No cabe ninguna duda de que Chile es uno de los países más importantes a nivel mundial en producción minera. Somos el primer productor de cobre y el segundo de molibdeno, el tercero de litio del planeta, a lo que se suma la producción de otros minerales como plata, oro y hierro. Teniendo esto como telón de fondo entre los días 28 al 30 de octubre se realizó por segunda vez en la cuidad de Antofagasta la conferencia de la Organización de Comercio y Desarrollo Económico (OCDE) sobre “Territorios y Cuidades Mineras 2026”.
En esta ocasión el evento, tenía por objetivo centrarse en el papel de las cuidades y regiones mineras en relación al bienestar local y el desarrollo regional. En el evento se dieron cita representantes de la industria, gobiernos regionales, alcaldes, autoridades de gobierno, entre otros. Si bien, las personas que presentaron ponencias en los distintos paneles se consignaban un par de representantes de mundo indígena nacional, la percepción que quedó del evento es que la organización del mismo omitió la participación de organizaciones de la sociedad civil local y nacional, así como de comunidades indígenas.
En realidad, pareciera que el evento fue diseñado para apoyar el desarrollo de territorios mineros sin considerar lo que les ocurre sus habitantes. En ese sentido el propósito del encuentro pareció orientado para generar enclaves mineros, analizando y buscando soluciones para la industria y para lo que este sector percibe como problemas con los habitantes locales y sus territorios.
De más está decir que la industria minera que se desarrolla en Chile carece de lo que se denomina “licencia social”, o sea, de legitimidad social. Lo que dicho en otras palabras significa que no es recibida con beneplácito por los habitantes de la zona en que se desarrolla. Aunque no es un tema nuevo, llama la atención que en un evento de esta naturaleza no haya existido un espacio de diálogo franco y abierto para que representantes de organizaciones locales, nacionales e internacionales pudieran expresar sus cuestionamientos, problemas, preocupaciones, etc.
Esto se torna más problemático aun, cuando sabemos que Chile suscribió y ratificó el Acuerdo de Escazú y también que durante el gobierno de Gabriel Boric, nuestro país solicitó la incorporación (Iniciativa de Transparencia de las Industrias Extractivas). Este es un estándar que requiere, a diferencia de otros modelos de certificación, de la participación y liderazgo de los gobiernos. Para que funcione el proceso de transparencia se restablece un modelo de gobernanza el cual debe contar con la participación de tres sectores: instituciones públicas, empresas y la sociedad civil, las que conforman lo que se denomina Grupo Multiparticipe (GMP). Este grupo es el mandatado para direccionar la elaboración de los informes técnicos que acrediten el cumplimiento al estándar, así como también identifiquen brechas. Sin embargo, una de las condiciones mas relevantes para la implementación del estándar EITI es el resguardo del espacio cívico, cosa que no ocurrió en el evento de Antofagasta.
De hecho, durante la realización de este evento que concitó la atención de la industria minera, se realizaron dos manifestaciones en su interior, la primera liderada por organizaciones de Calama que reclamaban justamente la ausencia de un espacio de diálogo haciendo ver los niveles de contaminación en dicha cuidad. Como es sabido una publicación científica reciente dio a conocer un estudio donde se señalaba que se detectaron concentraciones elevadas de arsénico, plomo, cobre y molibdeno en el polvo acumulado dentro y fuera de 38 establecimientos educacionales de Calama. Información que no estuvo presente ni fue parte de los temas abordados en este magno evento sobre territorios mineros.
En la segunda manifestación un representante de la comunidad de Taltal subió al estrado, para cuestionar las medidas de mitigación que implementa el gobierno por la contaminación de la cuidad y en particular en colegios. Es más, durante la intervención de esta persona un funcionario que se identificó como miembro de la Policía de Investigaciones, se dedicó a filmar a algunos asistentes, lo cual puede ser catalogado como acción de amedrentamiento.
Si bien las organizaciones que llegaron a este encuentro tuvieron breves minutos para hablarle al público, esto no cambia en nada la situación de desamparo en que se encuentran estas comunidades, donde los niveles de contaminación están poniendo en riesgo la salud de las personas.
Sin duda para el adecuado desarrollo de un país se requiere de la participación activa y equilibrada de distintos actores o sectores, los cuales deben tener derecho a presentar sus perspectivas y posiciones. Por su parte el estado tiene el deber de garantizar el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, cosa que no está ocurriendo en las cuidades y localidades donde se desarrolla la actividad minera en Chile. Adicionalmente los organizadores de este evento, así como las autoridades nacionales, deberían establecer condiciones de participación y resguardo del espacio cívico. Situaciones como las que acontecieron en el encuentro organizado por la OCDE, lejos de mejorar las relaciones entre empresas, sociedad civil y autoridades, una vez más dejan en evidencia la falta de preocupación por las condiciones de vida de la población local. En ese sentido vale la pena preguntar si ¿no sería más honesto y transparente que un evento como este se desarrollara en un hotel del sector oriente de Santiago?
