Nicaragua, Venezuela y Cuba no son referentes para Chile.

Se equivoca Daniel Jadue en su intento de desafiar al gobierno de Boric recurriendo a los modelos de Nicaragua, Venezuela y Cuba como referentes para cuestionar el camino que inician las nuevas autoridades chilenas. Esos tres gobiernos representan proyectos económicos fracasados, con regímenes políticos alejados de la democracia y que agreden derechos humanos. 

El Presidente Gabriel Boric así como la Canciller Antonia Urrejola, han destacado, hasta el cansancio, que la defensa de los derechos humanos trasciende fronteras ideológicas y contingencias políticas. No es un asunto de izquierdas o derechas. En consecuencia, la tragedia humanitaria en Venezuela, los condenados en Cuba por las protestas de julio del año pasado y los cientos de asesinados por el gobierno nicaragüense en abril de 2018 obligan a la denuncia, de la misma forma que las aberraciones represivas en Colombia, Guatemala y en los Estados Unidos con las personas de color.

El Presidente Boric ha marcado diferencias con Cuba, Venezuela y Nicaragua, pero lo ha hecho estrictamente en el ámbito de los derechos humanos. No ha tocado otros temas. Sin embargo, por razones poco claras, Jadue ha querido llevar la polémica más allá, intentando mostrar que las diferencias tendrían que ver con el desinterés del actual gobierno por superar el neoliberalismo, lo que sí habrían conseguido los “socialistas del siglo XXI”.

El alcalde de Recoleta ha sido explícito al señalar que “Boric no se ha planteado la superación del capitalismo y el neoliberalismo y por lo tanto es muy consistente que quiera diferenciarse de estos países”. Jadue elude así el asunto de los derechos humanos y lleva las diferencias a otro terreno.

Vamos entonces al tema que le preocupa a Jadue, que dice relación con proyectos de sociedad en lo económico-social.

En primer lugar, es bueno recordar que los programas presidenciales de Jadue y Boric no tenían grandes diferencias, pero ambos apuntaban a superar el actual orden neoliberal de desigualdades e injusticias. En efecto, el programa del actual gobierno se ha propuesto terminar con la mercantilización de los servicios sociales y revaloriza el Estado al otorgarle un papel preponderante para avanzar en la diversificación de las actividades productivas, favorecer la regionalización de la economía, exigir paridad de género y entregar a trabajadores y pequeños empresarios un papel central en la estrategia de desarrollo.

Por tanto, la propuesta de Boric quiere terminar con el papel subsidiario del Estado -eje del neoliberalismo- para disciplinar los mercados y al mismo tiempo entregar derechos sociales universales a la familia chilena. Eso se llama Estado Social y Democrático de Derecho, lo que difiere sustancialmente del neoliberalismo.

En segundo lugar y en el plano económico-social la propuesta de Boric es mucho más avanzada que, por ejemplo, la de Daniel Ortega en Nicaragua.  Me quiero referir a este país por cercanía personal y, también, porque en este mes de abril, se cumplen cuatro años de las masivas protestas contra el régimen de Ortega, que culminaron en una atroz matanza de más de trescientas personas, con encarcelamientos masivos y el exilio a Costa Rica de cientos de miles de nicaragüenses.

El poeta Ernesto Cardenal ya se refería en 2009 sobre la deriva autoritaria de Ortega y su traición al pensamiento de Sandino:

“No puedo hablar con libertad porque tenemos una dictadura. El gobierno de Nicaragua y Daniel Ortega se llaman sandinistas, pero han renegado, han traicionado a la izquierda, a la revolución y a Sandino” (26-02-2009)

La traición a la izquierda, y a Sandino, no se refiere sólo al término de la democracia en ese país, sino también a las medidas económicas, en favor del neoliberalismo y de un tipo de capitalismo corrupto.

El viraje de Ortega contra el pueblo se hizo evidente desde antes de su primer gobierno. Concretó un pacto ignominioso con el presidente liberal somocista, Arnoldo Alemán, que aseguraba un manto de protección a los robos de éste, quien posteriormente garantizó su apoyo a la gestión de Ortega. A partir de ese momento el Frente Sandinista (FSLN) y el Partido Liberal Constitucionalista (PLC) se reparten las instituciones públicas, desde la Corte Suprema hasta el Consejo Electoral.

Luego, en su primer gobierno en 2003, Daniel Ortega construye una sólida alianza con el Consejo Superior de la empresa privada (COSEP), respaldado por el FMI y el Banco Mundial.  Recibe además el apoyo de los Estados Unidos, a cambio del control de migrantes y la garantía del freno estricto del tráfico de droga, con una presencia activa de la DEA, en territorio nicaragüense.

El nuevo gobierno de Ortega ayudó al enriquecimiento de la oligarquía tradicional, pero también al de una nueva burguesía orteguista. El entendimiento del gobierno con el capital nacional y extranjero tuvo una expresión muy controvertida en la concesión de la construcción de un canal interoceánico por territorio de Nicaragua, en favor de un aventurero de nacionalidad china. El proyecto, aunque ya fracasado, era una descarada entrega de soberanía nacional, que recibió el rechazo rotundo de campesinos y medioambientalistas.

Por cierto, también fue útil a Ortega la ayuda venezolana, mediante un ventajoso acuerdo petrolero con el gobierno Chávez-Maduro. Los dineros nunca pasaron por el presupuesto de la nación y fueron manejados directamente por Ortega y sus allegados; fondos que sirvieron para multiplicar los negocios de la familia presidencial, entre ellos la compra de canales de televisión, administrados por los hijos de Ortega.

En consecuencia, el proyecto económico de Ortega no ha sido nunca antineoliberal ni tampoco apunta a la superación del capitalismo, como sugiere Jadue. Por el contrario, se trata de un capitalismo corrupto, para beneficio principal de la familia gobernante.

En las condiciones descritas fue fácil para Ortega reelegirse el 2011 y luego en el 2016, gracias a una reforma constitucional, pudo iniciar su tercer y luego el cuarto mandato en 2021; en estas dos últimas ocasiones acompañado en la vicepresidencia por su esposa, Rosario Murillo. Todos los esfuerzos opositores por construir una alternativa gubernamental han sido aplastados por Ortega, gracias a las instituciones que monopoliza.

Ortega funda su gobierno en la represión porque ha perdido toda legitimidad. Los históricos comandantes de la revolución, con la excepción de Bayardo Arce (dedicado a los negocios) ya no están con él y tampoco el exvicepresidente Sergio Ramírez. Los empresarios, la Iglesia y los propios norteamericanos, que habían sido sus fuentes de apoyo – incluso su aliado el Secretario General de la  OEA,   Luis Almagro – se han visto obligados a separar aguas por las evidentes aberraciones de su régimen. Y, lo más importante, la ciudadanía masivamente lo rechaza.

El nepotismo, la corrupción, los asesinatos masivos contra ciudadanos indefensos y el encarcelamiento de políticos destacados han borrado de una plumada el proyecto democrático y transformador, en favor de las mayorías, que imaginó Sandino y que intentaron impulsar sus seguidores en la gesta del 19 de julio de 1979.

Es difícil entonces que una persona de izquierda y demócrata pueda sentirse representada por un gobierno como el de Daniel Ortega. Por tanto, ni en lo económico-social y, menos en el ámbito político, puede ser un referente para el Presidente Boric.

Tampoco es buen ejemplo el gobierno de Maduro que ha destruido la economía venezolana, con una pobreza que alcanza el 90% de su población y que ha conducido al exilio de seis millones de personas. Pero, además, recientemente, como consecuencia de tanta tragedia el gobierno de Venezuela intenta recuperar la economía mediante un giro neoliberal, que apunta a privatizaciones, dolarización y apertura económica (El Mostrador, «Venezuela no es un país socialista. Es un país con una economía capitalista de bodegones», 07-02-2022).

En suma, no parece razonable utilizar a Venezuela y Nicaragua como modelos económico-sociales de referencia y, en ningún caso, como ejemplos políticos. Tampoco el modelo cubano puede ser un referente para nuestro país, dado su pobre desarrollo económico, consecuencia del cerco imperial y de los propios errores de su gobierno, los que además han conducido a un régimen político autoritario.