El análisis político y el estudio de los procesos de decisión sobre políticas públicas ha dejado en evidencia que tanto las personas como las organizaciones pueden prestar atención sólo a un número limitado de problemas.
En tiempos “normales” (cualquiera sea la definición de ese concepto) se tiende a centrar la atención en los diversos problemas de acuerdo con la urgencia que ellos presentan. Debido a que los “problemas” surgen repentinamente, luego de que se han ido incubando silenciosa y no visiblemente, la agenda política cambia erráticamente.
Los tiempos actuales solo se pueden caracterizar como el antónimo de la “normalidad”. Nos aqueja la grave crisis política y social que evidenció y puso en la agenda política la rebelión del 18.0, la pandemia y las medidas de contención, la elevación a más de 30% del desempleo total en ciertos momentos y que si bien se ha reducido a cifras en torno al 20% los efectos de las más altas cifras tienden a permanecer parcialmente en el tiempo. Asociado a todo ello nos afecta el fuerte deterioro de la economía, en particular de las PYMES vinculadas a los servicios. Se suma la gran desconfianza por parte de la ciudadanía y la falta de credibilidad de las principales instituciones del sistema político. Como si esto fuera poco, en 9 días tendrán lugar las elecciones más complejas del periodo reciente (quizás de toda la historia nacional) y casi inmediatamente (el 19 de mayo) los partidos políticos deberán inscribir las primarias presidenciales. Como sostuvimos en otro lugar recientemente, el tiempo político tiende a cero (https://www.latercera.com/opinion/noticia/primarias-y-tiempo-politico/V3MHCOTPIBHBHO7NUDORRGJ4WM/) y se reduce la capacidad de atención disponible lo que hace prever procesos de decisión y resultados precarios.
Frente a la dramática situación económica y social de la población y la pésima evaluación que hace la ciudadanía del gobierno, la oposición, el Congreso y los partidos políticos, ha surgido la idea de que el Ejecutivo y el Congreso alcancen algunos acuerdos que aseguren, que mientras se mantenga la emergencia sanitaria y económica, la ciudadanía no siga sufriendo sus consecuencias. Llegar a un acuerdo, parecería un problema de fácil solución; no obstante, la toma de decisiones está condicionada por los impactos políticos que pueden tener sobre las elecciones que llenan la agenda en el presente año. Más aún, la naturaleza anormal de la situación y la brevedad del tiempo político para tomar decisiones cruciales para la suerte del país en los próximos años dificulta las decisiones y el análisis del proceso.
Las conversaciones se han iniciado en momentos en que el gobierno ha sufrido una nueva derrota en el Congreso al ser aprobado un tercer retiro de los fondos previsionales, con un apoyo masivo de parlamentarios de su propia coalición y en el Tribunal Constitucional que, sin miramientos, rechazó de plano la admisibilidad del requerimiento contra el retiro. La falta de apoyo de los parlamentarios del Chile Vamos y el distanciamiento de buena parte de los principales dirigentes de esa coalición dejó al presidente de la República en una precaria posición, expresada entre otras cosas, en el comienzo de conversaciones sobre un eventual “impeachment”. Al mismo tiempo, la coalición aparecía tan dividida y amenazada de una derrota en las próximas elecciones, que se hacía indispensable tomar iniciativas potentes.
La oposición por su parte también enfrenta problemas. Pamela Jiles se perfila como la precandidata presidencial con mayores opciones, los candidatos de la Unidad Constituyente apenas aparecen en las encuestas y el Frente Amplio no termina de tomar las decisiones pertinentes respecto a una candidatura presidencial. A esto se suma la irrupción de Yasna Provoste que, al asumir la presidencia del Senado, y en medio de la acuciante falta de liderazgo, asume con fuerza la conducción institucional del Congreso para hablar con el Ejecutivo. Esto último ha remecido el escenario presidencial, en particular en la Democracia Cristiana. Todo esto no ocurre sin sobresaltos, en la oposición aparece la acusación de que está teniendo lugar un “salvataje” del gobierno.
La propuesta del gobierno incluye aumentar la Cobertura del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) del 80% al 100% de los hogares inscritos en el Registro Social de Hogares (RSH) lo que implicaría pasar de 13,3 millones de beneficiarios a 14 millones y medio (el número de hogares inscritos en el RSH se estima en 6,4 millones) con un costo mensual de US$ 2050 millones. Al mismo tiempo, el gobierno insiste en un IFE de $ 100 mil por miembro del hogar. Desde hace más de un año, la oposición ha venido insistiendo en la necesidad de ampliar los beneficios. El Foro por un Desarrollo Justo y Sostenible propuso ya el 30.11.2019 que se universalizara al nivel de la línea de la pobreza la pensión básica; el 19.3.2020 insistió en “asegurar un ingreso a quienes deban permanecer en sus casas”; el 24.3.2020 se insistió en que falta “un Estado que provea un Ingreso Básico Universal a los chilenos”, el 4.4.2020 en carta a autoridades un propuso un pago a todas las familias del RSH que no tengan un ingreso formal. El 5.7.2020 se sostuvo “que todas las familias deben contar con una Renta Básica de Emergencia equivalente a la línea de la pobreza”. Todo ello sobre la base de que el bajo nivel de endeudamiento del país permitía salir en auxilio de las familias y las PYMES. Resulta poco auspicioso que el gobierno insista en un IFE por debajo de la línea de la pobreza. La cobertura es también un problema. En tal sentido, la oposición está insistiendo que más que llegar al 100% de los hogares inscritos en el RSH se ponga en marcha una medida que vaya en auxilio del 90% de la población que tiene problemas y equivale a 17,7 millones de personas.
Al mismo tiempo, el Ejecutivo propone revisar las exenciones a las ganancias de capital de acciones con presencia bursátil que representaría un incremento de la recaudación fiscal en el presente año de US$ 350 millones y el crédito especial al IVA de la construcción. La exención de la tributación de las ganancias de capital fue introducida en el gobierno de Ricardo Lagos con la justificación de que ello profundizaría el mercado de capitales. El carácter regresivo de la medida y la poca evidencia de sus efectos positivos en el financiamiento de las empresas y la idea de que todo ingreso debe tributar hacen indispensable eliminar la exención. El crédito especial al IVA de la construcción (esto es la posibilidad de descontar el 65% del IVA en la primera venta de bienes inmuebles con destino habitacional) se ha defendido como un instrumento para combatir el déficit habitacional. No obstante, los efectos positivos son discutibles (en particular su impacto sobre los precios) y aparecen más bien como una fuente adicional de ingresos para las empresas de la construcción. Ello llevó a que se limitara el crédito a viviendas con un valor menor a las UF 2.200 con un máximo de 225 UF por vivienda. Esto no es suficiente. Es necesario terminar con esta medida. El mayor ingreso fiscal de US$ 669 millones podría ser mucho mejor utilizado en los programas públicos de vivienda. El gobierno también ha propuesto abrir un período transitorio para la declaración voluntaria de bienes en el exterior lo cual no resulta conveniente pues representa una reedición de las medidas de blanqueo a la evasión tributaria.
Parece indispensable que la oposición incluya en la contrapropuesta de mínimos comunes los impuestos actualmente en discusión en el Congreso, específicamente el impuesto por una vez a los más ricos y el establecimiento de un Royalty a los recursos naturales. Estas políticas, además de generar ingresos significativos al Estado pueden representar una señal frente a la ciudadanía de que el sistema político rectifica y asume la necesidad de hacer que los más ricos contribuyan al financiamiento de la crisis económica y social. La aplicación del Royalty asociado al uso de esos recursos en favor de una economía más intensiva en conocimiento representaría un primer paso hacia un modelo de desarrollo distinto que pone énfasis en la innovación y en la ampliación de la base productiva.
Por Eugenio Rivera Urrutia
Fundación Chile 21 y Foro por un Desarrollo Justo y Sostenible
