizan la explotación marítima) han defendido su legítimo derecho a presentar su postura en la tramitación parlamentaria, lo que no alcanza para justificar que parlamentarios de la derecha recogieran a la letra buena parte de ese informe en sus indicaciones. No debería extrañar una derivación judicial del escándalo que se pretende ocultar grotescamente.
Esto acontece mientras se acentúan interrogantes sobre el futuro de la reforma previsional…
Tras un largo proceso de negociación, el gobierno busca someter a votación el proyecto de reforma previsional en los primeros días de julio, pero la derecha ha cerrado la puerta a esa posibilidad, argumentando que la comisión de expertos designada para estudiar el proyecto no culmina su tarea, manteniéndose vacíos en contenidos esenciales. Durante las últimas semanas se han registrado importantes avances que han alimentado tímidas esperanzas del gobierno de alcanzar un acuerdo para despachar una reforma que lleva más de una década de tramitación, mientras una inmensa masa de jubilados se mantiene con sus exiguas pensiones y son demasiados los que ya murieron esperando.
“Si no hay reforma previsional, la culpa va a ser principalmente de las AFP”, afirmó. con toda razón, la ministra del Trabajo en una entrevista al diario El País. Más que escandalizarse como lo hace la industria aludida, habría que añadir que la responsabilidad recae, por añadidura, en los sectores opositores que la defienden. Las AFP han invertido cerca de $ 13.000 millones de pesos en una campaña publicitaria de autodefensa, ciertamente financiada con recursos de sus propios afiliados. En ella no hacen más que torcer la realidad, sosteniendo que el 6 % de cotización previsional de cargo patronal es de propiedad de los trabajadores. Este tema, además de la participación del estado en la administración de los fondos previsionales, se han transformado en la piedra de tope para arribar a un acuerdo, luego que la derecha se opusiera la fórmula de dividir el 6 % de cotización adicional destinando 3 % a capitalización individual y el otro 3 % al pilar solidario, como propusiera antes el propio gobierno de Sebastián Piñera, insistiendo ahora en destinar el total de esta cotización a capitalización individual.
Un eventual rechazo a la idea de legislar impediría que la iniciativa se pueda debatir antes de un año. Es decir, en plena campaña presidencial y parlamentaria, lo cual, en la práctica, implica que el tema sería heredado por el próximo gobierno.
De igual manera, tanto la derecha como los sectores empresariales han cerrado la puerta a subir los impuestos de los sectores de mayores ingresos o alzar el secreto bancario, que permitiría controlar de mejor manera el lavado de activos o fraudes tributarios, aduciendo que el estado cuenta con recursos más que suficientes e incurre en gastos innecesarios o superfluos, que sería necesario recortar. De igual manera propone ampliar la base tributaria.
Sin lugar a duda, tanto la reforma previsional como la tributaria, forman parte de programa de gobierno ofrecido al país. La derecha ha sostenido que se trata de malos proyectos, sin proponer alternativas viables. No sería ocioso interpelar a los principales candidatos y candidatas de la derecha respecto de sus propuestas para avanzar hacia una mayor justicia tributaria e incrementar las actuales y futuras pensiones. Temas obligados de la próxima campaña presidencial.
Las tensiones referidas se producen en el mismo momento que la negociación de candidaturas para autoridades municipales y gobernadores regionales crispa el ambiente partidario, principalmente de la derecha.
Una fuerte pugna entre Chile Vamos y Republicanos amenaza con cristalizar en una división que bien pudiera favorecer al oficialismo. A condición, claro está, que sus partidos resuelvan tensiones a la vista para el cumplimiento del acuerdo unitario que aún se ve lejano. Sin embargo, no existen demasiadas alternativas que un acuerdo del oficialismo más el PDC para enfrentar con éxito el próximo desafío electoral y todo apunta a que debiera alcanzarse antes del plazo de inscripción de las candidaturas.
Bastante más compleja es la situación que enfrenta la derecha. Los republicanos aspiran a competir en todas las regiones, con un pacto de apoyo mutuo en segunda vuelta para gobernadores, además de competir, al menos en 60 municipios. Por su parte, Chile Vamos no logra cuadrar la caja para incorporar en su pacto a Demócratas (que ha criticado la falta de generosidad de la derecha), Amarillos y el Partido de la gente. La propia negociación al interior de Chile Vamos no ha estado exenta de tensiones, registrándose fuertes tironeos entre RN y la UDI por candidatos a gobernadores y alcaldes, con el agravante que algunos (as) candidatos han buscado el apoyo de los republicanos. Tal es el caso de Marcela Cubillos o Rodolfo Carter, que ha desafiado abiertamente el liderazgo de Evelyn Matthei.
Históricamente la derecha ha enfrentado serias dificultades para administrar la diversidad. Desde los tiempos de conservadores y liberales. Conocida es la historia que ha enfrentado a RN con la UDI desde los tiempos del régimen militar y que se proyecta hasta hoy en la tensa negociación municipal y de gobernadores regionales, con serias limitaciones para integrar a sectores de centro derecha o independientes, que luchan por su sobrevivencia política.
No es descartable que la sangre llegue al rio en la derecha y deban enfrentar la próxima elección divididos, abriendo un riesgoso flanco, que obviamente favorece al oficialismo. Y todo apunta a que esa división se proyecta a la elección presidencial y parlamentaria del año próximo, en donde no es sólo José Antonio Kast, ya resuelto a competir con Matthei, el tentado a inscribirse en la papeleta (Rincón y Parisi entre aquellos) de primera vuelta en la carrera a La Moneda.
Antes será determinate la medición electoral de fines de año. Entonces habrá llegado la hora de la verdad también para el oficialismo, para nada favorecido en las encuestas y especulaciones anticipadas. Hablar de la opción Bachelet tiene más de ruido que realidad. Una incógnita que se debería despejar inmediatamente después de la elección municipal y de gobernadores regionales, que podría obligar a un nuevo ajuste ministerial.
